CE - Sentencia 11001031500020250541500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-00

Accionante: JORGE ALFREDO ORTIZ GUTIÉRREZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA , SECCIÓN

PRIMERA, SUBSECCIÓN B Y OTROS

Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Cosa juzgada constitucional fraudulenta -Fraus omnia corrumpit-. Reglas precisadas en la jurisprudencia constitucional para su análisis

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez, quien actúa en nombre propio, en contra de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud y Protección Social.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud y Protección Social.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de agosto de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida dig na, supuestamente vulnerados por las autoridades accionadas.

En el escrito de tutela formuló las siguientes:

“PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS las providencias del Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá del 20 de febrero de 2025 y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 7 de abril de 2025, por las cuales se declaró la improcedencia de la acción de tutela. En consecu encia, TUTELAR mis derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, seguridad social, acceso a la administración de justicia, igualdad y debido proceso.

SEGUNDO: ORDENAR al accionado MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL que, en un término no mayor a 1 mes, efectúe el pago de la reliquidación de la pensión en mi favor, y demás valores reconocidos en la Resolución No. 3024 del 6 de noviembre de 1998 expedida por el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos), garantizando la indexación correspondiente desde la fecha en que debió efectuarse el pago.

TERCERO: ORDENAR que se le otorgue prioridad al caso de marras, dentro del Orden Secuencial de Pagos, dado que mi estado de salud, avanzada edad y condición

en que debió efectuarse el pago.

TERCERO: ORDENAR que se le otorgue prioridad al caso de marras, dentro del Orden Secuencial de Pagos, dado que mi estado de salud, avanzada edad y condición económica son críticos.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-00

Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CUARTO: EXHORTAR al Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Procuraduría General de la Nación, para que se abstengan de cometer conductas similares a las descritas en el acápite de hechos, en las que se incumplen los términos procesales y se vulneran derechos fundamentales”.

2. Hechos

La parte accionante expuso que laboró durante más de quince años en la empresa Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de Buenaventura, y que al momento de culminar la relación laboral no se tuvieron en cuenta ciertos factores salariales, como las primas de antigüedad y de servicios.

Indicó que promovió demanda ordinaria laboral contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos), con el propósito de que se le reconociera y cancelara la reliquidación de la pensión de jubilación, el reajuste de las primas de antigüedad y proporcional de servicios, las cesantías y la indemnización por mora.

reconociera y cancelara la reliquidación de la pensión de jubilación, el reajuste de las primas de antigüedad y proporcional de servicios, las cesantías y la indemnización por mora.

Adujo que dicho proceso fue asignado por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, que mediante sentencia de 23 de julio de 1997, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación.

Señaló que esa decisión fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, mediante sentencia de 1 de diciembre de 1997, en la que se ordenó únicamente el pago del reajuste por concepto de cesantías y se absolvió a Foncolpuertos de los demás emolumentos pretendidos en la demanda.

Manifestó que, no obstante lo anterior, a través de otro mecanismo de defensa el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos) mediante Resolución n.º 3024 de 6 de noviembre de 1998 le reconoció la reliquidación de la pensión de jubilación y ordenó su pago a partir de julio del mismo año, así como el pago de las sumas adeudadas por dicho concepto.

Informó que presentó diversas solicitudes ante el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de obtener información sobre la fecha de pago de la suma reconocida en la Resolución n.º 3024 de 6 de noviembre de 1998 , frente a lo cual obtuvo respuesta el 22 de octubre de 2024 en la que se le indicó que, conforme al orden secuencial de pagos, su trámite había sido asignado al turno 8.635 entre

obtuvo respuesta el 22 de octubre de 2024 en la que se le indicó que, conforme al orden secuencial de pagos, su trámite había sido asignado al turno 8.635 entre 11.850 trámites vigentes, de los cuales solo se había avanzado hasta el turno 191.

En virtud de lo anterior, mencionó que el 6 de febrero de 2025 interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de que se le ampararan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a una vida digna. En consecuencia, solicitó el pago de la reliquidación de la pensión de jubilación, así como de los “demás valores reconocidos en la Sentencia n.º 097 del 23 de julio de 1997, proferida por el Juzgado Primero Laboral de Buenaventura (Valle)”.

Sostuvo que el asunto fue asignado por reparto al Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá 1 , que por sentencia de 20 de febrero de 2025 declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplió con el requisito de inmediatez, dado que la presunta vulneración se derivaba del

1 Identificada con radicado n.º 11001-33-42-048-2025-00034-00Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-00

Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez

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Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez

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3 incumplimiento de órdenes judiciales proferidas en el proceso ordinario laboral, cuya ejecutoria se surtió el 14 de enero de 1998. Adicionalmente, señaló que aunque se trataba de una persona de la tercera edad, estaba demostrado que devengaba una pensión de jubilación de $6.091.667,82 y que cuenta con el proceso ejecutivo como mecanismo para reclamar el pago solicitado.

Por otra parte , el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá negó el amparo del derecho fundamental de petición , por no encontrar elementos de juicio que permitieran establecer su vulneración.

Aludió que contra dicha decisión presentó escrito de impugnación, el cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección Primera d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 7 de abril de 2025, en la que se confirmó la sentencia de primera instancia.

Finalmente, señaló que el 6 de mayo de 2025 presentó solicitud de insistencia ante la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se surtiera la revisión por la Corte Constitucional. Sin embargo , sostuvo que fue d eclarada improcedente mediante auto del 6 de agosto de 2025, con fundamento en que la decisión de insistir o no en la selección de un asunto ante la Corte Constitucional constituye una atribución potestativa y discrecional, sin que en el caso concreto existiera lugar para ello.

insistir o no en la selección de un asunto ante la Corte Constitucional constituye una atribución potestativa y discrecional, sin que en el caso concreto existiera lugar para ello.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante manifestó que es sujeto de especial protección constitucional en razón de su edad -79 años-, por lo cual requiere atención inmediata y prioritaria, que considera no ha sido garantizada ante la falta de pago de la suma reconocida mediante Resolución n.º 3024 de 6 de noviembre de 1998 , lo que configura una amenaza a su mínimo vital y a una vida en condiciones dignas. Asimismo, indicó que en el caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En respaldo de su argumento, citó las sentencias T -501 de 1992, C -543 de 1992, T-086 de 2003, T-960 de 2000, T-217 de 2010, SU-695 de 2015, T-217 de 2010 y SU-128 de 2021 de la Corte Constitucional, en las que se reconoce la posibilidad excepcional de pres entar acción de tutela contra providencias judiciales para la protección de derechos fundamentales, cuando se configura una “vía de hecho”.

En ese sentido, consideró que la vía constitucional constituye el mecanismo idóneo para controvertir las decisiones proferidas por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela con radicado n.º 11001 -33-42-048-2025-00034-00 promovida contra el Ministerio de

Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela con radicado n.º 11001 -33-42-048-2025-00034-00 promovida contra el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de obtener el pago de los emolumentos reconocidos por Foncolpuertos y aquellos derivados del proceso ordinario laboral.

Expuso que en el caso se configuró un defecto fáctico, consistente en la falta de valoración de la Resolución n.º 3024 de 6 de noviembre de 1998 , que le otorgó la reliquidación pensional y que goza de presunción de legalidad. Hizo mención a la sentencia SP3754 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que se absolvió de cargos penales a la directora de Foncolpuertos que, suscribió dicha resolución, lo que según indicó desvirtúa cualquier insinuación sobre un posible origen fraudulento del acto administrativo.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-00

Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez

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4 Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, al no flexibilizar el requisito de la inmediatez para acudir a la acción de tutela tratándose de una persona de la tercera edad, ignorando la configuración de un perjuicio irremediable. Añadió que, por tratarse de una pensión de tracto sucesivo, dicho requisito debe ser analizado bajo un criterio flexible.

tercera edad, ignorando la configuración de un perjuicio irremediable. Añadió que, por tratarse de una pensión de tracto sucesivo, dicho requisito debe ser analizado bajo un criterio flexible.

Sostuvo que la tardanza en el cumplimiento del pago del reajuste pensional y de las demás prestaciones sociales , “no solo afecta mi estabilidad financiera, sino que impacta directamente en mi acceso a una atención médica adecuada y a una vida en condiciones dignas. La falta de pago de prestaciones económicas afecta de manera desproporcionada a los adultos mayores, lo que refuerza la necesidad de medidas urgentes para evitar que sigan en estado de vulnerabilidad”.

Refirió que el Ministerio de Salud y Protección Social no le ha ofrecido una solución alternativa para garantizar su mínimo vital, como realizar un pago parcial o darle prelación en el orden secuencial que le permita acceder al derecho adquirido.

Manifestó que se encuentra diagnosticado con estenosis del canal neural por tejido conjuntivo, lo que le genera dolor, debilidad, entumecimiento y problemas de movilidad, por lo que requiere tratamientos y cuidados constantes, los cuales no han mejorado, entre otros aspectos, por la falta de pago de la obligación.

Indicó que tiene una deuda con distintas entidades bancarias que asciende a $376.329.645, además del pago del 35 % de sus ingresos mensuales para atender gastos de alimentación y manutención de su núcleo familiar.

Expuso que la Procuraduría General de la Nación declaró improcedente la solicitud de insistencia en el trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional , mediante una motivación genérica que no atendió los argumentos presentados, los cuales demostraban la trascendencia del caso.

de insistencia en el trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional , mediante una motivación genérica que no atendió los argumentos presentados, los cuales demostraban la trascendencia del caso.

Por último , adujo que en un caso con contornos fácticos similares, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reconocer los derechos del pensionado y, en consecuencia, dicha entidad profirió la Resolución n.º SOP202301009746, creando un precedente que , a su juicio, debe ser considerado para dirimir este tipo de controversias.

4. Trámite procesal

Por auto de 12 de septiembre de 2025, el despacho del magistrado sustanciador admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridades accionadas -Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogot á, Procuraduría General de la Nación y Ministerio de Salud y Protección Social-.

De igual modo, se dispuso vincular como tercero interesado en el resultado del proceso al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional Fopep, al ser la autoridad que asumió las obligaciones pensionales de Foncolpuertos . Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-00

Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez

el artículo 610 del Código General del Proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-00

Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez

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5 La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º 132677 a 132685 de 16 de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

El magistrado ponente de la decisión objeto de reproche se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela y mencionó que no se han vulnerado los derechos fundamentales alegados por el accionante, debido a que la sentencia se profirió de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente y la jurisprudencia aplicable al caso.

5.2. Respuesta del Consorcio Fopep

El director jurídico del Consorcio Fopep rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no constituye el mecanismo adecuado para ordenar la reliquidación pensional, máxime cuando no existe prueba de la configuración de un perjuicio irremediable. Agregó, además, que el consorcio carece de legitimación en la causa por pasiva para atender las súplicas de la demanda.

Indicó que el actor se encuentra incluido en nómina con pensión de jubilación

carece de legitimación en la causa por pasiva para atender las súplicas de la demanda.

Indicó que el actor se encuentra incluido en nómina con pensión de jubilación nacional de Foncolpuertos, percibiendo una mesada pensional de $6.091.667, sobre la cual se aplican descuentos por alimentos y por tres obligaciones contraídas mediante libranza.

Adujo que el Ministerio de Salud y Protección Social no es la entidad competente para atender solicitudes de reconocimiento, reliquidación pensional y demás trámites relacionados con el extinto Foncolpuertos, toda vez que, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1833 de 2016, dicha competencia corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). En ese sentido, precisó que el consorcio no puede proceder a efectuar pagos que no han sido previamente reconocidos.

5.3. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

La apoderada judicial de la entidad presentó informe en el que pidió declarar improcedente la acción de tutela y proceder con la desvinculación del trámite constitucional, por considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por el actor, en tanto la actuación administrativa realizada se dio conforme al Acuerdo 02 de 2015 y la Resolución n.° 013 de 2022.

En esa medida, expuso que la coordinadora del Grupo de Insistencias de Tutela informó que el accionante presentó, el 6 de mayo de 2025, solicitud de insistencia en el trámite de eventual revisión de la acción de tutela n.º T-11.175.972, la cual fue

informó que el accionante presentó, el 6 de mayo de 2025, solicitud de insistencia en el trámite de eventual revisión de la acción de tutela n.º T-11.175.972, la cual fue excluida por la Corte Constitucional mediante auto de 26 de junio de 2025, proferido por la Sala de Selección Seis, comunicado el 14 de julio del mismo año.

A lo que agregó que la facultad de insistencia es discrecional y precisó que, mediante auto de 6 de agosto de 2025, notificado el 11 del mismo mes y año , se declaró improcedente la solicitud, dando por terminado el trámite administrativo.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-00

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6 5.4. El Ministerio de Salud y Protección Social no rindió informe, aun cuando fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de tutela, y el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el enlace del expediente digital.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Cuestión preliminar

Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Cuestión preliminar

En el escrito de contestación, el Consorcio F opep y la Procuraduría General de la Nación solicitaron la desvinculación del trámite constitucional, al considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de la demanda.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto 2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” 2 , la Sala negará las solicitudes de desvinculación de las referidas entidades, teniendo en consideración que el Consorcio Fopep es la autoridad administrativa que asumió las obligaciones pensionales del extinto Foncolpuertos y, dado que el accionante incluyó dentro de la parte accionada a la Procuraduría General de la Nación por ser la autoridad que profirió el auto del 6 de agosto de 2025, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de insistencia en el trámite de eventual revisión.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el señor

la solicitud de insistencia en el trámite de eventual revisión.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el señor Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez resulta procedente, conforme a los requisitos generales de procedencia cuando se cuestiona un fallo de la misma naturaleza y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada vulner ó los derechos fundamentales invocados por el actor al incurrir en los defectos fáctico y procedimental alegados.

4. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la misma naturaleza

La Sala, en un primer momento, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la Corte Constitucional que tuvieron como sustento la SU-1219 de 2001.

Sobre ese particular, esa corporación judicial en la sentencia T-272 de 2014 3 , indicó “no es procedente la tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no fueron

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Sentencia T-005 de 2022.

3 M.P. María Victoria Calle Correa.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-00

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7 seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual

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7 seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues ‘quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.

Con posterioridad, la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015 4 rectificó su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela procede contra sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude, supuesto que se agrega a los dos que habían sido contemplados por la jurisprudencia: irregularidad gra ve en el curso de una acción de tutela e incidente de desacato, con la precisión de que la improcedencia absoluta, sin ninguna excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala Plena o las Salas de Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que

proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, qu e debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra prov idencias judiciales , (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión

a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional”.

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T -313 de 2018 5 , consideró que la acción de tutela es procedente contra la providencia que rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al respecto, sostuvo:

4 Sentencia de 1° de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. 5 M.P. Carlos Bernal Pulido.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-00

Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez

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8 “En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela, sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU -627 de 2015, en la que consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela, que se hubieran realizado antes o después de proferir el fallo, por lo que este requisito de procedencia se encuentra superado”.

El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso concreto y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las autoridades públicas.

De otra parte, en la sentencia T -322 de 2019 6 , la Corte Constitucional resaltó que previó a la verificación de la existencia de un fraude, es pertinente constatar si el fallo de tutela reprochado ya fue objeto de la eventual revisión que le ha sido atribuida a esa corporación judicial, pues de lo con trario tornaría improcedente la solicitud de amparo.

Ahora bien, superada la revisión ante la Corte Constitucional, ya sea porque fue seleccionado o, en su defecto, porque no se seleccionó, le corresponde a la parte accionante demostrar el fraude en la sentencia de tutela. Sobre este particular, la Corte Constitucional en la referida sentencia T-322 de 2019 7

seleccionado o, en su defecto, porque no se seleccionó, le corresponde a la parte accionante demostrar el fraude en la sentencia de tutela. Sobre este particular, la Corte Constitucional en la referida sentencia T-322 de 2019 7 , con el fin de identificar los criterios seguidos por las diferentes Salas de Revisión, precisó de manera indicativa en qué casos existe una situación de fraude, para lo cual elaboró el siguiente cuadro:

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que quien pretenda la revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a demostrar i) que el juez de tutela incumplió un deber básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente negligente y ii) que el fallo de tutel a objetado no pueda ser admitido debido a que

6 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 7 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

Jurisprudencia constitucional y cosa juzgada constitucional fraudulenta Improcedencia de la acción de tutela Procedencia de la acción de tutela - La acción de tutela no se soporta en hechos objetivos (T951/13). Condiciones necesarias Indicios de la existencia de una situación de fraude. Actuación prima facie dolosa o gravemente culposa. Decisión judicial evidentemente incorrecta

4 El accionante discrepa sobre una interpretación sustantiva o probatoria (TActuación prima facie dolosa o gravemente culpos