CE - Sentencia 11001031500020250556101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: Accionante:

Accionado:

Acción: Tema:

Decisión: 11001 03 15 000 2025 05561 01

Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimiento 3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” Acción de tutela Acción de tutela por presunta vulneración del debido proceso derivada de la decisión que negó la existencia de solidaridad en la condena ejecutada. Confirma la improcedencia, pero, por no superarse el requisito de relevancia constitucional frente a las decisiones judiciales cuestionadas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 17 de octubre de 2025 por la Sección Tercera Subsección “A” del Consejo de Estado, en donde declaró improcedente la acción de tutela.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimiento 3 , actuando a través de apoderado, promovió acción de tutela en contra de l Tribunal Administrativo de

1. SÍNTESIS DEL CASO

El Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimiento 3 , actuando a través de apoderado, promovió acción de tutela en contra de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

1. Se tutelen los derechos fundamentales del FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPARTIMIENTO 3, referentes al Debido Proceso, toda vez que estos fueron vulnerados por la decisión adoptada por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, dentro del proceso 11001334306320210030103, al proferir la providencia del 27 de marzo del 2025

2. Se deje sin efectos la providencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el H Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, dentro del proceso 11001334306320210030103, por haber vulnerado los derechos fundamentales

del FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPARTIMIENTO 3,

3. Se ordene al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera proferir una nueva providencia dentro del proceso 11001334306320210030103 teniendo en cuenta los precedentes verticales y horizontales existentes frente a la materia en disputa, el acervo prob atorio existente y motivando debidamente sus decisiones, esto es, revocando el auto que termina proceso proferido por el Juzgado Sesenta Y Tres Administrativo Del Circuito Judicial De Bogotá, Sección

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

Juzgado Sesenta Y Tres Administrativo Del Circuito Judicial De Bogotá, Sección

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05561 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05561 01

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Tercera, que ordeno terminar el proceso respecto al crédito (capital e intereses), tomando en cuenta que, el pago realizado por la Fiscalía General de la Nación se realizó de forma solidaria de conformidad al artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, el cual fue reglamentado mediante el Decreto 642 de 2020, cubriendo la parte de la Rama Judicial, razón por la cual, no existen saldos a favor de la entidad ejecutada y la imputación realizada por la parte actora dentro del proceso ejecutivo es la real, generando la existencia de un saldo pendiente por pagarse por valor de $5.259.018 junto a condena en costas procesales aún pendiente de liquidarse y aprobarse por el Despacho Judicial de primera instancia. (Negrillas, mayúsculas y subrayas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 presentó demanda para obtener

subrayas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 presentó demanda para obtener la ejecución de la sentencia del 21 de junio de 2018 dictada dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado nro. 11001 3343 063 2016 00269 00. El proceso ejecutivo recibió el radicado nro. 11001 3343 063 2021 00301 00 y correspondió al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de Bogotá, que libró mandamiento de pago mediante auto del 27 de octubre de 2021 y ordenó seguir adelante la ejecución en decisión del 26 de enero de 2022.

El 7 de septiembre de 2022, el Juzgado aprobó la liquidación del crédito, pero esta fue revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 14 de diciembre de 2023. En consecuencia, el 6 de marzo de 2024 el Juzgado dispuso obedecer lo ordenado por el superior y ordenó realizar nuevamente la liquidación, la cual fue presentada por la parte ejecutante el 7 de marzo de 2024.

Mediante auto del 17 de julio de 2024, el Juzgado puso en conocimiento de la ejecutada la liquidación aportada y requirió a las partes para que informaran, en el término de diez días, si la entidad ejecutada había efectuado el pago del mandamiento de pago del 27 de octubre de 2021, conforme al oficio nro. 20191500034591 del 18 de junio de 2019. La ejecutante respondió señalando que el 14 de septiembre de 2022 la Fiscalía General de

octubre de 2021, conforme al oficio nro. 20191500034591 del 18 de junio de 2019. La ejecutante respondió señalando que el 14 de septiembre de 2022 la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial consignaron $567.308.027 como pago solidario. Indicó que, a corte del 13 de septiembre de 2022, cada entidad adeudaba $288.913.032 y que, al imputar el 50% del pago a la Fiscalía $283.654.014, quedaba un saldo pendiente de $5.259.018. Añadió que no se había aprobado la liquidación de costas ya fijadas.

El 6 de noviembre de 2024, el Juzgado requirió a la ejecutada para que certificara si la orden de pago por $168.882.685, con fecha límite al 14 de septiembre de 2022, correspondía a este proceso o a otro asunto. Posteriormente, mediante auto del 27 de noviembre de 2024, modificó la liquidación del crédito y fijó valores actualizados por capital e intereses, estableciendo un total de $287.521.197,82. Reconoció el pago del 14 de septiembre de 2022 como abono parcial y ordenó continuar la ejecución por el sald o restante, además de iniciar el trámite para la liquidación de costas.

La parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, insistiendo en que al tomar el valor adeudado a corte del ingreso del pago $288.913.032 y descontar el 50% del pago solidario $283.654.014, persistía un saldo de $5.259.018, junto con intereses desde el 14 de septiembre de 2022 y el valor correspondiente a costas. El

el 50% del pago solidario $283.654.014, persistía un saldo de $5.259.018, junto con intereses desde el 14 de septiembre de 2022 y el valor correspondiente a costas. El recurso fue negado mediante auto del 29 de enero de 2025 y en subsidio concedió la apelación.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05561 01

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió la alzada mediante auto del 27 de marzo de 2025 y confirmó lo decidido por el a quo. Señaló que las sentencias del 14 de junio de 2017 y del 21 de junio de 2018 imponían a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial el pago de perjuicios en partes iguales del 50% cada una, por lo cual no existía solidaridad entre ellas. Agregó que, según el contrato de cesión del 29 de abril de 2021, el Fondo Cattleya solo era beneficiario del 50% correspondiente a la Fiscalía. Con base en la certificación de tesorería, indicó que el pago realizado por la Fiscalía, por valor de $567.308.027, excedía la totalidad de su obligación, por lo que no existía el saldo pendiente alegado. En consecuencia, al confirmar lo re suelto por el Juzgado, quedó también verificado que existía un saldo a favor de la Fiscalía por $279.786.829, conforme

pendiente alegado. En consecuencia, al confirmar lo re suelto por el Juzgado, quedó también verificado que existía un saldo a favor de la Fiscalía por $279.786.829, conforme lo había determinado el a quo.

El 2 de abril de 2025, la parte ejecutante solicitó aclaración y adición. Explicó que la solidaridad no provenía de la sentencia de reparación directa, sino del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado por el artículo 8 del Decreto 642 de 2020, que permite que una de las entidades condenadas realice el pago total cuando existen dos o más obligadas. Sostuvo que, bajo esa regla, el pago efectuado por la Fiscalía cubría el 100% de la obligación, incluido el porcentaje correspondiente a la Rama Judicial . Señaló igualmente que, mediante contrato de cesión, los beneficiarios habían cedido al Fondo Cattleya el 50% de la condena atribuible a la Rama Judicial.

El Tribunal negó la solicitud de aclaración y adición mediante auto del 29 de abril de 2025, al considerar que la condena no era solidaria sino conjunta y que la petición reiteraba el desacuerdo sobre ese punto. Frente a ello, la ejecutante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, súplica, reiterando que la solidaridad provenía de la Ley 1955 de 2019. Finalmente, mediante auto del 30 de julio de 2025, notificado el 4 de agosto de 2025, el Tribunal declaró improcedentes dichos recursos.

En el escrito de tutela, la parte actora afirmó que las decisiones adoptadas especialmente el auto del 27 de marzo de 2025 y las posteriores incurren en defecto material o sustantivo

Tribunal declaró improcedentes dichos recursos.

En el escrito de tutela, la parte actora afirmó que las decisiones adoptadas especialmente el auto del 27 de marzo de 2025 y las posteriores incurren en defecto material o sustantivo por inaplicar el artículo 8 del Decreto 642 de 2020, reglamentario del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, al respecto argumentó que2:

[…]Descendiendo al caso que nos ocupa, encontramos que el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartó del precedente legal al: i) no tener en cuenta lo decidido por el legislador respecto a la figura de solidaridad encuadrada por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, el cual fue reglamentado mediante el Decreto 642 de 2020; ii) en consecuencia, toma decisión dejando de lado una orden superior.

A modo de resumen, a de indicarse que, el motivo de controversia no es modo alguno lo indicado en las sentencias condenatorias del proceso de reparación, sino por el contrario, lo que se intentó, reiterativamente, indicar a los Despachos judiciales, es la existencia de una ley de orden nacional que incluye la figura de solidaridad, siendo esta la Ley 1955 de 2019, reglamentada por el Decreto 642 de 2020 que indica: […]

A su juicio, el Tribunal desconoció el mandato legal sobre la solidaridad en el pago de providencias judiciales y sustituyó la regla legal por una interpretación contraria al legislador, vulnerando así el principio de sometimiento al imperio de la ley.

2 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05561 01

Accionante: Fondo de Capital Privado CattleyaCompartimiento 3

2 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05561 01

Accionante: Fondo de Capital Privado CattleyaCompartimiento 3

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección “A”

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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 4 de septiembre de 2025 3 y correspondió por reparto al Sección Tercera Subsección “A” del Consejo de Estado , que por auto del 9 del mismo mes y año 4 la admitió y dispuso notificar 5 a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , como parte accionada y como vinculada a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la entidad que representa intervino en el proceso ejecutivo con radicado 11001 3343 063 2021 00301 00/01 para que rindieran informe sobre los hechos que motivaron la presente acción de tutela.

3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” 6, por intermedio del magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en subsidio, negar las pretensiones. Señaló que no se configura el defecto material o sustantivo atribuido a las providencias censuradas.

Aseguró que el asunto carece de relevancia constitucional, pues la inconformidad del

se configura el defecto material o sustantivo atribuido a las providencias censuradas.

Aseguró que el asunto carece de relevancia constitucional, pues la inconformidad del Fondo ejecutante se dirige a reabrir el debate ya definido en la ejecución sobre la naturaleza de la obligación contenida en el título base de recaudo. Refirió que las decisiones adoptadas en el trámite ejecutivo valoraron razonablemente que la sentencia de reparación directa impuso a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial el pago del 50% cada una, sin solidaridad.

Indicó que no era procedente imponer a la Fiscalía la obligación de asumir el porcentaje correspondiente a la Rama Judicial, máxime cuando el contrato de cesión del 29 de abril de 2021 transfirió al Fondo únicamente el 50% atribuible a esa entidad. Explicó que, según la certificación de tesorería, el pago efectuado el 14 de septiembre de 2022 por valor de $567.308.027 superó la totalidad de la obligación a cargo de la Fiscalía, lo que excluía la existencia de saldo pendiente. Manifestó que la providencia de l 27 de marzo de 2025 no aplicó normas inexistentes ni inaplicables, no se apartó del precedente y no desconoció el imperio de la ley, razón por la cual no se estructura el defecto invocado.

3.3. La Fiscalía General de la Nación presentó respuesta 7 en la que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegada por la parte actora se atribuye a las decisiones adoptadas dentro del proceso ejecutivo adelantado en su contra y, por ende,

declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegada por la parte actora se atribuye a las decisiones adoptadas dentro del proceso ejecutivo adelantado en su contra y, por ende, no existe relación de causalidad entre las actuaciones de la entidad y la afectación que se invoca. Sostuvo que las providencias cuestionadas fueron proferidas por autoridades judiciales independientes y ajenas a su competencia, de manera que la Fiscalía no reúne la calidad de sujeto pasivo en esta acción constitucional.

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05561 00. 4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05561 00. 5 Esta orden se cumplió los días 17 de septiembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05561 00. 6 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05561 00. 7 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05561 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05561 01

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radicado nro. 11001 0315 000 2025 05561 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05561 01

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección “A”

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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Tercera Subsección “A” del Consejo de Estado, mediante sentencia de fecha 17 de octubre de 20258, declaró improcedente la acción de tutela promovida por el Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 contra los autos del 27 de marzo de 2025 y las decisiones posteriores dictadas dentro del proceso ejecutivo 11001 3343 063 2021 00301 03. Consideró que el accionante no cumplió el requisito de subsidiariedad, al contar con mecanismos ordinarios idóneos para plantear los reparos que formuló en sede constitucional.

Señaló que la controversia surgió a partir de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, al resolver la apelación interpuesta contra el auto del 27 de noviembre de 2024, confirmó que la condena derivada del proceso de reparación directa no era solidaria, sino conjunta, y que cada entidad debía responder por el 50% de los perjuicios reconocidos. En consecuencia, dado que la demanda ejecutiva se dirigió únicamente contra la Fiscalía General de la Nación, esta no estaba obligada a asumir la

no era solidaria, sino conjunta, y que cada entidad debía responder por el 50% de los perjuicios reconocidos. En consecuencia, dado que la demanda ejecutiva se dirigió únicamente contra la Fiscalía General de la Nación, esta no estaba obligada a asumir la parte correspondiente a la Rama Judicial y el pago realizado el 14 de septiembre de 2022 cubría la totalidad de su obligación.

La Sala advirtió que, en el recurso de apelación resuelto mediante el auto del 27 de marzo de 2025, el Fondo Cattleya no alegó la supuesta inobservancia del artículo 8 del Decreto 642 de 2020 ni del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019. Únicamente insistió e n que la condena era solidaria y que, por ello, el pago efectuado por la Fiscalía debía dividirse en dos, generando un saldo pendiente de $5.259.018. Al no haber introducido el debate normativo en la oportunidad procesal correspondiente, el accionante no podía acudir a la acción de tutela para reabrir una discusión que omitió en el recurso ordinario.

Por ello, fundamentó que9:

[…]Entonces, el ejecutante, accionante en esta causa judicial, se abstuvo injustificadamente de exponer la supuesta inobservancia del artículo 8 del Decreto 642 en el recurso de apelación, siendo esa la oportunidad procesal idónea para proponer el debate que hoy pretende introducir por medio de la acción de tutela. De ese modo, resulta absolutamente inadmisible que el accionante acuda a este valioso mecanismo de protección de derechos fundamentales a cuestionar el hecho de que la autoridad judicial accionad a hubiera inobservado un precepto normativo, cuando dicha controversia ni siquiera fue puesta de presente el la

valioso mecanismo de protección de derechos fundamentales a cuestionar el hecho de que la autoridad judicial accionad a hubiera inobservado un precepto normativo, cuando dicha controversia ni siquiera fue puesta de presente el la alzada para que este estuviera en la posibilidad de estudiar su pertinencia o no en el asunto.[…]

En aplicación del artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), la Sala resaltó que el juez de segunda instancia debe pronunciarse exclusivamente sobre los argumentos expuestos por el apelante. Por tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tenía competencia para estudiar la supuesta inaplicación del Decret o 642 de 2020, pues este aspecto no fue planteado en la alzada. Además, la Sala observó que dicho argumento fue introducido únicamente en la solicitud de aclaración y adición, mecanismo que no permite incorporar cuestiones nuevas ni subsanar omisiones en el recurso.

8 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05561 00. 9 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05561 01

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Bajo estas consideraciones, concluyó que el Fondo Cattleya contó con un medio judicial

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Bajo estas consideraciones, concluyó que el Fondo Cattleya contó con un medio judicial idóneo para controvertir la presunta inobservancia del artículo 8 del Decreto 642 de 2020 el recurso de apelación, pero se abstuvo de utilizarlo. Por ello, la tutela no podía ser empleada para suplir su falta de diligencia ni para sustituir la competencia del juez natural.

Finalmente, la Sala indicó que, aun si en gracia de discusión se entendiera superado el requisito de subsidiariedad, la providencia cuestionada se pronunció de manera congruente con los cargos formulados en la apelación y no puede calificarse como irrazonable, caprichosa o arbitraria. Por esa razón, incluso en ese escenario hipotético, la acción de tutela tampoco estaría llamada a prosperar, al carecer de relevancia constitucional.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó 10 argumentando que la decisión se sustentó erróneamente en el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al considerar que en la apelación contra el auto del 27 de noviembre de 2024 no se había mencionado la inobservancia del artículo 8 del Decreto 642 de 2020. Sostuvo que el despacho partió de una premisa equivocada, pues el factor de solidaridad sí fue expuesto en el recurso ordinario, aunque no se mencionara de manera literal la norma reglamentaria. Explicó que desde esa etapa procesal manifestó

de solidaridad sí fue expuesto en el recurso ordinario, aunque no se mencionara de manera literal la norma reglamentaria. Explicó que desde esa etapa procesal manifestó que las entidades condenadas debían asumir la obligación de forma solidaria y que el pago debía imputarse conforme a tal criterio.

Indicó que11:

Al respecto, se aclara al Despacho que, el no nombrar taxativamente la normativa dejada de usar por el juez administrativo, no implica que no haya sido expuesta la solidaridad en que debía ser pagada la condena por las entidades condenadas en el proceso de reparación directa, siendo este argumento nombrado desde el recurso de apelación contra el auto que aprueba liqudiación (sic) de proceso y termina proceso (siendo este recurso el que da lugar a la providencia judicial proferida por el Tribunal Administrat ivo de Cundinamarca, el cual es materia de discusión en la presente acción de tutela).

En tal medida, es claro que, dejar de lado la normativa, siendo esta el Decreto 642 de 2020, no se da debido a haberse o no nombrado por la parte ejecutante, sino que esto se da, exclusivamente por un desconocimiento por parte del juez fallador, situación que, debe ser corregida, esto en el entendido que, el poder judicial basa su devenir en el cumplimiento imperioso de la ley, no pudiendo dejarla de lado por desconocimiento o ignorancia.

Adujo que, conforme a la Sentencia C-836 de 2001, el imperio de la ley exige a los jueces aplicar el ordenamiento jurídico en su conjunto, y que las autoridades judiciales no pueden apartarse de la normativa vigente por desconocimiento o interpretación subjetiva.

aplicar el ordenamiento jurídico en su conjunto, y que las autoridades judiciales no pueden apartarse de la normativa vigente por desconocimiento o interpretación subjetiva. Consideró que aceptar ese proceder genera inseguridad jurídica y permite decisiones contrarias a la ley, lo cual afecta el debido proceso judicial que debe orientar las decisiones de los jueces.

10 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 0315 000 2025 05561 00. 11 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05561 01

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Asimismo, alegó la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Con fundamento en la Sentencia SU -061 de 2018, sostuvo que el fallo de tutela privilegió criterios formales sobre las reglas procesales, sin atender al contenido material del problema jurídico, consistente en determinar si la decisión del Tribunal era ajustada o no al Decreto 642 de 2020. Señaló que el análisis del juez constitucional se limitó a constatar si la norma fue mencionada oportunamente, sin considerar que el punto crucial era la legalidad de la providencia cuestionada.

Enfatizó que, si se valida una decisión judicial que desconoce el artículo 53 de la Ley

limitó a constatar si la norma fue mencionada oportunamente, sin considerar que el punto crucial era la legalidad de la providencia cuestionada.

Enfatizó que, si se valida una decisión judicial que desconoce el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y su reglamentación, se permite que sentencias contrarias a la ley queden ejecutoriadas, afectando no solo a su representado, sino al propio orden jurídico . Indicó que el Decreto 642 de 2020 establece de manera expresa el factor de solidaridad para el pago de obligaciones derivadas de condenas judiciales, por lo que no aplicar dicha disposición en el proceso ejecutivo genera una injusticia evidente y vulnera el debido proceso.

Finalmente, solicitó revocar el fallo de tutela de primera instancia y, en consecuencia, tutelar el derecho fundamental al debido proceso. Pidió dejar sin efectos la providencia del 27 de marzo de 2025 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenar que se profiera una nueva decisión ajustada al imperio de la ley, al precedente aplicable y al acervo probatorio del proceso. Solicitó igualmente revocar el auto que dio por terminado el proceso ejecutivo, resaltando que el pago efectuado por la Fiscalía G eneral de la Nación fue solidario conforme al Decreto 642 de 2020 y cubrió la parte correspondiente a la Rama Judicial, lo que deja un saldo pendiente de $5.259.018, además de la condena en costas aún sujeta a liquidación y aprobación.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con

en costas aún sujeta a liquidación y aprobación.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201915, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejá ndola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.

expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.Radicado: 11001 03 15 000 2025 05561 01

Accionante: Fondo de Capital Privado CattleyaCompartimiento 3

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección “A”

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:

6.2.1. El Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 promovió proceso ejecutivo para hacer efectiva la sentencia del 21 de junio de 2018, dictada dentro del proceso de reparación directa 11001 3343 063 2016 00269 00. El proceso ejecutivo

ejecutivo para hacer efectiva la sentencia del 21 de junio de 2018, dictada dentro del proceso de reparación directa 11001 3343 063 2016 00269 00. El proceso ejecutivo radicó bajo el número 11001 33 43 063 2021 00301 00 y correspondió al Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, que libró mandamiento de pago el 27 de octubre de 2021 y ordenó seguir adelante la ejecución el 26 de enero de 2022.

6.2.2. El 7 de septiembre de 2022, el Juzgado aprobó la liquidación del crédito, decisión que fue r