CE - Sentencia 11001031500020250534701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05347-01

Demandante: Elecofasa Internacional SAS

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare

Temas:

Tutela contra providencia judicial / Acción Popular / Defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente Decisión: Revocar la decisión del a quo para, en su lugar, negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Elecofasa Internacional SAS , en contra de la sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Elecofasa Internacional SAS promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 3 de abril y el 17 de julio de 2025 en medio de control de protección de los derechos en intereses colectivos identificado con el radicado 850013333002-2020-00074-00/01.

de julio de 2025 en medio de control de protección de los derechos en intereses colectivos identificado con el radicado 850013333002-2020-00074-00/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. El 24 de diciembre de 2019, la empresa de Servicios Públicos de Aguazul SA ESP2 suscribió un contrato de joint venture con las sociedades Elecofasa Internacional SAS y la Compañía Promotora de Proyectos SAS, con el objeto de «celebrar una alianza estratégica con el fin de diseñar e implementar un parque tecnológico y ambiental para el tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos en aceites pirolíticos, gases de síntesis (syngas), energía y biocarbón (biochar) de ntro del marco de economía circular, en el municipio de Aguazul (Casanare) ». Para el efecto, las partes

1 Ver índice 2 de Samai, radicado: 11001031500020250534700. Actuación denominada «3_DemandaWeb_Demanda_TUTELACONCEJODEESTAD(.pdf) NroActua 2». 2 En adelante ESPA SA ESP.2 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01

Demandante: Elecofasa Internacional SAS acordaron que ESPA SA ESP entregaría el valor del bien inmueble, la maquinaria y el equipo de la planta de manejo integral de residuos sólidos «PMIRS».

2.2. El 3 de marzo de 2020, la ESPA SA E SP interpuso el medio de control de

el equipo de la planta de manejo integral de residuos sólidos «PMIRS».

2.2. El 3 de marzo de 2020, la ESPA SA E SP interpuso el medio de control de controversias contractuales, con el fin de que se declarara la nulidad del mencionado contrato de joint venture, con radicado 2020-0040-00.

2.3. En ejercicio del medio de control de protección de los derechos en intereses colectivos, la Personería municipal de Aguazul presentó demanda en contra del municipio de Aguazul y ESPA SA ESP, con la finalidad de obtener la protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa, presuntamente vulnerados con la suscripción del mencionado contrato, a través del cual se entregó la planta de manejo residuos sólidos del ente territorial.

2.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, en sentencia del 6 de mayo de 2024 declaró la vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público por parte de ESPA SA ESP y las sociedades Elecofasa Internacional SAS y Promotora de Proyectos SAS, en el marco de la celebración del contrato de joint venture del 24 de diciembre de 2019.

2.5. Como medida de protección del mencionado derecho colectivo, les ordenó a las empresas contratantes la suscripción de un documento adicional en que se incluyeran las cláusulas excepcionales o exorbitantes al derecho común, en los términos del artículo 14 del manual de contratación de la ESPA SA ESP ( Acuerdo 010 de 2014 ), dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Una vez suscrito el mencionado documento, la misma empresa debía determinar la

términos del artículo 14 del manual de contratación de la ESPA SA ESP ( Acuerdo 010 de 2014 ), dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Una vez suscrito el mencionado documento, la misma empresa debía determinar la necesidad de aplicación de aquellas cláusulas, previos los trámites y procedimientos legales establecidos para esos efectos. Negó las demás pretensiones.

2.6. El Tribunal Administrativo del Casanare profirió la sentencia del 3 de abril de 2025, por medio de la cual modificó el numeral tercero de la de primera instancia, en el sentido de ordenar suspender la ejecución del contrato de joint venture del 24 de diciembre de 2019 « hasta tanto se profiera sentencia de segunda instancia dentro del proceso de controversias contractuales radicado con el No. 850012333000-202000040-00». Mientras ello no ocurriera, la providencia dispuso que la ESPA SA ESP debía retomar de forma inmediata el manejo y la administración de la planta de manejo integral de residuos sólidos y de todo lo relacionado con el servicio público de aseo

2.7. Elecofasa Internacional SAS y ESPA S.A. E.S.P. solicitaron la aclaración de la sentencia del 3 de abril de 2025, la cual fue negada mediante providencia del 17 de julio del mismo año.

2.8. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en los siguientes defectos:3 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01

Demandante: Elecofasa Internacional SAS

www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01

Demandante: Elecofasa Internacional SAS 2.8.1. Orgánico: el Tribunal Administrativo de Casanare se arrogó una competencia que no le correspondía, pues actuó como coadministrador de un contrato regido por el régimen del derecho privado, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 142 de

1994. Al suspend er el contrato, sustituyó la voluntad contractual y la autonomía de gestión de una empresa de servicios públicos de naturaleza mixta, sin estar habilitado para ello.

2.8.2. La decisión del tribunal afectó a Elecofasa Internacional SAS sin que existiera una pretensión en su contra ni se le hubiera garantizado la oportunidad de defender sus derechos. Por ende, se desconoció el principio de congruencia.

2.8.3. Fáctico: el tribunal omitió apreciar pruebas determinantes que lo condujo a conclusiones abiertamente contrarias a la realidad económica y técnica.

2.8.4. Sustantivo: por aplicación de la Ley 142 de 1994, al sostener que el contrato constituía una privatización encubierta. En realidad, la norma permitía que las empresas de servicios públicos adoptaran la forma de sociedades por acciones y se rigieran por el derecho privado (arts. 14 y 17).

2.8.5. Desconocimiento del precedente: las providencias cuestionadas desconocieron los criterios jurisprudenciales fijados en las sentencias SU -961 de 1999, C -590 de 2005 y T-622 de 2016 de la Corte Constitucional y el auto del Consejo de Estado del 26 de abril de 2021, sobre la limitación de la jurisdicción frente a contratos de ESP.

2005 y T-622 de 2016 de la Corte Constitucional y el auto del Consejo de Estado del 26 de abril de 2021, sobre la limitación de la jurisdicción frente a contratos de ESP.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al ambiente sano, al patrimonio público, a la libertad económica y a la seguridad jurídica.

2. Dejar sin efectos la sentencia del 03 de abril de 2025 y el auto del 17 de julio de 2025 del Tribunal Administrativo de Casanare, en cuanto suspendieron el contrato

ESPA–ELECOFASA.

3. Ordenar la reactivación del contrato, garantizando la continuidad del modelo de valorización de residuos.

[...]

5. Ordenar al Tribunal accionado abstenerse de adoptar medidas regresivas en materia ambiental sin sustento técnico, conforme al principio de precaución y no regresión». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Casanare3 se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, puesto que no cumplió con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo

3 Ver índice 13 de Samai, radicado: 11001031500020250534700. Archivo denominado «27_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-RESPUESTATUTELADR(.pdf) NroActua 13».4 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: Elecofasa Internacional SAS anterior, en razón a que las decisiones cuestionadas se fundamentaron en la normativa y jurisprudencia del Consejo de Estado aplicables.

5. El juez segundo administrativo del circuito de Yopal 4 manifestó que los argumentos expuestos en la tutela no debían ser objeto de estudio, puesto que hacían parte del debate del proceso de protección a los derechos e intereses colectivos que ya fue tramitado y que resultó adverso a sus intereses. Además no se observaba irregularidad procesal alguna que tuviera incidencia directa en las decisiones adoptadas.

6. El personero municipal de Aguazul (Casanare)5 expuso que no se demostraron los defectos en los que presuntamente incurrió la autoridad judicial, por lo siguiente:

6.1. No era cierto que el tribunal estuviera «coadministrando». Aunque a las empresas de servicios públicos les aplicara un régimen exceptuado según la Ley 142 de 1994, el hecho de ejecutar recursos públicos hacía que estuvieran sometidas a los principios de la contratación pública, como la transparencia, publicidad, concurrencia, y eficiencia, aunque pudieran operar bajo disposiciones contractuales diferentes del citado estatuto.

6.2. No se evidenció la señalada regresión ambiental, pues se ha evidenciado un manejo adecuado de los residuos sólidos que se depositan en la PMIRS de Aguazul.

6.3. El tribunal sí valoró las pruebas y con sustento en ellas adoptó la decisión. El

manejo adecuado de los residuos sólidos que se depositan en la PMIRS de Aguazul.

6.3. El tribunal sí valoró las pruebas y con sustento en ellas adoptó la decisión. El hecho de que no les haya concedido a los medios de conv icción el valor que pretendía, no vulneró sus derechos. En este caso, la conclusión fue que existía falta de solidez financiera de la empresa.

6.4. No existía una relación de causalidad entre la decisión controvertida y el precedente presuntamente desconocido. En este sentido, el solicitante no realizó análisis alguno.

6.5. Por lo demás, Elecofasa Internacional SAS no demostró su experiencia en proyectos anteriores, por tanto, carecía de aquella que indicó. Por otra parte, esa personería había recibido quejas sobre el incumplimiento de obligaciones laborales, que fueron remitidas al Ministerio del Trabajo, Defensoría del Pueblo, ESPA SA ESP y al ente territorial para su conocimiento y trámite.

4 Ver índice 14 de Samai, radicado: 11001031500020250534700. Archivo denominado «31_MemorialWeb_Respuesta-CONTESTAATUTELASE(.pdf) NroActua 14». 5 Ver índice 15 de Samai, radicado: 11001031500020250534700. Archivo denominado».5 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01

Demandante: Elecofasa Internacional SAS 1.3 . Sentencia de primera instancia6

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Demandante: Elecofasa Internacional SAS 1.3 . Sentencia de primera instancia6

7. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 2 de octubre de 2025 declaró improcedente la solicitud de tutela por ausencia del requisito de relevancia

constitucional. Para el efecto, consideró:

7.1. La argumentación de la parte actora no demostraba que el presente asunto giraba en torno al alcance de algún derecho fundamental. Por el contrario, solo expuso su inconformidad con la decisión adoptada en segunda instancia en el marco del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con radicado: 85001-3333-002-2020-00074-02.

7.2. En efecto, el escrito inicial no puso de presente que el Tribunal Administrativo de Casanare hubiera incurrido en una arbitrariedad judicial ni hizo una exposición a partir de la cual fuera posible deducir que el caso tenía la « entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental » y mucho menos justifica «[…] razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales».

7.3. El argumento según el cual, la autoridad accionada se atribuyó una competencia que no le correspondía y sustituyó la voluntad contractual, al decretar la suspensión de la ejecución del contrato de joint venture, con aplicación errónea de los artículos 14 y 17 de la Ley 142 de 1994 y omisión de la valoración de pruebas determinantes, se traducía en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial.

14 y 17 de la Ley 142 de 1994 y omisión de la valoración de pruebas determinantes, se traducía en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial.

7.4. En esas condiciones, más que una cuestión que fuera de «verdadera relevancia constitucional» que conllevara la presunta trasgresión de derechos fundamentales, lo que demostraba era la inconformidad con las decisiones adoptadas por la autoridad accionada, como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional. Por ello, el juez de tutela no podía inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez natural.

1.4. El escrito de impugnación7

8. Elecofasa Internacional SAS impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual insistió en que las providencias proferidas el 3 de abril y el 17 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare incurrieron en los siguientes defectos:

8.1. Fáctico: por la omisión en la valoración integral de las pruebas técnicas, financieras y ambientales , que acredita ban que la operación desarrollada por

6 Ver índice 18 de Samai. Archivo denominado «36Sentencia_20250534700ELECOFASA(.pdf) NroActua 18». 7 Ver índice 22 de Samai. Archivo denominado «42_MemorialWeb_RecursoIMPUGNACIONDETUTEL(.pdf) NroActua 22».6 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

IMPUGNACIONDETUTEL(.pdf) NroActua 22».6 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01

Demandante: Elecofasa Internacional SAS Elecofasa Internacional SAS era viable y beneficiosa para el patrimonio público y el medio ambiente.

8.2. Sustantivo: a l suspender un contrato ambientalmente sostenible y financieramente equilibrado, bajo el argumento de un riesgo patrimonial, sin que se demostrara un detrimento económico con aplicación indebida e inconstitucional de las normas que regulan la libertad de empresa, la buena fe contractual y la confianza legítima. Con el cumplimiento de lo acordado se habrían garantizado ingresos en favor de la entidad pública.

8.3. Desconocimiento del precedente: el Tribunal Administrativo de Casanare reiteró una medida de suspensión provisional que ya había sido revocada por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado en el proceso de nulidad contractual 85001-23-33-000-2020-00040-01 (66.334) por considerar que los jueces no estaban facultados para suspender un contrato ni tenían capacidad para coadministrar un contrato privado ni de sustituir la voluntad contractual y la autonomía de gestión de una empresa de servicios públicos. Esta decisión generaba un «precedente vinculante» y una estabilidad jurídica que el tribunal debía acatar. Además, se desconoció el principio de proporcionalidad en la restricción de derechos fundamentales o económicos.

8.4. Igualmente, las providencias cuestionadas incurrieron en vulneración del derecho

principio de proporcionalidad en la restricción de derechos fundamentales o económicos.

8.4. Igualmente, las providencias cuestionadas incurrieron en vulneración del derecho al trabajo y mínimo vital de los trabajadores de Elecofasa Internacional SAS, de sus inversionistas y aliados, con los cual se generó un perjuicio irremediable. Además, se desconoció el principio de no regresión ambiental, pues la suspensión de la operación tecnológica impidió el funcionamiento de la planta de valorización de residuos sólidos urbanos. Con ello , se debió retomar la disposición final en relleno sanitario, lo que representaba un retroceso grave en materia ambiental, social y económica.

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 8 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 9, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.7 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.7 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01

Demandante: Elecofasa Internacional SAS 2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado 10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 11. Al respecto señaló lo

siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es

de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo12 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constituc ional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, MP María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.8 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01

Demandante: Elecofasa Internacional SAS con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 14 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos

judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales de Elecofasa Internacional SAS con ocasión de la sentencia del 3 de abril de 2025, a través de la cual, en segunda instancia, ordenó suspender la ejecución del contrato de joint venture del 24 de diciembre de 2019, hasta tanto se profiriera sentencia de segunda instancia dentro del proceso de controversias contractuales con radicado 850012333000-202000040-00, con la que incurrió, al parecer, en defectos fáctico y sustantivo y desconocimiento del precedente judicial?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

18. En relación con el requisito de la relevancia constitucional, contrario a lo señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que puede llevar consigo la violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

por el a quo, se entiende superado, toda vez que puede llevar consigo la violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

19. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto fáctico

20. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 16, tiene una dimensión negativa y otra positiva.

14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo. 16 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.9 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01

Demandante: Elecofasa Internacional SAS

21. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez »17, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente »18. La segunda, se acredita

analizados por el juez »17, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente »18. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»19.

22. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.3. Defecto sustantivo

23. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto20. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta 21, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

24. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o

24. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

25. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.

Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos

17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell. 18 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 19 Sentencia T-538 de 1994. 20 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015. 21 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 201810

19 Sentencia T-538 de 1994. 20 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015. 21 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 201810 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01

Demandante: Elecofasa Internacional SAS fundamentales de los sujetos procesales22.

2.4.4. Desconocimiento del precedente judicial

26. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la pr