CE - Sentencia 11001031500020250553201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05532-01

Demandante RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACION JUDICIAL DE SANTA MARTA Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente. Proceso ejecutivo, modificación de liquidación del crØdito. Solicitud de control de legalidad. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: la subsidiariedad. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra el fallo de tutela del 2 de octubre de 2025, proferido por Consejo de Estado, Sección Quinta en el que se dispuso lo siguiente: «SEGUNDO: DeclÆrase improcedente la acción de tutela presentada por la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 3 de septiembre de 2025 1, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Ma rta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la providencia del 19 de mayo de 2025 por la que se negó la solicitud de control de legalidad solicitada por la parte actora en el proceso ejecutivo 47001-33-33-006-2019-00170-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA: Se acceda al amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de mi representada.

SEGUNDA: En consecuencia, se ordene al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta tener en cuenta la solicitud de control de legalidad y las objeciones a la liquidación, ordenÆndose (i) la revisión de la liquidación efectuada por parte del contador del Tribunal Administrativo del Magdalena, para que se incluyan los pagos reali zados al demandante Carlos Milton Fonseca por parte de la Dirección Ejecutiva de Admini stración Judicial, y, consecuentemente, (ii) establecer si se realizó el pago hasta el tope mÆximo establecido del 80% sobre lo devengado por los magistrados de las altas Cortes, en cuyo caso se ajuste la liquidación a Øste».

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

establecido del 80% sobre lo devengado por los magistrados de las altas Cortes, en cuyo caso se ajuste la liquidación a Øste».

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Escrito de tutela radicado a travØs del correo de tut elas en línea.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05532-01

Demandante: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

de Santa Marta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente 47001-23-31-004-2013-00021-00/01) 2.1. El seæor Carlos Milton Fonseca Lidueæa en ejercicio del medio de control d e nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta con el fin de que se inaplicara por inconstitucional las normas que determinaran que la prima especial de servicio percibida por los magistrados de tribunal no tenía carÆcter salarial y, en ese orden de ideas, pidió la declaratoria de nulidad de los actos administrativos por los que se negó la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor salarial el 30% de la remuneración que percibía con ocasión de su desempeæo de juez y magistrado. A título de restablecimiento del derecho pidió le fueran reconocidas y pagadas las sumas que resultaran como diferencia de la reliquidación de todas las

de juez y magistrado. A título de restablecimiento del derecho pidió le fueran reconocidas y pagadas las sumas que resultaran como diferencia de la reliquidación de todas las prestaciones legales causadas como juez y luego como magistrado, con la inclusión del 30% del salario bÆsico mensual. 2.2. En primera instancia conoció un conjuez designado por el Tribunal Administrativo del Magdalena como juez ad hoc (expediente 47001-33-33-0062019-00170-00) que en sentencia del 1” de junio de 2015 accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que el 30% de la asignación bÆsica que era percibida por los funcionarios de la Rama Judicial debía ser considerada como prima espe cial y que en su momento se entendió que no tenía carÆcter salarial por lo que fueron demandadas y declaradas nulas las normas que así lo indicaban. Siguiendo esa línea, sostuvo que la declaratoria de nulidad de las norma s proferidas entre los aæos 1993 y 2007 que seæalaban el 30% de la asignación bÆsica mensual entendida sin carÆcter salarial, imponía la inaplicación por inconstitucional de las normas que así lo disponían en el caso del actor. Concluyó que el 30% de los ingresos percibidos por el actor como prima especial desde el aæo 2006 en adelante con ocasión de su desempeæ o como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta sí debía ser tenido en cuenta como factor salarial para efectos del cÆlculo prestacional. 2.3. La decisión fue apelada por la parte demandada ante el Tribunal Administrativo

magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta sí debía ser tenido en cuenta como factor salarial para efectos del cÆlculo prestacional. 2.3. La decisión fue apelada por la parte demandada ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, Sala de Conjueces que, en sentencia del 19 de abril de 2017 (notificada por edicto fijado el 23 de mayo de 2017) confirmó la decisión del juzgado. Seæaló que la prima especial de servicios contemplada en el Decreto 618 de 2007 tenía un innegable carÆcter salarial y por tanto era factor com putable en las respectivas prestaciones percibidas por el actor. Citó varios pronunciamientos en los que de manera unÆnime se accedía a las pretensiones de demandas con identidad fÆctica a la del actor, razón por la que ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales del actor con la inclusión de la prima especial de servicios del 30%. Actuaciones llevadas a cabo en el proceso ejecutivo identificado con el expediente nro. 47001-33-33-006-2019-00170-00 2.4. El seæor Carlos Milton Fonseca Lidueæa presentó demanda ejecutiva en co ntra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con el propósito de que se ordenara librar mandamiento de pago en contra deRadicado: 11001-03-15-000-2025-05532-01

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de Santa Marta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Demandante: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

de Santa Marta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 dicha entidad y cuyo título fue la sentencia del 19 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. 2.5. Conoció en primera instancia el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta que por auto del 27 de junio de 2019 ordenó librar mandamiento de pago en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 2.6. Por auto del 22 de julio de 2019 se decretó el embargo y retención de los dineros de propiedad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que se desembargaran o del remanente que pudiera quedar dentro del proceso ejecutivo (expediente 47001-001-33-33-003-2018-00389-00/01) a delantado por el seæor Manuel Caleb ante el Juzgado Tercero Administrativo de San ta Marta. 2.7. Contra la anterior decisión la parte ejecutada presentó recurso de apelación concedido por el juzgado mediante auto del 9 de septiembre de 2019. Por auto del 14 de noviembre de 2019 el juzgado ordenó decretar el embargo y retención de los dineros que la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tuviera depositados en cuenta del Banco Popular po r valor de $280.656.666, previa certificación del gerente de la entidad financiera en relación con el origen de los recursos a efectos de determinar si eventualmente se estableciera la inembargabilidad de estos.

Administración Judicial tuviera depositados en cuenta del Banco Popular po r valor de $280.656.666, previa certificación del gerente de la entidad financiera en relación con el origen de los recursos a efectos de determinar si eventualmente se estableciera la inembargabilidad de estos. 2.8. Contra la anterior decisión la parte ejecutada interpuso recurso de apelación concedido por el juzgado mediante auto del 13 de febrero de 2020. 2.9. El juzgado en sentencia del 26 de mayo de 2021 proferida en audiencia declaró no probadas las excepciones propuestas, dispuso seguir adelante con la ejecución y practicar la liquidación del crØdito por cualquiera de las partes.

2.10. Estos dos recursos de apelación fueron resueltos de manera conjunta por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante providencia del 24 de noviembre de 2021 por la que confirmó las decisiones del juzgado. 2.11. La parte ejecutante presentó solicitud de decreto de medidas cautelares en relación con unas cuentas de la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, lo que se resolvió por parte del juzgado en providencia del 7 de diciembre de 2022 en el sentido de decretar la medida en relación con las cuentas bancarias de unos de los bancos, que tuvieran sede en la ciudad de Santa Marta y con la advertencia de que no procedería en caso de que los recursos fueran inembargables. 2.12. Contra la anterior decisión la parte ejecutada presentó recurso de apelación, concedido por el juzgado mediante auto del 30 de enero de 2023. El Tribunal Administrativo del Magdalena en providencia del 19 de julio de 2023 confirmó la decisión del juzgado.

concedido por el juzgado mediante auto del 30 de enero de 2023. El Tribunal Administrativo del Magdalena en providencia del 19 de julio de 2023 confirmó la decisión del juzgado. 2.13. En providencia del 27 de febrero de 2023 se analizó la liquidación del crØd ito presentada por la parte ejecutante y se modificó quedando establecida la liquidación definitiva. 2.14. Con ocasión de solicitud presentada por la parte ejecutante, el juzgado por auto del 27 de marzo de 2023 decretó el embargo de los remanentes o bienes desembargados al interior del proceso ejecutivo 47001-33-33-001-201200274-00 tramitado ante el Juzgado Primero Administrativo de Santa Ma rta por el seæor Jairo Arturo Saade contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05532-01

Demandante: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

de Santa Marta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 2.15. Por auto del 8 de julio de 2024 se dispuso por el juzgado de co nocimiento modificar la liquidación del crØdito dispuesta en el auto del 27 de febre ro de 2023 y en consecuencia fueron ajustados los valores respectivos. 2.16. La parte ejecutada presentó solicitud de control de legalidad a lo actu ado, especialmente al auto del 8 de julio de 2024 por el que se reliquidó el crØdito ya que a juicio de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

especialmente al auto del 8 de julio de 2024 por el que se reliquidó el crØdito ya que a juicio de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, se desconocían los topes salariales dispuestos por el ordenamiento jurídico para magistrado de tribunal. 2.17. En providencia del 19 de mayo de 2025 (fijado por estado el 20 de mayo de 2025) el juzgado negó la solicitud de control de legalidad presentada por la parte ejecutada. Consideró que en estricto sentido el cumplimiento del fallo que era el títul o ejecutivo consistía en determinar que la prima especial del 30% sobre el salario bÆsico como base para la liquidación de las prestaciones sociales del ejecutante a partir del 1” de agosto de 2019 no se había llevado a cabo y que, una vez reliquidado el crØdito inicialmente hasta la fecha de pago de la sentencia mediante la resolución 4262 del 1” de marzo de 2024 era posible advertir que los rubros liquidados para las prestaciones sociales y las cesantías y los intereses de las cesantías no cubrían la totalidad del crØdito. En ese sentido, manifestó que las actuaciones que habían sido desp legadas por el despacho perseguían el cumplimiento de una orden judicial ejecutoriada que era el objeto del proceso ejecutivo y que no se apartaban de la legalidad, ademÆs, que el mismo no era el escenario para revivir debates que deb ieron plantearse en el proceso ordinario tales como lo manifestado por la entidad ejecutada en el que pretendía alegar que la prima espacial del a rtículo 14 de la Ley 4“ de 1992 no constituía factor salarial.

plantearse en el proceso ordinario tales como lo manifestado por la entidad ejecutada en el que pretendía alegar que la prima espacial del a rtículo 14 de la Ley 4“ de 1992 no constituía factor salarial. Aclaró que la orden del juez ordinario fue inaplicar las normas que no dab an carÆcter salarial a la prima especial del 30% y su inclusión para la liquidación de las prestaciones sociales devengadas por el actor sin que se superara el límite salarial anual de los magistrados de tribunal del 80% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de las altas cortes como lo seæalab a la parte ejecutada. En ese sentido, dijo que para que se entendiera cumplida la orden judicial debía incluirse la prima especial del 30% en la liquidación de las prestaciones sin que fuera objeto de discusión si dicha inclusión podía o no superar el citado tope salarial ya que eso escapaba a la órbita del proceso ejecutivo.

3. Fundamentos de la acción La parte actora consideró que la decisión adoptada el 19 de mayo de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta al negar el control de legalidad solicitado al interior del proceso ejecutivo, incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente. Las razones expuestas fueron las siguientes: Explicó la naturaleza de la bonificación por compensación en los tØrminos previstos en los Decretos 610 y 1239 de 1998 como una prestación económica de ca rÆcter permanente a la que tienen derecho los magistrados de tribunal y el rest o de los cargos homólogos.

Anotó que si bien es cierto en artículo 1° del Decreto 610 de 1998 solo se mencionó

permanente a la que tienen derecho los magistrados de tribunal y el rest o de los cargos homólogos. Anotó que si bien es cierto en artículo 1° del Decreto 610 de 1998 solo se mencionó una Bonificación por Compensación con carÆcter permanente que sumada a la prima especial de servicios y a los demÆs ingresos laborales actuales igualara al 60% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes, laRadicado: 11001-03-15-000-2025-05532-01

Demandante: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

de Santa Marta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 norma debía mirarse integralmente de tal manera que se entendiera que el ajuste igualaba el 70% para el aæo 2000 y el 80% para los aæos subsiguientes. Dijo que no podía entenderse entonces, que por independiente que fuera la prima especial pudiera aplicarse de manera que superara el tope mÆximo fijado por un ordenamiento posterior y de mayor beneficio para los destinatarios de los beneficios salariales previstos en las dos prerrogativas mencionadas. Precisó que aun tratÆndose de un proceso ejecutivo para el cumplimiento de una sentencia judicial, el funcionario debía velar porque no se desconociera el ordenamiento jurídico y la ejecución se ajustara a la Constitución y la ley por lo que se hizo la solicitud al juzgado a efectos de que la liquidación del crØdito se ajustara a los limites definidos legal y jurisprudencialmente y que no se trataba de

ordenamiento jurídico y la ejecución se ajustara a la Constitución y la ley por lo que se hizo la solicitud al juzgado a efectos de que la liquidación del crØdito se ajustara a los limites definidos legal y jurisprudencialmente y que no se trataba de desconocer las decisiones judiciales ejecutoriadas base de la ejecución sino de ajustar la liquidación del crØdito a los limites indicados. Consideró que si bien las actuaciones desplegadas por el despacho accionado perseguían el cumplimiento de una orden judicial ejecutoriada que era el objeto del proceso ejecutivo, no se apartaban de la legalidad. Dijo que el juzgado se apartaba de la regla del precedente contenido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2019 SUJ-016-CE-S22019, por cuanto la regla de unificación había sido posterior a las sentencias bases de ejecución de modo que no le era aplicable a las situaciones consolid adas y ejecutoriadas sino solamente a los procesos ordinarios presentados con anterioridad y en su criterio, el juzgado no hizo una suficiente línea a rgumentativa de las razones por las cuales no era aplicable al caso concreto y las razones por las cuales era posible que en sede de ejecución se fuera contra legem y se recibiera anualmente mÆs de lo que legalmente el ejecutante podía recibir como funcionario de la Rama Judicial.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. Inicialmente correspondió conocer del asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, autoridad judicial que po r auto del 3 de septiembre de 2025 dispuso la remisión por competencia al

Consejo de Estado.

4.1. Inicialmente correspondió conocer del asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, autoridad judicial que po r auto del 3 de septiembre de 2025 dispuso la remisión por competencia al Consejo de Estado. 4.2. Asignada la demanda de tutela a esta corporación, por auto del 9 d e septiembre de 2025 el despacho ponente de primera instancia admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora y a las accionadas, esto es, al Tribunal Administrativo del Magdalena y al Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta; ademÆs ordenó vincular como terceros con interØs a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial; al contador del Tribunal Administrativo del Magdalena y al seæor Carlos Milton Fonseca Lidueæa (parte ejecutante). 4.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena, presentó escrito de oposición en el que luego de hacer un recuento de las actuaciones llevadas a cabo al interior del proceso ejecutivo en el que resolvió los recursos de apelación presentados en su momento en relación con providencias que resolvieron sobre las medidas cautelares, seæaló que, teniendo en cuenta lo pretendido p or la parte actora, no se vislumbraba vulneración a sus derechos fundamentales ya que el Tribunal no había llevado a cabo ninguna actuación que pudiera s er censurada. Aclaró que en segunda instancia no ha conocido lo relacionado con la liquidación del crØdito a la que aludía la parte accionante y que pese a que seæalaba en la segunda pretensión que la liquidación fue efectuada por parte del Profesional Universitario Grado 17 con perfil financiero y contable de esaRadicado: 11001-03-15-000-2025-05532-01

seæalaba en la segunda pretensión que la liquidación fue efectuada por parte del Profesional Universitario Grado 17 con perfil financiero y contable de esaRadicado: 11001-03-15-000-2025-05532-01

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de Santa Marta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 corporación, de lo obrante en el expediente se desprendía que dichas afirmaciones eran inexactas. 4.4. El Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta, presentó informe en el que expuso el trÆmite dado al proceso ejecutivo y concretamente a la solicitud de control de legalidad que fue planteada por la parte actora en el proceso.

Advirtió que la tutela no podía ser entendida como una etapa adici onal al proceso ejecutivo que se tramitaba y que, teniendo presente que la entidad presentó solicitud de control de legalidad en relación con lo resuelto en providencia del 8 de julio de 2024 por la que se modificó la liquidación del crØdito, lo procedente era haber agotado los recursos ordinarios procedentes, concretamente el recurso de apelación por lo que no se cumplía con el requisito de la subsidiariedad.

Dijo que no era cierto lo manifestado por la parte actora al decir que el juzgado no se pronunció de la solicitud de control de legalidad pues que sí hubo pronunciamiento desfavorable a la parte ejecutada y que cosa distinta es que la parte accionante considere que atender su solicitud implica acceder a lo pedido.

Indicó que la parte actora acudió a presentar la mencionada solicitud al ver

pronunciamiento desfavorable a la parte ejecutada y que cosa distinta es que la parte accionante considere que atender su solicitud implica acceder a lo pedido.

Indicó que la parte actora acudió a presentar la mencionada solicitud al ver que había precluido el tØrmino de ejecutoria en el que podía presen tar los recursos ordinarios y por tanto optó por hacer la solicitud utilizando la figura del control de legalidad y a la que se dio respuesta no como un recurso mÆ s sino en garantía al derecho al debido proceso y al derecho de audiencia.

Que en gracia de discusión, si se llegara a entender que la tutela era procedente, no estaban configurados los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente anunciados por la parte actora en la tutela; adicionalmente precisó que lo realmente pretendido por la entidad tute lante era revivir un debate propio del proceso ordinario insistiendo en que la prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no era factor salarial. 4.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentó escrito en el que manifestó que coadyuvaba la acción de tutela presentada por la parte tutelante. Consideró que el argumento del juzgado en torno a que lo pretendido era reabrir la discusión ya culminada en el proceso ordinario no era un fundamento suficiente ya que era deber del juez garantizar la legalidad al interior d el respectivo proceso así en este caso fuera de ejecución y que, lo realmente pretendido era garantizar una justa y razonable liquidación del crØdito con fundamento en los estÆndares constitucionales y legales exigibles que establecían claramente un límite del 80% en el monto de los dineros

pretendido era garantizar una justa y razonable liquidación del crØdito con fundamento en los estÆndares constitucionales y legales exigibles que establecían claramente un límite del 80% en el monto de los dineros reconocidos en la vía ejecutiva para los magistrados de los tribunales. En ese orden de ideas consideró que debía accederse a las pretension es de la demanda de tutela con el propósito de que el juez de la ejecución del crØdito mediante un control de legalidad y teniendo en cuenta las objeciones presentadas por la entidad demandante, determinara con certeza y proporcionalidad el límite mÆximo a liquidar y pagar a favor del accionant e producto de las sentencias que se pretenden ejecutar conforme lo previsto en el Decreto 610 de 1998 y la jurisprudencia unificadora. 4.6. El seæor Carlos Milton Fonseca Lidueæa , presentó escrito en el que manifestó que la liquidación efectuada inicialmente por la Rama Judicial se realizó de manera incorrecta ya que las prestaciones sociales no le fueronRadicado: 11001-03-15-000-2025-05532-01

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de Santa Marta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 liquidadas teniendo en cuenta la prima especial correspondiente al 30% de la asignación mensual, contrariando abiertamente la orden judicial dada en las sentencias del 1 de junio de 2015 proferida por el Juzgado y con firmada en segunda instancia el 19 de abril de 2017 por la Sala de Conjueces del Tribunal

asignación mensual, contrariando abiertamente la orden judicial dada en las sentencias del 1 de junio de 2015 proferida por el Juzgado y con firmada en segunda instancia el 19 de abril de 2017 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena, los cuales constituyen el título ejecutivo d el asunto que cursa ante el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta. Sostuvo que se remitió el caso al contador en su momento para que verificara si se estaba dando estricto cumplimiento a lo resuelto en la sentencia base de ejecución, lo que no ocurrió y por lo que se dispuso la respectiva modificación del crØdito. En alcance posterior al primer informe presentado, manifestó que las decisiones habían hecho trÆnsito a cosa juzgada y que no era posible mencionar un precedente jurisprudencial cuando el caso estaba resuelto con antelación por el juez ordinario y que lo pretendido por el juez de la ejecución era que se garantizara el pago de los valores ordenados y que eran base de la ejecución, debidamente actualizados. 4.7. El Contador del Tribunal Administrativo del Magdalena, no se pronunció en esta oportunidad.

6. Providencia impugnada El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 2 de octubre de 2025 declaró improcedente la acción de tutela2.

Consideró que la parte actora hizo una serie de cuestionamientos generales respecto del proceso ordinario pero que no cumplió con la carga argumentativa necesaria al no exponer algœn reproche constitucional frente al trÆmite ejecutivo para el cumplimiento de la decisión emitida en el proceso ordinario. Dijo que tampoco había una carga argumentativa con respecto a alguna decisión

necesaria al no exponer algœn reproche constitucional frente al trÆmite ejecutivo para el cumplimiento de la decisión emitida en el proceso ordinario. Dijo que tampoco había una carga argumentativa con respecto a alguna decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena que conoció de varias actuacio nes del expediente ejecutivo pero que, con respecto a la providencia cuestionada del 19 de mayo de 2025 emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta por la que se negó el control de legalidad solicitado por la accionante, no había sido objeto de anÆlisis por parte del superior. En tal sentido, indicó que aun cuando la demanda de tutela se di rigía contra la providencia del 19 de mayo de 2025 lo cierto era que la objeción fre nte a la actualización de liquidación del crØdito que alegaba la ejecutada hoy accionan te mediante el denominado «control de legalidad» pudo haberse ejercido a travØs del recurso de reposición (artículo 318 del Código General del Proceso) y en subsidio de apelación conforme con lo previsto en el numeral 3 del artículo 446 ibidem contra el auto del 8 de julio de 2024 que actualizó la liquidación pero que no lo hizo. Precisó que los reproches frente a la actualización de liquidación del crØdito pretendían debatir una consecuencia jurídica desfavorable derivada de la o misión de la parte actora en el proceso ejecutivo, lo cual implica la ausencia de relevancia constitucional. Luego de verificadas las etapas surtidas en el proceso ejecutivo y las decisiones allí adoptadas, manifestó que el nœcleo central del cuestionamiento de la acción de tutela era la interpretación y aplicación del Decreto 610 de 1998 y de la sentencia

Luego de verificadas las etapas surtidas en el proceso ejecutivo y las decisiones allí adoptadas, manifestó que el nœcleo central del cuestionamiento de la acción de tutela era la interpretación y aplicación del Decreto 610 de 1998 y de la sentencia de unificación frente al cÆlculo de prestaciones y cesantías del seæor Fon seca

2 La decisión contó con una aclaración de voto en la que la magistrada manifestó que estaba de acuerdo con la improcedencia de la acción, sin embargo, consideró que si bien se trataba de un proceso ejecutivo no podía establecerse como regla general que dichos asuntos debieran ser de carÆc ter estrictamente económico ya que debía analizarse la situación concreta y determinar la posible vulneración alegada.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05532-01

Demandante: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

de Santa Marta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Lidueæa, lo cual era un asunto de orden patrimonial de modo q ue lo que la parte actora reprochaba giraba en torno a cÆlculos económicos y diferencias de pagos pero no una afectación grave, irremediable o desproporcionada de un derech o fundamental.

7. Impugnación 7.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia precisando que la solicitud de tutela no gravitó en un simple reproche en torno a cÆlculos económicos y diferencias de pago sino que se indicó la vulneración de derechos de rango constitucional como lo era el hecho de un desconocimiento

solicitud de tutela no gravitó en un simple reproche en torno a cÆlculos económicos y diferencias de pago sino que se indicó