CE - Sentencia 11001031500020250534200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00

Demandante: Lisímaco García Amaya

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 23 de octubre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05342-00

Demandante: LISÍMACO GARCÍA AMAYA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema: Contra providencia que desestimó el pago de indemnización por

imposibilidad de reintegro de un servidor de carrera administrativa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decid e la acción de tutela interpuesta por Lisímaco García Amaya contra el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 28 de agosto de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, el demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social y a la reparación integral.

A juicio del tutelante , la vulneración de dicha s garantías superiores se deriva de la sentencia del 13 de marzo de 2025, que decidió en segunda instancia el proceso ejecutivo

reparación integral.

A juicio del tutelante , la vulneración de dicha s garantías superiores se deriva de la sentencia del 13 de marzo de 2025, que decidió en segunda instancia el proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01.

2. Pretensiones

El accionante formuló las siguientes pretensiones:

Se tutelen los derechos fundamentales del señor LISÍMACO GARCÍA AMAYA y, en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 13 de marzo de 2025, dentro del proceso ejecutivo radic ado bajo el número 68001333101020120020601, contra el Departamento de Santander y la Contraloría General de Santander. En su lugar, se ordene que la nueva decisión que ha de proferir dicho Tribunal tenga en cuenta la motivación que establezca el Consejo de Estado como juez constitucional y se abstenga de volver a incurrir en situaciones como la que se acusa en el presente caso, cuando se trata de procesos ejecutivos por obligación de hacer consistente en cumplir un reintegro laboral actualmente posible.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Lisímaco García Amaya promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento de Santander y la Contraloría de ese departamento (a la que se le asignó el número de radicación «2000-01205-00»), con el fin de obtener (i) la

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Demandante: Lisímaco García Amaya

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anulación del Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999, mediante el cual el gobernador de Santander suprimió el cargo que ocupa ba en propiedad en la Contraloría de ese departamento (revisor 550), y el Oficio 8099 de la misma fecha, con el que se le comunicó su retiro del servicio, (ii) la orden de reintegro al empleo que ocupaba o a un o de igual o superior jerarquía y (iii) el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de recibir.

El trámite contencioso-administrativo fue conocido por el Juzgado 13 Administrativo de Bucaramanga, que con sentencia del 27 de junio de 2008 accedió a las precitadas pretensiones, al considerar que el gobernador de Santander carecía de competencia para modificar la planta de personal de la Contraloría de ese departamento. Allí se estableció que a las sumas a pagar debía descontársele lo que recibi ría el actor por concepto de indemnización y que el restablecimiento del derecho consistía en cancelarle los emolumentos que dejó de recibir «sin solución de continuidad hasta la fecha en que se produzca su reintegro y sin que se altere su calidad de empleado de carrera administrativa».

La anterior decisión fue apelada por la parte allí demandada y confirmada el 17 de julio de

su reintegro y sin que se altere su calidad de empleado de carrera administrativa».

La anterior decisión fue apelada por la parte allí demandada y confirmada el 17 de julio de 2009 por el Tribunal Administrativo de Santander , con fundamento en los mismos argumentos expuestos por el a quo.

3.2 Proceso ejecutivo

El 19 de junio de 2012 el tutelante promovió acción ejecutiva contra el departamento de Santander y la Contraloría de ese ente territorial (trámite que se identificó con la radicación 68001-33-31-010-2012-00206-00/01), en aras de obtener el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho «2000-01205-00», trámite asignado al Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga, que el 18 de septiembre de 2012 libró mandamiento de pago por $154.179.447 y le ordenó a la parte ejecutada reintegrar al demandante conforme se dispuso.

La parte accionante pidió la adición del mandamiento de pago y en subsidio interpuso recurso de apelación contra esa decisión, al estimar que debió incluirse el 8.5% del «aporte patronal», a lo que accedió el juzgado de conocimiento el 4 de octubre de 2012.

Durante el trámite del proceso ejecutivo el demandante allegó la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012, con la que el departamento ejecutado le reconoció y pagó $277.979.599, «por concepto de sueldos, prestaciones sociales, por el periodo comprendido del 4 de enero de 2000 al 15 de junio de 2012, e intereses».

Al pronunciarse sobre las excepciones del demandando, el actor señaló que debía

«por concepto de sueldos, prestaciones sociales, por el periodo comprendido del 4 de enero de 2000 al 15 de junio de 2012, e intereses».

Al pronunciarse sobre las excepciones del demandando, el actor señaló que debía pagársele la indemnización por la imposibilidad de reintegrarlo al cargo que ocupaba en la Contraloría General de Santander, tal como se había ordenado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho «2000-01205-00».

El 22 de febrero de 2013 el juzgado de conocimiento decretó pruebas y ordenó correr traslado para alegar de conclusión, de terminación contra la cual el ejecutante interpuso recurso de reposición porque debía tasarse la indemnización que le adeudaba la ejecutada por no reintegrarlo, de ahí que fuera procedente declarar la nulidad de lo actuado desde el 18 de septiembre de 2012 en aras de que dictara un nuevo mandamiento de pago.

Con auto del 18 de marzo de 2013, el juzgado no repuso la providencia del 22 de febrero anterior y denegó la solicitud de nulidad, por cuanto el argumento en el que fundó no comportaba alguna de las causales previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Contra esa última decisión, la parte demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio de apelación, al estimar que debía emitirse mandamiento de pago respecto de la indemnización por no ser posible el reintegro.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00

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El primer recurso fue desatado el 10 de mayo de 2013, en el sentido de confirmar el proveído del 18 de marzo anterior, y se concedió la alzada.

El 24 de octubre de 2014 el Tribuna l Administrativo de Santander rechazó por improcedente el recurso de apelaci ón, ya que l a providencia cuestionada no estaba enunciada como apelable en el artículo 351 del CPC , determinación contra la cual el ejecutante interpuso recurso de súplica, desestimado el 13 de septiembre de 2015.

Con sentencia del 9 de agosto de 2017, el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga (i) declaró probada la excepción de pago parcial porque la ejecutada le canceló al demandante los $277.979.599 previstos en la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012, monto que debía computarse a los intereses y a los salarios y prestaciones que dejó de recibir por ser desvinculado indebidamente de la Contraloría General de Santander; y (ii) ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación frente al saldo de aquellos emolumentos y a la indemnización derivada de la imposibilidad de reintegrar al accionante.

Contra la anterior decisión el ejecutante interpuso recurso de apelación, en razón a que no había lugar a declarar la excepción de pago parcial por cuanto los $277.979.599 solo fueron

Contra la anterior decisión el ejecutante interpuso recurso de apelación, en razón a que no había lugar a declarar la excepción de pago parcial por cuanto los $277.979.599 solo fueron un abono y la demandada debía reintegrarlo o pagarle una indemnización si ello no era posible, lo cual no había acontecido. La parte ejecutada también apeló la determinación del 9 de agosto de 2017, al estimar que:

(i) acaeció el pago total de la obligación de dar reclamada por el accionante, porque los $277.979.599 reconocidos en la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012 comprenden la totalidad de los salarios, prestaciones e intereses, y aunque contra esa decisión el actor interpuso recurso de apelación, fue desatado con Resolución 001149 del 18 de enero de 2013 y contra este acto administrativo no interpuso recurso alguno, de lo que se infería que estaba de acuerdo con el monto reconocido; y

(ii) no hubo incumplimiento de la obligación de hacer, ya que con Resolución 670 de 2009 se le informó al demandante la imposibilidad de reintegrarl o, por tanto, no era procedente el pago de la indemnización reclamada, máxime cuando en el título ejecutivo no se estableció algún valor sobre el particular. Asimismo, señaló que de no ser de recibo el anterior argumento, debía calcularse esa compensación sobre los montos previstos en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 o sobre los topes fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014.

El 14 de agosto de 2017 el accionante pidió declarar la nulidad de lo actuado desde la

Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014.

El 14 de agosto de 2017 el accionante pidió declarar la nulidad de lo actuado desde la providencia del 9 de agosto de ese año, por cuanto debía n decretarse unas pruebas de oficio con el fin de que quedara acreditado que la Contraloría General de Santander reintegró a varios servidores que estaban en su misma situación, con lo que quedaba desvirtuado la imposibilidad de reubicarlo, solicitud desestimada el 19 de octubre de 2017 por el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga, en atención a que no hubo alguna irregularidad en el trámite del proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01.

Mediante fallo del 13 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander desató los recursos de apelación formulados contra la providencia del 9 de agosto de 2017, con la que el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación, en el sentido de revocar la parcialmente, toda vez que la obligación de hacer se «materializó» con la Resolución 00670 del 24 de septiembre de 2009.

Explicó que contra la Resolución 00670 del 24 de septiembre de 2009 el actor promovió la acción de tutela 68001-33-31-008-2009-00310-00/01, trámite en el que el 22 de octubre de 2009 el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga dejó sin efectos aquel acto administrativo (porque era procedente el reintegro), decisión confirmada el 4 de diciembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Santander, sin embargo, la imposibilidad de

2009 el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga dejó sin efectos aquel acto administrativo (porque era procedente el reintegro), decisión confirmada el 4 de diciembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Santander, sin embargo, la imposibilidad de reintegro fue reiterada a través de la Resolución 001149 del 18 de enero de 2013 ,Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00

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determinación administrativa que era de obligatorio cumplimiento porque no había sido anulada.

Que el artículo 1625 del Código Civil preveía que una de las formas de extingu ir las obligaciones era con el pago y como la parte ejecutada le reconoció al demandante $277.979.599 en la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012, por concepto de salarios y prestaciones que dejó de recibir con ocasión de su retiro de la Contraloría General de Santander, hubo un pago parcial que debía tenerse « en cuenta al momento de efectuar la liquidación del crédito cobrado», tal como lo había concluido el a quo.

Que el artículo 500 del CPC no regulaba las obligaciones de hacer que implicaran expedición de actos administrativos, motivo por el cual debía aplicarse el numeral 3 del artículo 499 ibidem, y como la parte ejecutada advirtió la imposibilidad de reintegrar al accionante mediante la Resolución 000670 del 24 de septiembre de 2009 (que si bien fue

artículo 499 ibidem, y como la parte ejecutada advirtió la imposibilidad de reintegrar al accionante mediante la Resolución 000670 del 24 de septiembre de 2009 (que si bien fue dejada sin efectos en la tutela 68001-33-31-008-2009-00310-00/01, esa decisión se adoptó nuevamente a través de la Resolución 001149 del 18 de enero de 2013 ), no era dable ordenar el reintegro, toda vez que «cuando se trata de actos administrativos, la ejecución forzosa no es viable en el marco del proceso ejecutivo, ya que el cumplimiento de estas obligaciones depende de la competencia de la Administración Pública».

Que dentro del expediente no obraba prueba de algún cargo disponible en la Contraloría General de Santander con las mismas funciones de que ocupaba el actor, por tanto, su omisión de colmar esa carga probatoria impedía ordenar su reintegro. Además, en el título ejecutivo exigido no se estableció que, en el evento en que dicho reintegro no fuera posible, al demandante debiera concedérsele indemnización , por ende, sobre el particular no obraba una obligación clara, expresa y exigible.

4. Fundamentos de la tutela

El tutelante expuso las razones por las que consideraba que la acción de tutela cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

Adujo que la providencia cuestionada incurría en defecto fáctico, ya que (i) no advirtió que la Resolución 000670 del 24 de septiembre de 2009 fue dejada sin efectos en la tutela 68001-33-31-008-2009-00310-00/01, por ende, en virtud del principio de cosa juzgada no

que la Resolución 000670 del 24 de septiembre de 2009 fue dejada sin efectos en la tutela 68001-33-31-008-2009-00310-00/01, por ende, en virtud del principio de cosa juzgada no podía reproducirse en la Resolución 001149 del 2013 , máxime cuando esta fue emitida luego de la presentación de la demanda ejecutiva2; y (ii) no tuvo en cuenta que en la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho «2000-0120500» se ordenó su reintegro o el pago de una indemnización en caso de que aquel no fuera posible, como se consignó en el mandamiento de pago de 18 de septiembre de 2012, emitido por el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga y lo ha dicho el Consejo de Estado en casos similares3.

Que no se había cumplido la orden de reintegrar al actor, esto es, la obligación de hacer, pues, aunque la parte demandada afirmó que era de imposible cumplimiento porque no había un cargo con la denominación revisor 550, ni con funciones equivalentes, ya había efectuado otros reintegros y ha bía varios empleos disponibles de « profesional especializado, grado 01 ». Además, de declarar mediante acto administrativo que no procedía la vinculación, le surgió el derecho de acceder a la respectiva indemnización, como lo declaró el Tribunal Administrativo de Santander en otros procesos4.

2 Sobre este argumento el actor invocó también la causal específica denominada error inducido. 3 (i) Sección Segunda, providencia del 25 de junio de 2014, expediente 68001 -23-33-000-2013-01043-01; (ii) Sección

2 Sobre este argumento el actor invocó también la causal específica denominada error inducido. 3 (i) Sección Segunda, providencia del 25 de junio de 2014, expediente 68001 -23-33-000-2013-01043-01; (ii) Sección Quinta, providencia del 7 de septiembre de 2015, expediente 11001 -03-15-000-2015-00463-01; (iii) Sección Cuarta, providencia del 20 de febrero de 2015, expediente 11001-03-15-000-2016-03152-00. 4 Providencias (i) 1o de junio de 2022, expediente 68001 -33-33-013-2014-00287-03; y (ii) 21 de febrero de 2020, expediente 68001-33-33-013-2015-00056-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00

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Sostuvo que la sentencia atacada comportaba defecto sustantivo, ya que aplicó los artículos 499 y 500 del CPC, pese a que regulaban las obligaciones de dar alguna cosa, y no atendió los artículos 211, 495 (numeral 2) y 504 (inciso 2º) ibidem, concernientes a aspectos laborales.

5. Trámite procesal

Con auto del 4 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y

5. Trámite procesal

Con auto del 4 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como tercero s con interés al juez décimo administrativo de Bucaramanga, al gobernador de Santander y al contralor general de ese departamento.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el 12 y el 15 de septiembre de 2025.

6. Intervenciones

La Contraloría General de Santander , por conducto del jefe de su oficina asesora jurídica, pidió su desvinculación del trámite constitucional en razón a que no fue la autoridad a la que el actor le atribuy ó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Asimismo, le asist ía razón al demandado al indicar que no era dable seguir el proceso ejecutivo respecto a la indemnización por la imposibilidad de reintegrar al accionante, pues en la Resolución 001149 de 18 de enero de 2013 se le indicó que ello no era posible por falta de plazas.

Que en el título ejecutivo exigido en el expediente 68001-33-31-010-2012-00206-00/01 no se consignó que el tutelante tuviere derecho a acceder a un a indemnización en caso de que no fuere posible su reintegro, en consecuencia, no era dable asumir que la obligación de hacer mutó a una de dar, como se concluyó acertadamente en la providencia cuestionada, de ahí que no se constatara que esta desconocía preceptos superiores.

de hacer mutó a una de dar, como se concluyó acertadamente en la providencia cuestionada, de ahí que no se constatara que esta desconocía preceptos superiores.

La Gobernación de Santander y el Tribunal Administrativo de ese departamento guardaron silencio a pesar de que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el sub examine, la Sala evidencia que en la contestación de la acción de tutela de la referencia la Contraloría General de Santander pidió su desvinculación de este trámite constitucional, porque no fue la autoridad a la que el accionante la atribuyó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, solicitud que debe desestimarse, puestoque es demandada en el proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01, dentro del cual se emitió la providencia aquí cuestionada, de manera que le asiste interés en este trámite constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00

cual se emitió la providencia aquí cuestionada, de manera que le asiste interés en este trámite constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00

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2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la demandante con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 13 de marzo de 2025, con la que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó en segunda instancia seguir adelante con la ejecución de una de las obligaciones exigidas en el proceso ejecutivo 68001 -3331-010-2012-00206-00/01 y se abstuvo de hacerlo frente al pago de la indemnización por imposibilidad de reintegrar al accionante.

La Sala anticipa que (i) declarará improcedente la tutela frente a la inconformidad derivada de la declaración de pago parcial de la obligación prevista en la sentencia cuestionada, por no colmar la exigencia de relevancia constitucional, y (ii) accederá al amparo pretendido en relación con la indemnización por la imposibilidad de reintegro, toda vez que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico al no advertir que en las diligencias contenciosoadministrativa se ordenó el pago de dicha compensación, tal como también lo señala la jurisprudencia constitucional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de

administrativa se ordenó el pago de dicha compensación, tal como también lo señala la jurisprudencia constitucional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, (iii) la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y, finalmente, (iv) analizará el caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001 -03-15000-2020-05131-007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de de rechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las

amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de de rechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes

5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00

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7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05342-00

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argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

En la solicitud de amparo el demandante cuestionó dos aspectos de la sentencia reprochada, a saber, (i) que se haya declarado la excepción de pago parcial por el reconocimiento de $277.979.599 que se le hizo a través de la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012, y (ii) la negativa de seguir adelante con la ejecución por la indemnización derivada de la imposibilidad de reintegrarlo a la Contraloría General de Santander.

5.1 Frente a la excepción de pago parcial

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que el relacionado con la excepción de pago parcial formulado por el demandante coincide con el propuesto en el proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01.

que el relacionado con la excepción de pago parcial formulado por el demandante coincide con el propuesto en el proceso ejecutivo 68001-33-31-010-2012-00206-00/01. Básicamente, tanto en ese asunto como en la acción de tutela de la referencia el demandante argumentó que no había lugar a declarar la excepción de pago parcial porque el reconocimiento de los $277.979.599 se produjo luego de que se promoviera la demanda ejecutiva y debían considerarse como un abono.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo del 9 de agosto de 2017, con la que el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga, entre otras cosas, declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación de dar, se lee lo siguiente:

Se revoque el reconocimiento de excepción de pago parcial para en su lugar reconocer el abono, reportado por el ejecutante a folio 57 pero, sin carácter de excepción e imputable primero a intereses en la oportunidad de la liquidación del crédito […].

Si bien es viable reconocer excepciones oficiosamente (tratándose de ejecución de providencias ellas se limitan a las previstas expresamente en la ley), dado que el abono fue posterior a la demanda (y reportado por el propio ejecutante, fl.57) no constituy e excepción de pago, sino apenas “abono” que debe tenerse en cuenta, pero no como excepción (la realización de abono no es excepción, sino aceptación de la existencia de la deuda honrándola solo parcialmente).

Por su parte, en la acción de tutela el actor señaló que la autoridad accionada no advirtió que no era factible declarar la excepción de pago parcial por el reconocimiento de los

aceptación de la existencia de la deuda honrándola solo parcialmente).

Por su parte, en la acción de tutela el actor señaló que la autoridad accionada no advirtió que no era factible declarar la excepción de pago parcial por el reconocimiento de los $277.979.599 previstos en la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012, porque ese acto administrativo se emitió luego de que presentada la demanda ejecutiva 68001-33-31-0102012-00206-00/01, por tanto, esa suma debía considerarse como un abono. Así lo indicó el tutelante en la solicitud de amparo:

El TAS pasó por alto que un “pago parcial” no es realmente un pago sino apenas un abono; que el pago extingue la obligación exclusivamente si se realiza conforme a los requisitos establecidos en el C.C. artículos 1626 s.s.; 1648, inciso segundo; 1653, etc. Cosa que acá no ocurrió. Que, un abono posterior a la demanda ejecutiva no es exceptivo, sino confirmatorio de la existencia de la obligación y que, al respecto, en la sentencia ha de ordenarse su imputación en la etapa de liquidación del crédito, pero no reconocerlo como excepción. Abonos hechos después de la demanda no desvirtúan la ejecución ni siquiera parcialmente, deben ser reconocidos en la sentencia, pero imputados conforme a la ley en la etapa de liquidación del crédito y no antes. No obstante, esta situación es la menos importante entre las vulneratorias en el presente caso.

No obstante, la discusión sobre si era procedente la declaratoria de la excepción de pago

etapa de liquidación del crédito y no antes. N