CE - Sentencia 11001031500020250551601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05516-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: COMPAÑÍA HEG S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR NO CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA DEFENSA Y A LA TUTELA

JUDICIAL EFECTIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 20 de octubre de 2025 , mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B” - DEL CONSEJO DE ESTADO 1 denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1 En adelante la Sección Tercera.2

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I.1.- La Solicitud

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ACTORA: COMPAÑÍA HEG S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

I.1.- La Solicitud

La sociedad COMPAÑÍA HEG S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, actuando a través de su liquidadora, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al principio de contradicción , los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2 al haber proferido la sentencia de 31 de julio de 2025 , dentro medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con el número único de radicación 202200177-01.

I.2.- Hechos

Relató que el 29 de octubre de 2024 solicitó a la DIRECCIÓN

SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA

(DIAN)3 que suprimiera de manera masiva de sus sistemas informáticos unas obligaciones tributarias a su cargo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley 2294 de 19

2 En adelante la Sección Quinta. 3 En adelante DIAN.3

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de mayo de 20234, que adicionó el parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario.

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de mayo de 20234, que adicionó el parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario.

Indicó que la DIAN emitió respuestas o ficiales los días 17 de noviembre y 16 de diciembre de 2024 y 28 de enero de 2025 , a través de las cuales negó sin justificación legal válida la aplicación de la normativa transitoria del artículo 820 del Estatuto Tributario, razón por la cual se constituyó en renuencia a la entidad, previo a exigir el cumplimiento de la norma.

Señaló que, debido a lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control cumplimiento de normas con fuerza material de leyó de actos administrativos, el cual fue identificado con el número único de radicación 2025-00283-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER5 que, mediante sentencia de 25 de junio de 2025, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que los “ deberes legales o administrativos” susceptibles de ejecución por vía del precitado medio de control requieren un mandato perentorio, claro y directo y

4 “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022 - 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”. 5 En adelante el Tribunal.4

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la norma tiva jurídica contenida en el parágrafo transitorio 2 del

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la norma tiva jurídica contenida en el parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario plantea únicamente una facultad o ejercicio discrecional.

Adujo que el recurso de apelación contra la anterior decisión fue desatado por la SECCIÓN QUINTA que, en providencia de 31 de julio de 2025 , revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró improcedente el referido medio de control , al considerar que el debate propuesto por el actor ex cedía sus límites, toda vez que pretendía cuestionar la legalidad del proceso coactivo adelantado por la DIAN, cuyas decisiones gozan de presunción de legalidad y no es procedente desvirtuarlas a través de dicho medio de control.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, en el caso concreto, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental absoluto debido a que la competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, por lo que no estaba habilitado para revocar y declarar improcedente el medio de control cuestionado.5

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Sostuvo que la SECCIÓN QUINTA también incurrió en defecto material o sustantivo al señalar que el medio de control

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Sostuvo que la SECCIÓN QUINTA también incurrió en defecto material o sustantivo al señalar que el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho , pues con el de cumplimiento no se buscaba cuestionar ni anular las actuaciones del cobro, sino exigir la eficacia de una norma legal vigente y reglamentada por la DIAN, cuyo mandato obliga a la administración a depurar de sus sistemas contables deudas impagables.

Por último, aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la Constitución al negar la eficacia jurídica del parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO. TUTELAR, los derechos fundamentales de la accionante COMPAÑÍA HEG S.A.S., identificada con NIT. NIT 900.344.404-3, al debido proceso (congruencia, defensa y contradicción), acceso a la administración de justicia, petición, legalidad y buena administración, y supremacía constitucional.

SEGUNDO. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del 31 de julio de 2025, proferida por la

SECCIÓN QUINTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO6

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ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, por configurar defecto procedimental absoluto, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución. En su lugar, que se ordene a la Sala de Decisión del Consejo de Estado (Sala, Sección o Subsección que correspon da según reglamento) proferir sentencia sustitutiva dentro de un término razonable, con fundamento en los agravios de la apelación, con motivación suficiente y respeto del principio de congruencia.

TERCERO. En forma subsidiaria, ordenar a la SECCIÓN QUINTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO y/o U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, que responda la solicitud de cumplimiento de la norma con fuerza de ley demandada, dando aplicación a los criterios establecidos en el Memorando N° 000001 del 17 de mayo de 2024, con asunto: “Lineamientos para adelantar la declaratoria de la remisibilidad de obligaciones sin respaldo económico”, en garantía y respeto del debido proceso (congruencia, defensa y contradicción), acceso a la administración de justicia, petición, legalidad y buena administración, y supremacía constitucional […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL, tercero con interés directo en las resultas del proceso, luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso cuestionado, afirmó que como “inferior

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL, tercero con interés directo en las resultas del proceso, luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso cuestionado, afirmó que como “inferior jerárquico” se limitó a acatar lo ordenado por la SECCIÓN QUINTA.

Por lo anterior, solicitó declarar improcedente el amparo por cuanto no se ha n vulnerado los derechos fundamentales invocados y, además, ser desvinculado del presente trámite debido a que no profirió la sentencia judicial cuestionada.7

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I.5.2.- La DIAN, tercer o con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente el amparo invocado por falta del requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que no se cumple con la carga argumentativa necesaria para demostrar que se ha n vulnerado los derechos fundamentales invoc ados, por el contrario, se advierte que lo pretendido es usar la acción constitucional para cuestionar un asunto meramente legal y económico.

I.5.3. La SECCIÓN QUINTA solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el requisito general de la relevancia constitucional, por cuanto lo pretendido por el actor es convertir la solicitud de amparo en una tercera instancia con el fin de reabrir un debate netamente legal y económico que ya fue zanjado por el juez ordinario.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

convertir la solicitud de amparo en una tercera instancia con el fin de reabrir un debate netamente legal y económico que ya fue zanjado por el juez ordinario.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 20 de octubre de 2025, negó la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el TRIBUNAL y denegó la8

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solicitud de amparo de la referencia al considerar que la decisión cuestionada se encuentra debidamente motivada, responde a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y aplicó de forma coherente las reglas procesales sobre la procedencia de l medio de control de cumplimiento, tras efectuar una valoración legítima sobre la naturaleza de las pretensiones y la vía judicial correspondiente.

Señaló que : “[…] el Consejo de Estado indicó que, si bien lo pretendido era lograr el cumplimiento de una norma, lo cierto era que, en la práctica, se controvertía la validez y los efectos de los actos administrativos proferidos en el trámite de cobro coactivo, por lo cual no se trataba, exclusivamente, de un mandato legal incumplido, sino de una discusión que encajaba dentro de los cargos de legalidad propios del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó

de legalidad propios del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó revocarla y, en su lugar, acceder al amparo pretendido.

Manifestó que la autoridad judicial accionada sí incurrió en defecto9

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sustantivo, pues transformó una facultad legalmente condicionada a hechos objetivos, en una potestad con absoluta discrecionalidad, desconociendo lo dispuesto en el tenor literal del parágrafo transitorio 2 del citado artículo 820.

Sostuvo que: “[…] El Juez de tutela de primera instancia, luego de estudiar la acción, reconoció expresamente que se cumplían la totalidad de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, lo cual implica la existencia de una irregularidad que debe ser corregida. Sin embargo, en el posterior análisis de fondo, procedió a negar el amparo solicitado. La negación se basó principalmente en una valoración subjetiva del alcance de la norma, señalando que la facultad otorgada a la DIAN es discrecional y no obligatoria en los términos pretendidos por el accionante […]”.

Precisó que l a jurisprudencia de la Corte Constitucional establece claramente que el defecto sustantivo se configura cuando la providencia judicial incurre en un error en la aplicación o interpretación de las normas jurídicas , el cual debe ser de tal

Precisó que l a jurisprudencia de la Corte Constitucional establece claramente que el defecto sustantivo se configura cuando la providencia judicial incurre en un error en la aplicación o interpretación de las normas jurídicas , el cual debe ser de tal magnitud que resulte vulneratorio de los derechos fundamentales , como ocurrió en el presente caso que se inobservó la norma tiva10

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aplicable y vigente.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela11

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contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez12

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de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor13

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos14

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y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance

y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 31 de julio de 2025, proferida por la SECCIÓN QUINTA, por medio de la cual revocó la decisión del TRIBUNAL que había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró improcedente el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con el número único de radicación 202200177-01.

A la citada providencia se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva , a la defensa y al principio de contradicción, habida cuenta que, a juicio de la actora, incurrió en defecto procedimental absoluto debido a que la competencia del15

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juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos

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juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, por lo que no estaba habilitado para revocar y declarar improcedente el medio de control cuestionado.

Sostuvo que la SECCIÓN QUINTA también incurrió en defecto material o sustantivo al señalar que el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho, pues con el de cumplimiento no se buscaba cuestionar ni anular las actuaciones del cobro, sino exigir la eficacia de una norma legal vigente y reglamentada por la DIAN, cuyo mandato obliga a la administración a depurar de sus sistemas contables deudas impagables.

Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la Constitución al negar la eficacia jurídica del parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que denegó el amparo solicitado al considerar que, contrario a lo advertido por la actora , no se incurrió en los16

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defectos alegados , pues l a decisión cuestionada se encuentra debidamente motivada y aplicó en debida forma las reglas procesales sobre la procedencia del medio de control de cumplimiento.

defectos alegados , pues l a decisión cuestionada se encuentra debidamente motivada y aplicó en debida forma las reglas procesales sobre la procedencia del medio de control de cumplimiento.

La actora en su impugnación insistió en que la autoridad judicial accionada sí incurrió en los defectos invocados, debido a que no aplicó el tenor literal del parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario, por cuanto transformó una facultad legalmente condicionada a hechos objetivos, en una potestad con absoluta discrecionalidad.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN QUINTA vulneró los derechos deprecados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de17

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.18

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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10]. Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “Esta exigencia se deriva del requi