CE - Sentencia 11001031500020250549301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05493-01

Accionantes: SULEYMA ISABEL PIZARRO EGEA Y OTROS Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN C Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes contra la sentencia de 17 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Las señoras Suleyma Isabel Pizarro Egea, Zoraya María Pizarro Egea, Katherine Margarita Pizarro Insignares, Zenaida María Pizarro Insignares e Isabel María Egea de Pizarro solicitaron, a través de apoderado judicial, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administrac ión de justicia y a la

Margarita Pizarro Insignares, Zenaida María Pizarro Insignares e Isabel María Egea de Pizarro solicitaron, a través de apoderado judicial, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administrac ión de justicia y a la igualdad, cuya vulneración les atribuyeron a las providencias de 19 de julio de 2022, 19 de julio de 2023 y 18 de junio de 2025 , proferidas por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , dentro de la acción de reparación directa con número de radicación 08001-23-31-000-2010-00905-01 (acumulado con el expediente 08001-23-31-000-2011-01170-01).

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señalaron que se presentaron dos demandas en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación así:2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05493-01

Accionantes: Suleyma Isabel Pizarro Egea y otros

[…] Expediente 20200090501 (44839)

El 11 de octubre de 2010, Lorenzo José Pizarro Domínguez e Isabel María Egea de Pizarro, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

El 11 de octubre de 2010, Lorenzo José Pizarro Domínguez e Isabel María Egea de Pizarro, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Policía Nacional para se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la desaparición forzada de Boris Enrique Pizarro Insignares y solicitó condenar a la entidad a pagar, perjuicios morales de 500SMLMV para cada uno de los demandantes y por perjuicios materiales la suma de 286.589.000 o lo que se determine en el curso del proceso.

Expediente acumulado 20110117001 (57469)

El 30 de septiembre de 2011, Erica Cecilia Echeverría Miranda, Stiven Pizarro Echeverría, Suleyma Isabel Pizarro Egea, Zoraya María Pizarro Egea, Zenaida María Pizarro Insignares, Katherine Margarita Pizarro Insignares y Ledis Margarita Pizarro de Truyol, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación para que se declarar (sic) patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados con la desaparición forzada de Boris Enrique Pizarro Insignares […]”.

2.2. Adujeron que el conocimiento de los procesos le correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico que mediante sentencias proferidas el 30 de marzo de 2012 y el 29 de febrero de 2016, negaron las pretensiones de las demandas.

2.2. Adujeron que el conocimiento de los procesos le correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico que mediante sentencias proferidas el 30 de marzo de 2012 y el 29 de febrero de 2016, negaron las pretensiones de las demandas.

2.3. Manifestaron que, mediante auto de 5 de diciembre de 2017, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ordenó acumular el proceso de reparación directa identificado con el número de radicado 08001-23-31-000-2011-01170-01 al proceso que se tramitaba con el número de radicado 08001-23-31-000-2010-0090501.

2.4. Indicaron que interpusieron recurso de apelación contra la s sentencias de 30 de marzo de 2012 y 29 de febrero de 2016 y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia de 19 de julio de 2022, revocó las sentencias proferidas en primera instancia y, en su lugar, declaró la responsabilidad administrativa de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por los perjuicios causados a los demás demandantes como consecuencia de la desaparición forzada de Boris Enrique Pizarro Insignares.

2.5. Sostuvieron que el 18 de noviembre de 2022, solicitaron1 la corrección del numeral cuarto2 de la sentencia de segunda instancia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 19 de julio de 2023, corrigió el numeral cuarto3, precisando a cuáles demandantes correspondía el pago de los perjuicios que fueron reconocidos.

del Consejo de Estado, mediante auto de 19 de julio de 2023, corrigió el numeral cuarto3, precisando a cuáles demandantes correspondía el pago de los perjuicios que fueron reconocidos.

1 “[…] no se precisó a cuáles demandantes correspondía el pago de los perjuicios que fueron reconocidos […]”. 2 “[…] CUARTO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por perjuicios morales, la suma de 100 SMLMV para Lorenzo José Pizarro Domínguez y 50 SMLMV a cada una de las demás demandantes, únicamente, en el evento en que el ex funcionario Flover Argeny Torres Sánchez no haya pagado la condena impuesta en su contra por la jurisdicción penal […]”. 3 “[…] PRIMERO: CORREGIR el numeral CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 19 de julio de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el cual quedará en los siguientes términos: “CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar, por perjuicios3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05493-01

Accionantes: Suleyma Isabel Pizarro Egea y otros

2.6. Expresaron que el 19 de marzo de 2025, solicitaron la corrección de la sentencia de segunda instancia y su aclaración y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 18 de junio de 2025, rechazó por extemporánea la solicitud de aclaración y negó la solicitud de corrección de la sentencia de segunda instancia.

de Estado, mediante auto de 18 de junio de 2025, rechazó por extemporánea la solicitud de aclaración y negó la solicitud de corrección de la sentencia de segunda instancia.

2.7. Refirieron que las providencias proferidas por la autoridad judicial accionada vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra, al incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

2.8. Afirmaron que la decisión de no corregir el yerro que introdujo en el numeral cuarto del resuelve de la sentencia de segunda instancia, “[…] está en contravía de los derechos e intereses de las victimas beneficiarias de ese proveído, por cuanto no está a su alcance poder demostrar a la Policía – Nacional, que no han sido indemnizadas por parte del ex policial Flover Argeny Torres Sánchez, confeso participe de la muerte violenta de su ser querido […] el pago quedó supeditado a que se demuestre que el ex funcionario de la Policía Nacional no les ha cancelado el valor de la condena impuesta en la jurisdicción ordinaria […]”.

2.9. Indicaron que “[…] la negativa a corregir el numeral cuarto de la aludida sentencia comporta un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en tanto va en contravía del orden constitucional, pues impide que obtengan el pago de sus indemnizaciones […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] TERCERA: Ruego ordenar la corrección del numeral CUARTO del RESUELVE de la providencia de fecha 19 de julio de 2023, de la sentencia de segunda instancia, eliminando la expresión (sic) únicamente, en el evento en que

“[…] TERCERA: Ruego ordenar la corrección del numeral CUARTO del RESUELVE de la providencia de fecha 19 de julio de 2023, de la sentencia de segunda instancia, eliminando la expresión (sic) únicamente, en el evento en que el exfuncionario Flover Argeny Torres Sánchez no haya pagado la condena impuesta en su contra la jurisdicción penal.

CUARTA: Ruego ordenar la corrección del numeral CUARTO del RESUELVE de la providencia del 18 de junio de 2025, de la sentencia de segunda instancia, eliminando la expresión … “(sic) únicamente, en el evento en que el exfuncionario Flover Argeny Torres Sánchez no haya pagado la condena impuesta en su contra por la jurisdicción penal”. […]”.

[…]

“[…] SEXTA: Ruego señoría, REVOCAR los numerales PRIMERO y SEGUNDO del RESUELVE de la providencia de fecha 18 de junio de 2025, a través de la cual fue rechazada por extemporánea la solicitud de corrección de la sentencia y en su lugar declarar que se impone necesario, la corrección de su numeral cuarto del resuelvo [sic), atendiendo los legítimos derechos e intereses de la victimas accionantes.

morales, la suma 100 SMLMV para Lorenzo José Pizarro Domínguez y 50 SMLMV a cada una de las demandantes, Suleyma Isabel Pizarro Egea, Zoraya María Pizarro Egea, Zenaida María Pizarro Insignares y Katherine Margarita Pizarro Insignares, únicamente, en el evento e n que el ex funcionario Flover Argeny Torres Sánchez no haya pagado la condena impuesta en su contra por la jurisdicción penal […]”.4

únicamente, en el evento e n que el ex funcionario Flover Argeny Torres Sánchez no haya pagado la condena impuesta en su contra por la jurisdicción penal […]”.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05493-01

Accionantes: Suleyma Isabel Pizarro Egea y otros

SEPTIMA (sic): Como consecuencia del decreto de amparo de los derechos fundamentales de los accionantes, ruego EXHORTAR a la condenada Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, continuar el trámite del pago de las indemnizaciones ordenadas en el numeral CUARTO del RESUELVE de la sentencia según el turno de pago TP-2024-S-325, asignado a la cuenta de cobro No. GE-2024-053673DIPON del 16 de julio de 2024 […]”. [Negrilla y mayúscula del texto original]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 9 de septiembre de 2025 el magistrado sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de tercero s con interés en el resultado del proceso al señor Lorenzo José Pizarro Domínguez o a sus herederos, en caso de acreditarse su deceso, así como al Ministerio de Defensa Nacional – Policía

Nacional.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,

se allegó el siguiente informe:

5.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que los argumentos expuestos por los accionantes en sede de tutela únicamente

se allegó el siguiente informe:

5.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que los argumentos expuestos por los accionantes en sede de tutela únicamente conforman alegatos de instancia, expuestos de manera insuficiente desde el punto de vista de las causales específicas desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que intentan reabrir debates superados en instancia ordinaria, “[…] por lo cual insisto en que no se acreditaron los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez, razones suficientes para declarar la improcedencia de la acción tuitiva […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 17 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez y relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró:

“[…] La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no satisfacer los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Las inconformidades respecto al fallo del 19 de julio de 2022 y el auto del 19 de julio de 2023 carecen de inmediatez, mientras que los reproches formulados contra el proveído dictado el 18 de junio de 2025 adolecen de relevancia constitucional.

La sentencia enjuiciada fue notificada por edicto fijado el 4 de noviembre de 2022 y desfijado el 9 de noviembre siguiente. No obstante, la demanda de tutela fue formulada sólo hasta el 2 de septiembre de 2025, lo que excede

y desfijado el 9 de noviembre siguiente. No obstante, la demanda de tutela fue formulada sólo hasta el 2 de septiembre de 2025, lo que excede considerablemente el término que esta Corporación de manera unificada,5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05493-01

Accionantes: Suleyma Isabel Pizarro Egea y otros

pacífica y reiterada ha entendido como plazo razonable para acudir al juez constitucional.

[…]

La misma conclusión se predica en cuanto al auto del 19 de julio de 2023. Dicha decisión fue notificada por estado el 29 de agosto de ese mismo año, por lo que resulta evidente que a la fecha de interposición de la acción constitucional ya habían transcurrido más de seis meses desde la notificación de esa providencia.

A lo anterior, se suma que la parte actora no ofreció ninguna razón para justificar el ejercicio tardío del mecanismo de amparo, lo que impide flexibilizar el estudio del mentado presupuesto.

Si bien los reproches planteados contra el auto del 18 de junio de 2025 fueron formulados oportunamente, no satisfacen el requisito de relevancia constitucional.

Para sustentar el yerro endilgado al auto enjuiciado, la parte actora se limitó a sostener que la negativa a suprimir la expresión “únicamente, en el evento en que el ex funcionario Flover Argeny Torres Sánchez no haya pagado la condena impuesta en su contra por la jurisdicción penal”, del numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo del 19 de julio de 2022, vulnera sus derechos, en tanto impide la cesión de los derechos económicos derivados de la condena emitida a su

impuesta en su contra por la jurisdicción penal”, del numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo del 19 de julio de 2022, vulnera sus derechos, en tanto impide la cesión de los derechos económicos derivados de la condena emitida a su favor.

Sin embargo, dicho planteamiento no revela, por sí solo, la necesidad de intervención del juez constitucional, en tanto se omitió explicar cómo esa limitación es producto de una aplicación irreflexiva, arbitraria o desproporcionada de normas de orden procedimental, ni de qué manera incide directamente en el núcleo esencial de algún derecho fundamental.

Por lo expuesto en precedencia, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado en la demanda […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. Los accionantes impugnaron la decisión de primera instancia así:

“[...] Si bien es cierto que la reparación del daño está ordenada en el fallo de segunda instancia proferido por esta Corporación dentro del trámite de la acción de reparación directa, también lo es, que en el acápite del resuelve se introdujo una limitación extraña e innecesaria, para el pago de las indemnizaciones ordenadas en favor de las accionantes.

Esa limitación absurda, consiste en que las beneficiarias de la sentencia necesariamente tienen (i) que someterse a la larga espera establecido por la Policía Nacional, de acuerdo con el orden en que son radicadas y este año, están pagando las sentencias que fueron radicadas desde el mes de septiembre de 2020; según informa esta misma entidad.

He sido reiterativo que la condena de la sentencia penal es contra el ex policial confeso responsable de la muerte y posterior desaparición forzada del ciudadano

2020; según informa esta misma entidad.

He sido reiterativo que la condena de la sentencia penal es contra el ex policial confeso responsable de la muerte y posterior desaparición forzada del ciudadano BORIS ENROQUE (sic) PIZARRO INSIGNARES y no la Policía Nacional y por tanto las indemnizaciones ordenadas a favor de las víctimas, es imposible materializar su pago; por cuanto el condenado debe pagar a las víctimas con su propio peculio y no con recursos del Estado, como corresponde al pago de la6

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Accionantes: Suleyma Isabel Pizarro Egea y otros

sentencia proferida por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cabeza de esta Corporación.

En el marco del proceso transicional que gobierna la Jurisdicción Especial para la Paz, especialidad ante la cual se acogió a sus beneficios confesó los detalles que rodearon la muerte violenta del joven Pizarro Insignares manifestó que la única forma de indemnizar a las víctimas es confesando la verdad de los hechos, suministrando los nombres de sus superiores y subalternos partícipes y pidiendo perdón público por los graves hechos cometidos.

Así mismo, dije que a las víctimas se les está sometiendo por cuenta de la condición introducida en el numeral cuarto del RESUELVE de la sentencia de segunda instancia, pues, la Policía Nacional pretende que las accionantes demuestren que no han sido indemnizadas por el ex oficial FLOVER ARGENY TORRES SANCHEZ; es la Policía Nacional, con su equipo de Policía Judicial, y como autoridad pública, la que puede obtener esa respuesta, oficiando la J.E.P.,

demuestren que no han sido indemnizadas por el ex oficial FLOVER ARGENY TORRES SANCHEZ; es la Policía Nacional, con su equipo de Policía Judicial, y como autoridad pública, la que puede obtener esa respuesta, oficiando la J.E.P., para que evacue despacho comisorio en el que puntualmente se le pregunte, si él ha pagado un solo pesos a los damnificados de la muerte violenta y posterior desaparición forzada de Boris Enrique Pizarro Insignares.

Dentro de las probanzas documentales allegados con el escrito de amparo, se cuenta el oficio AGSA2025 SEGEN -GUDEJ-13 del 12 de junio de 2025, en el cual manifiestan que, en respuesta al punto del derecho de petición elevado, sostienen que, SI tienen limitación para ceder o negociar la sentencia judicial, puesto que el pago de la sentencia judicial quedó condicionado por medio del auto de corrección del fallo de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado…” […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 7, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de

de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 7, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20249.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 19 de julio de 2022, 19 de julio de 2023 y 18 de junio de 2025, proferidas por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política ”. 5 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho ”. 6 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referent e a las reglas de reparto de la acción de tutela ”. 7 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 8 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,

Derecho”. 8 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05493-01

Accionantes: Suleyma Isabel Pizarro Egea y otros

de la acción de reparación directa , respectivamente. Sin embargo, la Sala solo analizará si la providencia de 18 de junio de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis.

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la autoridad accionada vulner ó los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez

fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de 2005

10 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 12 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05493-01

Accionantes: Suleyma Isabel Pizarro Egea y otros

estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos parámetros.

análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. Las señoras Suleyma Isabel Pizarro Egea, Zoraya María Pizarro Egea, Katherine Margarita Pizarro Insignares, Zenaida María Pizarro Insignares e Isabel María Egea de Pizarro solicitaron, a través de apoderado judicial, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administrac ión de justicia y a la igualdad, cuya vulneración les atribuyeron a las providencias de 19 de julio de 2022, 19 de julio de 2023 y 18 de junio de 2025, proferidas por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de repar ación directa con número de radicación 08001 -23-31-000-2010-00905-01 (acumulado con el expediente 08001-23-31-000-2011-01170-01).

con número de radicación 08001 -23-31-000-2010-00905-01 (acumulado con el expediente 08001-23-31-000-2011-01170-01).

13 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradame nte los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez or dinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitució n, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.

vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitució n, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 14 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05493-01

Accionantes: Suleyma Isabel Pizarro Egea y otros

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

14. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 15 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de co ntenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.

15. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales 17, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las ga rantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.

16.