CE - Sentencia 11001031500020250541700 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05417-00

Accionante: Yosimar Reyes Acevedo

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2025-05417-00

Accionante: Yosimar Reyes Acevedo

Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia . Relevancia constitucional. Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Yosimar Reyes Acevedo en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Yosimar Reyes Acevedo, por medio de apoderado, promovió acción de tutela en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al ejercicio de derechos políticos, a elegir y ser elegido, de acceso a la administración de justicia, a la aplicación del principio pro homine y a la tutela judicial efectiva, que consideró vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado con ocasión de la sentencia del 10 de julio de 2025 que revocó el fallo del 8 de mayo de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

con ocasión de la sentencia del 10 de julio de 2025 que revocó el fallo del 8 de mayo de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, para en su lugar, declarar la nulidad de su elección como alcalde de Villeta, Cundinamarca, para el periodo constitucional 2024 -2027. Igualmente, cuestiona el auto del 24 de julio del año en curso que resolvió las solicitudes y aclaración y adición de la referida providencia. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad electoral identificado con el número de radicado 25000-23-41-000-202301633-00/02 (Acumulado 25000-23-41-000-2023-01686-00).

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:

1 Ibídem. / actuaciones del proceso electoral incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico : https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234100020230 1633021100103Radicado: 11001-03-15-000-2025-05417-00

Accionante: Yosimar Reyes Acevedo

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2.1. Yosimar Reyes Acevedo fue elegido alcalde de Villeta, Cundinamarca para el periodo constitucional 2024-2027.

2.2. Las ciudadanas Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Lizeth Giovanna Tello Camargo promovieron, cada una de ellas, demanda en ejercicio de del medio de control electoral, en la que solicitaron la nulidad de la elección del tutelante.

2.2. Las ciudadanas Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Lizeth Giovanna Tello Camargo promovieron, cada una de ellas, demanda en ejercicio de del medio de control electoral, en la que solicitaron la nulidad de la elección del tutelante.

Como fundamento afirmaron que el elegido se encontraba incurso en la causal de inhabilidad prevista artículo 37.3 de la Ley 617 de 2000 2 modificatorio del artículo 953 de la Ley 136 de 1994. Ello, debido a que, dentro del año anterior a la elección, el señor Reyes Acevedo celebró un contrato de suministro con una entidad del orden territorial, cuyo objeto se ejecutó en el municipio de Villeta.

2.3. Las demandas fueron asignadas por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y se identificaron con los números de radicado 25000-23-41-000-2023-01633-00 y 25000-23-41-000-2023-01686-00.

Mediante auto del 25 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A decretó la acumulación de dichos asuntos y estableció el 25000-23-41-000-2023-01633-00 como principal.

2.4. La mencionada Corporación dictó sentencia de primera instancia de fecha 8 de mayo de 2025, que negó las pretensiones de la demanda. Inconformes con la decisión, las allí accionantes interpusieron recurso de apelación con el propósito de obtener la prosperidad de sus pretensiones.

2.5. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de sentencia del 10 de julio

decisión, las allí accionantes interpusieron recurso de apelación con el propósito de obtener la prosperidad de sus pretensiones.

2.5. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de sentencia del 10 de julio de 2025 revocó el fallo del tribunal y, en su lugar, declaró la nulidad del formulario E-26 ALC del 3 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Yosimar Reyes Acevedo como alcalde del municipio de Villeta, Cundinamarca para el periodo constitucional 2024-2027.

Como sustento, el juez electoral de segunda instancia indicó que el elegido suscribió el contrato de suministro No 2 el 24 de febrero de 2025, en condición de representante legal del establecimiento de comercio denominado “DEPOSITO Y FERRETERIA DONDE YOSIMAR SAS” y la Institución Educativa Departamental Instituto Nacional de Promoción Social de Villeta Cundinamarca como contratante , esto, dentro del término inhabilitante comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023 y, además, se ejecutó en el municipio de Villeta. En consecuencia, encontró satisfechos los presupuestos consagrados en el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000.

2 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. 3 ARTÍCULO 95.- Inhabilidades para ser alcalde.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05417-00

Accionante: Yosimar Reyes Acevedo

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2.6. Finalmente, mediante auto del 24 de julio de 2025 la autoridad accionada negó las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia, presentadas por el tutelante y por Andrés Mauricio Ramos Zabala, quien fue reconocido como impugnador4 en el marco del proceso electoral.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional:

“1. Que se conceda el amparo de los derechos fundamentales vulnerados por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 10 de julio de 2025, mediante la cual se declaró la nulidad de la el ección de mi mandante como alcalde constitucional del municipio de Villeta (Cundinamarca), por elección popular, para el período constitucional 2024-2027; y del auto del 24 de julio de 2025, que resolvió las solicitudes de adición y aclaración sobre la sen tencia de segunda instancia. Estas providencias fueron proferidas dentro del proceso de nulidad electoral con rad. 25000234100020230163302 (Acumulado 25000234100020230168600).

2. Se deje sin efectos la sentencia del 10 de julio de 2025, mediante la

proferidas dentro del proceso de nulidad electoral con rad. 25000234100020230163302 (Acumulado 25000234100020230168600).

2. Se deje sin efectos la sentencia del 10 de julio de 2025, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección de mi mandante como alcalde constitucional del municipio de Villeta (Cundinamarca), por elección popular, para el período constitucional 2024-2027; y el auto del 24 de julio de 2025, que resolvió las solicitudes de adición y aclaración sobre la sentencia de segunda instancia; providencias proferidas en el marco del proceso de nulidad electoral con rad. 25000234100020230163302

(Acumulado 25000234100020230168600)

En su lugar, se deje en firme la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el 8 de mayo de 2025, mediante la cual negaron las pretensiones de las demandas y, en consecuencia de ello, reintegrar a mi mandante al cargo de alcalde constitucional del municipio de Villeta (Cundinamarca), por elección popular, para el período constitucional 2024 -2027, con el pago de los salarios, primas y demás emolumentos dejados de percibir por su desvinculación con ocasión de las providencias aquí acusadas”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora planteó los siguientes cargos:

3.2.1. “Las providencias judiciales acusadas desconocieron la finalidad del régimen de inhabilidades y de la causal de inhabilidad alegada en la demanda, provocando un defecto sustantivo y de desconocimiento del precedente”

3.2.1. “Las providencias judiciales acusadas desconocieron la finalidad del régimen de inhabilidades y de la causal de inhabilidad alegada en la demanda, provocando un defecto sustantivo y de desconocimiento del precedente”

Indicó que las demandas electorales denunciaron que el tutelante incurrió en la conducta descrita en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 137 de la Ley 617 de 2000, según la cual, no podrá ser elegido alcalde quien, dentro del año anterior a la respectiva elección, haya participado en la gestión de asuntos ante entidades públicas del orden municipal, o en la celebración de

4 Mediante auto del 23 de octubre de 2024. Rad. 25000-23-41-000-2023-01633-00Radicado: 11001-03-15-000-2025-05417-00

Accionante: Yosimar Reyes Acevedo

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contratos con entidades estatales de cualquier nivel, ya sea en beneficio propio o de terceros, siempre que dichos contratos tengan como lugar de ejecución o cumplimiento el municipio en el cual se realiza la elección.

Explicó que dicha causal , de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional 6, no puede aplicarse sin verificar previamente si los contratos objeto de análisis corresponden a aquellos mediante los cuales la administración, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, ofrece en condiciones de igualdad determinados bienes o servicios a los ciudadanos. En tal sentido, precisó que corresponde al juez electoral efectuar un examen que determine si la contratación examinada tuvo una incidencia real en el ámbito local,

condiciones de igualdad determinados bienes o servicios a los ciudadanos. En tal sentido, precisó que corresponde al juez electoral efectuar un examen que determine si la contratación examinada tuvo una incidencia real en el ámbito local, susceptible de generar un aprovechamiento indebido en el proceso electoral.

Denunció que la sentencia cuestionada se apartó de la finalidad de la inhabilidad y el carácter restrictivo de su interpretación puesto que “consideró que con solo probar que mi mandante pactó recibir una contraprestación por los elementos de ferretería contratados, era suficiente para acreditar el interés propio, sin que fuera necesario demostrar que dicho valor se recibió, ni se exige de aná lisis adicionales, como lo hizo el tribunal de primera instancia, por ejemplo, como la existencia o no de ventajas a favor del demandado por cuenta del negocio jurídico que se celebró”.

Por consiguiente, afirmó que no se presentaron desequilibrios en la contienda electoral que hayan generado beneficios para el tutelante, tampoco le otorgó reconocimiento en la comunidad, ni tiene la calidad de proveedor asiduo de bienes del Estado, ni se demostró el aprovechamiento de recursos públicos con la intención de influir en los comicios.

3.2.2. “Las providencias judiciales acusadas desconocieron el carácter restringido del régimen de las inhabilidades”

Expuso que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe aplicarse de manera restrictiva, pues se trata de limitaciones a derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido. Estas restricciones solo pueden imponerse cuando estén expresamente previstas en la Constitución o la ley, sin que sea válido extenderlas por vía interpretativa o analógica.

de elegir y ser elegido. Estas restricciones solo pueden imponerse cuando estén expresamente previstas en la Constitución o la ley, sin que sea válido extenderlas por vía interpretativa o analógica.

En ese sentido, precisó que cualquier restricción injustificada que impida el ejercicio de funciones públicas constituye una vulneración directa del derecho fundamental de acceso a cargos públicos. Por ello, al estudiar las inhabilidades de los servidores públicos (incluidos los alcaldes ), el análisis debe hacerse bajo criterios de interpretación pro homine y limitados a los casos concretos que el ordenamiento prevé. De lo contrario, se desconocen tanto la finalidad de la norma como la reserva

5 Sentencias i) del 15 de julio de 2021, radicado 27001-23-33-000-201900067-01; ii) del 26 de septiembre de 2017, radicado 25000-23-41000-2015-02709-01 y; iii) del 30 de mayo de 2019, expediente 1300123-33-0002018-00417-01 (2018-00394-00, 2018-00416-00 y 2018-00419-00). 6 Sentencia C-618 de 1997.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05417-00

Accionante: Yosimar Reyes Acevedo

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constitucional y legal que atribuye exclusivamente al legislador la facultad de regular este régimen.

En punto de lo anterior, afirmó que la Sección Quinta del Consejo de Estado aplicó una interpretación puramente literal de la causal de inhabilidad invocada por las demandantes en el proceso electoral, alejada de la protección de los derechos fundamentales del elegido alcalde.

una interpretación puramente literal de la causal de inhabilidad invocada por las demandantes en el proceso electoral, alejada de la protección de los derechos fundamentales del elegido alcalde.

3.2.3. “Las providencias judiciales acusadas desconocieron que no se acreditó la existencia de la inhabilidad planteada, provocando un defecto fáctico”

Afirmó que no se demostró el elemento subjetivo de la inhabilidad atribuida al tutelante no fue probada y que se incumplió con la carga prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, al igual que lo consideró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como sustento de la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de nulidad. Agregó que la sentencia enjuiciada se basó en la “simple comprobación” de que el actor pactó recibir una contraprestación por la venta de elementos de ferretería, para establecer un presunto interés propio, sin demostrar la existencia de ventajas su favor como consecuencia del negocio jurídico.

3.2.4. “Las providencias judiciales acusadas quebrantan el derecho político de participar en el ejercicio del poder político (numerales 1° y 7° del artículo 40 C.P.), en el caso particular del accionante” (sic)

Señaló que la sentencia del 10 de julio de 2025 conllevó la causación de un perjuicio irremediable, comoquiera que anuló su elección como alcalde del municipio de Villeta y no permitió el ejercicio de sus derechos políticos.

3.2.5. “Violación al derecho fundamental de libertad de empresa, iniciativa privada y el ejercicio del comercio”

Indicó que la autoridad judicial accionada, de manera arbitraria desconoció el

3.2.5. “Violación al derecho fundamental de libertad de empresa, iniciativa privada y el ejercicio del comercio”

Indicó que la autoridad judicial accionada, de manera arbitraria desconoció el contenido teleológico de la causal de nulidad evaluada y, por tanto, vulneró el debido proceso y el derecho del actor a ejercer de manera libre su actividad comercial.

3.2.6. “La providencia acusada contiene defectos sustantivos porque viola la aplicación del principio de la efectividad de los derechos fundamentales”

Explicó que el Constituyente diseñó un sistema de acciones, como la tutela, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos, al otorgarles una protección judicial real que preserve tanto su valor subjetivo como su dimensión objetiva dentro del ordenamiento. En este marco, precisó que, la Corte Constitucional ha resaltado que la efectividad de los derechos no se agota en el cumplimiento formal por parte del Estado, sino que exige respuestas frente a omisiones o actuaciones de autoridades y también de particulares que prestan servicios p úblicos o ejercen funcionesRadicado: 11001-03-15-000-2025-05417-00

Accionante: Yosimar Reyes Acevedo

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públicas, como ocurre con las entidades de salud, cuya inobservancia puede traducirse en vulneraciones graves a derechos fundamentales. Así, el principio de efectividad tiene una proyección tanto frente al poder público como frente al privado, dado que el derecho no puede desconocer las relaciones de poder que surgen en la esfera privada ni escudarse en la autonomía de la voluntad para per petuar afectaciones a la libertad y dignidad humanas.

A partir de lo anterior, concluyó que la sentencia dictada por la Sección Quinta del

la esfera privada ni escudarse en la autonomía de la voluntad para per petuar afectaciones a la libertad y dignidad humanas.

A partir de lo anterior, concluyó que la sentencia dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado impide el goce pleno de los derechos fundamentales y desconoce la vigencia inmediata de la Constitución Política.

3.2.7. “La providencia acusada contiene defectos sustantivos porque violan el derecho a la igualdad”

Denunció un trato discriminatorio injustificado, dado que se le ha negado el derecho a obtener la aplicación las normas jurídicas vigentes.

3.2.8. “Las providencias acusadas contienen defectos sustantivos porque niegan la aplicación del principio pro homine”

Manifestó que dicho principio impone límites a la autonomía e independencia judicial, en tanto la competencia de los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas no es absoluta, sino reglada, pues deriva de la función pública de administrar justicia dentro del marco del Estado Social de Derecho. Esta atribución se encuentra supeditada al respeto de los valores, principios y derechos fundamentales que estructuran el orden constitucional.

Agregó que, aunque los jueces cuentan con facultades para seleccionar las normas aplicables, determinar su alcance e integrar el ordenamiento jurídico, dicha labor debe ejercerse siempre bajo los mandatos de la Constitución y la ley. Además, la administración de justicia exige la observancia estricta de postulados de aplicación obligatoria, entre ellos, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, la favorabilidad y el principio pro homine, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 29, 228 y 230 de la Constitución Política. En esta línea, afirmó que la autoridad

obligatoria, entre ellos, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, la favorabilidad y el principio pro homine, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 29, 228 y 230 de la Constitución Política. En esta línea, afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio pro homine con la consecuente vulneración de sus derechos fundamentales “debido a que es evidente que existe otra interpretación al respecto de los hechos objeto del proceso judicial bajo estudio que, en resumen, es favorable al ser humano y a su dignidad”.

4. Trámite de tutela e intervenciones.

4.1. Mediante auto del 2 de septiembre de 20257 se admitió la acción de tutela, se negó la medida provisional solicitada y se vinculó como tercero s con interés al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, al municipio de Villeta, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del

7 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05417-00

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Estado Civil, a Ki rsty Yireh Villalba Piriachi, a Lizeth Giovanna Tello Camargo y a Andrés Mauricio Ramos Zabala.

4.2. EL Consejo Nacional Electoral8 alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva y solicit ó su desvinculación de este trámite. Ello, en tanto la amenaza denunciada por el tutelante no tiene relación con las competencias de la entidad.

4.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado9 presentó informe en el que indicó que los cuestionamientos planteados por el actor no son suficientes para tener por

denunciada por el tutelante no tiene relación con las competencias de la entidad.

4.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado9 presentó informe en el que indicó que los cuestionamientos planteados por el actor no son suficientes para tener por cumplido el requisito de relevancia constitucional, toda vez que se orientan a reabrir el debate probatorio adelantado en el proceso de nulidad electoral y controvertir el análisis jurídico contenido en la providencia cuestionada, con el fin de que se concedan las pretensiones de la demanda.

Argumentó que en la decisión de declaratoria de nulidad del acto de elección se fundamentó en el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 , concretamente, por haberse demostrado la celebración de un contrato dentro el año anterior a las elecciones. En consecuencia, indicó que la providencia cuestionada encontró probados los elementos temporal, especial y subjetivo, este último relacionado con el interés propio o de terceros que se persigue al entablar la relación contractual con el Estado.

4.4. La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado y la de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitieron10 el enlace web que contiene las actuaciones del proceso de nulidad electoral.

4.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil 11 manifestó que carece de responsabilidad respecto de los hechos en los que se fundamenta la solicitud de amparo constitucional, toda vez que no profirió la decisión judicial cuestionada. En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite, al no ostentar legitima ción en

responsabilidad respecto de los hechos en los que se fundamenta la solicitud de amparo constitucional, toda vez que no profirió la decisión judicial cuestionada. En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite, al no ostentar legitima ción en la causa por pasiva.

4.6. Andrés Mauricio Ramos Zabala 12 presentó escrito de intervención mediante el cual aseguró que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico al omitir el decreto y práctica de pruebas necesarias y al valorar de forma parcial el acervo probatorio. En particular, indicó que dicha autoridad no decretó pruebas de oficio que permitieran acreditar con certeza los elementos axiológicos de la causal de inhabilidad discutida, y, pese a esto, los consideró probados únicamente con prueba documental , que a su juicio resultaba insuficiente. Esta omisión impidió establecer si el contrato en cuestión generaba realmente un vínculo

8 Índice 00010 del aplicativo SAMAI. 9 Índice 00011 del aplicativo SAMAI. 10 Índice 00008 y 00009 del aplicativo SAMAI 11 Índice 00012 del aplicativo SAMAI. 12 Índice 00014 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05417-00

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relevante y potencialmente ventajoso, y si conllevaba un beneficio patrimonial o extrapatrimonial al demandado.

Resaltó que no todo contrato produce automáticamente una inhabilidad, pues la jurisprudencia exige la existencia de una relación jurídica contractual significativa y

extrapatrimonial al demandado.

Resaltó que no todo contrato produce automáticamente una inhabilidad, pues la jurisprudencia exige la existencia de una relación jurídica contractual significativa y ventajosa. La tesis de la sentencia cuestionada resulta excesivamente rígida al suponer que cualquier contrato, incluso de cuantías ínfimas, configura la causal.

4.7. Los demás vinculados, a pesar de estar debidamente notificados, guardaron silencio respecto de la solicitud de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Yosimar Reyes Acevedo , al ser el titular de los derechos que afirma fue ron vulnerados, dado que actuó como demandado en el trámite del medio de control de nulidad electoral adelantado bajo el radicado núm. 25000-23-41-000-2023-0163300/02 (Acumulado 25000-23-41-000-2023-01686-00).

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección Quinta del Consejo de Estado , por cuanto actuó como juez de segunda instancia dentro del proceso mencionado y fue su actuación a la que la parte accionante le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados

instancia dentro del proceso mencionado y fue su actuación a la que la parte accionante le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de losRadicado: 11001-03-15-000-2025-05417-00

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defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a través de la sentencia C -590 de 2005 13 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 14 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela

específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela

13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 14 De acuerdo con la sentencia C -590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales esp ecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el

inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por ter