CE - Sentencia 11001031500020250558800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 05588 00

Accionante: OSWALD ENRIQUE MEZA CONTRERAS Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCASECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la controversia planteada por la parte actora pretende reabrir el debate resuelto por el juez natural

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Oswald Enrique Meza Contreras en contra de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 11001 33 42 050 2019 00534 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Oswald Enrique Meza Contreras promovió acción de tutela en contra de la providencia indicada supra y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Oswald Enrique Meza Contreras promovió acción de tutela en contra de la providencia indicada supra y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Ampare mis derechos fundamentales al debido proceso sustantivo, al trabajo, a la igualdad ante la ley, a la estabilidad laboral reforzada y al acceso a la administración de justicia, en los términos establecidos por la Constitución Política de Colombia y el bloque de constitucionalidad.

2. Deje sin efectos la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “E”, dentro del proceso No. 11001 -33-42-050-2019-00534-01, mediante la cual se confirmó el fallo de primera ins tancia que negó mis pretensiones y, con ello, se convalidó una decisión administrativa arbitraria que desconoció mis derechos fundamentales.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05588 00

Accionante: Oswald Enrique Meza Contreras

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3. Ordene el restablecimiento de los efectos jurídicos de la sentencia de primera instancia, en cuanto a la obligación de estudiar integralmente las pruebas aportadas, valorando mis condiciones de salud, el acoso laboral

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3. Ordene el restablecimiento de los efectos jurídicos de la sentencia de primera instancia, en cuanto a la obligación de estudiar integralmente las pruebas aportadas, valorando mis condiciones de salud, el acoso laboral acreditado y la discriminación pade cida, y que, en consecuencia, se disponga mi reintegro al servicio activo en las Fuerzas Militares – Ejército Nacional, con reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de

percibir, así como la no solución de continuidad en mi carrera militar.

4. Disponga las medidas necesarias para que la jurisdicción contenciosoadministrativa ejerza un control judicial material y no meramente formal sobre los actos administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales reforzados por circunstancias de salud, evitando que se repitan vulneraciones como las aquí acreditadas.

5. Ordene comunicar la decisión que se adopte a las autoridades judiciales y administrativas involucradas, en particular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para los fines legales pertinentes […].”

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que ingresó como alumno a la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdova” el 12 de agosto de 1998 y que fue ascendiendo de forma progresiva a los grados de subteniente, teniente, capitán y mayor.

Señaló que, tras su ascenso a l grado de mayor fue designado como comandante del Batallón de Combate Terrestre nro. 99, y en febrero de 2016 sufrió una lesión

Señaló que, tras su ascenso a l grado de mayor fue designado como comandante del Batallón de Combate Terrestre nro. 99, y en febrero de 2016 sufrió una lesión en la rodilla derecha que comprometió su capacidad física, lo que derivó en incapacidades, tratamientos médicos y dificultades laborales.

Manifestó que, en abril de 2018, la Junta Médico Laboral determinó que presentaba una incapacidad permanente parcial con un 22,68% de pérdida de capacidad laboral por lo que recomendó su reubicación.

Continuó relatando que, el 7 de febrero de 2019, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional recomendó su retiro del servicio activo bajo la figura de llamamiento a calificar servicios, recomendación que fue acogida mediante la Resolución No. 2842 del 7 de mayo de 2019 . Al respecto, s ostuvo que “con esta decisión se desconocieron tanto mis méritos y trayectoria como las recomendaciones médicas que ordenaron mi reubicación, privándome de continuar en el servicio activo en condiciones dignas y ajustadas a derecho ”2.

Indicó que, agotados los recursos administrativos y el trámite de conciliación prejudicial, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, dirigida a obtener

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05588 00

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la nulidad del precitado acto administrativo que lo retiró del servicio activo y el pleno restablecimiento de sus derechos.

Anotó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá que en sentencia del 24 de abril de 2024 negó las pretensiones.

Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en sentencia del 28 de febrero de 2025 la confirmó.

Reprochó que “el Tribunal, al revisar el caso en segunda instancia, optó por una estrategia de aparente rigor jurídico que consistió en transcribir normas y jurisprudencia sobre el retiro discrecional por llamamiento a calificar servicios. No obstante, dicha transcripció n se quedó en la superficie: no aplicó el contenido sustancial de esos precedentes ni los interpretó en su contexto integral. En vez de realizar un control judicial material, el Tribunal redujo su tarea a una verificación formal del acto adm inistrativo, sin examinar las pruebas que demostraban discriminación, acoso laboral y la omisión de mi reubicación, ni el marco de protección constitucional que cobija a quienes, como yo, tenemos una afectación en la salud reconocida por el propio Ejército”3.

discriminación, acoso laboral y la omisión de mi reubicación, ni el marco de protección constitucional que cobija a quienes, como yo, tenemos una afectación en la salud reconocida por el propio Ejército”3.

Explicó que “ninguna de las instancias judiciales asumió el deber de examinar a fondo la cadena de hechos y pruebas que evidencian la desviación de poder y el abuso de la potestad discrecional. Por el contrario, redujeron su estudio a una mirada superficial de la actu ación, limitándose a constatar que yo cumplía con el tiempo de servicio y a citar un concepto vacío de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Incluso se ordenaron pruebas que, en teoría, debían garantizar mi derecho de defensa, pero al momento de deci dir fueron dejadas de lado con el argumento de que no eran necesarias. En la práctica, esto convirtió el proceso en un simple formalismo: se me dio la apariencia de oportunidad probatoria, pero sin que existiera una verdadera valoración del material allegado. Así, el control judicial se degradó a un ejercicio meramente formalista, que terminó legitimando una medida discriminatoria y encubriendo, bajo la apariencia de legalidad, una vulneración grave a mis derechos fundamentales”4.

Adujo que “lo ocurrido en mi caso va más allá de una simple discusión legal sobre la forma en que se interpretó la norma. Lo que realmente se desconoce es la Constitución y los compromisos internacionales que protegen a las personas frente al uso indebido de las facu ltades discrecionales del Estado. Señor Juez, no vengo a pedir que esta tutela se convierta en una tercera instancia, sino a mostrarle cómo el control judicial ejercido en segunda instancia terminó vulnerando de manera grave

al uso indebido de las facu ltades discrecionales del Estado. Señor Juez, no vengo a pedir que esta tutela se convierta en una tercera instancia, sino a mostrarle cómo el control judicial ejercido en segunda instancia terminó vulnerando de manera grave mi derecho de acceso a la justi cia, al dejar de lado principios esenciales que salvaguardan la dignidad humana. Entre esos principios está el respeto por mi

3 Ibidem. 4 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05588 00

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derecho fundamental a la salud, que en mi caso no fue tenido en cuenta a pesar de que mi retiro estuvo ligado a una lesión sufrida en el servicio y a una disminución de mi capacidad laboral. Por eso, lo que se debate aquí no es un simple desacuerdo jurídico, sino una afectación directa a derechos fundamentales que comprometen la validez constitucional de la sentencia que me dejó desprotegido”5.

Alegó que “las sentencias de primera y segunda instancia desconocieron abiertamente los elementos que configuran la estabilidad laboral reforzada en cabeza del demandante, así como los límites que esta garantía constitucional impone a la discrecionalidad administrativ a, particularmente frente al respeto a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales a la vida y a la salud”6.

Aseveró que “la sentencia objeto de tutela incurre en un yerro determinante al limitar

principios de proporcionalidad, razonabilidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales a la vida y a la salud”6.

Aseveró que “la sentencia objeto de tutela incurre en un yerro determinante al limitar su análisis a la aplicación mecánica de la presunción de legalidad del acto administrativo de retiro, olvidando que en materia de estabilidad laboral reforzada por razones de salud e xiste una presunción de mayor envergadura, reconocida tanto por la jurisprudencia constitucional como por el derecho internacional. Esta presunción señala que cuando el empleador conoce la situación de disminución de la capacidad laboral del t rabajador y aun así decide desvincularlo, el despido se presume discriminatorio, sin importar que se invoque formalmente una causal distinta”7.

Al efecto, precisó que el Ejército Nacional, en su calidad de empleador, tenía pleno conocimiento de sus condiciones de salud, pues los profesionales médicos de la institución habían practicado los estudios correspondientes, determinando su pérdida de capacidad laboral.

A su turno, en cuanto a los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, expuso que su solicitud de amparo cumple con el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el asunto objeto de estudio “no se limita a una discrepancia con la interpretación legal efectuada por la jurisdicción contenciosa, sino que revela una postura judicial regresiva frente al deber constitucional de ejercer un control efectivo y material sobre los actos administrativos q ue in ciden directamente en la permanencia y desarrollo de la carrera de los servidores públicos”8.

Argumentó que “la vulneración que aquí se denuncia no surge de la norma aplicada

administrativos q ue in ciden directamente en la permanencia y desarrollo de la carrera de los servidores públicos”8.

Argumentó que “la vulneración que aquí se denuncia no surge de la norma aplicada en la decisión, sino de la manera en que el Tribunal ejerció la función de control, limitándose a una verificación formal de los requisitos legales del acto administrativo de retiro. El fallo cuestionado omitió examinar los elementos de prueba aportados, en especial aquellos que acreditaban indicios claros de discriminación derivados de mi situación de salud. Esta omisión representa una inobservancia de las reglas

5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem. 8 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05588 00

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constitucionales que imponen a los jueces el deber de someter a examen real y sustantivo el uso de potestades discrecionales en materia laboral, lo que torna indispensable la intervención del juez constitucional”9.

Aclaró que “[no] se busca que la tutela actúe como una tercera instancia. Lo que se pretende es evidenciar que la sentencia impugnada, al reducir el control judicial a un trámite meramente ritual y formalista, terminó por vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso, la estabilidad laboral, el acceso a la justicia y la igualdad de trato en el ejercicio de la función pública”10.

Frente al requisito general de inmediatez , aseguró que la acción de tutela se

fundamentales como el debido proceso, la estabilidad laboral, el acceso a la justicia y la igualdad de trato en el ejercicio de la función pública”10.

Frente al requisito general de inmediatez , aseguró que la acción de tutela se presenta dentro de un plazo prudente y razonable, de conformidad con los criterios fijados por la jurisprudencia constitucional.

Finalmente arguyó que “lo que denuncio aquí no es una simple diferencia de criterio sobre pruebas ni un intento de reabrir un debate ya cerrado. Lo que pongo de presente es que el control judicial fue ejercido de manera deficiente e inconstitucional frente a un acto que marcó mi vida y mi carrera, sin que nadie valora de verdad mis logros, mi dedicación, mis circunstancias personales ni mi estado de salud. La sentencia se limitó a validar una decisión administrativa sin exigir motivación, sin examinar los a ntecedentes y sin garantizar lo mínimo que exige el debido proceso: razones claras, coherencia y respeto por el derecho al trabajo”11.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 5 de septiembre de 202512 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 12 de septiembre de 202513 la admitió y dispuso notificar14 a la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte accionada ; así como vincular 15 a la NaciónMinisterio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y al Juzgado Cincuenta

y dispuso notificar14 a la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte accionada ; así como vincular 15 a la NaciónMinisterio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá, como terceros interesados en el resultado del proceso.

9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00. 13 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00. 14 Esta orden se cumplió el 15 de septiembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00. 15 Esta orden se cumplió el 1 8 de septiembre de 2025. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00 .Radicación: 11001 03 15 000 2025 05588 00

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De igual forma, se requirió al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá para que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso de

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De igual forma, se requirió al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá para que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado nro. 11001 33 42 050 2019 00534 00/01, el cual fue remitido16.

3.2. El magistrado ponente de la sentencia cuestionada rindió informe17 en el que manifestó que la solicitud de amparo es improcedente debido a que “la parte accionante ejerció todos y cada uno de los mecanismos judiciales que tenía a su disposición, y teniendo en cuenta el carácter residual de la misma, no puede utilizarse como una tercera instancia como se pretende en verdad en el presente asunto”.

Señaló que en el proceso ordinario objeto de debate no se vulneraron los derechos fundamentales del actor, ni se incurrió en ninguna irregularidad procesal. Al efecto, expuso que “en la decisión de segunda instancia dictada el 28 de febrero de 2025 se plasmaron todos y cada uno de los argumentos acerca de los motivos por los cuales se confirmó la decisión contenida en la sentencia del 24 de abril de 2024 proferida por el Juzgado Cin cuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda, relacionadas con el retiro del servicio activo del accionante por la causal de llamamiento a calificar servicios”.

Advirtió que “la parte actora cuestiona una sentencia de segunda instancia con los argumentos expuestos como si pretendiera impugnar la misma (recurso de apelación), y desconoce que el asunto ya fue definido por esta jurisdicción”.

Advirtió que “la parte actora cuestiona una sentencia de segunda instancia con los argumentos expuestos como si pretendiera impugnar la misma (recurso de apelación), y desconoce que el asunto ya fue definido por esta jurisdicción”.

3.3 La titular del Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá allegó escrito18 en el que solicitó que se niegue el amparo deprecado por el actor.

Para ello, anotó que “todos los argumentos expuestos por el accionante en la tutela tienen por propósito reabrir el debate planteado en sede judicial, en particular, insertar nuevos argumentos jurídicos como si la acción constitucional comportara una instancia adicional. A pesar de que el accionante refiere en múltiples ocasiones que esa no es su intención, otra realidad se desprende de la demanda, en la que se citan sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e inclusive fallos emitidos por otros juzgados administrativos en procura de satisfacer las pretensiones perseguidas ante lo contencioso administrativo”.

3.4 La coordinadora del grupo contencioso constitucional del Ministerio de Defensa presentó escrito19 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante.

16 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00. 17 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00. 18 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 05588 00. 18 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00. 19 Visto en los índices 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05588 00

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Argumentó que la acción de tutela no cumple con el requisito general de inmediatez, debido a que la sentencia acusada fue proferida el 28 de febrero de 2025, notificada el 3 de marzo de 2025 y la presente solicitud de amparo se radicó el 5 de septiembre de 2025, es decir, por fuera del término razonable de 6 meses establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para presentar una acción de tutela contra providencia judicial.

Sostuvo que “la presente acción de tutela interpuesta, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA HABILITAR EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN, porque el actor no realizó un estudio de los requisitos específicos de procedencia ni tampoco acredita la presunta vulneración del derecho fundamental, se puede evidenciar con el escrito de tutela que el actor si menciona una vulneración a derechos fundame ntales por parte de lo fallado por las autoridades judiciales aquí accionadas pero en ninguno

la presunta vulneración del derecho fundamental, se puede evidenciar con el escrito de tutela que el actor si menciona una vulneración a derechos fundame ntales por parte de lo fallado por las autoridades judiciales aquí accionadas pero en ninguno de sus acápites argumenta y justifica tal aseveración”.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199120 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 21 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 22, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 23, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:

4.2.1. El señor Oswald Enrique Meza Contreras , por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa NacionalEjército Nacional , con el fin que se declar ara la nulidad parcial del acto

20 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”

Ejército Nacional , con el fin que se declar ara la nulidad parcial del acto

20 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 21 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 22 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 24 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 11001 33 42 050 2019 00534 00/01. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05588 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05588 00

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administrativo contenido en la Resolución nro. 2842 del 7 de mayo de 2019, por medio del cual fue retirado del servicio.

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administrativo contenido en la Resolución nro. 2842 del 7 de mayo de 2019, por medio del cual fue retirado del servicio.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad demandada “(…) a reintegrar al servicio activo de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional, al señor OSWALD ENRIQUE MEZA CONTRERAS, disponiendo el ascenso a un grado de superior jerarquía con retroactividad, para lo cual se le debe permitir realizar el Curso de Estado M ayor y demás requisitos legales necesarios para ascender, diferentes al tiempo de servicio y el ejercicio del mando, de tal manera que conserve la antigüedad y orden de prelación que le correspondía en el escalafón de oficiales, disponiendo además su reubi cación laboral según lo conceptuado por en la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad”.

En igual sentido, solicitó que “(…) se CONDENE a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL a reconocer y pagar a favor del señor Mayor OSWALD ENRIQUE MEZA CONTRERAS, y/o quien sus derechos represente, todos los salarios y prestaciones y/o quien sus derechos represente, todos los salarios y prestaciones tales como primas, bonificaciones, subsidios, actualización de indemnizaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta que se haga efectivo el reintegro (…)”.

4.2.2. La demanda fue asignada al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 24 de abril de 2024 negó las pretensiones.

4.2.2. La demanda fue asignada al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 24 de abril de 2024 negó las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 , notificada el 3 de marzo de 2025, la confirmó.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05588 00

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4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional25

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4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional25

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tut ela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”26.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se

25 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos términos en la sentencia C – 590 de 2005. 26 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05588 00 Acciona