CE - Sentencia 11001031500020250553801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por los accionantes contra la sentencia proferida, el 9 de octubre de 2025, por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.

SÍNTESIS1

Steven Xavier Gómez de los Ríos, Cristian Javier Gómez de los Ríos, Brigitte Alexandra Muñoz de los Ríos y Érica Narváez Salazar, en nombre propio y en representación de su hijo menor JMN 2 y María Lindelia de los Ríos Ospina, en nombre propio y como agente oficiosa de la señora Ana Delia Ospina Betancur solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad y acceso a la administración de justicia, garantías que consideraron vulneradas por el Tribunal Administrativo del Cauca, con la decisión que confirmó la providencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Popayán , que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, mediante la cual buscaban obtener una indemnización por la privación de la libertad que sufrió el señor Marco Andrés

confirmó la providencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Popayán , que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, mediante la cual buscaban obtener una indemnización por la privación de la libertad que sufrió el señor Marco Andrés Muñoz de los Ríos. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la demanda de tutela al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 4 de septiembre de 2025, Steven Xavier Gómez de los Ríos, Cristian Javier Gómez de los Ríos, Brigitte Alexandra Muñoz de los Ríos y Érica Narváez Salazar, en nombre propio y en representación de su hijo menor JAMN y María Lindelia de los Ríos Ospina, en nombre propio y como agente oficios a de la señora Ana Delia Ospina Betancur presentaron una demanda en ejercicio de acción de tutela, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales del debido proceso, a la libertad y de acceso a la administración de justicia3.

A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por la sentencia del 24 de

1 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial 2 Se omite el nombre del menor como protección de sus derechos. 3 Igualmente, consideraron vulneradas las garantías de la presunción de inocencia y de reparación integral.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

2 julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la que confirmó

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

2 julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la que confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Décimo Administrativo de Popayán que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. El proceso se adelantó bajo el radicado 19001333300920160030401.

2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

“1. Solicito respetuosamente se amparen los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se deje sin efectos jurídicos la Sentencia Judicial No. 137 del 24 de julio de año 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca – Sala de Decisión 001, dentro del medio de control de reparación directa radicado 19001-33-33-009-2016-00304-01.

2. Ordenar a dicha Corporación que, dentro del término que se fije, profiera sentencia de reemplazo, con sujeción estricta al precedente vinculante y al test de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, realizando una valoración integral del acervo probatorioincluida la credibilidad del único testimonio incriminatorio, ofrecido como presencial por la Fiscalía y nunca llevado a juicio, lo que lo tornó ilegal de origen -, el análisis de la inactividad fiscal y de sus efectos, la consideración de la sentencia absolutoria y la aplicación del estándar de inferencia razonable como parámetro progresivo que debe robustecerse en el curso de la investigación, resolviendo de manera expresa y congruente todos los cargos formulados en la apelación, y aquellas demás cuestiones que conforme a la ratio decidendi de esta acción

de inferencia razonable como parámetro progresivo que debe robustecerse en el curso de la investigación, resolviendo de manera expresa y congruente todos los cargos formulados en la apelación, y aquellas demás cuestiones que conforme a la ratio decidendi de esta acción constitucional resulten indispensables para establecer integralmente los derechos fundamentales vulnerados”4.

B. Hechos

3. El 7 de octubre de 2013, el señor Marco Andrés Muñoz de los Ríos fue objeto de una medida de aseguramiento por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas.

3.1 El 7 de octubre de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de Patía (Cauca) absolvió al señor Muñoz de los Ríos, en aplicación del principio de in dubio pro reo. Esta decisión fue apelada, y el 27 de enero de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán la confirmó, al concluir que no existían pruebas suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, la participación del referido sujeto en los hechos imputados.

3.2 En virtud de lo anterior, los accionantes promovieron una demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados al señor Marco Andrés Muñoz de los Ríos y a sus familiares por la privación de la libertad de la que fue objeto por 23 meses y 9 días.

3.3 El 20 de octubre de 2023, el Juzgado Décimo Administrativo de Popayán negó las

de los Ríos y a sus familiares por la privación de la libertad de la que fue objeto por 23 meses y 9 días.

3.3 El 20 de octubre de 2023, el Juzgado Décimo Administrativo de Popayán negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la medida de aseguramiento fue legal, razonable y proporcionada, dado que de los medios de prueba recolectados hasta ese momento se podía inferir que el señor Muñoz de los Ríos podía ser participe de los delitos que se le inculparon.

3.4 La anterior decisión fue apelada por la parte demandante, por considerar que la medida de aseguramiento no había sido proporcional ni razonable, pues se sustentó en el

4 Índice 2 del aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

3 testimonio de un menor de edad del que no era posible inferir participación o autoría en los presuntos punibles. Adicionalmente, la declaración se produjo porque la Fiscalía General de la Nación le había ofrecido un principio de oportunidad y beneficios económicos al menor de edad.

3.5 El 24 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la anterior decisión porque el daño sufrido por los demandantes no tenía la connotación de antijurídico al ser una medida de aseguramiento razonable, proporcional y necesaria.

C. Fundamentos de la vulneración

4. Los accionantes sostuvieron que la providencia cuestionada incurrió en una violación directa a la Constitución Política, toda vez que la única prueba que se tenía en contra del

C. Fundamentos de la vulneración

4. Los accionantes sostuvieron que la providencia cuestionada incurrió en una violación directa a la Constitución Política, toda vez que la única prueba que se tenía en contra del acusado era una declaración de un menor que fue coautor de la presunta conductia que se le atribuyó al señor Muños de los Ríos , medio de convicción que era “ilegal” y que fue el único soporte que se tuvo en cuenta para mantenerlo privado de la libertad por 23 meses y 9 días.

4.1 De otro lado, manifestaron que se incurrió en un defecto fáctico, puesto que la declaración del menor de edad se produjo porque la Fiscalía General de la Nación le ofreció una serie de beneficios; además, que su manifestación no fue ratificada en el juicio, por lo que se tomó como prueba de referencia y esa no podía ser el sustento para imponer una medida intramural.

4.2 Frente al d efecto sustantivo sostuvieron que se interpretó de manera equivocada el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, pues era exigible que la detención preventiva superara un test de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad; sin embargo, tal exigencia no se superó al existir simplemente una prueba de referencia . En ese orden de ideas, concluyeron que el juez colegiado “redujo la inferencia razonable a una mera sospecha”.

4.3 Se invocó la configuración de un defecto denominado “mixto”, consistente en la ausencia de motivación y falta de congruencia de la sentencia , puesto que el fallador omitió pronunciarse sobre las contradicciones en las que incurrió el único testigo, así como sobre las ayudas económicas que este recibió, aspectos que fueron oportunamente planteados

de motivación y falta de congruencia de la sentencia , puesto que el fallador omitió pronunciarse sobre las contradicciones en las que incurrió el único testigo, así como sobre las ayudas económicas que este recibió, aspectos que fueron oportunamente planteados en el recurso de apelación.

4.4 Alegaron un desconocimiento del precedente, porque la sentencia cuestionada i) revivió el criterio establecido en la sentencia SU -363 de 2021 que ya estaba proscrito , por lo que no se podía convalidar una detención sustentada en un testimonio de “un menor partícipe confeso, condicionado por posibles beneficios y sin judicialización clara”; ii) redujo la inferencia razonable a un solo testimonio ; y iii) el único sustento que tuvo era que el denunciado estaba en el lugar de los hechos.

En suma, mientras el precedente constitucional (SU -072/18, SU-363/21, SU126/25, SU054/25) y contencioso (CE, Rad. 62.178/23, 59.233/24) exige un control integral de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, la Sentencia No. 137 se limitó a validar formalismos y a elevar un señalamiento inconsistente a “inferencia razonable”,Radicado: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

4 distorsionando el precedente vertical y horizontal y vaciando de contenido la cláusula de responsabilidad del artículo 90 superior.

4.5 Finalmente, discutió que, si bien la sentencia invocó la providencia con radicado 61.274 de esta Corporación como caso semejante, no es menos cierto que ambos casos son

responsabilidad del artículo 90 superior.

4.5 Finalmente, discutió que, si bien la sentencia invocó la providencia con radicado 61.274 de esta Corporación como caso semejante, no es menos cierto que ambos casos son diferentes, pues en el primero se trató en la imposición de una medida de aseguramient o con sustento en varios testimonios y contradicciones en la indagatoria, mientras que e n su caso solo existía un testimonio.

D. Trámite procesal

5. Por auto del 12 de septiembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela5. La providencia fue notificada a la autoridad judicial accionada (Tribunal Administrativo del Cauca) y a los terceros con interés vinculado al proceso (Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Décimo Administrativo de Popayán).

E. Oposiciones e intervenciones

6. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6 (tercera con interés) solicitó su desvinculación, tras considerar que carecía de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no está dentro de sus funciones la de dejar sin efectos las decisiones proferidas en procesos judiciales.

6.1 Frente al fondo del asunto, indicó que la demanda de tutela era improcedente porque los accionantes lo que pretenden es abrir una nueva instancia del proceso ordinario; además, que no se argumentó de manera adecuada los defectos alegados.

6.2 La Fiscalía General de la Nación 7 (tercera con interés) solicitó su desvinculación del proceso, dado que no fue dicha entidad la que transgredió los derechos fundamentales de

que no se argumentó de manera adecuada los defectos alegados.

6.2 La Fiscalía General de la Nación 7 (tercera con interés) solicitó su desvinculación del proceso, dado que no fue dicha entidad la que transgredió los derechos fundamentales de los accionantes, y tampoco sería de su competencia repararlos.

6.3 De otro lado, sostuvo que la demanda de tutela debía declararse improcedente porque no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes cuentan con el recurso extraordinario de revisión para cuestionar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.

6.4 Adicionalmente, que no efectuó un desarrollo argumentativo ni probatorio adecuado para sustentar la configuración de los defectos invocados. Por último, que lo pretendido por los accionantes es una tercera instancia del proceso ordinario, máxime cuando la sentencia se encuentra debidamente motivada y resulta congruente con lo debatido y probado a lo largo del proceso.

5 Índice 8 del aplicativo Samai. 6 Índice 13 del aplicativo Samai. 7 Índice 14 del aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

5 6.5 El Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Popayán8 (tercero con interés) compartió el link del proceso ordinario. Además, solicitó declarar improcedente la demanda de tutela al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues lo que se pretende es una tercera instancia. Aclaró que no se vulneraron los derechos fu ndamentales de los

link del proceso ordinario. Además, solicitó declarar improcedente la demanda de tutela al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues lo que se pretende es una tercera instancia. Aclaró que no se vulneraron los derechos fu ndamentales de los accionantes porque las decisiones adoptadas tienen sustento en la jurisprudencia unificada sobre la materia.

6.6 El Tribunal Administrativo del Cauca 9 (accionada) indicó simplemente que se remitía a los argumentos expuestos en la sentencia cuestionada, tras considerar que allí se hizo un análisis pormenorizado de las razones que sustentaron la decisión.

F. Fallo impugnado

7. Mediante sentencia del 9 de octubre de 2025 10, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela al no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional. Frente al primero, sostuvo que los accionantes contaban con el recurso extraordinario de revisión para discutir la supuesta falta de motivación y congruencia de la que adolecía la sentencia del 24 de julio de 2025.

7.1 En cuanto al segundo, sostuvo que los accionantes lo que pretenden es una instancia adicional del proceso ordinario, pues se encuentran inconformes con la valoración probatoria y las conclusiones a las que llegó el juez natural de la causa.

7.2 Finalmente, en cuanto al desconocimiento del precedente señaló que, si bien se invocaron varias sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, lo cierto es que no desarrolló que alcance deberían de tener esas decisiones en su caso.

G. Impugnación

8. Los accionantes impugnaron la decisión de primera instancia11, al considerar que el caso

que no desarrolló que alcance deberían de tener esas decisiones en su caso.

G. Impugnación

8. Los accionantes impugnaron la decisión de primera instancia11, al considerar que el caso sí cumplía con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el señor Marco Andrés Muñoz de los Ríos fue absuelto en el proceso penal y su privación se sustentó en una prueba que era ilegal.

La relevancia constitucional se configura en el presente caso no por pretender reabrir el debate fáctico o probatorio como mal lo interpreta la Sección Primera, sino por denunciar, como garantía judicial a través de este medio residual, una actuación judic ial que quebrantó directamente la supremacía de la Constitución y los tratados convencionales, al desconocerse el deber de examinar la violación directa de los derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso, previstos no solo en la Constitución Política (arts. 28 y 29), sino también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 7 y 8).

8.1 Sostuvieron que no reconocer relevancia constitucional al presente asunto configuraría una denegación de justicia , pues convertiría “el requisito general (relevancia constitucional) en un obstáculo formal”. Adicionalmente, que con el salvamento de voto de

8 Índice 15 del aplicativo Samai. 9 Índice 16 del aplicativo Samai. 10 Índice 21 del aplicativo Samai. 11 Índice 25 del aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

6

11 Índice 25 del aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

6 uno de los magistrados del Tribunal se puede constatar la vulneración de los derechos fundamentales y “demuestra que la privación de la libertad se produjo en contravía del debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal”.

8.2 En cuanto a los argumentos expuestos por el a quo frente al desconocimiento del precedente, indicaron que no resultaba razonable que debiera profundizar en cada sentencia que señala como desconocida, pues eso es una carga del juez constitucional.

8.3 Manifestó su inconformidad en cuanto al incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues consideró que la sentencia al indicar que debió promover el recurso extraordinario de revisión redujo el debate constitucional a “un asunto meramente procesal”, por lo que consideró que el mencionado recurso no resulta ba eficaz ni idóneo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, sumado a que no se configura ninguna de las causales prescritas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administr ativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.

8.4 Finalmente, que no buscan reabrir la valoración probatoria realizada dentro del proceso ordinario sino “verificar si la autoridad, al validar una privación de la libertad sustentada en una prueba expresamente prohibida por el artículo 438 C.P.P., quebrantó el bloque de constitucionalidad y convencionalidad que rige la materia”.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

una prueba expresamente prohibida por el artículo 438 C.P.P., quebrantó el bloque de constitucionalidad y convencionalidad que rige la materia”.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por Érica Narváez Salazar y otros contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

I. Solicitud de desvinculación

10. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación solicitaron su desvinculación del presente proceso de tutela. La Sala negará tal solicitud, en tanto dichas autoridades fueron vinculadas en cali dad de terceras con interés, dado que constituyeron el extremo pasivo de la litis en el proceso ordinario.

Razón por la cual, se considera que les asiste interés en lo decidido en el marco de la demanda de tutela.

J. Sentido de la decisión

11. La Sala confirmará la decisión de primera instancia proferida el 9 de octubre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, al no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional y de subsidiariedad. En eseRadicado: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

7

no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional y de subsidiariedad. En eseRadicado: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

7 sentido y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la acción12.

K. Caso concreto

12. Los accionantes alegaron que la sentencia cuestionada incurrió en:

1. un defecto fáctico, porque la medida de aseguramiento se sustentó únicamente en un testimonio al que la Fiscalía General de la Nación le ofreció supuestamente beneficios para incriminarlo;

1. un defecto sustantivo, por una interpretación equivocada del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que exigía la realización de un test de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, requisito que no se cumplió dado que solo existía una prueba de referencia; y

1. una violación directa de la Constitución, al darle valor disuasorio a l testimonio “ilegal” del menor que lo señaló como participe en la comisión del delito.

12.1 De entrada, la Sala advierte que frente a dichos defectos no se satisface el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la demanda de tutela tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso de reparación directa, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte de l Tribunal Administrativo del Cauca en la aplicación de la normativa y la jurisprudencia.

12.2 La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias

arbitraria o ilegítima por parte de l Tribunal Administrativo del Cauca en la aplicación de la normativa y la jurisprudencia.

12.2 La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos fundamentales.13 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión cuestionada14, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. 12.3 En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional. De esta

12 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración;

perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe queda r claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración com o los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) Que no se trate de sentencias de tutela. (Ver sentencia C-590 de 2005) 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo. 14 Corte Constitucional, sentencias T -016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU -128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

8 manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.15 12.4 En la sentencia SU -215 de 2022 16, la Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y

criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente para la in terpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho fundamental; (ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales; (iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y (iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales 12.5 Para la Corte Constitucional 17, el requisito de relevancia constitucional comporta tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se

finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

12.6 Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”18.

12.7 Revisado el expediente ordinario, la Sala evidencia que los argumentos presentados por los accionantes en el escrito de amparo ya fueron expuestos en el recurso de apelación que formuló contra la sentencia proferida el 20 de octubre de 2023 , por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Popayán. Así las cosas, es evidente que la demanda de tutela

15 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU -068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU -184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

M.P. José Antonio Cepeda; SU -068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU -184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo. 17 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. 18 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05538-01

Accionante: Érica Narváez Salazar y otros Acción de tutela

9 tiene como propósito abrir una instancia adicional a las previstas en el proceso ordinario, como se expondrá a continuación:

12.8 Mediante sentencia del 20 de octubre de 2023, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Popayán negó las pretensiones de la demanda , tras considerar que, si bien el señor Muñoz de los Ríos fue absuelto en el proceso penal, lo cierto es que la medida de aseguramiento se observaba como indispensable y necesaria , pues el actuar del mencionado ciudadano fue el que causó el daño:

A partir de los elementos materiales probatorios y evidencia física que obra en el expediente, para esta judicatura, resulta consecuente concluir que, el señor Marco Andrés Muñoz De Los Ríos se expuso al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento q ue posteriormente padeció, pues la causa eficiente y única de la privación de la libertad, no fue en principio un actuar erróne