CE - Sentencia 11001031500020250538701 de 2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05387-01 Demandante SADYH BALC`ZAR DE LENIS Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Emolumentos Decreto 0216 de

1991. Requisitos generales de procedibilidad. Inmediatez.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide la impugnación 1 interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 26 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dispuso: «1”) DeclÆrase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 28 de agosto de 20252, la seæora Sadyh BalcÆzar de Lenis, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, al haber

propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, al haber dictado la sentencia del 2 de agosto de 2024, mediante la cual se confirm ó el fallo del 20 de noviembre de 2023 proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali, en el cual se negaron las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-33-001-202300118-00/01. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, al igual que los principios de legalidad, confianza legitima (sic), interpretación de normas procesa les, buena fe, y todos aquellos que llegaren a probarse vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y caso concreto de este escrito. SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia No. 134 del 2 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-001-2023-00118-01.» 3

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Samai, índice 16. Expediente 11001-03-15-000-2025-0538 7-00. 2 Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-05387 -00.

1 Samai, índice 16. Expediente 11001-03-15-000-2025-0538 7-00. 2 Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-05387 -00. 3 Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-05387 -00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05387-01

Demandante: Sadyh BalcÆzar de Lenis

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. La seæora Sadyh BalcÆzar de Lenis trabajó como empleada pœb lica en la alcaldía de Santiago de Cali «desde 1990, hasta 2001» , e indica que en la actualidad tiene 68 aæos. 2.2. El 18 de febrero de 1991, la alcaldía del municipio de Santiago de Cali expidió el decreto 0216 de 1991, «por el cual se fijan prestaciones sociales y otros beneficios para empleados pœblicos de la administración central de Santiago de Cali». 2.3. En el aæo 2000, el Municipio de Santiago de Cali de manera u nilateral suspendió los efectos del decreto 0216 de 1991 y dejó de pagar a favor de los empleados pœblicos las prestaciones sociales y factores salariales contenidos en ese acto. Por lo que, la actora manifestó que «desde julio de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) hasta el aæo 2000 disfrutØ de las primas extralegales dispuestas en el Decreto 0216 de 1991».

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) hasta el aæo 2000 disfrutØ de las primas extralegales dispuestas en el Decreto 0216 de 1991». 2.4. En el aæo 2010, el Ministerio de Educación Nacional promovió dema nda de nulidad simple contra el Municipio de Santiago de Cali para que se declararÆ la nulidad del decreto 0216 de 1991. 2.5. El asunto se adelantó bajo el radicado 76001-23-31-000-2010-01485-00/01 y correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que, por sentencia de 21 de enero de 2012, declaró la nulidad del acto administrativo. Inconformes con la decisión, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle y el municipio de Santiago de Cali presentaron recursos de apelación, respectivamente. 2.6. Mediante sentencia del 8 de agosto de 2019, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. Consideró que el alcalde municipal de Santiago de Cali carecía de competencia para expedir el acto administrativo pues la prerrogativa para fijar el rØgimen salarial y prestacional de los empleados pœblicos de los diferentes niveles territoriales estaba en cabeza del Congreso de la Repœblica. En consecuencia, declaró la nulidad del Decreto 0216 de 2012, con efectos «ex tunc», esto, teniendo en cuenta que mientras estaba en vigencia el decreto generó situaciones jurídicas consolidadas relacionadas con factores salariales y prestacionales, que constituían derechos adquiridos para los servidores pœblicos del municipio.

tunc», esto, teniendo en cuenta que mientras estaba en vigencia el decreto generó situaciones jurídicas consolidadas relacionadas con factores salariales y prestacionales, que constituían derechos adquiridos para los servidores pœblicos del municipio. 2.7. El 26 de mayo de 2023 la seæora BalcÆzar de Lenis presen tó demanda de nulidad y restablecimiento contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, con el propósito de que se declarara la nulidad del Oficio 202241370400076 131 de 29 de noviembre de 2022, que negó el reconocimiento y pag o de las prestaciones extralegales contenidas en el decreto 0216 de 1991, que se causaron desde la fecha en la que se suspendió su pago en el aæ o 2000 hasta la fecha de su retiro. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se le pagaran $10.709.556 que correspondían al pago retroactivo de las prestaciones sociales y factores salariales establecidos en el decreto, consistentes en prima semestral de junio y diciembre, prima de navidad, prima de antigüedad e intereses de cesant ías causados desde el aæo 2000 hasta la fecha en que se retiró. El asunto se adelantó bajo el radicado 76001-33-33-0012023-00118-00 y correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito d e Cali, que, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05387-01

Demandante: Sadyh BalcÆzar de Lenis

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia

Demandante: Sadyh BalcÆzar de Lenis

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.8. Inconforme, la demandante apeló y el 2 de agosto de 2024 e l Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión.

3. Fundamentos de la acción La seæora Sadyh BalcÆzar de Lenis consideró que el Tribunal Administrat ivo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, con la sentencia del 2 de agosto de 2024 por la que confirmó la providencia del 20 de noviembre de 2023 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-33-001-2023-00118-00/01.

Mencionó que la acción de tutela es procedente siempre que se cumpla co n los requisitos generales, tales como la legitimación por activa y por pasiva, que e l asunto tenga una trascendencia iusfundamental, se agoten los mecanis mos judiciales disponibles salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable y se cumpla con el tØrmino de la inmediatez. Respecto de los defectos especiales afirmó que la autoridad accionada al dicta r la providencia cuestionada incurrió en un defecto fÆctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:

providencia cuestionada incurrió en un defecto fÆctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución, por las siguientes razones: 3.1. Defecto fÆctico: indicó que el operador judicial, de manera caprichosa, valor漃Ā el contenido de los desprendibles de nómina y la sentencia de segunda instancia, proferida por el Consejo de Estado, bajo el radicado 76001-23-31000-2010-01485-01, piezas procesales que resultaban decisiva para ado ptar una decisión de fondo. Seæaló que la autoridad judicial demandada no valor 漃Ā adecuadamente las dos pruebas relacionadas en precedencia, pues de ellas era posible concluir que tenía un derecho adquirido, ya que: (i) había cumplido con los requisitos establecidos en el decreto 0216 de 1991, esto es, ser vinculado al municipio de Santiago de Cali durante la vigencia del aludido decreto y, (ii) los beneficios económicos derivados del acto administrativo ya habían ingresado a su patrimonio. Es decir, su situación jurídica se encontraba consolidada y ten ía derecho a seguir percibiendo los beneficios otorgados hasta que no fuera anulado el decreto 0216 de 1991. Manifestó que el tribunal se equivocó al considerar que por el hecho de que el Distrito dejó de pagar las bonificaciones el derecho adquirido dejaba de existir y ya no era una situación jurídica consolidada. Insistió en que dichos derechos continuaban en cabeza de los empleados pœblicos de la entidad territoria l, hasta tanto el acto administrativo no fuera declarado nulo conforme al artículo 88 del CPACA, ya que, mientras tanto, se presumía legal y era o bligación del

continuaban en cabeza de los empleados pœblicos de la entidad territoria l, hasta tanto el acto administrativo no fuera declarado nulo conforme al artículo 88 del CPACA, ya que, mientras tanto, se presumía legal y era o bligación del Distrito de Cali continuar pagando los beneficios extralegales. Adicionalmente, indicó que el defecto fÆctico tambiØn se materializó e n sentido negativo, toda vez que el tribunal omitió «la valoración y aplicación del concepto de “derecho adquirido” en la resoluci漃Ān de la Nulidad y Restablecimiento del derecho promovida por el suscrito» lo que afectó su derecho al debido proceso. 3.2. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial: seæaló que la sentencia del Consejo de Estado que estudió la legalidad del Decreto 0216 de 1991, exhortó a las autoridades competentes a que se respetaran las situaciones jurídicas consolidadas y los derechos adquiridos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05387-01

Demandante: Sadyh BalcÆzar de Lenis

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Relató que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los referidos defectos porque, en su caso, no se había configurado un a situación jurídica consolidada y porque concluyó que dicho concepto solo tenía lugar en procesos judiciales promovidos con anterioridad y decididos mediante sentencia con efectos de cosa juzgada, pues, segœn afirmó, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, basta con el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley para que se configure un derecho adquirido. Es

sentencia con efectos de cosa juzgada, pues, segœn afirmó, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, basta con el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley para que se configure un derecho adquirido. Es decir, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no necesariamente debía promoverse un proceso litigioso y haberse resuelto ante autoridad administrativa o judicial el asunto de fondo para que exista una situación jurídica consolidada. Alegó que los requisitos de ley se cumplieron conforme con lo dispuesto en los artículos 1 y 23 del Decreto 0216 de 1991, toda vez que, la accionan te se vinculó al servicio del Distrito Especial de Santiago de Cali con posteriorida d al 1” de enero de 1991. Asimismo, dijo que se incurrió en un defecto sustantivo pues se desconoció la protección que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado les ha otorgado a los derechos adquiridos, lo cual constituye un e rror en la interpretación y aplicación del derecho, haciendo procedente la acción de tutela. La falta de observancia del precedente judicial y la inaplicación d e normas pertinentes generaron una afectación directa a los derechos fundamentales, en especial, al debido proceso y a la igualdad, al someterlo a una decisión contraria a la normatividad constitucional vigente. 3.3. Defecto por violación directa de la Constitución : se materializó porque el tribunal omitió la aplicación del concepto de derecho adquirido, con lo qu e ignoró los mandatos constitucionales sobre la irretroactividad de la ley. A su

3.3. Defecto por violación directa de la Constitución : se materializó porque el tribunal omitió la aplicación del concepto de derecho adquirido, con lo qu e ignoró los mandatos constitucionales sobre la irretroactividad de la ley. A su vez, seæaló que se transgredieron los artículos 25, 29, 48, 49, 53, 58, 93 y 229 de la Constitución Política.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 3 de septiembre de 2025 4, el despacho ponente admitió la acción de tutela presentada por la seæora Sadyh BalcÆzar de Lenis contra el Tribu nal

Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interØs al Distrito Especial de Santiago de Cali y al Juzgado Primero Administrativo de Cali; ofició a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que remitiera en medio digital copia del expediente con radicado 76001-33-33-001-202300118-00/01; y ordenó las notificaciones correspondientes. 4.2. La Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali 5 solicitó que se declarara improcedente esta acción de tutela porque se estÆ utilizando como una tercera instancia para controvertir la decisión judicial que le resulta desfavorable y por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, al contar con el recurso extraordinario de revisión. Expuso que se le dio aplicación al debido proceso en cada una de las et apas e instancias del trÆmite, sin que se hubiera advertido inconformidad alguna frente al anÆlisis probatorio. A su vez, puso de presente que los argumen tos

Expuso que se le dio aplicación al debido proceso en cada una de las et apas e instancias del trÆmite, sin que se hubiera advertido inconformidad alguna frente al anÆlisis probatorio. A su vez, puso de presente que los argumen tos que se plantean en el escrito de tutela coinciden con los planteamiento s que ya fueron debatidos en primera y segunda instancia por el juez natural, lueg o

4 Samai, índice 4. Expediente 11001-03-15-000-2025-05387 -00. 5 Samai, índice 8. Expediente 11001-03-15-000-2025-05387 -00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05387-01

Demandante: Sadyh BalcÆzar de Lenis

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no se puede pretender revivir una discusión ya zanjada a travØs de este mecanismo de amparo. 4.3. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 6 adjuntó copia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 4.4. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali7, rindió informe en el que manifestó que no amenazó ni vulneró los derechos fundam entales de la actora en el medio de control 76001-33-33-001-2023-00118-00. Y remitió copia del expediente y adjuntó el enlace de consulta en el Sistema de Gestión Samai.

5. Providencia impugnada El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B 8 declaró improcedente en

copia del expediente y adjuntó el enlace de consulta en el Sistema de Gestión Samai.

5. Providencia impugnada El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B 8 declaró improcedente en primera instancia esta acción de tutela al indicar que no se cumplió con el requisito de la inmediatez.

Indicó que, la providencia cuestionada en este caso es la sentencia del 2 de agosto de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual fue notificada el 8 de agosto de 2024, por tanto, no cumple con el requisi to de la inmediatez dado que el escrito de tutela de la referencia fue presentado el 29 de agosto de 2025, es decir mÆs de un aæo despuØs. Explicó que, un plazo tan largo excede el tØrmino razonable para acudir a buscar el amparo constitucional, adem Æs la accionante no acreditó la existencia de un motivo excepcional que justificara la demora en la interposición de la acción o ameritara la flexibilización del tØrmino, como tampoco se evidenció la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional.

6. Impugnación Dentro del tØrmino previsto en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, la parte actora impugnó9 el fallo de primera instancia.

Seæaló que la inmediatez no opera como un tØrmino de caducidad o prescripción , pues la acción de tutela no puede quedar sujeta a reglas rígidas que de sconozcan la naturaleza propia del amparo. Por esto, este requisito debe analizarse ba jo un

pues la acción de tutela no puede quedar sujeta a reglas rígidas que de sconozcan la naturaleza propia del amparo. Por esto, este requisito debe analizarse ba jo un criterio de razonabilidad y proporcionalidad atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. Explicó que la Corte Constitucional estableció los siguientes tres parÆmetros para orientar la valoración del juez frente al requisito de la inmediatez: (i) la existencia de razones vÆlidas para la inactividad, (ii) cuando a pesar del tiempo la vulneración de los derechos fundamentales permanece, y (iii) cuando por la existencia de debilidad manifiesta la carga de interponer la acción de tutela en un plazo razonable resu lta desproporcionada. Al respecto indicó que en su caso se cumplen estos requisitos como se e xplica a continuación: (i) Seæala que por su edad es un sujeto de especial protección, aspecto que debió ser tenido en cuenta por el juez de primera instancia. Destacó que la Corte Constitucional ha sostenido que es una carga desproporcionada «cuando la accionante es adulta mayor o su estado de salud lo ubica en situación de debilidad manifiesta,

6 Samai, índice 9. Expediente 11001-03-15-000-2025-05387 -00. 7 Samai, índice 10. Expediente 11001-03-15-000-2025-0538 7-00. 8 Samai, índice 12. Expediente 11001-03-15-000-2025-0538 7-00.

7 Samai, índice 10. Expediente 11001-03-15-000-2025-0538 7-00. 8 Samai, índice 12. Expediente 11001-03-15-000-2025-0538 7-00. 9 Samai, índice 16. Expediente 11001-03-15-000-2025-0538 7-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05387-01

Demandante: Sadyh BalcÆzar de Lenis

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mÆs aœn si concurre, ademÆs, alguna condición de discapacidad», aspectos que consideró fueron desconocidos por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. (ii) Manifestó que en los juzgados de Cali se continœan resolviendo casos de la misma naturaleza, por lo que el asunto conserva actualidad y relevancia jurídica. Mencionó que la falta de reconocimiento de las primas extralegales reclamadas en el presente proceso no constituye un hecho meramente histórico o aislado. Por lo que, declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez produce un perjuicio irremediabl e pues la priva de la œltima vía judicial efectiva con la que contaba para detener el daæo que se le ha causado. De otro lado, dijo que el juez de primera instancia constitucional dio priorid ad a criterios procesales y no al derecho sustancial, pues no se profundizó sob re el estudio de las excepciones que establece la Corte Constitucional frente a la

De otro lado, dijo que el juez de primera instancia constitucional dio priorid ad a criterios procesales y no al derecho sustancial, pues no se profundizó sob re el estudio de las excepciones que establece la Corte Constitucional frente a la inmediatez ya que solo se mencionaron como un pÆrrafo de cierre. Por œltimo, destacó que la providencia impugnada incurrió en un def ecto procedimental absoluto al darle prioridad al derecho adjetivo y en un d efecto sustantivo «porque otorgó al requisito de inmediatez un alcance absoluto que no tiene, desconociendo la jurisprudencia que ordena su flexibilización en casos de vulneraciones persistentes a derechos fundamentales». Como fundamento de su impugnación citó las siguientes sentencias dictadas por la Corte Constitucional: SU-961 de 1999, SU-961 de 2019, SU-184 de 2019 y T-024 de 2023.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 10, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundame ntales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales11 y especiales 12 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

10 Decreto 2591 de 1991, Art. 1”: «Toda persona tendrÆ acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decreto». 11 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que la actora indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la prote cción de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un tØrmino prudenc ial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 12 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto

la providencia atacada. 12 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgÆnico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fÆctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05387-01

Demandante: Sadyh BalcÆzar de Lenis

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 13 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los argumentos planteados en el escrito de impugn ación y por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la S ala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la

Teniendo en cuenta los argumentos planteados en el escrito de impugn ación y por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la S ala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la improcedencia de la acción por considerar que esta no superaba los requisitos generales de procedencia, específicamente el de la inmediatez. De superar dicho anÆlisis, la Sala determinarÆ si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al proferir la sentencia del 2 de agosto de 2024 incurrió en los defe ctos fÆctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del de recho 76001-33-33-001-2023-00118-00/01.

4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

AnÆlisis del caso concreto. 4.1. Como argumento del escrito de impugnación, la accionante plantea que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta los mandatos constitucionales y legales que establecen la inexistencia de un tØrmino de caducidad y de prescripción en la acción de tutela. Sumado a que se debió haber tenido en cuenta que esta acción la interpone una persona de la tercera edad, quien es sujeto de protección constitucional y que el asunto que se discute conserva actualidad y relevancia jurídica. Mencionó que de no estudiar el fondo del asunto se produciría un perjuicio irremediable dado que es la œltima vía judicial efectiva con la que cuenta para detener el daæo que se le ha causado.

relevancia jurídica. Mencionó que de no estudiar el fondo del asunto se produciría un perjuicio irremediable dado que es la œltima vía judicial efectiva con la que cuenta para detener el daæo que se le ha causado. 4.2. Al respecto, se debe indicar que la inmediatez es un presupuesto procesal que el juez debe examinar, antes de pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna. En todo caso, no es un tØrm ino de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela. Es mÆs bien un requisito que busca que la acción se presente en un tØrmino razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento de l a violación o amenaza de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional14 ha seæalado que si bien no es posible establecer un tØrmino de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un tØrmino razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no

13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015 . M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 d e agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 22 de febrero de 2007. M.P. `lvaro Tafur Galvis.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05387-01

Demandante: Sadyh BalcÆzar de Lenis

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino tambiØn con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados15. En este orden de ideas, la inmediatez es mÆs bien una condición que busca que la acción se presente en un tØrmino razonable contado desde el momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derecho s fundamentales y no un tØrmino de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Precisamente, en razón a que el anÆlisis de la procedencia de tutela contra providencias judiciales debe ser mÆs riguroso, la Sala Plena del Conse jo de Estado16 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un tØrmino de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un tØrmino prudencial para que el

Estado16 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un tØrmino de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un tØrmino prudencial para que el interesado interponga la acción. Límite temporal que tambiØn ha sido aco