CE - Sentencia 11001031500020250553000 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05530-00

Demandante: Cielito Betancourt Bacca

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05530-00

Demandante: CIELITO BETANCOURT BACCA

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se reúnen los requisitos generales de procedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende utilizar la tutela como instancia adicional del proceso disciplinario de origen.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la abogada Cielito Betancourt Bacca contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 3 de septiembre de 20251, la señora Cielito Betancourt Bacca interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 3 de septiembre de 20251, la señora Cielito Betancourt Bacca interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso , con ocasión de la sentencia del 6 de agosto de 2025, dictada dentro del proceso disciplinario con radicado 50001-2502-000-2023-0052401. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

Primero. DECLARAR que a la suscrita CIELITO BETANCOURT BACCA me fueron vulnerados los derechos fundamentales y principios constitucional a que se hace referencia en capítulo anterior, con las decisiones de primera y segunda instancia dictadas en el juicio disciplinario.

Segundo. DECLARAR que no existe prueba plena contundente, irrefutable de haber incurrido la suscrita abogada CIELITO BETANCOURT BACCA en alguna falta disciplinaria que ameritara la sanción impuesta.

1 Se advierte que el 26 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05530-00

Demandante: Cielito Betancourt Bacca

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Tercero. ORDENAR que la COMISIÓN DE DISCIPLINA SECCIONAL DEL META y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL dejen sin efecto

www.consejodeestado.gov.co 2 Tercero. ORDENAR que la COMISIÓN DE DISCIPLINA SECCIONAL DEL META y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL dejen sin efecto sus providencias en las que se me impone la sanción de CENSURA.

Cuarto. ORDENAR al JUZGADO 7° CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, para que revoque asimismo el auto que dispuso la terminación del proceso por desistimiento tácito, en virtud de que el requerimiento había perdido su eficacia por las razones que se indicaron.

Quinto. ADOPTAR las demás decisiones que se estimen pertinentes para salvaguardar mis derechos de naturaleza fundamental y que se hagan las publicaciones del caso para el cumplimiento del fallo de tutela.

2. De la demanda de tutela y de sus anexos , la Sala extrae los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El señor Rubirio Becerra Hidalgo formuló queja disciplinaria contra la abogada Cielito Betancourt Bacca , dado que esta abandonó el proceso de declaración de pertenencia2 que le fue encomendado a través de poder especial, pese a que se le entregó documentos y pactó honorarios profesionales por una suma equivalente a «$3.000.000, de los cuales abonó $1.500.000, el 8 de abril de 2015 y $500.000, el 30 de enero de 2016».

4. Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta sancionó «con censura» a la abogada Betancourt Bacca,

30 de enero de 2016».

4. Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta sancionó «con censura» a la abogada Betancourt Bacca, por haber incurrido en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 20073, a título de culpa, en desconocimiento del deber consagrado en el numeral 10 del artículo 28 ibidem4.

5. En sentencia del 6 de agosto de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión , dado que se probó que la referida profesional del derecho abandonó el proceso de pertenencia desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2022, fecha en la que se terminó el proceso por desistimiento tácito, sin justificación alguna5.

6. A juicio de l accionante, la providencia cuestionada realizó un análisis «abiertamente ilegal» , por cuanto no tuvo en cuenta que, dada la naturaleza del proceso de pertenencia «de mínima cuantía» , el señor Becerra Hidalgo —el allí

2 Conviene precisar que era una demanda de pertenencia por prescripción ordinaria sobre un bien inmueble ubicado en el municipio de Villavicencio. 3 Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

4 Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los

4 Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servic ios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo. 5 Conviene precisar que la autoridad judicial en mención atendió cada una de las justificaciones que presentó la abogada para evitar ser sancionada, cuya conclusión fue la misma del a quo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05530-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 quejoso— pudo haber asumido la carga procesal impuesta en el auto del 9 de marzo de 20206, sin necesidad de algún profesional del derecho, pues, de hecho, para que se culminara el proceso, él debía «entregar el oficio a la Notaría de Cáqueza, y que no admitieron recibirlo por vía digital hasta tanto el interesado pagara los derechos notariales que exigían» y, con posterioridad, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio dictar la respectiva sentencia, por lo que la falta de diligencia no le era atribuible, máxime cuando se pactó que el quejoso «se comprometía a [cumplir con] todas las órdenes del juzgado».

7. Reprochó que las pruebas decretadas de oficio en el auto del 9 de marzo de

atribuible, máxime cuando se pactó que el quejoso «se comprometía a [cumplir con] todas las órdenes del juzgado».

7. Reprochó que las pruebas decretadas de oficio en el auto del 9 de marzo de 2020 7 son contrarias a los artículos 1688 y 1699 del Código General del Proceso, por cuanto no eran necesarias y su móvil no era esclarecer el asunto en cuestión.

8. Adujo que la autoridad judicial desconoció los principios de presunción de inocencia, de buena fe y de favorabilidad, en tanto «no existió culpa, menos aun dolo en mi proceder como apoderada, sin haberse considerado que tanto en la primera, como en la segunda instancia las conclusiones eran meramente subjetivas».

9. Asimismo, se transgredió su derecho fundamental al debido proceso, porque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se pronunció sobre las pruebas solicitadas en su momento (no identificó cuáles).

10. Afirmó que, en auto del 28 de febrero de 2022, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio decretó la terminación del referido proceso de pertenencia por desistimiento tácito, según ella, porque el quejoso no allegó l as pruebas requeridas en el auto del 9 de marzo de 2020 , decisión reprochable pues la autoridad judicial pudo haber adoptado otro mecanismo para conocer aquellos documentos y así evitar la terminación del proceso.

11. El Juzgado incurrió en el defecto de exceso ritual manifiesto e incurrió en mora judicial injustificada, al exigirle al quejoso pruebas «inoficiosas», que no

documentos y así evitar la terminación del proceso.

11. El Juzgado incurrió en el defecto de exceso ritual manifiesto e incurrió en mora judicial injustificada, al exigirle al quejoso pruebas «inoficiosas», que no incidían en el asunto en cuestión, aspecto que produjo el malestar del quejoso, que,

6 «PRIMERO: Obtener como PRUEBA DOCUMENTAL DE OFICIO, FOTOCOPIAS AUTENTICAS de las siguientes escrituras públicas, relacionadas con la EXTENSION del predio de mayor extensión, denominado el RECREO: (…)

QUINTO: Se requiere al demandante RUBIRIO BECERRA HIDALGO, para que directamente o por intermedio de su apoderada judicial de manera INMEDIATA, INFORME a este despacho cuál de las cuarenta y cuatro (44) compraventas de derechos de cuota, que aparecen regis tradas en el certificado de libertad y tradición No. 230 -9327 (fol. 5 a 10, C.1), recae sobre el predio pretenso en usucapión». 7 Según lo entiende el Despacho, el accionante se refiere a unas «escrituras de los años 1947, 1979,1985 o 1996». 8 Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. 9 Artículo 169. Prueba de oficio ya petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos será

petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05530-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 entre otras, él «podía asumir en cualquier momento su defensa por tratarse de un asunto de mínima cuantía y desplazar al apoderado que tuviese».

12. Se transgredió su derecho fundamental a la igualdad, porque:

[N]o se trata con el mismo rasero al quejoso Rufirio Becerra Hidalgo, por su mala fe, culpa y dolo, así como su reticencia a diligenciar los oficios, como tampoco al juez Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, quien incurrió en excesivo ritual manifiest o, por ordenar pruebas inconducentes, impertinentes y superfluas, así como por mora judicial injustificada no decidió ese juicio.

13. Sostuvo que l as autoridades judiciales accionadas n o realizaron un análisis serio del acervo probatorio obrante en el expediente disciplinario, lo cual conllevó a que se decidiera su caso de manera «subjetiva». A su juicio, también el Juzgado desconoció el principio de legalidad al dilatar el proceso de pertenencia y no dictar prontamente el fallo, situación que no fue analizada por las autoridades disciplinarias.

que se decidiera su caso de manera «subjetiva». A su juicio, también el Juzgado desconoció el principio de legalidad al dilatar el proceso de pertenencia y no dictar prontamente el fallo, situación que no fue analizada por las autoridades disciplinarias.

14. Finalmente, afirmó que se le transgredió su derecho fundamental al debido proceso al imponerle una sanción, sin tener en cuenta que el Juzgado omitió su deber de utilizar otros instrumentos jurídicos para conocer de las escrituras públicas que pidió en el auto del 9 de marzo de 2020.

B. Trámite impartido e intervenciones

15. Mediante auto de 15 de septiembre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, como parte accionada, y al señor Rubirio becerra Hidalgo y a la titular del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, como terceros con interés. También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

16. El Juzgado Sé ptimo Civil Municipal de Villavicencio pidió que se denegaran las súplicas de la demanda al considerar que la parte accionante p udo haber utilizado el recurso de reposición para cuestionar las actuaciones adelantadas en el proceso de pertenencia en mención; sin embargo, no interpuso recurso alguno y, por ende, se presumió que ella «aceptó las razones dadas en cada providencia».

17. Sostuvo que, dado que el quejoso promovió el proceso de pertenencia a través de apoderado judicial, la abogada Betancourt Bacca debía acompañarlo

17. Sostuvo que, dado que el quejoso promovió el proceso de pertenencia a través de apoderado judicial, la abogada Betancourt Bacca debía acompañarlo durante las diligencias procesales, entre ellas, las requeridas en la providencia del 9 de marzo de 2020.

18. Concluyó que no transgredió los derechos fundamentales al debido proceso de la accionante, pues el incumplimiento de las órdenes impartidas en la providencia del 9 de marzo de 2020 produjo que, dos años después, se dictara el auto del 28 de febrero de 2022, en el que se culminó el proceso por desistimiento tácito, en virtud del artículo 317 del CGP.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05530-00

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19. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, porque la parte accionante pretende reabrir una discusión que ya fue zanjada por el juez natural en el proceso disciplinario con radicado 50001-250-2000-2023-00524-00/01.

20. Adujo que la accionante no desarrolló los defectos que supuestamente incurrió la autoridad judicial accionada, sino que cuestionó los siguientes aspectos:

(i) [N]o valoró de forma suficiente las pruebas, pues no tuvo en cuenta que el quejoso (a) mutiló el paz y salvo que ella le entregó y (b) era el responsable del

(i) [N]o valoró de forma suficiente las pruebas, pues no tuvo en cuenta que el quejoso (a) mutiló el paz y salvo que ella le entregó y (b) era el responsable del desistimiento tácito decretado por el Juez que conoció del asunto civil; y, a pesar de ello, no se elevó reproche alguno; (ii) no se decretaron ni practicaron las pruebas que solicitó; (iii) no se valoró que la decisión del Juzgado 7° Civil Municipal de Villavicencio incurrió en un exceso ritual manifiesto porque pidió pruebas impertinentes y decretó el desistimiento a pesar de que el promotor de la queja podía ejercer su propia defensa; y en mora injustificada porque no decidió el asunto en oportunidad; circunstancia que no reprochó el juez disciplinario lo que vulneró su derecho a la igualdad, (iv ) se transgredió su derecho al debido proceso porque no se tuvieron en cuenta sus garantías y entre ellas las del instructor a decretar y practicar pruebas de oficio.

21. Sostuvo que l a sentencia censurada demostró que la referida profesional del derecho no fue diligente en el trámite del proceso de pertenencia que conoció el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, pues «la [abogada] abandonó la gestión encomendada desde el 9 de marzo de 2020, cuando fue requerida para que allegara pruebas documentales y hasta el 28 de febrero de 202, cuando se dio por terminado el trámite por desistimiento tácito».

22. Precisó que no era cierto que haya valorado su caso «subjetivamente» o que dejó de valorar sus argumentos, pues de la providencia censurada se

desistimiento tácito».

22. Precisó que no era cierto que haya valorado su caso «subjetivamente» o que dejó de valorar sus argumentos, pues de la providencia censurada se desprende que cada uno de los elementos materiales probatorios obrantes en el proceso disciplinario, en virtud del artículo 96 de la Ley 1123 de 200710.

23. Explicó que no omitió pronunciarse sobre una solicitud probatoria , pues, una vez revisadas las actuaciones del proceso disciplinario, se tiene que la investigada nunca solicitó el decreto o práctica de pruebas, por lo que no se le transgredió su derecho fundamental al debido proceso.

24. Afirmó que no se abordó el argumento de que el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio incurrió en exceso ritual manifiesto «al solicitar pruebas impertinentes y decretar el desistimiento tácito», porque no fue objeto de apelación.

25. Los demás sujetos procesales guardaron silencio, pese a que fueron debidamente notificados.

10 Artículo 96. Apreciación integral. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y valorarse razonadamente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05530-00

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

27. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela , especialmente el de relevancia constitucional , cuyo incumplimiento alegó la autoridad judicial demandada en su intervención. Solo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

28. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

29. Sobre este requisito, en sentencia del 5 de agosto de 2014 11, la Sala Plena

argumentativa mínima y (ii) que no se utilice como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

29. Sobre este requisito, en sentencia del 5 de agosto de 2014 11, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

30. Esta tesis se ajusta al precedente reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada 12, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera q ue este instrumento constitucional es

11 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 12 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05530-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

31. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

32. De entrada, la Sala observa que la presente solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

33. Se pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso disciplinario.

34. En efecto, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta sancionó a la abogada Betancourt Bacca, por haber incurrido en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

35. Frente a la tipicidad, se encontró que la referida profesional del derecho abandonó el proceso de pertenencia «2015-00415», el cual fue asignado al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, en el que era apoderada judicial del señor

35. Frente a la tipicidad, se encontró que la referida profesional del derecho abandonó el proceso de pertenencia «2015-00415», el cual fue asignado al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, en el que era apoderada judicial del señor Becerra Hidalgo, desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2022, fecha en la que terminó el proceso por desistimiento.

36. Respecto de la antijuricidad, la referida abogada incumplió con su deber de actuar diligentemente en sus encargos profesionales, pues:

[A] pesar de los argumentos defensivos que presentó, (i) si su cliente se negaba a cumplir con el requerimiento del despacho “(…) tal situación debió preverla la profesional del derecho y al abrigo de la sensatez que atribuye asumir un encargo profesional, informar tal situación al juez de la causa de pertenencia, máxime si sabía de las consecuencias adversas que de tal hecho pendían (…)”; (ii) tampoco es admisible que se pretenda excusar de su indiligencia refiriendo que la fecha en que entregó el paz y sal vo de honorarios es anterior a la de la terminación tácita del proceso porque no informó de tal situación al despacho judicial, ni observó las reglas contempladas en el artículo 76 del Código General del Proceso respecto de la revocatoria de poderes, (iii) asimismo, independientemente de que se le hubiera revocado el poder el 9 de noviembre de 2021 o el 25 de junio de 2023, lo cierto es que desde el 10 de agosto de 2020 ya se habían configurado las condiciones para que operara el desistimiento tácito.

hubiera revocado el poder el 9 de noviembre de 2021 o el 25 de junio de 2023, lo cierto es que desde el 10 de agosto de 2020 ya se habían configurado las condiciones para que operara el desistimiento tácito.

37. Finalmente, sostuvo que esa conducta fue culposa al considera r que la profesional procedió de forma omisiva, «(...) indolente que involucra justamente uno de los factores generadores de la culpa: la negligencia (…)”. Finalmente, al dosificar la sanción, la instancia tuvo en cuenta: (i) la trascendencia social “(…) porque afecta y mancilla el buen nombre y reputaci ón de todo el gremio de los abogados (…)”, yRadicado: 11001-03-15-000-2025-05530-00

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38. La señora Betancourt Bacca apeló esa decisión, bajo el argumento de que la responsabilidad sobre la terminación del proceso recae sobre la falta de diligencia del quejoso, puesto que no atendió el requerimiento previsto en el auto del 9 de marzo de 2020.

39. A su juicio, cumplió con sus deberes profesionales dentro del proceso de pertenencia en mención, dado que le informó al quejoso sobre las consecuencias de no atender los requerimientos del referido Juzgado, información que fue suministrada

39. A su juicio, cumplió con sus deberes profesionales dentro del proceso de pertenencia en mención, dado que le informó al quejoso sobre las consecuencias de no atender los requerimientos del referido Juzgado, información que fue suministrada en cumplimiento con lo pactado con su cliente y el inciso 2 del artículo 169 del Código

General del Proceso13.

40. Además, reconoció que el Juzgado incurrió en una mora judicial, sin embargo, fue justificada por la carga laboral y la suspensión de términos ocasionados por la pandemia, circunstancias que incidieron en la actitud del quejoso.

41. Afirmó que, contrario a lo afirmado por el a quo, sí fue diligente, puesto que, el 27 de octubre de 2021, solicitó los oficios que ordenaban la práctica de pruebas al Juzgado y, con posterioridad, los radicó ante las autoridades correspondientes, a fin de que se cumpliera con la orden impartida en el auto del 9 de marzo de 2020.

42. Sostuvo que, el 9 de noviembre de 2021, le entregó «el paz y salvo de honorarios» al quejoso , antes de que se declarara el desistimiento, y que ese documento fue «falsificado», dado que el presentado por el quejoso no coincide con el que le entregó.

43. En sentencia del 6 de agosto de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión, por las siguientes razones:

(i) [N]o es cierto que esta autoridad disciplinaria reproche a la letrada la obtención de un resultado, contrario a ello, se le censura su accionar indiligente, pues se probó en grado de certeza que abandonó la gestión

(i) [N]o es cierto que esta autoridad disciplinaria reproche a la letrada la obtención de un resultado, contrario a ello, se le censura su accionar indiligente, pues se probó en grado de certeza que abandonó la gestión profesional que le fue encomendada, como vie ne de verse. Lo anterior, sin que pueda excusar su accionar en el hecho de que era a su cliente a quien le correspondía cumplir con la carga procesal impuesta por el despacho de procurar la consecución de las pruebas solicitadas -en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 169 de Código General del Proceso-, porque (a) no se probó, más allá de su dicho, que su cliente se había comprometido a tal situación. Por el contrario, el quejoso, bajo la gravedad de juramento, resaltó que siempre estuvo dispuesto a asumir las obligaciones que le correspondieran para avanzar en el proceso, pues precisamente, ese era su interés; y (b), si ese hubiere sido el caso, la abogada tenía la obligación de informarle al juez de instancia d e la imposibilidad de cumpl ir con el requerimiento del 9 de marzo de 2020, para que la sede judicial tomara las

13 Artículo 169. Prueba de oficio ya petición de parte. (….) Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05530-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 decisiones que estimara pertinentes o debió renunciar al mandato que se le confirió, con el propósito de evitar una vulneración a sus deberes profesionales y al derecho de defensa de su poderdante, lo que no realizó.

Por otro lado, (ii) tampoco es de recibo que la letrada pretenda justificar su falta de diligencia en la carga laboral del despacho de conocimiento, ni en sus funciones secretariales, o en la suspensión de términos judiciales con ocasión de la pandemia por COVID 19, porque, tal y como lo ha sostenido esta Corporación en otras ocasiones, “(…) cuando un profesional del derecho asume un encargo, se obliga a realizar todas las actividades en procura de cumplir las gestiones encomendadas, con el que cobra vigencia el deber de atender con celosa diligencia los asuntos a su cargo, compromiso que lleva consigo un actuar positivo.(…)” . Y, en ese sentido la letrada pudo, como ya se dijo, haber informado al despacho sobre la imposibilidad de cumplir con la carga procesal impuesta en el auto del 9 de marzo de 2020, o renunciado al poder conferido; lo que no realizó en oportunidad, ni aún después de superada la suspensión de términos. En consecuencia, (iii) y con independencia de que el 27 de octubre de 2021, la letrada hubiere requerido nuevamente los oficios, en los que el juez de la causa había solicitado pruebas documentales a diferentes entidades, lo

consecuencia, (iii) y con independencia de que el 27 de octubre de 2021, la letrada hubiere requerido nuevamente los oficios, en los que el juez de la causa había solicitado pruebas documentales a diferentes entidades, lo cierto es que no se demostró que la abogada hubiere cumplido con el requerimiento a cabalidad. En tal virtud, la profesional del derecho abandonó la gestión encomendada des