CE - Sentencia 11001031500020250552701 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: Accionante:

Accionados:

Medio de control: Tema: Decisión: 11001 03 15 000 2025 05527 01

Noris Pérez Criado Tribunal Administrativo del Cesar y Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar Acción de tutela Acción de tutela contra providencia judicial Revoca el fallo de primera instancia que negó el amparo y, en su lugar, declara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 25 septiembre de 2025 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Noris Pérez Criado, actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo de Cesar, con el fin que se amparen sus derechos fundamentales

La señora Noris Pérez Criado, actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo de Cesar, con el fin que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERA.- DECLARAR que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar y el Honorable Tribunal Administrativo del Cesar al proferir las Sentencias de Primera Instancia del 02 de diciembre de 2024 y de Segunda Instancia del 27 de febrero de 2025, vulneraron a la señora NORIS PÉREZ CRIADO los derechos fundamentales a la igualdad frente a la aplicación de la jurisprudencia relacionada con la inclusión de los factores salariales sobre los que se realizaron aportes dentro del IBL de la pensión de invalidez, el debido proceso judicial, el acceso efectivo a la administración de justicia, el derecho a la seguridad social y demás derechos constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan la acción.

SEGUNDA. - En consecuencia, DECLARAR que las Sentencias de Primera y Segundo Grado proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05527 01

Accionante: Noris Pérez Criado

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

2

Accionante: Noris Pérez Criado

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Valledupar y el Honorable Tribunal Administrativo de Cesar, carecen de efectos legales.

TERCERA.- En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial tutelada para que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar Sentencia de Segundo Grado fundamentada en la normatividad vigente, valorando las pruebas aportadas y la línea jurisprudencial contenida, especial mente, en la Sentencia Unificada del 25 de abril del 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y las providencias señaladas en los fundamentos de la acción constitucional, que sostienen que en las liquidacio nes de las pensiones de invalidez de los docentes del sector oficial deben tenerse en cuenta los factores salariales sobre los que se realizaron aportes.

CUARTA.- Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la entidad accionada proferir Sentencia a través de la cual se declare la nulidad del Acto Administrativo demandado y, en virtud de ello, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de la docente a partir del 01 de julio de 2020, en cuantía equivalente al 100% del IBL conformado por todos los factores salariales es decir, asignación básica, bonificación pedagógica, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y bonificación mensual devengados en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez . (Negrillas y subrayados originales del escrito de

básica, bonificación pedagógica, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y bonificación mensual devengados en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez . (Negrillas y subrayados originales del escrito de tutela.)

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que se desempeñó como docente adscrita a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar desde el 5 de mayo de 1995 hasta el 30 de junio de 2020 y que, mediante dictamen de pérdida de capacidad laboral del 14 de noviembre de 2019, se le calificó con una pérdida del 99% por enfermedad de origen laboral.

Relató que, mediante la Resolución nro. 002970 del 29 de mayo de 2020 , la Secretaría de Educación Departamental de Cesar la retiró del servicio oficial docente en virtud de su de su enfermedad y de la existencia del dictamen de pérdida de capacidad laboral.

Manifestó que, mediante la Resolución nro. 003080 del 4 de junio de 2020, la Secretaría de Educación Departamental de Cesar , en representación del Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) , le reconoció la pensión de invalidez “en cuantía del 100% del (sic) del IBL, para efectos de lo cual solo se tuvo en cuenta la asignación básica como único factor salarial, mesada efectiva a partir del 01 de julio de 2020”2.

Señaló que “al examinar la constancia de salarios de su último año de servicios de la señora NORIS PÉREZ CRIADO, claramente se puede observar que además de la

efectiva a partir del 01 de julio de 2020”2.

Señaló que “al examinar la constancia de salarios de su último año de servicios de la señora NORIS PÉREZ CRIADO, claramente se puede observar que además de la asignación básica, la docente percibía otro tipo de ingresos que constituyen salarios, tales como: Bonificación Mensual Docente, Bonificación Pedagógica, Prima de Navidad, Prima de Servicios y Prima de Vacaciones Docentes”3.

Indicó que, en virtud de lo anterior y que su pensión fue reconocida conforme los Decretos Leyes 3135 de 1968 y 1848 de 1969 , presentó demanda de nulidad y restablecimiento

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00. 3 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05527 01

Accionante: Noris Pérez Criado

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

del derecho tendiente a obtener la nulidad parcial del acto administrativo que le reconoció la pensión y lograr, a título de restablecimiento del derecho, que su pensión fuera ajustada con base a lo establecido en el Decreto 1045 de 1978 incluyendo, además, en el índice base de liquidación, los demás factores salariales que había percibido.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de

base de liquidación, los demás factores salariales que había percibido.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar que, en sentencia del 2 de diciembre de 2024 negó las pretensiones.

Inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 27 de febrero de 2025, notificada el 4 de marzo de 2025, la revocó y en su lugar accedió a las pretensiones declarando la nulidad parcial del acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reliquidar y pagar la pensión de invalidez en un monto del 1 00% sobre el ingreso base de liquidación determinado por los factores que fueron tenidos en cuenta por al entidad demandada , adicionando la bonificación mensual docente , con efectos fiscales a partir del 1 de julio de 2020.

En el acápite del escrito de tutela denominado “ PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA”, aseguró que la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de acción de tutela contra providencia judicial, comoquiera que:

La cuestión tiene relevancia constitucional, en la medida en que los derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, debido proceso, seguridad social y acceso efectivo a la administración de justicia de un docente oficial están siendo vulnerados por los accionados, teniendo en cuenta que, en primera medida, el Juzgado Tercero Administrativo del circuito de Valledupar, denegó las pretensiones de la demanda y, en segunda instancia, el Tribunal

oficial están siendo vulnerados por los accionados, teniendo en cuenta que, en primera medida, el Juzgado Tercero Administrativo del circuito de Valledupar, denegó las pretensiones de la demanda y, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó re liquidar la pensión de invalidez únicamente con la inclusión de la asignación básica y la bonificación mensual, omitiendo que la norma a aplicar contempla como factores a tener en cuenta para este tipo de prestación no solo los antes referenciados sino también la Bonificación Pedagógica, Prima de Navidad, Prima de Servicios y Prima de Vacaciones Docentes, ignorando la protección consagrada en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política y omitiendo la correcta aplicación de las normas correspondientes a los factores salariales a tener en cuenta para efectos del reconocimiento de las pensiones del trabajador, contrariando a la vez postulados mínimos de razonabilidad jurídica.

Agregó que también cumple con el requisito de subsidiariedad porque agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance y de inmediatez porque la sentencia de segunda instancia acusada se notificó el 4 de marzo de 2025 y la acción de tutela s e radicó el 4 de septiembre de 2025.

Anotó que:

Queda claro que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesaren las providencias de primera y segunda instancia, vulneraron la norma procedimental al no valorar los sucesos fácticos y probatorios propuestos en la deman da, violando con ellos los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de

instancia, vulneraron la norma procedimental al no valorar los sucesos fácticos y probatorios propuestos en la deman da, violando con ellos los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, derechos adquiridos con justo título y seguridad social.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05527 01

Accionante: Noris Pérez Criado

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En cuanto a los requisitos específicos, alegó que las providencias atacadas incurrieron en defecto sustantivo , violación directa de la constitución y desconocimiento del precedente.

Frente al derecho sustantivo expuso que “en el presente caso se configuró (…) debido a que la autoridad judicial accionada aplicó de forma equivocada lo establecido en el Decreto 3135 de 1968 en concordancia con el 1848 de 1969 y 1045 de 1978, desconociendo la inclusión de la Bonificación Pedagógica, Prima de Navidad, Prima de Servicios y Prima de Vacaciones Docentes”4.

Sostuvo que:

[…] la “ Bonificación pedagógica” devengada por la docente, constituye base de cotización y debe ser incluida en la liquidación, en razón a que, fue creada por el Decreto 2354 del 19 de diciembre de 2018 que dispone que se reconoce al docente o directivo docente qu e haya laborado un año continuo de servicios efectivamente prestado y se paga una sola vez al año en porcentajes del 6%, 11%,

Decreto 2354 del 19 de diciembre de 2018 que dispone que se reconoce al docente o directivo docente qu e haya laborado un año continuo de servicios efectivamente prestado y se paga una sola vez al año en porcentajes del 6%, 11%, y 15% sobre la asignación básica, dependiendo de la fecha de causación de la bonificación y “constituye factor salarial para todos los efectos legales […].

Aclaró que:

[…] si bien es cierto no se desconoce la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-014-CE-S2-2019 del veinticinco (25 de abril de dos mil diecinueve (2019), es preciso aclarar que el fallo mencionado solo se ocupó de la liquidación de las pensiones d e jubilación y vejez de los docentes oficiales vinculados pertenecientes al régimen de excepción del Magisterio, pero nada dijo respecto a la forma de liquidación de la pensión de invalidez de la que son beneficiarios los mismos funcionarios, con lo cual quedaría incólume las sentencias y las tesis que al respecto ya manejaba el honorable Tribunal para la resolución de este tipo de casos.

Resulta pertinente mencionar que, en sentencias de fecha 08 de marzo de 2021 Radicado No 11001 -03-15-000-2020-05040-01, 17 de noviembre de 2021 Radicado No 11001 -03-15-0002021-03752-01 y 29 de julio de 2022 Radicado 11001-03-15-000-2022-02399-01 la Secci ón Segunda del Consejo de Estado señaló cuales eran los factores salariales para determinar los ingresos base de liquidación de la pensión de invalidez […].

Arguyó que:

señaló cuales eran los factores salariales para determinar los ingresos base de liquidación de la pensión de invalidez […].

Arguyó que:

[…] teniendo en cuenta que la prestación reclamada es un REAJUSTE DE UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA DOCENTES DEBIDAMENTE AFILIADOS AL MAGISTERIO, se concluye que el único régimen que resulta aplicable es el instituido en el inciso 3 del artículo 81 de la Ley 812 del 2003 y el Decreto 1848 de 1969, en concordancia con el decreto 1045 de 1978 normas de las que se concluye en (sic) la mesada pensional de la señora NORIS PÉREZ CRIADO debe liquidarse con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios o fecha de estructuración de la invalidez, sin importar si sobre ellos se hicieron o no aportes para pensión, es decir, ASIGNACIÓN

BÁSICA, BONIFICACIÓN PEDAGÓGICA, BONIFICACIÓN MENSUAL, PRIMA

DE NAVIDAD, PRIMA DE SERVICIOS Y PRIMA DE VACACIONES DOCENTES

[…].

4 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05527 01

Accionante: Noris Pérez Criado

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 4 de septiembre de 20255 y correspondió por reparto a la

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 4 de septiembre de 20255 y correspondió por reparto a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que por auto del 5 de septiembre de 20256 la admitió y dispuso notificar7 al Tribunal Administrativo del Cesar y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar , como parte accionada; así como vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y todos los demás vinculados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar, para que allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 20001 33 33 003 2021 00007 00/01, el cual fue remitido8.

3.2. La titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar rindió informe9 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Expuso que a la accionante no se le han trasgredidos los derechos fundamentales invocados, comoquiera que en el proceso ordinario objeto de debate se le respetaron y salvaguardaron todas las etapas y actuaciones correspondientes en los términos regulados en el CPACA.

Resaltó que la sentencia de primera instancia adoptada por el despacho a su cargo fue objeto de control judicial por vía de recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo

regulados en el CPACA.

Resaltó que la sentencia de primera instancia adoptada por el despacho a su cargo fue objeto de control judicial por vía de recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del Cesar, por lo que “no le asiste razón a la accionante al alegar vulneración del debido proceso, al libre acceso a la administración de justicia y a la doble instancia”.

3.3. La profesional universitaria de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional allegó escrito10 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se desvincule a dicha entidad del presente trámite tutelar.

Manifestó que “ el Ministerio de Educación Nacional no tiene competencia directa ni injerencia en las decisiones judiciales adoptadas por los despachos judiciales accionados”.

Señaló “el debate planteado por la señora Noris Pérez Criado se refiere a la reliquidación de su pensión de invalidez como docente, con inclusión de determinados factores

5 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00. 6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00. 7 Esta orden se cumplió el 9 de septiembre de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00. 8 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00. 8 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00. 9 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00. 10 Visto en l os índices 11, 13, 14 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05527 01

Accionante: Noris Pérez Criado

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

salariales (…), asunto que fue objeto de un proceso (…) en primera (…) y en segunda instancia (…)”.

3.4. El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe11 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se niegue el amparo deprecado.

Indicó que la accionante no agotó el procedimiento previsto en el artículo 261 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021, el cual regula el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

1437 de 2011, modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021, el cual regula el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Aseveró que “ la decisión del 27 de febrero del 2025 fue orientada en atención a los preceptos legales y jurisprudencia[les] contenidos en la parte motiva de la decisión”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado , en sentencia del 25 de septiembre de 202512, negó la desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional y negó las pretensiones de la solicitud de amparo al considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados , comoquiera que “ analizó detalladamente el Decreto 3135 de 1968, en concordancia con los Decretos 1848 de 1969 1045 de 1978 y 2354 de 2048, a fin de resolver la controversia planteada por la señora Noris Pérez Criado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”.

Para ello, inicialmente expuso que se cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y frente a la relevancia constitucional adujo que se satisface dicho requisito debido a que el asunto en cuestión “ se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de la presunta incursión de la autoridad judicial accionada en el defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial”.

Posteriormente descendió a analizar los mencionados defectos y sobre el sustantivo explicó que no se configur a debido a que: “ la autoridad judicial accionada realizó un

del precedente judicial”.

Posteriormente descendió a analizar los mencionados defectos y sobre el sustantivo explicó que no se configur a debido a que: “ la autoridad judicial accionada realizó un análisis adecuado de las disposiciones legales que rigen la pensión de invalidez de los empleados oficiales vinculados al servicio educativo con anterioridad al 27 de junio de 2003, y en particular, sobre los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación de dicha prestación”.

A su turno, en cuanto al desconocimiento del precedente anotó que tampoco se configura porque las sentencias citadas en el escrito de tutela analizaron circunstancias fácticas distintas a las planteadas por la accionante.

Finalmente arguyó que “la ahora autoridad judicial accionada aseguró que para realizar la liquidación de la pensión de invalidez debe atenderse a los factores salariales dispuestos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, de modo que no se desconoció la normatividad aplicable al caso concreto ni tampoco se adoptó una decisión judicial

11 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00. 12 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05527 01

Accionante: Noris Pérez Criado

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

7

03 15 000 2025 05527 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05527 01

Accionante: Noris Pérez Criado

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

adversa a las sentencias proferidas el 17 de septiembre de 2021 y 29 de julio de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado”.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó13 manifestando lo siguiente:

• CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO SUSTANTIVO

(…)

Si bien acierta el despacho en la explicación que hace sobre lo dicho por el honorable Consejo de Estado en su Sentencia de Unificación de fecha 28 de agosto de 2018, se comete un grave error al tomar como referencia un fallo de unificación que fue dictado con el fin de regular el reconocimiento de las pensiones de vejez de los funcionarios públicos beneficiarios del régimen de transición de la ley 100 de 1993, tema que resulta ser totalmente ajeno al régimen prestacional de los docentes del magisterio.

Ahora bien en gracia de discusión si lo que se quisiera es hacer mención a la sentencia de unificación que reguló lo relacionado con las pensión de jubilación de los docentes del magisterio, entonces debía haberse hecho referencia a la Sentencia SUJ -014 -CE-S2 -2019 del veinticinco (25) de abril de dos mil

sentencia de unificación que reguló lo relacionado con las pensión de jubilación de los docentes del magisterio, entonces debía haberse hecho referencia a la Sentencia SUJ -014 -CE-S2 -2019 del veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), pero incluso en ese hipotético caso también se hubiese incurrido en un grave error, pues como ya se advirtió en el presente caso estamos frente al reconocimiento de una PENSIÓN DE INVALIDEZ, tema que no fue objeto de discusión en ninguna de las mencionadas providencias.

Así las cosas, se reitera que en el caso de mi mandante sí se incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que se interpretaron y aplicaron de forma incorrecta disposiciones que regían otros tipos de prestaciones diferentes a aquella que le fue reconocida a la señora NORIS PÉREZ CRIADO, hecho con el que se vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social e igualdad ante la ley.

(…)

En este caso, el Tribunal Administrativo de Cesar, no realizó una interpretación sistemática de la norma, en tanto omitió aplicar los Decretos:

Decreto 1045 de 1978: factores salariales. Decreto 2354 de 2018: bonificación pedagógica como factor salarial.

Por el contrario, en cuanto a la integración del IBL de la pensión de invalidez de la señora NORIS PÉREZ CRIADO , el Tribunal consideró únicamente el Decreto 2354 del 19 de diciembre de 2018 para efectos de la liquidación, de donde se desprende que sólo la asignación básica y la bonificación mensual ingresaría como factor salarial a tener en cuenta para tal fin.

(…)

2354 del 19 de diciembre de 2018 para efectos de la liquidación, de donde se desprende que sólo la asignación básica y la bonificación mensual ingresaría como factor salarial a tener en cuenta para tal fin.

(…)

13 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05527 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05527 01

Accionante: Noris Pérez Criado

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La frase "Donde el legislador no distingue, no le es dado hacerlo al intérprete" cobra relevancia en este caso, pues tal y como se desprende de la lectura del Decreto Ley 1045 de 1978, la inclusión de los factores Prima de Navidad, Prima de Servicios y Prima de Vacaciones Docentes, no es opcional pues el legislador dejó en claro su carácter de factor salarial, mismo que no puede ser desconocido por la autoridad judicial, mucho menos con base a una Sentencia de Unificación que no trató en lo absoluto el régimen pensional de los docentes del magisterio.

(…)

Por lo anterior, se encuentra que el Tribunal Administrativo de Cesar realizó una interpretación restrictiva de la norma y no sistemática, en tanto omitió aplicar los Decretos que crearon las asignaciones adicionales para los docentes, dentro de los que se encuentran los BONIFICACIÓN PEDAGOGICA (sic), PRIMA DE

interpretación restrictiva de la norma y no sistemática, en tanto omitió aplicar los Decretos que crearon las asignaciones adicionales para los docentes, dentro de los que se encuentran los BONIFICACIÓN PEDAGOGICA (sic), PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES DOCENTES y sobre los que se debían REALIZAN (sic) APORTES, y en caso de que tal descuento hubiese sido omitido tal situación no puede devenir en el desconocimiento de los derechos prestacionales de la accionante, ya que tal conclusión significaría la imposición de las consecuencias negativas del empleador sobre su trabajador.

(…)

• DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En este punto, también es importante recordar los fundamentos expuestos dentro de los alegatos de conclusión y recurso de apelación presentados ante los jueces, mismos que fueron desconocidos sin mayor reparo, esto a pesar de que los fallos allí citados co rrespondían a casos con características altamente similares a aquellas que rodean el presente caso.

(…)

IV. CONCLUSIONES

(…)

Se configura un defecto sustantivo por la omisión de aplicar Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, que determinan los factores salariales válidos para el cálculo de la pensión.

Se configura desconocimiento del precedente al ignorar las sentencias que ratifican la inclusión de dichos factores.

Todo lo anterior permite concluir que la sentencia de Segunda Instancia afecta gravemente los derechos fundamentales del actor, es decir, la igualdad ante la Ley, el debido proceso, la seguridad social, el acceso a la administración de

ratifican la inclusión de dichos factores.

Todo lo anterior permite concluir que la sentencia de Segunda Instancia afecta gravemente los derechos fundamentales del actor, es decir, la igualdad ante la Ley, el debido proceso, la seguridad social, el acceso a la administración de justicia y lo consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de impugnación).Radicado: 11001 03 15 000 2025 05527 01

Accionante: Noris Pérez Criado

Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y Otro

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5.2. Por auto proferido el 15 de octubre de 2025 se concedió la impugnación14 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 28 de octubre de 202515.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 16, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201517, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202118, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201919, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por

con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201919, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena de