CE - Sentencia 11001031500020250552100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05521-00

Accionante: PROTEKTO S.A.S.

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declaración de caducidad del medio de control de reparación directa . Defecto fáctico. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la sociedad Protekto S.A.S., quien actúa a través de su representante legal, contra el Tribunal Administrativo Casanare.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de septiembre de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad , supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la sociedad

supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la sociedad Protekto CRA S.A.S. al proferir la sentencia de segunda instancia del 27 de febrero de 2025, dentro del proceso declarativo con radicado 2022 -00836, iniciado por aquella en contra del municipio de Yopal

2. En consecuencia, TUTELAR los derechos fundamentales de la sociedad Protekto CRA S.A.S., dejando sin efectos la aludida sentencia y todas las actuaciones posteriores a ella y, en consecuencia, ORDENAR al Juzgado accionado, que, en un término perentorio, una vez comunicada esta determinación, proceda a emitir nuevamente sentencia, aplicando para el efecto las previsiones expuestas en esta actuación”.

2. Hechos

2.1. De los hechos que motivaron la presentación del medio de control de reparación directa

Seguros Cóndor S.A. emitió la póliza de cumplimiento no. 891855017, cuyo propósito era garantizar el adecuado manejo del pago anticipado de los subsidios para vivienda de interés social financiados por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) en el municipio de Yopal. En ese contrato de seguro, el municipio de Yopal actuó como tomador de la póliza, mientras que el Inurbe fue el beneficiario. Durante el desarrollo del proceso, Inurbe reportó unRadicado: 11001-03-15-000-2025-05521-00

Accionante: Sociedad Protekto S.A.S

Inurbe fue el beneficiario. Durante el desarrollo del proceso, Inurbe reportó unRadicado: 11001-03-15-000-2025-05521-00

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2 siniestro debido al manejo incorrecto del anticipo por parte del municipio de Yopal, derivado del incumplimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda de interés social, lo que resultó en la activación de la póliza de cumplimiento emitida por Seguros Cóndor S.A.

En ese orden de ideas, Cóndor S.A., en su calidad de garante del cumplimiento por parte del municipio de Yopal en los proyectos de construcción mencionados anteriormente, así como de numerosos otros proyectos financiados por el I nurbe a nivel nacional, donde emitió pólizas que respaldaban las obligaciones de los oferentes, decidió proponer a dicha entidad la firma de un acuerdo general de pago, pues Cóndor S.A. se subrogaría en las obligaciones de los oferentes y, por lo tanto, indemnizaría al I nurbe, dando por terminados los proyectos respaldados por la aseguradora y compensando así los perjuicios ocasionados en esos proyectos.

En dicho acuerdo, se estableció que Cóndor S.A. indemnizaría los siniestros reportados por el I nurbe, incluyendo aquellos relacionados con el municipio de Yopal, mediante la subrogación de la obligación de finalizar dichas obras y la legalización de las viviendas construidas, todo ello financiado con recursos propios de la aseguradora. No obstante, al concluir el proceso de liquidación definitiva del

Yopal, mediante la subrogación de la obligación de finalizar dichas obras y la legalización de las viviendas construidas, todo ello financiado con recursos propios de la aseguradora. No obstante, al concluir el proceso de liquidación definitiva del Inurbe, Cóndor S.A. no pudo cumplir con lo establecido en el acuerdo, por lo tanto, el Consorcio PAR INURBE solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que iniciara un proceso de jurisdicción coactiva contra la aseguradora, debido al incumplimiento en el pago de las indemnizaciones correspondientes a los siniestros declarados. En el proceso de jurisdicción coactiva OAJ -001-2009, el 29 de octubre de 2009 se emitió un mandamiento de pago en contra de Cóndor S.A., fundamentado en el acuerdo general de pago de indemnizaciones suscrito el 17 de marzo de 2005. Posteriormente, el 5 de agosto de 2013, la Superintendencia Financiera ordenó la toma de posesión de Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales, lo que motivó al Ministerio de Vivienda a suspender el trámite del proceso de jurisdicción coactiva. Luego de evaluar la situación administrativa, financiera y contable de la compañía, la Superintendencia Financiera decretó su liquidación forzosa administrativa mediante la Resolución no. 2211 de 5 de diciembre de 2013. La reclamación del Ministerio de Vivienda fue aceptada por el agente liquidador de Cóndor S.A. mediante la Resolución no. 173 de 16 de marzo de 2015, en la cual se reconocieron las sumas derivadas de los siniestros incluidos en el acuerdo general

Cóndor S.A. mediante la Resolución no. 173 de 16 de marzo de 2015, en la cual se reconocieron las sumas derivadas de los siniestros incluidos en el acuerdo general de pago d e indemnizaciones suscrito entre el extinto Inurbe y Cóndor S.A. En cumplimiento de dicha resolución, Seguros Cóndor S.A. efectuó el 19 de junio de 2015 un pago a título de indemnización al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por un valor de $8.463.948.667, correspondiente al 70,96 % del crédito reclamado y reconocido a favor de la cartera ministerial.

En ese orden de ideas, dentro del pago realizado en el proceso de jurisdicción coactiva, se incluyó la indemnización correspondiente a los siniestros declarados por el municipio de Yopal, por un monto de $8.015.103,00 . Ahora bien, de conformidad con la declaración de Cóndor S.A. en liquidación, contenida en la escritura pública 1369 de 2016, se enajenaron y transfirieron a favor de la sociedad comercial CRA S.A.S. todos los derechos que poseía, o que pudiera llegar a tener, sobre la cartera relacionad a en e l Anexo 1 de dicho documento , pues dicha transferencia incluía las acciones de subrogación y de reembolso en los procesos en curso, así como todos los derechos legales, contractuales y procesales que correspondieran o pudieran corresponder a Seguros Cóndor S.A. en liquidación sobre dicha cartera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05521-00

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sobre dicha cartera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05521-00

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3 2.2. Del escrito de tutela

La parte actora relató que mediante acta de 10 de noviembre de 2021, la Asamblea de Accionistas de la sociedad CRA S.A.S., junto con la sociedad Protekto CRA S.A.S., aprobaron la fusión de ambas compañías, en la cual Protekto CRA S.A.S. absorbió a CRA S.A.S. Precisó que a través de registro de 7 de diciembre de la misma anualidad, se perfeccionó la fusión. Posteriormente, mencionó que el 5 de agosto de 2022, la sociedad Protekto CRA S.A.S., solicitó el reconocimiento de la sucesión procesal de la parte ejecutante, lo cual fue resuelt o de manera positiva mediante providencia de 9 de agosto de 2022.

Manifestó que el 23 de agosto de 2023, la sociedad Centro de Recuperación y Administración de Activos (CRA), en su calidad de cesionaria de la aseguradora Cóndor S.A., interpuso demanda contra el municipio de Yopal en ejercicio del medio de control de repa ración directa, en la que solicitó que se declarara la responsabilidad extracontractual, administrativa y patrimonial del ente territorial por los perjuicios derivados del pago de la indemnización que Seguros Cóndor S.A. efectuó a favor del Instituto Nacio nal de Vivienda de Interés Social y Reforma

responsabilidad extracontractual, administrativa y patrimonial del ente territorial por los perjuicios derivados del pago de la indemnización que Seguros Cóndor S.A. efectuó a favor del Instituto Nacio nal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), en cumplimiento de la póliza no. 891855017, suscrita entre el municipio de Yopal y Seguros Cóndor S.A. y agregó que dichos perjuicios eran imputables al municipio por su vinculación con los proyectos de vivienda de interés social objeto de la referida garantía.

Señaló que, como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara al municipio de Yopal al pago de la suma de $8.015.103, correspondiente al valor que Seguros Cóndor S.A. desembolsó a título de indemnización a favor del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe).

Indicó que mediante sentencia de 21 de noviembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal declaró probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por el municipio de Yopal, al considerar que el término de caducidad debió contarse a partir del momento en que el beneficiario de la póliza tuvo conocimiento del daño ocasionado, el cual correspondía a la expedición de la Resolución no. 2221 de 16 de noviembre de 2004, suscrita por el agente liquidador del I nurbe. Asimismo, precisó que de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, dicha Resolución quedó ejecutoriada en el mes de noviembre de 2004, fecha que coincidía tanto con la ocurrencia del hecho dañoso como con el conocimiento efectivo del daño, en la medida en que fue debidamente

allegado al expediente, dicha Resolución quedó ejecutoriada en el mes de noviembre de 2004, fecha que coincidía tanto con la ocurrencia del hecho dañoso como con el conocimiento efectivo del daño, en la medida en que fue debidamente notificada a la aseguradora. Por lo tanto, concluyó que existían razones suficientes para concluir que a partir de esa fecha comenzó a correr el término de caducidad del medio de control correspondiente.

Refirió que contra la anterior determinación, la sociedad demandante presentó recurso de apelación, al estimar que no resultaba procedente contabilizar el término de caducidad de la acción de recobro de seguros desde la ocurrencia misma del siniestro, pues hacerlo implicaba desconocer la naturaleza y finalidad de dicha acción, así como las prerrogativas que en su momen to tenía el beneficiario, derivadas de la solidaridad propia de esa figura, y las circunstancias materiales que explicaban la distancia tempo ral existente entre el hecho dañoso inicial y el pago efectivo de la indemnización.

Por último, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Casanare por medio de sentencia de 27 de febrero de 2025 confirmó la decisión, al considerar que el daño se configuró con la Resolución no. 2221 de 16 de noviembre de 2004, mediante la cual el I nurbe declaró el incumplimiento del municipio de Yopal, generando la obligación de hacer efectiva la póliza de seguro. En consecuencia, el término deRadicado: 11001-03-15-000-2025-05521-00

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4 caducidad corrió entre el 17 de noviembre de 2004 y el 17 de noviembre de 2006, aplicable también a Protekto CRA S.A.S. por subrogación, lo que permitía concluir que la demanda fue presentada de manera extemporánea.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con la relevancia constitucional indicó que “es necesario advertir que el presente asunto tiene un interés constitucional, pues estamos ante la flagrante violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la sociedad Protekto CRA S.A.S. por cuenta de una providencia judicial viciada por defectos fácticos y sustantivos y el desconocimiento arbitrario del precedente judicial de la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria en diferentes aspectos, por cuenta de una indebida interpretación de las relaciones jurídicas inmersas en el litigio del proceso declarativo 2017-00290, de la naturaleza y origen del derecho ejercitado y la fuente de la responsabilidad reclamada, lo cual repercutió en la errónea determinación del examen sobre la operancia o no de la prescripción de la acción de recobro de seguros que se quedó solo en el origen del derecho reivindicado, pero no se percató de los hechos posteriores que impedían contabilizar la prescripción solo con ese hito temporal”.

Agregó que resultaba evidente la relevancia constitucional del presente asunto, en

de los hechos posteriores que impedían contabilizar la prescripción solo con ese hito temporal”.

Agregó que resultaba evidente la relevancia constitucional del presente asunto, en la medida en que se buscaba evidenciar la fundamentación arbitraria e injustificada de la decisión impugnada, con el propósito de que se aplicaran correctamente los parámetros normativos que debieron orientar la resolución del conflicto sometido a la administración de justicia, no solo para evitar la vulneración de los derechos fundamentales, sino también para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración de justicia frente al indebido desconocimiento del precedente judicial establecido por la Corporación.

Mencionó que no existe otro medio de defensa judicial, pues la sentencia de 27 de febrero de 2025 , “al ser dictada en segunda instancia, no es susceptible del recurso de apelación, ni tampoco del recurso de reposición, ni mucho menos se configura causal alguna que permita la procedencia del recurso extraordinario de revisión ni la cuantía permitía presentar recurso de extraordinario de casación. Por lo cual se entiende superado el cumplimiento de este requisito”.

Respecto del requisito de inmediatez, la parte actora afirmó que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 27 de febrero de 2025, por lo tanto se encuentra dentro del término razonable.

Finalmente, precisó que se identificaron de manera clara los hechos y las razones generadoras de la vulneración de los derechos fundamentales.

Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que se configuró el defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En relación con los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial

Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que se configuró el defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En relación con los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial consideró que no podía afirmarse que la aseguradora hubiera dejado vencer el término de prescripción por negligencia, pues existieron múltiples circunstancias que justificaron el ejercicio tardío de la acción de recobro, pues la compañía optó por ejecutar directamente las obras amparadas por la póliza, lo que implicó que el perjuicio solo se concretara al finalizar la construcción. Además, precisó que el proceso fue afectado por controversias administrativas prolongadas, recursosRadicado: 11001-03-15-000-2025-05521-00

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5 legales y la intervención de la Superintendencia Financiera durante la liquidación de Seguros Cóndor, factores ajenos a su voluntad.

En consecuencia, precisó que no hubo omisión imputable a la aseguradora, sino un actuar ajustado a las condiciones legales y administrativas propias del contrato estatal de seguro, por lo que aplicar la prescripción resultaba injusto y contrario al precedente judicial.

Finalmente, expresó que “ pretender que la prescripción opere de manera automática, desconociendo las particularidades de este caso, constituye una decisión injusta, arbitraria y contraria al precedente judicial, pues no reconoce que la aseguradora se encontraba sujeta a circunstan cias que escapaban a su control.

automática, desconociendo las particularidades de este caso, constituye una decisión injusta, arbitraria y contraria al precedente judicial, pues no reconoce que la aseguradora se encontraba sujeta a circunstan cias que escapaban a su control. La lógica del recobro en materia de contratos de seguro estatales no puede asimilarse al ámbito de los seguros privados, dado que en aquellos la declaratoria del siniestro y la definición de su alca nce dependen exclusivamente de la entidad pública, y no de la voluntad de la aseguradora”.

4. Trámite procesal

Mediante auto de 12 de septiembre de 2025, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar a la parte actora y a la autoridad accionada -Tribunal Administrativo de Casanare-. Asimismo, al municipio de Yopal y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, como terceros interesados en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 132757 a 132761 del 16 de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Casanare

El magistrado ponente rindió informe en el que señaló que la sociedad accionante invocó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, “pero para justificar la relevancia constitucional de la acción, sostuvo que el Tribunal había desatendido la interpretación de la Corte Suprema de Justicia

invocó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, “pero para justificar la relevancia constitucional de la acción, sostuvo que el Tribunal había desatendido la interpretación de la Corte Suprema de Justicia sobre la prescripción de la acción de recobro de seguros, además de la solución de un conflicto suscitado ante la jurisdicción ordinaria, en el proceso 2017-00290”.

En ese orden de ideas, precisó que la simple indicación de normas jurídicas y de la configuración de un defecto fáctico no satisface el requisito de relevancia constitucional, toda vez que no se mencionó de qué manera los derechos fundamentales alegados se ven afectados con la decisión cuestionada, por el contrario, la parte actora busca revivir un debate que ya fue concluido ante el juez natural.

Explicó que el defecto fáctico como supuesto de indebida o ausente valoración probatoria requiere que quien lo alega demuestre cómo se incurrió en el yerro, qué prueba se dejó de valorar o se valoró indebidamente . No obstante, la parte actora manifestó que la aseguradora no actuó con negligencia al no ejercer la acción de recobro dentro del plazo de dos años, sino que lo hizo en un momento posterior debido a una serie de circunstancias justificadas. En ese sentido, precisó que la parte actora no hizo referencia a ningún medio de prueba que se hubiera propuesto

1 Índice 7 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05521-00

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6 dentro del trámite del medio de control de reparación directa, lo que descartó la ocurrencia de ese defecto.

Manifestó que “la sentencia cuestionada hizo un análisis de la acción de recobro, a la luz del artículo 1096 del Código de Comercio, así como de la interpretación de la Corte Suprema de Justicia en la materia; posteriormente, se pasó a un análisis de la posición del máxi mo órgano de esta jurisdicción, para encontrar posiciones disímiles, por lo que el Tribunal decantó por la que, en virtud del análisis del caso concreto y la autonomía judicial, decidió era el aplicable para el conteo del término de caducidad del medio de control”.

Finalmente, concluyó que la sociedad demandante pretende que por vía de la acción de la tutela se acceda a sus pretensiones litigiosas al haber sido vencida en el proceso ordinario, sin que ello configure una vulneración a los derechos fundamentales alegados. Y en ese sentido, solicitó que se negaran las pretensiones del amparo solicitado.

5.2. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal

El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, ni las causales de procedencia específicas del mecanismo constitucional contra providencias judiciales.

Manifestó que en el amparo pretendido “ se vislumbra que la única intención de la

constitucional, ni las causales de procedencia específicas del mecanismo constitucional contra providencias judiciales.

Manifestó que en el amparo pretendido “ se vislumbra que la única intención de la parte accionante es crear una instancia adicional que deje sin efectos la providencia estudiada por el Tribunal Administrativo de Casanare, imponiéndole la carga de estudiar nuevamente y con criterios de interpreta ción diferentes la providencia atacada, por cuanto busca se de aplicación a criterios jurisprudenciales distintos a los aplicados tanto en primera como segunda instancia”.

Precisó que el descontento manifestado por la entidad demandante refleja su intención de prolongar, a través de la vía constitucional, un debate que ya ha sido concluido con el objetivo de obtener a toda costa una decisión favorable a su postura sobre el conflicto. Asimismo, advirtió que las conclusiones del juzgado y del tribunal no se tornaron irracionales, absurdas o arbitrarias que justifiquen un estudio de fondo y una interpretación de los hechos, las normas y la jurisprudencia correspondientes al proc eso de control de validez. En definitiva, explicó que la acción de tutela no podía ser utilizada como un mecanismo para revisar o corregir decisiones judiciales en un proceso ordinario.

Finalmente, concluyó que “respecto al defecto fáctico: indebida identificación de la obligación subrogada, su naturaleza y las circunstancias posteriores a su nacimiento que interrumpieron la prescripción de la acción de ella emanada, aducido por la parte accionante, es preciso indicar que PROTEKTO SAS, contó con los momentos procesales pertinentes para dar a conocer dichas circunstancias las cuales ya

que interrumpieron la prescripción de la acción de ella emanada, aducido por la parte accionante, es preciso indicar que PROTEKTO SAS, contó con los momentos procesales pertinentes para dar a conocer dichas circunstancias las cuales ya fueron analizadas en debida forma tanto por el ad quo como el ad quem en cada una de las etapas procesales , razón por la cual se adoptó tanto en primera como segunda instancia la declaratoria de la caducidad del medio de control”.

5.3. Respuesta del municipio de Yopal

El apoderado del municipio rindió informe en el que precisó que por parte del ente territorial no se habían vulnerado los derechos fundamentales de la sociedad accionante, pues lo que pretende es que por vía de acción constitucional “reactivar termino o intentar remediar falencias, frente a las oportunidades procesales con lasRadicado: 11001-03-15-000-2025-05521-00

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7 que contaba para controvertir las decisiones en los términos procesales que establece la ley. No es la acción de tutela una tercera instancia a la que se puede recurrir cuando no hicieron uso de los recursos o términos ordinarios o haciendo uso de ellos las decisiones salieron desfavorables”.

Manifestó que la acción de tutela era improcedente, toda vez que la parte actora pretende utilizarla como una tercera instancia para reabrir un proceso que ya fue resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, precisó

Manifestó que la acción de tutela era improcedente, toda vez que la parte actora pretende utilizarla como una tercera instancia para reabrir un proceso que ya fue resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, precisó que la tutela contra providencias judiciales es un mecanismo de carácter excepcional que únicamente es válid a cuando no existe otro medio judicial eficaz para la protección de los derechos fundamentales.

Finalmente, concluyó la parte accionante “ no acreditó dicha situación; por el contrario, lo que se evidencia es una inconformidad frente a la interpretación jurídica que realizaron los jueces naturales del proceso, lo cual no constituye en sí mismo una violación de derechos fundamentales. Recalcando que la acción constitucional resulta improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, ya que no se trata de un caso que requiera una intervención urgente ni de un daño irremediable que justifique la activación directa e inmediata del amparo constitucional”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si la sentencia de 27 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare mediante el cual se confirmó la decisión de 21

conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si la sentencia de 27 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare mediante el cual se confirmó la decisión de 21 de noviembre de 2024 emitido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, a través del cual se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa dentro del proceso con radicado no. 85001-33-33-0022017-00290-01 incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales de la sociedad accionante, al configurarse un defecto fáctico.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 2005 3, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05521-00

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8 amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos