CE - Sentencia 11001031500020250555800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00

Accionante: Henry Alexander Aldana Ávila Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se niegan las pretensiones de la demanda. No se configuran los defectos alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela1 instaurada por el señor Henry Alexander Aldana Ávila, contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la honra y al buen nombre, supuestamente ocurrida con ocasión de la providencia de fecha 4 de agosto de 2025, al interior del proceso disciplinario con radicado 11001-25-02-000-2024-06805-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

disciplinario con radicado 11001-25-02-000-2024-06805-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que el 12 de noviembre de 2024 el actor presentó una queja2 disciplinaria contra el abogado Edgar Chacón Hartmann, bajo los supuestos de haber emitido manifestaciones injuriosas en la contestación de una demanda 3, así como de haber efectuado acercamientos extraprocesales que afectaron sus derechos y el curso del proceso.

3. El accionante señaló que la «Comisión de Disciplina Judicial», desestimó4 su queja, argumentando que no hubo animus injuriandi ni imputaciones deshonrosas en la conducta del abogado objeto de reproche. Afirmó que la decisión no realizó un análisis profundo de los hechos y las pruebas, y minimizó el impacto sobre su honra y los actos indebidos del abogado.

1 Presentada el 5 de septiembre de 2025. 2 Índice 2 del aplicativo SAMAI, 5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_5_9_20258_17__4_20250908103433784 3 Dentro del proceso de cesación de los efectos civiles del matrim onio católico seguido bajo el radicado núm. 11001-31-10-009-2024-00117-00, ante el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá. 4 Mediante pronunciamiento disciplinario del 4 de agosto de 2025 , exp.11001-25-02-000-2024-06805-00, índice 10 del aplicativo SAMAI, 01Queja202406805Acción de Tutela

4 Mediante pronunciamiento disciplinario del 4 de agosto de 2025 , exp.11001-25-02-000-2024-06805-00, índice 10 del aplicativo SAMAI, 01Queja202406805Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00

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4. Finalmente, el actor manifestó que la providencia conc luyó que no había mérito para abrir investigación disciplinaria y que contra ella “no procede recurso alguno”, dejándolo en estado de indefensión. Por lo anterior, consideró que se vulneraron sus derechos al no permitirle controvertir la decisión por la ví a ordinaria.

2.2. Fundamento jurídico

5. El actor argumentó que la «Comisión de Disciplina Judicial » vulneró su derecho fundamental al debido proceso al desestimar de plano la queja presentada contra el abogado Edgar Chacón Hartmann, en su sentir, sin realizar un análisis razonado de las pruebas aportadas, como el memorial con expresiones injuriosas 5, la declaración extrajuicio y las actuaciones procesales irregulares del reprochado con lo que alegó un defecto fáctico al respecto.

6. Señaló que el artículo 68 de la Ley 1123 de 20076 exigía la ausencia total de mérito para dicha desestimación, pero que ello no se cumplió en su caso, con lo que se infiere que endilgó un defecto sustantivo a la providencia en este sentido.

de mérito para dicha desestimación, pero que ello no se cumplió en su caso, con lo que se infiere que endilgó un defecto sustantivo a la providencia en este sentido.

7. Indicó que, según la jur isprudencia constitucional 7, para descartar la existencia de injuria es necesario verificar si hubo animus injuriandi , lo cual exigía un análisis detallado del contexto, la intención y los efectos de las expresiones utilizadas. Adujo que la Comisión supuestamente omitió dicho análisis y se limitó a afirmar que los señalamientos provenían de la cliente del abogado, lo cual, en su criterio, resulta insuficiente y vulneraba el estándar constitucional exigido para descartar una conducta injuriosa.

8. También alegó una vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia, ya que la decisión de cerrar el estudio de la queja sin permitir el procedimiento disciplinario lo dejaba en estado de indefensión frente a la situación alegada por lo que se advie rte que alegó también desconocido el precedente contenido en las sentencias T -100/188 y T -458/199, que afirmó: «reconocen la procedencia de la tutela cuando se cierran anticipadamente investigaciones disciplinarias sin valorar pruebas mínimas».

9. Finalmente, sostuvo que se vulneraron los derechos a la honra y al buen nombre, al derecho de petición y a la igualdad, al minimizar el impacto de las expresiones injuriosas, emitir una respuesta aparente sin motivación sustancial,

5 Índice 2 del aplicativo SAMAI, 4_EXPEDIENTEDIGI_Demanda_3_20250908103433721, escrito de tutela, pág.2.

expresiones injuriosas, emitir una respuesta aparente sin motivación sustancial,

5 Índice 2 del aplicativo SAMAI, 4_EXPEDIENTEDIGI_Demanda_3_20250908103433721, escrito de tutela, pág.2. 6 «Por la cual se establece el código disciplinario del abogado.» Capitulo IV Inicio de la Acción Disciplinaria. Artículo

68. Procedencia. La Sala del conocimiento deberá examinar la procedencia de la acción disciplinaria y podrá desestimar de plano la queja si la misma no presta mérito para abrir proceso disciplinario o existe una causal objetiva de improcedibilidad. Subrayas de la Sala 7 Corte Constitucional, Sentencia de Unificación, SU-396 de 2017 del 22 de junio de 2017, MP Gloria Stella Ruiz Delgado, donde la Corte enfatizó que para que se configure la injuria, debe verificarse la existencia de animus injuriandi. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 2018, MP Gloria Stella Ruiz Delgado, cuyo tema central es el derecho a la libertad de cultos de personas privadas de la libertad. - No aplicable al caso concreto. - 9 Corte Constitucional, Sentencia T-458 de 2019, MP Gloria Stella Ruiz Delgado , que trató sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad , abordando el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de estos individuos. – Temática que no encuadra este asunto. -Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00

Accionante: Henry Alexander Aldana Ávila

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Temática que no encuadra este asunto. -Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00

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3 y aplicar jurisprudencia de f orma restrictiva frente a casos similares. Concluyó manifestando, que, en su sentir, la decisión careció de una motivación adecuada, pero no profundizó en sus argumentos al respecto.

2.3. Pretensiones

10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«Me permito solicitar la protección inmediata de mis derechos fundamentales, denominados: debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, honra y buen nombre los cuales vienen siendo vulnerados p or la entidad encartada COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL MAGISTRADA PONENTE SANDRA MILENA CARRILLO RAMÍREZ, con domicilio en la ciudad de Bogotá, y por lo tanto disponga lo pertinente, a fin de que se ordene que se adopten las decisiones necesarias y por lo tanto se disponga lo pertinente para que:

• Se amparen los derechos fundamentales invocados.

• Se ordene a la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá dejar sin efectos la decisión de desestimación de plano y emitir una nueva providencia debidamente motivada, que valore en debida forma los hechos y las pruebas allegadas.

• Subsidiariamente, se ordene a la Comisión reabrir la queja disciplinaria y adelantar las diligencias necesarias para determinar si la conducta del abogado

motivada, que valore en debida forma los hechos y las pruebas allegadas.

• Subsidiariamente, se ordene a la Comisión reabrir la queja disciplinaria y adelantar las diligencias necesarias para determinar si la conducta del abogado denunciado constituye falta disciplinaria.

• Aclaro que no existe otro medio judicial para evitar se sigan ocasionando perjuicios irremediables al suscrito.» (SIC en toda la cita.)

2.4. Intervenciones

11. Mediante auto del 810 de septiembre de 2025 se admitió la acción de tutela de la referencia, se ordenó notificar como accionada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá 11, a los señores Jocelyn Cristina Falcón Romero, Edgar Chacón Hartmann, Ana Adelaida Acosta Delgadillo, Gina Paola Ávila Uribe y al Juzgado Noveno de Familia de Bogotá como terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.

2.4.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá12, a través de la magistrada Sandra Milena Carrillo Ramírez manifestó que, mediante providencia del 4 de agosto de 2025, desestimó de plano la queja disciplinaria presentada por el señor Henry Alexander Aldan a Ávila contra el abogado E. C. H., en el marco del proceso de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico con radicado 11001 -31-10-009-2024-00117-00. Indicó que fundamentó su decisión en el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que no existía

católico con radicado 11001 -31-10-009-2024-00117-00. Indicó que fundamentó su decisión en el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que no existía mérito suficiente para abrir investigación disciplinaria.

12. Sostuvo además que, tras analizar integralmente los hechos expuestos por el actor, la Comisión concluyó que no se configuró animus injuriandi, ya que

10 Índice 4, del aplicativo SAMAI 11 Despacho de la magistrada Sandra Milena Carrillo Ramírez 12 Índice 12, del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00

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4 las manifestaciones del abogado y eventual sujeto disciplinable no estuvieron dirigidas a menoscabar el buen nombre del quejoso, sino a contextualizar al juez sobre los antecedentes entre las partes. Aunado a lo anterior, indicó que los señalamientos no tuvieron como finalidad afectar l a honra del accionante, y que la actuación del abogado se enmarcó en el normal ejercicio de su actividad profesional.

13. Adicionalmente, indicó que la providencia fue comunicada el 6 de agosto de 2025 al quejoso, al eventual disciplinable y al Procurador Judicial, sin que se recibiera pronunciamiento alguno por parte de estos. Señaló que esa corporación actuó conforme al artículo 257A de la Constitución, y que su competencia se

de 2025 al quejoso, al eventual disciplinable y al Procurador Judicial, sin que se recibiera pronunciamiento alguno por parte de estos. Señaló que esa corporación actuó conforme al artículo 257A de la Constitución, y que su competencia se limita a juzgar la conducta de los abogados, sin interferir en el de sarrollo del proceso judicial de divorcio que dio origen a la queja.

14. Finalmente, la Comisión aclaró que las decisiones inhibitorias no hacen tránsito a cosa juzgada ni vulneran el acceso a la justicia, ya que el quejoso puede reformular la queja si ap orta nuevos elementos. Además, precisó que el expediente disciplinario reviste carácter reservado conforme al artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, y que los quejosos no tienen calidad de sujetos procesales, por lo que su acceso está restringido.

2.4.2. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

16. La Sala advierte que solamente estudiará los defectos que se lograron establecer como reprochados por el accionante, que presentaron algún sustento en sus planteamientos, esto es, el defecto fáctico, el sustantivo y el de desconocimiento del precedente judicial, pues con relación al de presunta falta de motivación el actor no presentó ningún argumento sólido más allá de su desazón con la decisión que habilite su estudio.

3.3. Problema jurídico

desconocimiento del precedente judicial, pues con relación al de presunta falta de motivación el actor no presentó ningún argumento sólido más allá de su desazón con la decisión que habilite su estudio.

3.3. Problema jurídico

17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá con ocasión de la providencia de fecha 4 de agosto de 2025, al interior del proceso disciplinario con radicado 1100 1-25-02-000-2024-06805-00 incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente y con ellos en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la honra y al buen nombre del accionante.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00

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3.4. Procedencia de la acción de tutela

18. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de 2015, protege los derechos f undamentales cuando son vulnerados o amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio

2015, protege los derechos f undamentales cuando son vulnerados o amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

19. De acuerdo con la j urisprudencia constitucional, es posible acudir al recurso de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los valores, principios y derechos constituci onales, permitiendo el control de autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.

20. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaborac ión jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.

21. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en e l proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un

irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afe cta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de ampa ro constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamen te individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, teniendo en cuenta que contra la decisión de de sestimar de plano la queja presentada no procede ninguno de ellos.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00

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3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más

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3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada, toda vez que la decisión fue notificada el 6 de agosto de 2025 y la acción de tutela se presentó el 5 de septiembre de 202513.

3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se centra en establec er una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos: fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en su providencia del 4 de agosto de 2025 al interior d el proceso disciplinario con radicado 11001-25-02-000-2024-06805-00.

22. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

23. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional14 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

24. Una dimensión negativa15, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma

24. Una dimensión negativa15, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

25. Una dimensión positiva 16, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de l o resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

26. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables , le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»17.

13 Título VI de la Ley 1123 de 2007. 14 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 15 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 15 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 16 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 17 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00

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27. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

28. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo

en los siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de

la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»18.

29. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los cuales se configura el defecto sustantivo como causal especifica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circun stancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su abs oluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la co sa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las pa rtes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las pa rtes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el

18 Corte Constitucional, sentencia T -1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00

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8 orden jurídico preesta blecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que

derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»19.

30. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.7. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

31. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de

decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.7. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

31. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 20, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

32. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

33. Respecto del precedente vertical21, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

34. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso22.

19 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso22.

19 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 20 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 21 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 22 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00

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35. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuad o entre los justiciables ningún género de discriminación23.

36. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte de