CE - Sentencia 11001031500020250549801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05498-01

Accionante: BENJAMÍN CÁRDENAS CRUZ

Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra auto de admisión de una demanda de tutela.

Proceso cuestionado en curso. Improcedencia por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes Escrito de tutela

1. En nombre propio, Benjamín Cárdenas Cruz promovió acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado. Expuso los siguientes hechos: En la comisión seccional de disciplina judicial del Tolima existe un proceso disciplinario en su contra identi ficado con radicado 2019 -0100100. El 3 de julio (sin precisar la fecha). se dictó sentencia de primera instancia. El 9 de julio de 2025, presentó recurso de apelación.

2. El recurso fue remitido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Aún está pendiente de que se profiera fallo de segunda instancia. Indicó que, el 5 de agosto de 2025 interpuso acción de tutela contra la Comisión de disciplina judicial del Tolima ante el Tribunal “del Tolima” (sic). Indicó que, el Tribunal admitió la tutela el

de 2025 interpuso acción de tutela contra la Comisión de disciplina judicial del Tolima ante el Tribunal “del Tolima” (sic). Indicó que, el Tribunal admitió la tutela el 6 de agosto de 2025 y se identifica con el radicado 73001-23-33-000-2025-0027100. Dentro de ese trámite de tutela, el 19 de agosto de 2025, el Tribunal emitió un auto dónde decretó la nulidad de todo lo actuado y remitió el proceso al Consejo de Estado.

3. Contra el anterior auto, el tutelante ejerció el recurso de apelación. Ese recurso de apelación no ha sido resuelto. El 21 de agosto de 2025, el Consejo de Estado admitió nuevamente la tutela y la identificó con radicado 11001 -03-15-000-202505126-00.

4. Afirmó que “no es procedente ni legal que asuma conocimiento el H. Consejo de Estado de la tutela (rad. 2025 -0071-00 con su radicado 2025 -05126-00) toda vez que aquella fue dirigida contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y no contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y es lo que sustentó en el recurso de apelación que hasta la fecha no lo han resuelto”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05498-01

Accionante: Benjamín Cárdenas Cruz Accionado: Consejo de Estado-Sección Primera Referencia: Segunda instancia acción de tutela

5. Solicitó amparar sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 2, 13, 15, 23, 2 9 de la Constitución. Consecuencia de lo anterior, se ordene revocar o

Referencia: Segunda instancia acción de tutela

5. Solicitó amparar sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 2, 13, 15, 23, 2 9 de la Constitución. Consecuencia de lo anterior, se ordene revocar o anular el auto de 21 de agosto de 2025 emitido por el Consejo de Estado dentro del trámite de tutela identificado con radicado 2025 -0516-00. “Se decrete la incompetencia para continuar conociendo de la tutela al Consejo de Estado y se mantenga la competencia ante el Tribunal Administrativo del Tolima. Además “se ordene al Consejo de Estado, representado legalmente por el magistrado ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta o quien haga su s veces, procesa (sic) si aún no lo ha hecho, (…) hacer devolución del expediente para que trámite la acción de tutela continúe en el Tribunal Administrativo del Tolima”1.

Trámite de la tutela.

6. Admitida la demanda, el despacho sustanciador vinculó a la sección primera de esta Corporación. Además, convocó al presente proceso, en calidad de terceros con interés, al Tribunal Administrativo del Tolima, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al procurador General de la Nación y a Yesid Olaya Córdoba.

7. El magistrado ponente del auto admisorio cuestionado, intervino con el fin de solicitar que se declare improcedente el amparo, pues el mismo no satisface el requisito de subsidiariedad, en razón a que el tutelante cuestiona un auto de trámite que aún no lleva a una sentencia definitiva. Adicionalmente argumentó que no ha

solicitar que se declare improcedente el amparo, pues el mismo no satisface el requisito de subsidiariedad, en razón a que el tutelante cuestiona un auto de trámite que aún no lleva a una sentencia definitiva. Adicionalmente argumentó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues la decisión de admitir el escrito de amparo que le fue remitido se fundamentó en lo prescrito en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Adicionalmente, puso de presente que, por hechos similares a los expuestos en este asunto, el señor Cárdenas Cruz promovió la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-05454-00, la cual se encuentra en curso en el despacho a cargo de la magistrada Claudia Rodríguez Velásquez de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Sentencia de primera instancia

8. En sentencia de 23 de octubre de 202 5, la Sección Quinta de la corporación declaró improcedente la petición de amparo, pues examinó que se trata de una petición de protección constitucional contra una actuación de tutela y no contra una sentencia de tutela, lo cual, en principio, es improced ente. Examinados los requisitos del caso concreto, concluyó que se trata de una petición que no satisface el requisito de relevancia constitucional dado que no se busca la protección o el desarrollo de normas constitucionales, sino presentar un criterio di ferente o disímil del contenido en la providencia cuestionada.

9. La decisión concluyó que, el tutelante no presentó argumentos que permitan evidenciar, prima facie, la afectación desproporcionada a sus garantías

del contenido en la providencia cuestionada.

9. La decisión concluyó que, el tutelante no presentó argumentos que permitan evidenciar, prima facie, la afectación desproporcionada a sus garantías constitucionales invocadas, sino tan solo las inconformidades que tiene respecto a la decisión proferida en el auto de 21 de agosto de 2025. Llamó la atención en que el actor se limitó a realizar apreciaciones subjetivas del por qué la corporación que

1 Folio 10 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05498-01

Accionante: Benjamín Cárdenas Cruz Accionado: Consejo de Estado-Sección Primera Referencia: Segunda instancia acción de tutela

debía avocar el conocimiento del asunto era el Tribunal Administrativo del Tolima y expresar su desacuerdo en cuanto a la vinculación de l a Comisión Nacional de Disciplina Judicial en calidad de tercero con interés, sin exponer algún cuestionamiento que realmente evidenciara que la presunta vulneración de sus derechos iusfundamentales se deriva de la decisión proferida por la autoridad acá accionada.

Recurso de impugnación2

10. En el recurso el tutelante indicó que resulta claro su planteamiento respecto a la necesidad de revocar o anular el auto admisorio dentro del trámite de tutela. Por ello insistió que no sea el Consejo de Estado quien conozca la petición de amparo, sino que lo haga el Tribunal Administrativo de Tolima. Indicó que, “ la tutela va dirigida con el objeto de garantizar el cumplimiento de la constitución y la ley por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, esta comisión de disciplina del

que lo haga el Tribunal Administrativo de Tolima. Indicó que, “ la tutela va dirigida con el objeto de garantizar el cumplimiento de la constitución y la ley por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, esta comisión de disciplina del Tolima es la que está vulnerando mis derechos fundamentales e incumple la constitución y la ley por tales motivos considero que es el Tribunal del Tolima quien está llamado a emitir sentencia de la acción de tutela en 1ª instancia y no el H. Consejo de Estado.”

11. Recordó que el Decreto 333 de 2021 modificado por el Decreto 799 de 2025, precisa las “competencias” del Consejo de Estado en materia de tutela, motivo por el cual, en relación con el caso concreto, la admisión de su petición de protección constitucional implica una apropiación de atribuciones o competencias legales que no están establecidas. Tras recordar el contenido del fallo de primera grado, manifestó que, con dificultad comprender las consideraciones legales expuesta por el juez de tutela en este fallo de 1ª instancia y que no los comparte, pues es del sentir que, el competente para resolver la petición de amparo es el Tribunal Administrativo al dirigirse contra la Comisión Disciplinaria del Tolima.

12. Insistió que no existían razones ni motivos suficientes para que esta Corporación asumiera “sin ser competente el conocimiento de la tutela”. Tampoco se presentaron motivos o circunstancias legales para que el “Tribunal del Tolima” (sic) no continuara conociendo la tutela y menos para que declarara la nulidad de lo actuado.

CONSIDERACIONES

Competencia

13. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de

conociendo la tutela y menos para que declarara la nulidad de lo actuado.

CONSIDERACIONES

Competencia

13. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

2 Indice samai 33.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05498-01

Accionante: Benjamín Cárdenas Cruz Accionado: Consejo de Estado-Sección Primera Referencia: Segunda instancia acción de tutela

Problema jurídico

14. En el asunto de la referencia, se trata de una acción de tutela contra una actuación de un juez de tutela, motivo por el cual, como primer problema jurídico se debe examinar si la petición de amparo satisface las causales genéricas de procedencia. En caso de contestar afirmativamente la pregunta se propondrá un problema jurídico de fondo. Con el fin de resolver la anterior cuestión se reiterará el precedente constitucional sobre la procedencia del amparo para asuntos de trámite dentro de procedimientos de tutela.

Acción de tutela contra actuaciones en el trámite de tutela

15. Como se indicó en la sentencia de primera instancia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 ha señalado que resulta procedente la acción de tutela contra un trámite de tutela precisando que en todo caso no resulta procedente atacar una decisión que pone fin al procedimiento, salvo que se pruebe la existencia de un

Corte Constitucional3 ha señalado que resulta procedente la acción de tutela contra un trámite de tutela precisando que en todo caso no resulta procedente atacar una decisión que pone fin al procedimiento, salvo que se pruebe la existencia de un fraude que afecte la vigencia de la cosa juzgada. En la Sentencia SU-627 de 2015 se precisó:

“4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.”

16. En esa medida, cuando se utiliza la acción de tutela para cuestionar el trámite del procedimiento constitucional, el actor debe satisfacer las causales genéricas de procedencia.

17. Respecto a ello, el Decreto con fuerza de ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional4 ha indicado los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra el trámite del recurso de amparo. Se ha indicado que, el actor de tutela debe satisface seis causales generales de procedencia formal5: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la

satisface seis causales generales de procedencia formal5: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela 6, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional7 o el Consejo de Estado 8, ni una sentencia interpretativas (SENIT)

3 Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015. 4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. 5 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU -215 de 2022. 6 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 7 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 8 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05498-01

Accionante: Benjamín Cárdenas Cruz Accionado: Consejo de Estado-Sección Primera Referencia: Segunda instancia acción de tutela

proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-9; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo r azonable; (iv) que se identifique de

Especial para la Paz – JEP-9; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo r azonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable10 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

18. Adicionalmente, en virtud del principio de subsidiariedad previst o en el artículo 86 superior, y el artículo 6° del decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional11 ha señalado que la acción de tutela contra providencias procede cuando se han agotado todas la etapas y recursos, ordinarios y extraordinarios. Por tal motivo, en principio resulta improcedente cuando se cuestiona una decisión intermedia o que no pone fin a un proceso judicial y el proceso judicial está abierto y pendiente de continuar su avance.

tal motivo, en principio resulta improcedente cuando se cuestiona una decisión intermedia o que no pone fin a un proceso judicial y el proceso judicial está abierto y pendiente de continuar su avance.

19. Lo anterior cobra especial importancia, cuando se trata de autos interlocutorios, toda vez que: “ i) no se trata de decisiones definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.”. Sin embargo, se ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos interlocutorios cuando se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable. La sentencia T -511 de 2020 precisó las condiciones de procedencia de la acción de tutela contra dichas providencias interlocutoras:

“En lo que respecta a la tutela contra autos, de cara a determinar la procedencia del amparo, es necesario diferenciar si se trata de autos de trámite o interlocutorios. Según la jurisprudencia constitucional, en relación con estos últimos, la acción de tut ela procede en los siguientes eventos: i) cuando “se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial”; ii) si “a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados”; o iii) si “la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable”. En cualquier caso, el juez debe verificar el cumplimiento de “los requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de

constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable”. En cualquier caso, el juez debe verificar el cumplimiento de “los requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta [Corte]”.

9 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 10 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 11 Cfr. T-511 de 2020.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05498-01

Accionante: Benjamín Cárdenas Cruz Accionado: Consejo de Estado-Sección Primera Referencia: Segunda instancia acción de tutela

20. Ahora, en relación con el concepto de perjuicio irremediable, el artículo 8° d el Decreto precisa que incluso en presencia de un mecanismo judicial ordinario o extraordinario pendiente de agotar, la tutela resulta procedente cuando el tutelante está ante el riesgo de la consumación de un perjuicio irremediable, entendido como un hech o urgente, cierto, grave e inminente. Este se entiende como un riesgo 12 grave, el cual supone “un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material)”. Además debe ser necesario adoptar medidas urgentes para superar el daño, comprendidas “como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso”. Además, la medida de protección debe ser “impostergables”. Esto es referidas a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

del caso”. Además, la medida de protección debe ser “impostergables”. Esto es referidas a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

21. Con base en las anteriores consideraciones se resolverá la procedencia del amparo en el caso concreto.

Caso concreto

22. La Subsección confirmará la decisión de declarar improcedente adoptada en sede de primera instancia, por las razones que se exponen a continuación. En primer lugar, se trata de un ataque constitucional contra un auto, puntualmente el admisorio de un trámit e de tutela. En consecuencia, está pendiente de agotarse toda la instancia del trámite constitucional. Respecto a esta censura, la jurisprudencia ha indicado que, en principio es improcedente el amparo contra un auto interlocutorio salvo cuando el titular está ante un perjuicio irremediable que justifique un amparo transitorio.

23. En el caso concreto, el actor acude al medio constitucional de amparo para cuestionar un auto admisorio, sin esperar a que se resuelva el trámite de tutela en primera y segunda instancia, sin argumentar las razones por las cuales se encuentra en una situación que enfrente un riesgo grave, urgente, inminente y cierto. Salta de bulto que, cuenta con el trámite constitucional completo, incluida la impugnación, para cuestionar las determinaciones que se adopten en aquel proceso.

24. Adicionalmente, puesto que el ataque se dirige contra el auto que admitió la petición de amparo que fue remitida por el Tribunal Administrativo del Tolima y contra esta determinación el actor afirmó que ejerció un recurso de apelación, esta

24. Adicionalmente, puesto que el ataque se dirige contra el auto que admitió la petición de amparo que fue remitida por el Tribunal Administrativo del Tolima y contra esta determinación el actor afirmó que ejerció un recurso de apelación, esta subsección encuentra que, el fundamento de la petición de amparo busca presentar razones de índole legal para mostrar el desacuerdo con la decisión censurada.

25. En efecto, el actor sostiene que, en su escrito de amparo radic ado ante el tribunal administrativo solo cuestionó decisiones del Consejo Seccional de Disciplina judicial, motivo por el cual, aquella corporación no tenía competencia para remitir la acción constitucional al Consejo de Estado. Censura que, conforme los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, la corporación competente es el tribunal administrativo ante el cual radicó su petición.

12 Cfr. SU-179 de 2021Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05498-01

Accionante: Benjamín Cárdenas Cruz Accionado: Consejo de Estado-Sección Primera Referencia: Segunda instancia acción de tutela

26. Todos estos argumentos son de índole estrictamente legal y presentan una disconformidad con una decisión con la que no comparte el criterio y en la cual se utiliza la tutela como una instancia adicional a la legalmente prevista, razón por la cual, en efecto, los argumentos carecen de relevancia constitucional. Ello por cuanto, el actor desconoce que las únicas normas que fijan compet encia para los jueces de tutela en primera y segunda instancia en materia de tutela son el artículo 86 superior, 8° transitorio del acto legislativo 01 de 2017 y los artículos 32 y 37 del

jueces de tutela en primera y segunda instancia en materia de tutela son el artículo 86 superior, 8° transitorio del acto legislativo 01 de 2017 y los artículos 32 y 37 del decreto 2591 de 1991. El actor no explica las razones por las cuales la decisión de admisión censurada vulnera estas normas constitucionales. Por el contrario, su argumento se funda en el supuesto desconocimiento de normas reglamentarias. La jurisprudencia de la Corte Constitucional 13 ha sido consistente en señalar que, las normas de reparto contenida en decretos reglamentarios no tienen la vocación de modificar las normas constitucionales y legales en materia de competencia.

27. El argumento del tutelante no desarrolla ninguna norma con stitucional y por el contrario se limita a presentar una discrepancia con el auto admisorio cuestionado, mostrando sus motivos de disenso, pero no ofrece razones superiores para mostrar alguna contradicción entre la providencia y la constitución política de 1991.

28. Por último, el actor formula ataques contra decisiones expedidas en el marco de un proceso de tutela, sin cumplir con las excepcionales razones de procedencia contra este tipo de decisiones, lo que evidencia la improcedencia de la acción de tutela.

29. Por las anteriores razones se confirmará el fallo de primera instancia, por las razones indicadas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida por la

Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual que declaró improcedente la petición de amparo de la referencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

13 Corte Constitucional Auto 400 de 2023Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05498-01

Accionante: Benjamín Cárdenas Cruz Accionado: Consejo de Estado-Sección Primera Referencia: Segunda instancia acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

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