CE - Sentencia 11001031500020250537001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05370-01

Accionante: ELKIN RODRÍGUEZ PIMIENTA Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se revoca el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de 23 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Elkin Rodríguez Pimienta solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administración de justicia y a la seguridad social en conexidad de los principios de progresividad , favorabilidad laboral, prevalencia del derecho sustancial, legalidad, confianza legítima, supremacía de la Constitución, seguridad jurídica y “[…] de interpretación conforme

la seguridad social en conexidad de los principios de progresividad , favorabilidad laboral, prevalencia del derecho sustancial, legalidad, confianza legítima, supremacía de la Constitución, seguridad jurídica y “[…] de interpretación conforme a la Constitución […]”, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 17 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 76001-33-33-020-2023-00042-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05370-01

Accionante: Elkin Rodríguez Pimienta

mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y factores salariales establecidos en el Decreto núm. 216 de 18 de febrero de 19911.

2.2. Afirmó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Cali, autoridad judicial que, mediante providencia de 30 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.2. Afirmó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Cali, autoridad judicial que, mediante providencia de 30 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de providencia de 17 de marzo de 2025, confirmó lo resuelto en primera instancia.

2.4. Indicó que la providencia mencionada anteriormente vulner ó sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administración de justicia y a la seguridad social por incurrir en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.5. Sostuvo que el defecto fáctico se configuró debido a que no se valoraron adecuadamente las pruebas existentes sobre la consolidación del derecho adquirido por el accionante, sobre todo el contenido de los desprendibles de nómina, debido a que se debía mantener el pago de los beneficios desde el 2000 hasta la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto núm. 216 de 19912.

2.6. Indicó que el defecto sustantivo se presentó por el desconocimiento de la aplicación obligatoria del artículo 58 de la Constitución para proteger los derechos adquiridos lo cual va en contravía de l principio de seguridad jurídica y de irretroactividad de la ley.

2.7. Alegó e l desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que i) el

adquiridos lo cual va en contravía de l principio de seguridad jurídica y de irretroactividad de la ley.

2.7. Alegó e l desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que i) el Consejo de Estado respecto de los efectos de la nulidad del Decreto 0216 de 1991, exhortó a las autoridades competentes a que respetaran las situaciones jurídicas consolidadas y los derechos adquiridos ; y ii) la Corte Constitucional frente a supuestos fácticos como el suyo ha señalado que “[…] respecto de aquellas situaciones particulares y concretas que nacen y se desarrollan en el marco de relaciones que no tienen ni llegan a tener vínculo alguno con la utilidad pública o el interés social, surge un derecho que hace intangible la posición o relación jurídica que se consolidó por virtud del cumplimiento de las condiciones contenidas en la ley. Esas situaciones, por razones de seguridad jurídica y en virtud del principio irretroactividad de la ley, no podrían ser afectadas en modo alguno […]”.

2.8. Finalmente, adujo que hubo una violación directa de la Constitución porque se desconocieron varios derechos fundamentales y principios constitucionales que protegen los derechos que ya había adquirido afectando la confianza legítima , teniendo en cuenta que la ratio decidendi de la jurisprudencia constitucional es de obligatorio cumplimiento.

1 “[…] POR EL CUAL SE FIJAN PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS PARA EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SANTIAGO DE CALI […]”. 2 Radicado 76001-23-31-000-2010-01485-01.3

LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SANTIAGO DE CALI […]”. 2 Radicado 76001-23-31-000-2010-01485-01.3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05370-01

Accionante: Elkin Rodríguez Pimienta

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, al igual que los principios de legalidad, confianza legitima (sic), interpretación de normas procesales, buena fe, y todos aquellos que llegaren a probarse vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y caso concreto de este escrito.

SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el día 17 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-020-2023-00042-01 […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 1.° de septiembre de 2025, el Despacho de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito de Cali y al Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de

Servicios de Santiago de Cali.

V. INTERVENCIONES

interés directo en el resultado del proceso al Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito de Cali y al Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,

se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que la decisión se había proferido en aplicación a los principios constitucionales, tuvo como fundamento las pruebas válidamente allegadas y respetó las garantías procesales de las partes. Adujo que la acción de tutela no es procedente cuando la censura del accionante radica exclusivamente en la discrepancia con la decisión adoptada pretendiendo se profiera una nueva sentencia en la que se acceda a las pretensiones de la demanda.

5.2. El Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali manifestó qu e en todas las etapas se garantizó el debido proceso y que la acción de tutela debía ser desestimada por improcedente por cuanto se está utilizando como una instancia adicional para controvertir decisiones judiciales que ya tuvieron el análisis pertinente . Indicó que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad en tanto el accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión para cuestion ar la decisión cuestionada. Igualmente, solicitó su desvinculación del proceso.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05370-01

Accionante: Elkin Rodríguez Pimienta

VI. EL FALLO IMPUGNADO

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05370-01

Accionante: Elkin Rodríguez Pimienta

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 23 de septiembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela.

7. Al respecto consideró que el análisis de la autoridad judicial accionada está debidamente sustentado en las pruebas del proceso, entre las que incluyó los desprendibles de nómina y la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del acto administrativo que concedió los beneficios , frente a lo cual agregó que no observaba una valoración caprichosa sino que dichos elementos no resultaron suficientes para acreditar la existencia de una situación consolidada o de un derecho adquirido debido a que no estaban frente a la existencia de un acto administrativo en firme o una providencia judicial que ordenara el reconocimiento de las prestaciones pretendidas.

8. Agregó que:

“[…] 34. Así mismo, si bien se consideró lo decidido en la sentencia del Consejo de Estado en relación con la obligación de preservar las situaciones jurídicas que se consolidaron mientras estuvo vigente el Decreto 216 de 1991, lo cierto es que la situación par ticular del demandante no hacia (sic) parte de ellas, pues era susceptible de discusión en sede administrativa y judicial, como en efecto ocurrió cuando solicitó el reconocimiento ante la entidad demandada y posteriormente acudió a la jurisdicción en los años 2022 y 2023, respectivamente. Máx ime cuando se trató de un reconocimiento basado en un acto administrativo

cuando solicitó el reconocimiento ante la entidad demandada y posteriormente acudió a la jurisdicción en los años 2022 y 2023, respectivamente. Máx ime cuando se trató de un reconocimiento basado en un acto administrativo inconstitucional e ilegal expedido sin competencia legal.

35. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial demandada no incurrió en los defectos fáctico ni sustantivo, violación directa de la Constitución Política ni desconocimiento del precedente judicial alegados, debido a que su dec isión fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de la función judicial y aquella se apoyó en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.

36. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que conduce a la denegatoria del recurso de amparo […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en

los siguientes argumentos:

“[...] 2.1. SOBRE LA PRESUNTA INEXISTENCIA DEL DEFÉCTO FÁCTICO

9. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en

los siguientes argumentos:

“[...] 2.1. SOBRE LA PRESUNTA INEXISTENCIA DEL DEFÉCTO FÁCTICO

[…] En ese sentido, la suscrita considera equivocada la conclusión a la cual arribó el a quo, por cuanto las pruebas erróneamente valoradas sí trascienden5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05370-01

Accionante: Elkin Rodríguez Pimienta

en la decisión proferida y vulneran derechos fundamentales, toda vez que no se trata de una mera diferencia frente a la apreciación probatoria efectuada por los sujetos procesales dentro del trámite de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, sino de vicios sustanciales en la valoración probatoria, concretamente: i) la omisión en la valoración de una prueba relevante, en tanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no tuvo en cuenta dentro de su análisis los desprendibles de pago aportados, los cuales demostraban la existencia y continuidad de un derecho adquirido en cabeza de la suscrita, con fundamento en el Decreto 0216 de 1991; y ii) la valoración irrazonable de la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado, bajo radicación No. 76001-23-31-000-2010-01485-01, la cual fue debidamente aportada al proceso y resultaba enfática en establecer que los derechos adquiridos de buena fe por los colaboradores de la Alcaldía de Cali, en vigencia del Decreto 0216 de 1991, debían ser respetados […].

aportada al proceso y resultaba enfática en establecer que los derechos adquiridos de buena fe por los colaboradores de la Alcaldía de Cali, en vigencia del Decreto 0216 de 1991, debían ser respetados […].

Así las cosas, cuando el accionado sostiene que no se consolidan derechos adquiridos por cuanto el Decreto 0216 de 1991 habría sido ilegal desde su origen, desconoce abiertamente lo dispuesto por su superior jerárquico, el Consejo de Estado, el cual reconoció la validez y eficacia de los derechos adquiridos al amparo de dicho decreto.

[…]

2.2. SOBRE LA PRESUNTA INEXISTENCIA DE DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE JUDICIAL Y DEFECTO SUSTANTIVO

[…]

Así las cosas, el demandado, al supeditar el reconocimiento de los derechos adquiridos a la licitud del Decreto, impuso un requisito adicional no previsto por la jurisprudencia ni por la ley, incurriendo en una extralimitación en el ejercicio de su función judicial. Dicha postura, además de contradecir abiertamente la línea del Consejo de Estado, resulta inconstitucional, en tanto traslada al administrado las consecuencias de un error cometido por la propia administración [...] no se alegó exclusivamente el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado antes citado, como lo sostuvo el magistrado ponente en la sentencia impugnada, sino también el desconocimiento de otros precedentes judiciales relevantes, particularmente la Sentencia T-102 de 2014 de la Corte Constitucional, citada expresamente en la acción de tutela.

[…]

2.3. SOBRE LA PRESUNTA INEXISTENCIA DE DEFECTO POR VIOLACIÓN

precedentes judiciales relevantes, particularmente la Sentencia T-102 de 2014 de la Corte Constitucional, citada expresamente en la acción de tutela.

[…]

2.3. SOBRE LA PRESUNTA INEXISTENCIA DE DEFECTO POR VIOLACIÓN

DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Así las cosas, sí se configura una vulneración del artículo 58 de la Constitución Política y un desconocimiento del precedente judicial, en tanto los derechos adquiridos por la accionante se consolidaron durante la vigencia del Decreto 0216 de 1991, puesto que los beneficios reconocidos se materializaron al ingresar efectivamente a su patrimonio […]”. [Sic para toda la cita].

10. En el escrito adicionó que en la providencia cuestionada no se expusieron suficientes razones por las que no se configuró cada uno de los defectos alegados por lo que carece de motivación sustantiva y de una omisión de pronunciamiento de fondo.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05370-01

Accionante: Elkin Rodríguez Pimienta

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 6, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20248.

VIII.2. Cuestión previa

12. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

13. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T-1001 de 20069, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso

mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del texto).

14. Teniendo en cuenta que el Distrito Especial de Santiago de Cali , fue parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado por el accionante, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 4 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 5 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”.

6 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 7 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 9 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05370-01

Accionante: Elkin Rodríguez Pimienta

15. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

16. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y en la causal de violación directa de la Constitución.

fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y en la causal de violación directa de la Constitución.

17. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

18. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

19. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

20. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un

trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

10 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05370-01

Accionante: Elkin Rodríguez Pimienta

21. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de

providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

25. El señor Elkin Rodríguez Pimienta solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administración de justicia y a la seguridad social en conexidad de los principios de progresividad, favorabilidad laboral, prevalenc ia del derecho sustancial, legalidad, confianza legítima, supremacía de la constitución, seguridad jurídica y “[…] de interpretación conforme a la Constitución […]”, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 17 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio

12 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.

de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio

12 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 13 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.

vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 14 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05370-01

Accionante: Elkin Rodríguez Pimienta

de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 76001-33-33-020-2023-00042-00/01.

26. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

27. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 15 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.

28. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales 17, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o

requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.

29. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para