CE - Sentencia 11001031500020250542801 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05428-01

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y Tribunal Administrativo de

Córdoba Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia . Subsidiariedad. Relevancia Constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia del 25 de septiembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado -Sección Segunda-Subsección A que declaró improcedente el amparo solicitado frente a los reparos expuestos en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba y negó la solicitud con relación a la Sección Quinta de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda , en nombre propio 1, presentó escrito en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados por el Consejo

Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda , en nombre propio 1, presentó escrito en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Quinta y el Tribunal Administrativo del Córdoba, con ocasión de los autos proferidos el 13 de agosto de 2025 y el 15 y 28 de julio del mismo año, respectivamente, en el trámite del medio de control de nulidad electoral identificado bajo el radicado número 23001-23-33-000-2024-00002-00/01/02/03.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2: 2.1. La parte accionante manifestó que el ciudadano Rubén Darío Bula Castaño promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral en contra del

1 Índice 0000 2 expediente primera instancia aplicativo SAMAI con certificado núm. 1985AAD5DF4411DE 96405974E486639E B5A36B61DD151220 00BBB1DF2B2FE3E6. 2 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=230012333000202400002031100103Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

acto de elección de Ovidio Miguel Hoyos Paternina como alcalde del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

acto de elección de Ovidio Miguel Hoyos Paternina como alcalde del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Córdoba, bajo el radicado número 23001-23-33-000-2024-00002-00, autoridad que dictó auto admisorio del 12 de enero de 2024. Impartido el trámite correspondiente, el actor solicitó ante la autoridad ser tenido como coadyuvante del demandante, lo cual fue decidido desfavorablemente.

2.3. Mediante sentencia del 9 de junio de 2025, el tribunal negó las pretensiones de la demanda; decisión que fue notificada a través de correo electrónico de l 24 de junio de 2025.

2.4. Con ocasión de lo anterior, expuso que presentó recurso de apelación dentro del término legal, el cual fue rechazado por el Despacho ponente mediante auto del 15 de julio de 2025, al considerar que fue interpuesto de forma extemporánea. Inconforme con esa decisión, promovió recurso de reposición que fue resuelto el 28 de julio de 2025, en el sentido de mantener la decisión incólume.

2.5. El 4 de agosto de 2025, el expediente fue remitido a la Sección Quinta del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación radicado por el demandante. En proveído del 13 de agosto siguiente fue admitido y, a su juicio, de manera tácita, resolvió a su favor el reclamo expuesto frente a la presentación oportuna del recurso, por lo que

proveído del 13 de agosto siguiente fue admitido y, a su juicio, de manera tácita, resolvió a su favor el reclamo expuesto frente a la presentación oportuna del recurso, por lo que pidió la adición y/o aclaración de la providencia, para incluir de manera expresa la admisión de este en la parte resolutiva.

2.6. En ese orden, la mencionada Sección rechazó de plano su solicitud, dado que el actor carecía de facultad autónoma para actuar en su condición de coadyuvante, en la medida que el demandante del proceso ordinario no solicitó la aplicación de tal figura, de conformidad con lo expuesto en el artículo 228 de la Ley 1437 de 2011 3 y su competencia respecto a la admisión del recurso de apelación se limitaba al concedido en primera instancia.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia . Como consecuencia de ello, pidió : i) dejar sin efecto s los autos del 15 y 28 de julio de 2025 proferidos por el Tribunal Administrativo de Córdoba y del 13 de agosto de 2025 dictado por el Consejo de Estado, Sección Quinta , y que se ii) ordene a la Sección Quinta de

3 Ley 1437 de 2011. Artículo 228. Intervención de terceros en procesos electorales e improcedencia en los procesos de pérdidas de investidura. En los procesos electorales cualquier persona puede pedir que se la tenga como impugnador o coadyuvante. Su intervención solo se admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de

procesos de pérdidas de investidura. En los procesos electorales cualquier persona puede pedir que se la tenga como impugnador o coadyuvante. Su intervención solo se admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de celebración de la audiencia inicial. En los procesos de pérdida de investidura de miembros de corporaciones de elección popular no se admitirá intervención de terceros.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

esta Corporación admitir el recurso de apelación propuesto en su calidad de coadyuvante.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, que la parte accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto al impedir su acceso a la segunda instancia, pese a que interpuso de manera oportuna el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el a quo.

3.3. Además, adujo la configuración del defecto sustantivo, en atención a la indebida interpretación del contenido del artículo 205 del CPACA 4, pues no tuvo en cuenta que los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos allí previstos “deben de pasar o concluir” para que se entienda notificada la providencia, lo que conllevó a desconocer la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la forma en que debe contabilizarse el término de las providencias notificadas electrónicamente.

Por lo anterior, la notificación debió entenderse surtida el 27 de junio de 2025, por lo que el término para interponer recurso inició el 1° de julio de l mismo año y finalizó el 7 de

electrónicamente.

Por lo anterior, la notificación debió entenderse surtida el 27 de junio de 2025, por lo que el término para interponer recurso inició el 1° de julio de l mismo año y finalizó el 7 de julio siguiente.

A su juicio, el ad quem, aunque reconoció ese error, no lo subsanó en el auto del 13 de agosto de 2025, por lo que desconoció sus obligaciones procesales, dando prevalencia al derecho formal sobre el sustancial y apartándose del contenido obligatorio del artículo 292 del CPACA5.

3.4. También indicó que hubo un exceso ritual manifiesto, al no tener en cuenta que la solicitud de aclaración o adición del auto del 13 de agosto de 2025 no se opuso a las actuaciones de la parte que coadyuvaba ni la afectaba, conforme a lo establecido en el artículo 228 del CPACA, en consonancia con el artículo 71 del CGP 6, por lo cual era procedente.

4 Ley 1437 de 2011. Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: 1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Se presumirá que el destinatario ha r ecibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda

siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Se presumirá que el destinatario ha r ecibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado. 5 Ley 1437 de 2011. Artículo 292. Apelación de sentencia. El recurso se interpondrá y sustentará ante él a quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia. Sustentado el recurso, se enviará al superior a más tardar al día siguiente para que decida sobre su admisión. Si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto en el que ordenará a la Secretaría poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, por tres (3) días. Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes. Contra el auto que concede y el qué admite la apelación no procede recurso. PARÁGRAFO. Los Secretarios serán responsables de las demoras que ocurran en el envío de los expedientes. 6 Ley 1564 de 2012. Artículo 71. Coadyuvancia. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se h aya dictado sentencia de única o de

a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se h aya dictado sentencia de única o de segunda instancia. El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposiciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

3.5. Finalmente, consideró que el superior jerárquico debió resolver de manera oficiosa sobre la admisibilidad o no del recurso, corregir errores de fondo o forma en garantía del acceso efectivo a la administración de justicia.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante auto del 2 de septiembre de 20257 admitió la acción de tutela, dispuso la vinculación como terceros con interés a los señores Rubén Darío Bula Castaño y Ovidio Miguel Hoyos Paternina . Asimismo, se requirió a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que allegara al trámite constitucional el expediente adelantado bajo el radicado núm. 23001-23-33-0002024-00002-00/01/02/03.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Quinta8 expuso que, una vez revisada la solicitud de amparo evidenció que la verdadera pretensión del accionante es convertir el

2024-00002-00/01/02/03.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Quinta8 expuso que, una vez revisada la solicitud de amparo evidenció que la verdadera pretensión del accionante es convertir el escenario constitucional en una tercera instancia, toda vez que el asunto debatido fue resuelto ante el juez natural, en concordancia con el criterio jurisprudencial vigente que rige la materia.

Adicionalmente, destacó que no se demostró el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues el actor no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 245 del CPACA, actuación que permitió concluir que pretendió trasladar esa discusión al juez constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su lugar, negar el amparo constitucional.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El 25 de septiembre de 20259, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A profirió sentencia de primera instancia en la que declaró la improcedencia de la acción respecto a los reparos expuestos , en cuanto a los autos proferidos por el Tribunal Administrativo de Córdoba y negó el amparo en relación con el auto del 13 de agosto de 2025 que dictó la Sección Quinta del Consejo de Estado.

con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes. Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y

declarativos. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes. Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente. La intervención anterior al traslado de la demanda se resolverá luego de efectuada esta. 7 Índice 000 04 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 7BBE0EAB2BF4CE05 3B5AAD1A0F4AFFE0 D0CA868DF5D363C4 9A329CE56B100962. 8 Índice 000 10 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado núm. AF26EC1744654663 A4A53DC85C6728E8 541D272F631F02A5 34E3CE33222EAB89. 9 Índice 00015 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. F046156822F98C49 5B7561F93362C2F2 3383AA717D0D98D6 4C41423203AF87F6.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

Frente al primero de ellos, concluyó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad en relación con el auto proferido por el Tribunal el 15 de julio de 2025, en el que concedió el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera instancia del 9 de enero de 2025 y rechazó por extemporáneo el formulado en su condición de coadyuvante, dado que contaba con el recurso de queja, en los términos

instancia del 9 de enero de 2025 y rechazó por extemporáneo el formulado en su condición de coadyuvante, dado que contaba con el recurso de queja, en los términos del artículo 245 del CPACA, para discutir dicho proveído.

Destacó que, si bien, el accionante afirmó que dicho recurso es facultativo, no es idóneo ni eficaz, así como el hecho de que su interposición hubiera dilatado el proceso de nulidad electoral, dichos argumentos no resulta ron de recibo, en el entendido de que quien pretende discutir una providencia judicial debe agotar todos los mecanismos de defensa judicial con los que cuenta para lograr la salvaguarda de sus derechos fundamentales antes de acudir a la acción residual de protección.

Por lo anterior, consideró que no podía aceptar que el actor utilizara el medio tuitivo para pretermitir los medios establecidos en el ordenamiento jurídico ni para que se otorg ara un trámite más célere al previsto en el medio de control, en atención a la naturaleza excepcional de la tutela.

De otro lado, en relación con los autos proferidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 13 y 27 de agosto de 2025 , mediante los cuales se admitió el recurso de apelación y se rechazó por extemporánea la solicitud de aclaración y/o adición del accionante, consideró que se dio cumplimiento a los requisitos generales de procedencia, por lo que efectuó el análisis de los reparos expuestos frente a aquellos.

En ese orden, observó que lo pretendido por la parte accionante era que el juez constitucional subsanara el yerro que él cometió al no recurrir la decisión del despacho

En ese orden, observó que lo pretendido por la parte accionante era que el juez constitucional subsanara el yerro que él cometió al no recurrir la decisión del despacho judicial que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación . De la revisión de la actuación ordinaria concluyó que, el superior actuó de conformidad con la competencia que le asiste, que es pronunciarse frente a los recursos interpuestos, no subsanar las falencias del actor.

Bajo esa línea, consideró que tampoco se configuró el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado, ya que la decisión de no acceder a la solicitud de aclaración o adición del auto del 13 de agosto de 2025 atendió a la posición jurisprudencial de la Sala Electoral, acorde con la cual los coadyuvantes no pueden actuar de forma independiente frente a la parte a la que coadyuvan, la cual adoptó acorde con los principios de autonomía e independencia judicial.

En todo caso, aclaró que más allá de dicha discusión, lo cierto es que esa solicitud no tenía la entidad para modificar la decisión adoptada por el a quo en relación con el rechazo del recurso de alzada, pues, su competencia no podía exceder la decisión sobre la concesión de los recursos interpuestos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación10 en el que solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, al estimar que el recurso de queja es opcional,

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación10 en el que solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, al estimar que el recurso de queja es opcional, dado que las normas que rigen el proceso ordinario no impusieron la queja como requisito de procedibilidad.

Sumado a lo anterior, consideró que la interpretación de la Sala privilegió lo formal sobre lo sustancial, pues exigir el recurso que es facultativo no tiene soporte legal, por lo que ignoró la naturaleza de la acción de tutela como un mecanismo de amparo.

Mediante auto del 10 de octubre de 202511, el magistrado ponente de primera instancia concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

El artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto”.12

Por su parte, el artículo 10 del mismo decreto establece que la acción de tutela podrá ser interpuesta directamente por la persona que se considera vulnerada, o a través de

autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto”.12

Por su parte, el artículo 10 del mismo decreto establece que la acción de tutela podrá ser interpuesta directamente por la persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial. Al respecto, la Corte Constitucional 13 ha indicado que se encuentra legitimado por activa quien promueva la solicitud de amparo siempre que se presenten las siguientes condiciones: i) que la persona actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.

10 Índices 00025, 00026, 00027 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 5A66A62B88C5CB24 A98768A0A97CFEDB 6487A753EAF085FB F56726DB8B54EE95. 11 Índice 00029 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 0FE0557BA8CBD9BA EDE8E641FFD75529 3D630F72B45B373B 20F9C4F164490CBC. 12 Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C018 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez. 13 Sentencias T-435 de 2016, T-511 de 2017 y T-165 de 2020Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

En esta línea, la Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200314, manifestó que la

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

En esta línea, la Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200314, manifestó que la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por con siguiente, no se “[…] requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad […]”.15

A partir de este marco normativo, en el caso en concreto es preciso señalar que, conforme a la jurisprudencia constitucional, cuando la tutela se dirige contra providencias judiciales, están legitimados por activa no solo quienes hayan sido parte en el pro ceso en el que se profirió la decisión, sino también quienes demuestren un interés directo y particular en él16, así como aquellos que no fueron parte, pero acrediten que la decisión cuestionada les genera efectos lesivos en sus derechos fundamentales17.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha indicado que “en los casos en los que se ataque por vía de tutela una providencia judicial, el accionante debe ser parte del proceso o, de no serlo, acreditar que se podrían ver transgredidos sus derechos fundamentales por las órdenes o determinaciones adoptadas en la pr ovidencia que se

ataque por vía de tutela una providencia judicial, el accionante debe ser parte del proceso o, de no serlo, acreditar que se podrían ver transgredidos sus derechos fundamentales por las órdenes o determinaciones adoptadas en la pr ovidencia que se controvierte”18.

2.1. En el presente caso, Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda solicitó dejar sin efectos las providencias dictadas el 15 y 28 de julio y el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Consejo de Estado, Sección Quinta , respectivamente, en el trámite de l medio de control de nulidad electoral identificada con el radicado número 23001-23-33-000-2024-00002-00/01/02/03, en los cuales se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación que presentó en su calidad de tercero en el proceso en mención, así como el recurso de reposición que mantuvo incólume tal decisión y la negativa de aclaración y/o adición de aqu él; situación que, a su juicio, vulneró sus garantías fundamentales, dado que, no permitió su intervención en el trámite del proceso mencionado.

En este punto, la Sala recuerda que la legitimación en la causa es un elemento esencial para el ejercicio de la acción de tutela, no solo por constituir un requisito que permite vislumbrar la afectación directa y clara frente a los derechos del accionante y que justifican el ejercicio de la acción constitucional, sino, además, porque está

14 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 15 «Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991».

justifican el ejercicio de la acción constitucional, sino, además, porque está

14 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 15 «Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991». 16 Sentencias T-019 de 2023 y T-034 de 2014. 17 Sentencia T-256 de 2023. 18 Sección Cuarta, en sentencia de tutela de 18 de junio de 2015, expediente No. 2015 -0758-00. Sección Quinta, en sentencia del 21 de abril de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03250-01(AC).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

intrínsecamente relacionada con el cumplimiento de las exigencias generales de procedibilidad.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda, al ser el titular de los derechos que afirmó fueron vulnerados, dada su condición de tercero afectado con las decisiones proferidas en el trámite de l medio de control de nulidad electoral adelantado bajo el radicado núm. 23001-23-33-000-2024-00002-00/01/02/03.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de Estado, Sección Quinta y el Tribunal Administrativo de Córdoba, por cuanto actu aron como jue ces dentro del mencionado proceso, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

como jue ces dentro del mencionado proceso, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia que declaró improcedente el amparo solicitado frente a los reparos expuestos en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba y negó la solicitud con relación a la Sección Quinta de esta Corporación.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela 20, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto21.

19 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

procedencia misma del amparo, una vez interpuesto21.

19 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 20 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta t enga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 21 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales esp ecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) DefectoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01

Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”22.

4.1. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al establecer que “ solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficace s para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distin