CE - Sentencia 11001031500020250545100 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-05451-00

Demandante: JAIR SAMIR CORPUS VANEGAS

Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL PROFERIDA EN UN PROCESO DE

REPETICIÓN. ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS

FÁCTICO, SUSTANTIVO Y PROCEDIMENTAL

ABSOLUTO. SE NIEGA EL AMPARO.

Síntesis del caso: el actor consideró que la autoridad judicial demandada vulner ó sus derechos fundamentales con la sentencia que revocó la decisión de primera instancia y declaró su responsabilidad patrimonial en un proceso de acción de repetición , por cuanto aplicó la presunción de culpa grave prevista en la Ley 678 de 2001. Se alegó la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto. Sin embargo, la Sala negará el amparo solicitado porque no se probó la configuración de los defectos invocados.

La Sala procede a resolver la ac ción de tutela presentada 1 por el señor Jair Samir Corpus Vanegas en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal

invocados.

La Sala procede a resolver la ac ción de tutela presentada 1 por el señor Jair Samir Corpus Vanegas en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los

1 Mediante escrito radicado ante esta corporación el 2 de septiembre de 20252

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05451-00

Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

artículos 29 y 229 de la Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 15 de agosto de 2025 proferida por dicha autoridad judicial en el proceso de acción de repetición no. 11001-33-36-033-2023-00119-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Laboró en Aguas de Bogotá SA ESP como gerente de gestión humana; su relación laboral se extendió del 15 de marzo de 2016 al 16 de septiembre de 2016; el manual interno le asignó, entre otras tareas, velar por un proceso de admisión transparente e idóneo co nforme con perfiles y necesidades y no se le atribuyó, según afirmó, la elaboración o aprobación de contratos.

1. Aguas de Bogotá suscribió con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de

Bogotá (EAAB) el contrato interadministrativo no. 9 -99-14500-00431-2015 para el

1. Aguas de Bogotá suscribió con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de

Bogotá (EAAB) el contrato interadministrativo no. 9 -99-14500-00431-2015 para el cerramiento de un predio de su propiedad, para lo cual vinculó al trabajador Edwin Díaz Gómez media nte contrato a término fijo inferior a un año , vínculo que se prorrogó en varias ocasiones y en momentos distintos se ajustó la fecha de vencimiento por demoras en la asignación presupuestal por parte de la EAAB.

1. El señor Díaz Gómez presentó una demand a ordinaria laboral en la cual adujo que, en atención a que el contrato se prorrogó más de un año, su terminación fue injusta.

1. El Juzgado 33 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá emitió sentencia el 19 de febrero de 2019 , en la cual declaró que el contrato debía considerase anual por3

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Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

causa de sus prórrogas y , en consecuencia , condenó a Aguas de Bogotá a reconocer y pagar la indemnización por despido injusto.

1. Esa decisión fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 30 de abril de 2021 y Aguas de Bogotá pagó la condena mediante un depósito judicial por $46.632.515, monto que incluía las indemnizaciones y costas laborales establecidas en la sentencia condenatoria.

1. Esa empresa demandó en ejercicio de la acción de repetición a los señores

un depósito judicial por $46.632.515, monto que incluía las indemnizaciones y costas laborales establecidas en la sentencia condenatoria.

1. Esa empresa demandó en ejercicio de la acción de repetición a los señores Carlos Alfonso Potes, en su condición de gerente general, Doris Margarita Zúñiga, en condición de asesora laboral y Jair Samir Corpus -aquí actor-, para que fueran declarados solidariamente responsables por el pago derivado de la condena laboral referida.

1. En sentencia del 8 de agosto de 2024, el Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la acción de repetición 2; Aguas de Bogotá apeló esa decisión 3 y con fallo del 15 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, accedió a las pretensiones.

2 Esa autoridad judicial consideró que Aguas de Bogotá no aportó prueba suficiente para demostrar que los demandados hubieran actuado con dolo o culpa grave y señaló que la condena dictada en contra de la empresa no trasladaba automáticamente responsabilida d a los funcionarios, en tanto solo acreditaba el daño objetivo, pero no el reproche subjetivo.

En lo referente al demandante, sostuvo que de acuerdo con el acta de designación de sus funciones como gerente de gestión humana era posible determinar que en ninguna de ellas se estableció la elaboración de contratos laborales, ni ningún tipo de vinculación laboral y anotó que: “diferente es la función de supervisión de contratos establecida en el numeral 22 de tareas específicas, que para

elaboración de contratos laborales, ni ningún tipo de vinculación laboral y anotó que: “diferente es la función de supervisión de contratos establecida en el numeral 22 de tareas específicas, que para este caso no aplica, por lo que frente a este demandado no se estudiará responsabilidad alguna en el presente caso.”.

3 La empresa sostuvo que el juzgado de primera instancia omitió valorar integralmente el acervo probatorio; en particular, señaló, respecto del aquí demandante, que tenía a cargo la supervisión del proceso de contratación y la verificación de la legalidad de los contratos y soportes.4

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1. La autoridad judicial demandada , fundamentó su decisión en la aplicación del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 4, que consagra una presunción de culpa grave cuando se produce una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho y advirtió que existió una sucesión de múltiples prórrogas a contratos de trabajo a término fijo inferior a un año celebrados con el señor Edwin Díaz Gómez, lo cual excedía lo permitido por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, que autoriza únicamente hasta tres prórrogas; concluyó que ese desconocimiento configuraba la violación manifiesta e inexcusable de la norma y, por ende, activaba la presunción legal de culpa grave y permitía imputar responsabilidad patrimonial a quienes intervinieron en tales decisiones contractuales.

1. Tras valorar los interrogatorios de parte y las demás pruebas obrantes en el expediente, como los manuales de funciones de cada uno de los demandados,

quienes intervinieron en tales decisiones contractuales.

1. Tras valorar los interrogatorios de parte y las demás pruebas obrantes en el expediente, como los manuales de funciones de cada uno de los demandados, concluyó que ninguno de ellos logró desvirtuar la presunción legal establecida por la Ley 678 de 2001 y consideró que no se aportaron elementos suficientes para demostrar que hubieran actuado con la diligencia que era exigible a su condición de directivos ni que las irregularidades detectadas obedecieran , exclusivamente, a factores externos o ajenos a sus c ompetencias; en consecuencia, determinó que todos compartían un grado de participación en la configuración de la conducta reprochada.

1. De manera particular, respecto del señor Jair Samir Corpus Vanegas, el tribunal estableció que, en su condición de gerente de gestión humana, le correspondía la

4 “Artículo 6. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. (...)”.

Se aplicó el literal 1) del artículo 164 del CPACA sin la modificación efectuada por la Ley 2195 de 2022 por cuanto la condena quedó ejecutoriada con anterioridad a su entrada en vigencia que rigió a partir del 18 de enero de 2022.5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05451-00

Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

a partir del 18 de enero de 2022.5

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Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

supervisión integral del proceso de contratación y verificar que se cumplieran los requisitos legales de los contratos laborales.

1. Para arribar a esa conclusión, examinó el manual de funciones de su cargo, en el cual se consignó la obligación de “[c]umplir las responsabilidades establecidas como supervisor de contratos cuando se requiera”; a juicio de la autoridad demandada, esa cláusula comprendía un control de legalidad de los contratos celebrados y sus prórrogas, por lo cual, sostuvo que participó activamente en las decisiones que posibilitaron la suscripción sucesiva de prórrogas irregul ares con Edwin Díaz Gómez y , en consecuencia, con base en su grado de injerencia funcional, le asignó un 30% de responsabilidad dentro del monto total de la condena, fijada en $59.283.447 , la cual fue distribuida entre los tres demandados según la incidencia que se les reconoció en los hechos.

2. Fundamentos de la vulneración

El actor afirmó que la decisión del tribunal incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto.

En cuanto al defecto fáctic o sostuvo que la autoridad demandada valoró indebidamente las siguientes pruebas a las cuales dio un alcance inapropiado:

1. El perfil de su cargo como gerente de gestión humana, que precisaba que sus funciones se limitaban a velar por un proceso de admisión transparente y revisar hojas de vida, sin responsabilidad en la elaboración o aprobación de contratos.

1. El perfil de su cargo como gerente de gestión humana, que precisaba que sus funciones se limitaban a velar por un proceso de admisión transparente y revisar hojas de vida, sin responsabilidad en la elaboración o aprobación de contratos.

1. El perfil del cargo del asesor laboral y colectivo, que sí contemplaba como tarea específica asesorar, revisar y aprobar contratos laborales; el6

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demandante consideró que ese documento demostraba que la responsabilidad recaía en la asesora laboral y no en él.

Adicionalmente, alegó que la autoridad demandada omitió valorar las siguientes pruebas determinantes que, de haber sido tenidas en cuenta, habrían c onducido a una conclusión distinta.

1. El testimonio de Néstor Ricardo Aragón García, director de proyectos de Aguas de Bogotá, quien explicó que las prórrogas contractuales derivaban de las demoras de la EAAB en girar los recursos para el proyecto Gibraltar.

1. El Oficio no. GOP-203-2016-638 del 12 de julio de 2016, en el cual dicho director de proyectos solicitó la continuación de contratos laborales por la falta de recursos para culminar el contrato interadministrativo con la EAAB. Para el actor dicho documento evidenciaba que la empresa enfrentaba dificultades presupuestales insalvables que justificaban la necesidad de mantener prórrogas, excluyendo su responsabilidad personal.

1. El e xpediente ordinario laboral 2016 -625, en el cual se apreciaba una deficiente defensa de Aguas de Bogotá, pues no llamó en garantía a la

personal.

1. El e xpediente ordinario laboral 2016 -625, en el cual se apreciaba una deficiente defensa de Aguas de Bogotá, pues no llamó en garantía a la EAAB ni agotó los recursos extraordinarios, lo cual, a su juicio, demuestra que la condena laboral se originó en la negligencia procesal de la entidad y no en su conducta funcional.

1. El contrato de trabajo del propio demandante, que acreditaba su ingreso a Aguas de Bogotá el 15 de marzo de 2016, mientras que el señor Edwin Díaz Gómez ya había sido contratado desde el 16 de febrero del mismo7

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Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

año, hecho que probaba que la modalidad de contratación inicial no podía serle atribuida.

1. El informe de la Contraloría sobre el proyecto Gibraltar, que documentaba retrasos significativos y problemas financieros en la ejecución que confirmaban que la empresa se encontraba en imposibilidad material de cumplir a cabalidad con los términos del proyecto.

Sobre el defecto sustantivo alegó que el tribunal aplicó de forma indebida el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, porque presumió su culpa grave y le trasladó la carga de desvirtuarla, labor que correspondía a Aguas de Bogotá.

Frente al defecto procedimental absoluto el actor señaló que el tribunal no resolvió de manera concreta cada una de las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demand a y, si bien podía entenderse de forma implícita que fueron desestimadas, ello no satisfizo la exigencia constitucional y legal de motivar

de manera concreta cada una de las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demand a y, si bien podía entenderse de forma implícita que fueron desestimadas, ello no satisfizo la exigencia constitucional y legal de motivar expresamente toda providencia judicial.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:

“(...) Se les ordenará a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección [B] dictar una nueva sentencia en la que se analicen todas las pruebas que fueron allegadas al proceso de repetición radicado No. 11001 -33-36-033-2023-00119-00 (...) y las demás aportadas por las partes, que buscan demostrar los traumatismos existentes entre ADB y EAB que incidían negativamente en la contratación de trabajador Edwin Díaz Gómez por cuenta de ADB, así como las tareas y responsabilidades del accionante como Gerente de Gestión Humana.

3. Se les ordenará a los magistrados del Tribunal Administrati vo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección [B] dictar una nueva8

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sentencia en la que se analice el caso a la luz de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre culpa grave, así como los postulados de la Ley 678 de 20 01 y demás disposiciones concordantes y afines. ”. (negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

como los postulados de la Ley 678 de 20 01 y demás disposiciones concordantes y afines. ”. (negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

3. Actuación procesal

Mediante auto del 3 de septiembre de 2025 se admitió la acción de tutela (índice 00004 del aplicativo SAMAI), se notificó al presidente y los magistrados integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al titular del Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al gerente de Aguas de Bogotá SA ESP y a los señores Carlos Alfonso Potes Victoria y Doris Margarita Zúñiga Carvajal , con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

4. Actuación de la autoridad demandada y vinculada

La apoderada de Aguas de Bogotá SA ESP resaltó el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y alegó que el actor ya dispuso de los mecanismos ordinarios de defensa, por lo cual no puede pretender convertir a esta Corporación en una tercera instancia encubierta, so pena de desnaturalizar este mecanismo y vaciar de contenido los recursos judiciales disponibles.

La empresa afirmó que el tribunal valoró expresamente las pruebas relevantes y que la conclusión sobre la configuración de culpa grave se basó en un análisis integral y razonado, no en omisión de pruebas.

El titular del Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

que la conclusión sobre la configuración de culpa grave se basó en un análisis integral y razonado, no en omisión de pruebas.

El titular del Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá afirmó que su fallo estuvo debidamente motivado, pues analizó el acervo probatorio9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05451-00

Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

y concluyó que no había lugar a declarar la responsabilidad de los demandados en la acción de repetición.

5. Solicitudes de coadyuvancia

La señora Doris Margarita Zúñiga Carvajal presentó un memorial en el cual coadyuvó las pretensiones del demandante y solicitó que se extienda la protección en su favor, con el argumento de que las presuntas vulneraciones alegadas por el actor no se circunscribieron exclusivamente a su situación personal, sino que afectaron de manera paralela a todos quienes resultaron condenados por la sentencia del 15 de agosto de 2025.

La coadyuvante argumentó que la providencia atacada incurrió en los mismos defectos que invocó e l demandante, pues el tribunal omitió valorar pruebas que desvirtuaban la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6º de la Ley 678 de 2001 y, además, le atribuyó funciones que no correspondían con sus competencias reales; en tal sentido, precisó que, como trabajadora particular de Aguas de Bogotá, su relación laboral no la convertía en servidora pública ni la hacía sujeto pasivo de una acción de repetición, por lo cual la condena resultó arbitraria.

En tal sentido, enfatizó que la sentencia trasl adó de manera indebida la

sujeto pasivo de una acción de repetición, por lo cual la condena resultó arbitraria.

En tal sentido, enfatizó que la sentencia trasl adó de manera indebida la responsabilidad de la condena laboral impuesta a la empresa hacia los funcionarios y trabajadores vinculados en el proceso de repetición, aplicando un régimen de responsabilidad objetiva proscrito por la jurisprudencia constitucional.

El señor Carlos Alfonso Potes Victoria intervino como coadyuvante, por intermedio de apoderado judicial, y expuso que la sentencia cuestionada lo afectó porque lo condenó con base en una presunción de culpa grave aplicada como si se tratara de responsabilidad objetiva.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05451-00

Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

El tribunal omitió valorar pruebas determinantes que acreditaban la ausencia de culpa, tales como su desvinculación de la entidad antes de la terminación del contrato de Edwin Díaz Gómez, el manual de funciones que delimitaba sus tare as estratégicas y no operativas, así como testimonios e informes que evidenciaban la deficiente defensa de Aguas de Bogotá en el proceso laboral antecedente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela , 2) las solicitudes de coadyuvancia y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,

solicitudes de coadyuvancia y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir recursos ordinarios o extraordinarios, tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05451-00

Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

2. Las solicitudes de coadyuvancia

En los precisos términos de la jurisprudencia co nstitucional el coadyuvante: “es un tercero que tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente, puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable.”.

En este orden de ideas, la misma jurisprudencia ha indicado que:

“[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues

En este orden de ideas, la misma jurisprudencia ha indicado que:

“[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias.5”.

En consecuencia, es claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de acción de tutela como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que comparte las reclamaciones y argumentos expuestos, bien sea por el demandante o por la parte accionada, sin que ello suponga que este pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las elevadas por aquellos, pues en esa eventualidad se estaría realmente ante una nueva demanda, lo cual desvirtuaría la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.

Así, desde ya se aclara, en el presente caso se dispondrá la aceptación de las coadyuvancias presentadas por los señores Carlos Alfonso Potes y Doris Margarita Zúñiga Carvajal frente al escrito de acción de tutela como terceros con interés en el resultado del proceso; su participación en el trámite de esta tutela se limitará a apoyar y compartir las reclamaciones del actor y e n tal medida el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda y no respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de esta.

5 Corte Constitucional, sentencia T-304 de 1996.12

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05451-00

Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

5 Corte Constitucional, sentencia T-304 de 1996.12

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05451-00

Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 15 de agosto de 202 5 mediante la cual se revocó la decisión del Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y se accedió a las pretensiones de la acción de repetición que Aguas de Bogotá SA ESP presentó en contra de Jair Samir Corpus, Carlos Alfonso Potes Victoria y Doris Margarita Zúñiga Carvajal.

En los términos en que fue propuesta la controversia , la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela con fundamento en lo siguiente:

La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, en tanto se invoc aron los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto, argumentos que no pud ieron ser planteados en el curso del proceso ordinario, máxime cuando la providencia que se ataca resolvió la apelación contra aquella que negó las pretensiones de la parte demandante en una acción de repetición y accedió a ellas. Además, la discusión es

planteados en el curso del proceso ordinario, máxime cuando la providencia que se ataca resolvió la apelación contra aquella que negó las pretensiones de la parte demandante en una acción de repetición y accedió a ellas. Además, la discusión es importante desde el punto de vista de los derechos fundamentales ; ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; iv) el demandante identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la presunta vulneración como los derechos que consideró transgredidos;13

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05451-00

Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

1. no se ataca una sentencia de tutela y , vi) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada6.

3.1 Caracterización del defecto fáctico

1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico de acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional ha r econocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.

1. La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el

negativa y una positiva.

1. La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

1. Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.

3.2 El análisis del defecto fáctico en el caso concreto

6 La sentencia cuestionada se notificó el 26 de agosto de 2025 y el proceso de acción de tutela se presentó ante esta Corporación el 2 de septiembre de 2025.14

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05451-00

Actor: Jair Samir Corpus Vanegas Acción de tutela

1. En el presente asunto, el actor sostuvo que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico porque otorgó un alcance indebido al manual de funciones del cargo de gerente de gestión humana, en especial a la cláusula relativa a la “supervisión de contratos cuando se

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico porque otorgó un alcance indebido al manual de funciones del cargo de gerente de gestión humana, en especial a la cláusula relativa a la “supervisión de contratos cuando se requiera”, pues consideró que esa atribución correspondía únicamente a la fase de ejecución y no a la etapa de celebración o aprobación contractual; de igual manera, reprochó que el tribunal hubiera omitido valorar pruebas que, a su juicio, resultaban determinantes, entre ellas , el testimonio del director de proyectos, el Oficio GOP203-2016-638, el expediente ordinario laboral 2016 -625, su propio contrato de trabajo y el informe de l a Contraloría, las cuales, en su concepto, acreditaban la ausencia de culpa y demostraban que las prórrogas obedecieron a circunstancias presupuestales ajenas a su gestión.

1. Para efectos de resolver este aspecto de la presente controversia resulta necesario analizar las consideraciones de la autoridad judicial demandada en la providencia cuestionada, las cuales son del siguiente tenor:

“Así las cosas, en el presente proceso, obran los siguientes medios probatorios:

Jair Samir Corpus

(...) laboró para la empresa desempeñando el cargo de Gerente de Gestión Humana del 15 de marzo de 2016 al 16 de septiembre de 2016, periodo dentro del cual se realizaron y prorrogaron los contratos del señor Edwin Díaz Gómez, por los cuales se condenó a la entidad.

De las funciones y del perfil del cargo de Gerente de Gestión Humana de la empresa Aguas de Bogotá, se destaca como tarea especifica la No. 22:

Edwin Díaz Gómez, por los cuales se condenó a la entidad.

De las funciones y del perfil del cargo de Gerente de Gestión Humana de la empresa Aguas de Bogotá, se destaca como tarea especifica la No. 22:

(...) de acuerdo con el manual de perfiles y cargos de la empresa de Aguas de Bogotá, tenía su cargo de gerente de gestión humana, y revisaba todo el procedimiento previo a la co