CE - Sentencia 11001031500020250537801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05378-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: CARLOS ANDRÉS MENDOZA OLAYA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE

CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS

ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR

PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 2 de octubre de 2025 , mediante la cual la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1 En adelante la Sección Cuarta.2

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Actor: CARLOS ANDRÉS MENDOZA OLAYA

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lo cual aportó, entre otras, certificación laboral expedida por la Corporación CORPOCREAR, que constaba que había laborado como coordinadora social y de proyectos entre el 14 de enero de 2019 y el 29 de noviembre de 2023.

Afirmó que, a su juicio, la citada señora no cumplía con los requisitos de experiencia laboral exigidos por la normativa vigente, en especial, los establecidos en el Decreto 1083 de 26 de mayo de 20155, razón por la que presentó demanda en ejercicio de l medio de control de nulidad electoral contra el referido acto, el cual fue identificado con el número único de radicación 2024-00119-01.

Señaló que, posterior a la presentación de la demanda, obtuvo una certificación oficial de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL TOLIMA6, la cual fue incorporada válidamente al proceso, en la que se acreditaba que la señora DANIELA FORERO VARGAS había laborado en dicha entidad entre el 13 de febrero de 2023 hasta el 30 de enero de 2024, período que se entrelazaba con el certificado por CORPOCREAR y el ITFIP, lo que significaba que esta había tenido

5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. 6 En adelante COMFATOLIMA.4

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5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. 6 En adelante COMFATOLIMA.4

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tres empleos al mismo tiempo, lo cual es físicamente imposible en una jornada de ocho horas diarias.

Sostuvo que el citado proceso le correspondió por reparto al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 13 de febrero de 2025, negó las pretensiones de la demanda , sin tener en cuenta la prueba allegada ni pronunciarse de fondo sobre su contenido.

Manifestó que, debido a lo anterior, interpuso recurso de apelación en el que solicitó la valoración de pruebas en segunda instancia, puntualmente, la certificación de COMFATOLIMA, el cual le correspondió para su estudio a la SECCIÓN QUINTA que, mediante auto de 8 de mayo de 2025, negó tal requerimiento y, a través de sentencia de 5 de junio del presente año, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defectos fáctico y procedimental, por haberse omitido injustificadamente la valoración de una prueba relevante para esclarecer los hechos controvertidos.5

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injustificadamente la valoración de una prueba relevante para esclarecer los hechos controvertidos.5

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Sostuvo que con posterioridad a la presentación de la demanda fue que logró obtener la certificación laboral de la señora FORERO VARGAS expedida por COMFATOLIMA, en la que el tiempo allí acreditado se cruza con los supue stamente laborados en ITFIP y CORPOCREAR, lo que, a su juicio, demuestra que la certificación de esta última entidad era falsa, pues era fácticamente imposible que aquella hubiese laborado en tres instituciones distintas, en el mismo período y en la modalidad de tiempo completo.

Adujo que la certificación laboral de COMFATOLIMA fue aportada dentro de un momento procesal válido y oportuno , esto es, con el escrito que descorrió el traslado de las excepciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 175 y 212 de la Ley 1437 de 18 de enero 2011, por lo que no debió rechazarse su valoración.

Finalmente, resaltó el salvamento de voto suscrito en primera instancia por el magistrado LUÍS EDUARDO COLLAZOS quien, en su sentir, dejó en evidencia la inconsistencia sustancial del fallo mayoritario, al asegurar que: “[…] la relevancia de la certificación emitida por COMFATOLIMA, prueba que fue allegada en el trámite

su sentir, dejó en evidencia la inconsistencia sustancial del fallo mayoritario, al asegurar que: “[…] la relevancia de la certificación emitida por COMFATOLIMA, prueba que fue allegada en el trámite de traslado de excepciones y que evidenciaba, la imposibilidad6

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material, de que la doctora Daniela Forero desempeñara, de manera simultánea, tres empleos distintos. Esa prueba, tenía la virtualidad de desmontar el soporte central de la designación, pues demostraba que la experiencia relacionada invocada, no era real n i podía reputarse como tal, en los términos del Decreto 1083 de 2015 y del Manual de Funciones del ITFIP […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: Que se declare la configuración de una vía de hecho, por defecto fáctico , defecto procedimental y desconocimiento del precedente, en las providencias judiciales referidas, por la omisión, en la valoración de pruebas conducentes, la falta de pronunciamiento sobre solicitudes probatorias y la interpretación irrazonable de las normas aplicables al caso.

TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos jurídicos las sentencias, proferidas por el Honorable

la falta de pronunciamiento sobre solicitudes probatorias y la interpretación irrazonable de las normas aplicables al caso.

TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos jurídicos las sentencias, proferidas por el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima y por el Honorable Consejo de Estado – Sección Quinta , dentro del proceso de nulidad electoral mencionado, y se ordene a la autoridad judicial correspondiente proferir un nuevo fallo, valorando integralmente las pruebas allegadas y practicando las solicitadas.

CUARTO: Que se vincule al presente trámite de tutela, a la Dra. Daniela Forero García y a la Institución de Educación Superior ITFIP , representada legalmente por su rector, Dr.

MARIO FERNANDO DIAZ PAVA, con el fin de garantizar el ejercicio7

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del derecho de contradicción y defensa como partes intervinientes en el proceso de origen […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar impro cedente el amparo solicitado o, en su defecto, denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor ni se incurrió en los defectos alegados.

Sostuvo que, si bien el actor solicitó el decreto de unas pruebas en

toda vez que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor ni se incurrió en los defectos alegados.

Sostuvo que, si bien el actor solicitó el decreto de unas pruebas en aras de demostrar la falta de aportes a seguridad social de la señora FORERO VARGAS, aun cuando se comprobara que no se efectuaron las respectivas cotizaciones, tal circunstancia no acredita la falsedad de la respectiva certificación laboral sino el incumplimiento de una obligación por parte del empleador. Además, dicha solicitud fue negada mediante auto debidamente ejecutoriado, frente al cual no se interpuso recurso alguno.

Aunado a lo anterior, señaló que los documentos presentados por la señora DANIELA FORERO VARGAS , esto es, su hoja de vida y soportes de experiencia, fueron cargados desde febrero de 2024 en8

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la página web de la Presidencia de la República para conocimiento y formulación de observaciones de la ciudadanía durante tres días hábiles, sin que se haya presentado alguna clase de oposición o manifestación frente a la documentación o trayectoria acreditada, razón por la que , aunque no se desconoce la facultad y/o deber de los jueces de decretar pruebas de oficio, esta no puede ser usada para sanear las falencias probatorias en las que incurren las partes.

razón por la que , aunque no se desconoce la facultad y/o deber de los jueces de decretar pruebas de oficio, esta no puede ser usada para sanear las falencias probatorias en las que incurren las partes.

Por último, resaltó que, contrario a lo afirmado por el actor, la providencia cuestionada estuvo debidamente fundamentada en las pruebas allegadas al proceso ordinario y de las cuales concluyó que se debían denegar las pretensiones de la demanda, pues el acto de nombramiento mediante el cual se designó a la señora FORERO VARGAS como decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación del ITFIP, no se encontraba viciado de nulidad.

I.5.2.- La SECCIÓN QUINTA solicitó declarar improcedente el amparo por no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional o, en su defecto, denegar las pretensiones, por cuanto no se incurrió en los defectos alegados ni se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor.9

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Afirmó que se trata de un debate meramente legal , pues lo que se pretende es controvertir la interpretación jurídica que el juez natural le dio al material probatorio obrante en el expediente y el alcance de los artículos 212 y 213 del Código General del Proceso (CGP), respecto de las oportunidades probatorias y el decreto de pruebas de

le dio al material probatorio obrante en el expediente y el alcance de los artículos 212 y 213 del Código General del Proceso (CGP), respecto de las oportunidades probatorias y el decreto de pruebas de oficio, lo cual escapa de la órbita de competencia del juez constitucional.

Señaló que el asunto planteado en la presente acción de tutela fue zanjado por los jueces de instancia, especialmente, a través del proveído de 8 de mayo de 2025, en el que se reiteró las razones por las que no era dable para el actor solicitar el decreto de pruebas al descorrer el traslado de las excepciones, por lo que ahora no puede pretender utilizar la presente acción constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario para imponer su posición jurídica.

I.5.3.- El ITFIP, vinculado como tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones incoadas en la presente acción de tutela.10

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Afirmó que en el presente caso no se observa la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por el actor, por el contrario, se evidencia que el trámite surtido tanto por el TRIBUNAL como por la SECCIÓN QUINTA estuvo ajustado a los parámetros de legalidad procesal.

administración de justicia invocados por el actor, por el contrario, se evidencia que el trámite surtido tanto por el TRIBUNAL como por la SECCIÓN QUINTA estuvo ajustado a los parámetros de legalidad procesal.

Resaltó que la acción de tutela no está llamada a sustituir el criterio judicial adoptado por el juez de conocimiento ni a reabrir un debate ya resuelto conforme a derecho, máxime cuando la función de la acción constitucional no es ofrecer una nueva oportunidad procesal a quien, por negligencia o error, dejó vencer etapas procesales como ocurrió en el presente caso, al no interponerse los recursos procedentes contra el auto que negó las pruebas.

I.5.4.- La señora DANIELA FORERO VARGAS , vinculada como tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia o, en caso de estudiarse de fondo, denegar las pretensiones de la demanda.11

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Señaló que la pres ente acción de tutela no cumple el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que el actor no hizo uso de l recurso de reposición y apelación que tenía a su alcance contra el auto que denegó la solicitud de pruebas. Sin embargo, resaltó que en sede de apelación la SECCIÓN QUINTA realizó un estudio

recurso de reposición y apelación que tenía a su alcance contra el auto que denegó la solicitud de pruebas. Sin embargo, resaltó que en sede de apelación la SECCIÓN QUINTA realizó un estudio expreso y detallado sobre la improcedencia de incorporar al proceso medios de prueba presentados de manera extemporánea.

Indicó que no existió vulneración alguna al derecho fundamental al debido proceso del actor, por cuanto el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA expusieron con suficiencia las razones de hecho y de derecho por las cuales no era posible decretar las pruebas solicitadas, fundamentado sus providencias en un análisis jurídico de la normativa aplicable al proceso electoral.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA mediante sentencia de 2 de octubre de 2025, declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que no se cumplía el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido por el actor era convertir la acción de tutela en una12

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tercera instancia.

Advirtió que la inconformidad del accionante relativa a la falta de valoración de la certificación expedida por COMFATOLIMA incorporada con el traslado de las excepciones, ya fue objeto de debate dentro del medio de control de nulidad electoral y

Advirtió que la inconformidad del accionante relativa a la falta de valoración de la certificación expedida por COMFATOLIMA incorporada con el traslado de las excepciones, ya fue objeto de debate dentro del medio de control de nulidad electoral y debidamente resuelta a través de auto de 8 de mayo de 2025, mediante el cual se denegó la solicitud de pruebas en segunda instancia y el fallo de 5 de junio de este año, que confirmó la decisión del a quo de despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

Afirmó que los argumentos aquí expuestos para sustentar los defectos fáctico y procedimental fueron los mismos planteados en el recurso de apelación dentro del proceso ordinario, circunstancia que fue resuelta de manera razonable por la autoridad judicial accionada, razón por la que resulta evidente que la presente acción de tutela se está usando como un recurso adicional al medio de control de nulidad electoral cuestionado.13

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN CUARTA y solicitó que se revoque para, en su lugar, acceder a las pretensiones solicitadas.

Manifestó que el a quo se limitó a realizar un examen de procedencia formal, sin estudiar de fondo los defectos fáctico y procedimental

solicitó que se revoque para, en su lugar, acceder a las pretensiones solicitadas.

Manifestó que el a quo se limitó a realizar un examen de procedencia formal, sin estudiar de fondo los defectos fáctico y procedimental alegados, ni evaluar la incidencia de las pruebas omitidas, con lo que se desconoció el precedente obligatorio y se restringió injustificadamente el acceso a la justicia constitucional.

Afirmó que el presente asunto sí reviste re levancia constitucional, toda vez que se está cuestionando la actuación de órganos de cierre que omitieron la valoración de una prueba determinante para la legalidad de un nombramiento público y, además, están comprometidos los principios de mérito, moralidad administrat iva, igualdad y transparencia, pilares del Estado social de derecho.

Asimismo, señaló que la decisión de improcedencia desconoce la doctrina de la Corte Constitucional según la cual la acción de tutela14

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es el mecanismo idóneo para corregir errores judiciales que lesionan derechos fundamentales.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,15

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magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:16

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas17

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susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.18

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto las providencias de 13 de febrero y 5 de junio de 2025, proferidas, respectivamente, por el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 2024-00119-01.

A las citadas providencias el actor le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la19

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administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, incurrieron en defectos fáctico y procedimental.

Los disensos del actor radican en que las autoridades judiciales

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administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, incurrieron en defectos fáctico y procedimental.

Los disensos del actor radican en que las autoridades judiciales accionadas debieron valorar en su integridad la certificación laboral de COMFATOLIMA, la cual fue aportada dentro de un momento procesal válido y oportuno, esto es, con el escrito que descorrió el traslado de las excepciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 175 y 212 del CPACA y cuya valoración era relevante para esclarecer los hechos controvertidos.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 2 de octubre de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se cumplió con el presupuesto de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en primera instancia, manifestando que, contrario a lo considerado por el a quo, el presente asunto sí reviste relevancia constitucional, pues se está cuestionando la actuación de ór