CE - Sentencia 11001031500020250558801 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05588-01

Demandante: Oswald Enrique Meza Contreras

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05588-01

Demandante: Oswald Enrique Meza Contreras

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección E

Temas:

Contra providencia judicial de nulidad y restablecimiento del derecho. Relevancia constitucional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia de 17 de octubre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Oswald Enrique Meza Contreras, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de septiembre de 2025, el señor Oswald Enrique Meza Contreras, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de

sentencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de septiembre de 2025, el señor Oswald Enrique Meza Contreras, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la estabilidad en el cargo y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Ampare mis derechos fundamentales al debido proceso sustantivo, al trabajo, a la igualdad ante la ley, a la estabilidad laboral reforzada y al acceso a la administración de justicia, en los términos establecidos por la Constitución Política de Colombia y el bloque de constitucionalidad.

2. Deje sin efectos la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “E”, dentro del proceso No. 11001-33-42-050-2019-00534-01, mediante la cual se confirmó el fallo de primera instancia que negó mis pretensiones y, con ello, se convalidó una decisión administrativa arbitraria que desconoció mis derechos fundamentales.

3. Ordene el restablecimiento de los efectos jurídicos de la sentencia de primera instancia, en cuanto a la obligación de estudiar integralmente las pruebas aportadas, valorando mis condiciones de salud, el acoso laboral acreditado y la discriminación padecida, y que, en consecuencia, se disponga mi reintegro al servicio activo en las Fuerzas Militares – Ejército Nacional, con reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir, así como

consecuencia, se disponga mi reintegro al servicio activo en las Fuerzas Militares – Ejército Nacional, con reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir, así como la no solución de continuidad en mi carrera militar.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05588-01

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4. Disponga las medidas necesarias para que la jurisdicción contencioso-administrativa ejerza un control judicial material y no meramente formal sobre los actos administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales reforzados por circunstancias de salud, evitando que se repitan vulneraciones como las aquí acreditadas.

5. Ordene comunicar la decisión que se adopte a las autoridades judiciales y administrativas involucradas, en particular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para los fines legales pertinentes.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes1 los siguientes:

Hechos que dieron origen al medio de control

El demandante ingresó al Ejército Nacional el 12 de agosto de 1998 y ascendió al grado de Mayor el 12 de diciembre de 2014. Durante su carrera militar realizó diversos cursos en distintas áreas del conocimiento y recibió múltiples condecoraciones y distintivos otorgados por entidades nacionales y gubernamentales, lo que evidencia una trayectoria destacada.

El 24 de febrero de 2016, mientras se desempeñaba como comandante del batallón

condecoraciones y distintivos otorgados por entidades nacionales y gubernamentales, lo que evidencia una trayectoria destacada.

El 24 de febrero de 2016, mientras se desempeñaba como comandante del batallón de Combate Terrestre nro. 99, sufrió una lesión en la rodilla derecha que comprometió su capacidad física, lo que derivó en incapacidades, tratamientos médicos y dificultades laborales.

El 10 de abril de 2018, la Junta Médico Laboral concluyó que el demandante presentaba incapacidad permanente parcial, con pérdida de capacidad laboral del 22,68 %, y recomendó su reubicación en áreas administrativas, logísticas o de instrucción.

El 7 de febrero de 2019, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa recomendó el retiro del demandante por la causal de llamamiento a calificar servicios. Finalmente, el 7 de mayo de 2019, mediante Resolución 2842, el Ministerio de Defensa ordenó su retiro del servicio activo.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Oswald Enrique Meza Contreras presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá, que, en sentencia del 24 de abril de 2024, negó las pretensiones, al considerar que el demandante no aportó pruebas que demostraran que el acto administrativo se apartó de la finalidad del buen servicio ni que existió desviación de poder, pues la sola alegación de falta de objetividad no resultaba suficiente.

Explicó que el proceso de ascenso, según el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000,

servicio ni que existió desviación de poder, pues la sola alegación de falta de objetividad no resultaba suficiente.

Explicó que el proceso de ascenso, según el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000, implica discrecionalidad dentro del marco legal, respeto por la jerarquía, vacantes y precedencias; que, tampoco se probó la supuesta persecución laboral, ya que no presentó denuncias previas ni evidencias que lo acreditaran. Respecto a la decisión de no llamarlo al curso de ascenso y su retiro, el juez concluyó que no fue arbitraria

1 Resumen de los hechos de la sentencia proferida dentro del expediente 1001-33-42-050-2019-00534-01 de nulidad y restablecimiento de derecho.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05588-01

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ni constituyó un derecho adquirido, dado que los ascensos y remociones son inherentes a la naturaleza de la entidad.

Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en sentencia del 28 de febrero de 2025 la confirmó, al considerar que el demandante no consiguió desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que dispuso su retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios.

Indicó que dicho acto se expidió conforme con la normativa vigente, en garantía del debido proceso y bajo el principio del buen servicio, además de contar con la

dispuso su retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios.

Indicó que dicho acto se expidió conforme con la normativa vigente, en garantía del debido proceso y bajo el principio del buen servicio, además de contar con la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, según el Acta 1 del 7 de febrero de 2019.

3. Argumentos de la acción de tutela

Sostuvo que el presente amparo cumple el requisito general de subsidiaridad porque se agotaron los medios ordinarios: la sentencia cuestionada es de segunda instancia (28 de febrero de 2025) y aunque existe el recurso extraordinario de revisión, este no es idóneo para reparar vulneraciones sustanciales, ya que se limita a vicios procesales, con fundamento en lo cual afirmó que la tutela se presenta como único mecanismo eficaz para restablecer derechos fundamentales.

En relación con la inmediatez, indicó que la sentencia fue comunicada el 3 de marzo de 2025 y se entendió notificada el 5 de marzo de 2025, según el artículo 205 del CPACA. El plazo razonable de seis meses para interponer la tutela vencía el 11 de septiembre de 2025, y la acción se presentó el 5 de septiembre de 2025, dentro del término prudencial.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una irregularidad grave al limitarse a verificar requisitos formales del acto de retiro; omitió aplicar estándares constitucionales e internacionales sobre estabilidad laboral y derecho al trabajo. Esta omisión afectó directamente el contenido de la sentencia y consolidó una denegación de justicia, lo que, aduce, justifica la intervención del juez constitucional.

estándares constitucionales e internacionales sobre estabilidad laboral y derecho al trabajo. Esta omisión afectó directamente el contenido de la sentencia y consolidó una denegación de justicia, lo que, aduce, justifica la intervención del juez constitucional.

Adujo que la autoridad judicial demandada omitió aplicar normas constitucionales y tratados internacionales que protegen el derecho al trabajo y la estabilidad laboral reforzada. Validó un acto discrecional sin motivación suficiente, ignoró pruebas sobre discriminación y salud, lo que, afirma, vulneró principios de proporcionalidad, razonabilidad y dignidad humana, que, esta omisión contradice el artículo 26 de la CADH y compromisos internacionales asumidos por Colombia.

Además, expresó que la sentencia ignoró la recomendación de reubicación laboral emitida por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, porque presentaba una pérdida de capacidad laboral del 22,68 % y, pese a ello, se avaló el retiro bajo la figura de llamamiento a calificar servicios, sin valorar pruebas de acoso y discriminación.

En ese punto, dijo que la Corte Constitucional ha establecido que la invocación de una causal legal no basta para legitimar el despido cuando existe debilidad manifiesta, circunstancia aquí se desconoció.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05588-01

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A su juicio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E redujo el control judicial a una verificación formal, sin examinar

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A su juicio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E redujo el control judicial a una verificación formal, sin examinar méritos ni trayectoria del accionante, por lo que considera que se vulneró el principio de mérito y la estabilidad laboral.

Agregó que se ignoraron normas como el Decreto 1799 de 2000 y estándares internacionales que exigen motivación y control sustantivo sobre actos discrecionales y afirmó que esa omisión convierte la facultad discrecional en poder arbitrario. Asimismo, expresó que se incumplió el deber de realizar un control judicial material sobre el acto de retiro; se ignoraron pruebas indiciarias que evidenciaban desviación de poder y discriminación.

Expresó que el proceso contencioso se convirtió en un trámite formal sin eficacia real, pues el Tribunal demandado renunció a analizar la finalidad del acto y su proporcionalidad, a su juicio, esto vació de contenido la garantía de un recurso judicial efectivo frente a la arbitrariedad administrativa, al tiempo que, se evidenció trato desigual frente a casos similares donde sí se anuló un retiro arbitrario. En suma, considera que la autoridad judicial demandada omitió justificar por qué el accionante fue retirado mientras otros permanecieron, consolidando una aplicación discriminatoria del control judicial.

Por último, dijo que el Estado incumplió su obligación de garantizar derechos sin discriminación, al permitir un retiro arbitrario y validar judicialmente una decisión sin motivación, que, esta práctica contradice la Constitución y compromisos internacionales, perpetuando un modelo regresivo de control judicial.

4. Trámite previo

discriminación, al permitir un retiro arbitrario y validar judicialmente una decisión sin motivación, que, esta práctica contradice la Constitución y compromisos internacionales, perpetuando un modelo regresivo de control judicial.

4. Trámite previo

En providencia del 12 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela, ordenó notificar al actor y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en calidad de demandado, y como terceros interesados en las resultas del proceso a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y al Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E explicó que la decisión cuestionada se limitó a analizar la legalidad de la Resolución 2842 del 7 de mayo de 2019, mediante la cual el Ministerio de Defensa retiró al demandante del servicio activo por la causal de llamamiento a calificar servicios.

Que, en esa oportunidad precisó que el acto administrativo se encontraba amparado por la presunción de legalidad, pues cumplió con los requisitos normativos: recomendación previa de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa y acreditación del tiempo de servicio necesario para acceder a la asignación de retiro y reiteró que, en todo caso, el retiro por esta causal no requiere motivación expresa, ya que se presume que obedece al buen servicio.

Indicó que el demandante contaba con más de 20 años de servicio y cumplía los requisitos para recibir la asignación mensual de retiro, que, la providencia también verificó que la Junta Asesora recomendó su retiro y que la administración realizó el

Indicó que el demandante contaba con más de 20 años de servicio y cumplía los requisitos para recibir la asignación mensual de retiro, que, la providencia también verificó que la Junta Asesora recomendó su retiro y que la administración realizó el estudio de su hoja de vida antes de adoptar la decisión.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05588-01

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Frente a los argumentos del actor sobre estabilidad laboral reforzada por una lesión y presunta desviación de poder, en la providencia se señaló que no se aportaron pruebas que acreditaran que el retiro se debió a la disminución de capacidad física ni que se buscaban fines distintos al mejoramiento del servicio. Asimismo, se aclaró que las condecoraciones y buen desempeño no otorgan fuero de estabilidad en las Fuerzas Militares.

Finalmente, ratificó que la actuación administrativa se ajustó al debido proceso y a la normativa aplicable, por lo que no se configuró irregularidad alguna.

Con fundamento en lo anterior, afirmó que la acción de tutela resulta improcedente, porque el actor no había agotado los mecanismos judiciales ordinarios y pretendía usarla como una tercera instancia.

6. Intervención de terceros

El Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá explicó que negó las pretensiones al concluir que el retiro obedeció al uso legítimo de la facultad discrecional de la administración, sustentada en la recomendación previa de la

El Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá explicó que negó las pretensiones al concluir que el retiro obedeció al uso legítimo de la facultad discrecional de la administración, sustentada en la recomendación previa de la Junta Asesora y el cumplimiento de los requisitos para la asignación de retiro. Verificó que la hoja de vida del actor incluía anotaciones positivas y negativas, y que no aportó pruebas que demostraran persecución laboral ni irregularidades en la decisión.

Además, aclaró que la carrera militar tiene características especiales que no permiten equipararla a la carrera administrativa general, y que el buen desempeño no otorga estabilidad absoluta.

Respecto a la acción de tutela, señaló que el accionante pretende reabrir el debate judicial bajo el argumento de violación directa de la Constitución y desconocimiento de derechos fundamentales, con referencia a jurisprudencia internacional y nacional. No obstante, insistió en que no existió prueba que acreditara relación entre su lesión y el retiro, ni indicios suficientes de desviación de poder o trato discriminatorio, pues otros oficiales también fueron excluidos del curso de ascenso por razones similares.

Reiteró que la estabilidad laboral reforzada no es de aplicación absoluta y que la decisión se ajustó a la normativa vigente.

Por ello, se solicitó negar el amparo, al considerar que la tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia y que el retiro se fundamentó en el buen servicio y el cumplimiento de requisitos legales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional, alegó que las decisiones judiciales previas se ajustaron a la normativa vigente, respetaron el debido proceso

servicio y el cumplimiento de requisitos legales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional, alegó que las decisiones judiciales previas se ajustaron a la normativa vigente, respetaron el debido proceso y se sustentaron en la recomendación de la Junta Asesora, dado que el actor cumplía con los requisitos de tiempo de servicio establecidos en el Decreto 1157 de

2014. Aclaró que el retiro no constituye sanción ni despido deshonroso, sino un mecanismo legal para la renovación institucional.

Enfatizó la improcedencia de la tutela por incumplimiento del principio de inmediatez, pues fue presentada seis meses después del fallo cuestionado, sin justificación válida. También señaló que el actor no acreditó la vulneración de derechos ni cumplió con los requisitos generales y específicos de procedenciaRadicado: 11001-03-15-000-2025-05588-01

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establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, como la relevancia constitucional, agotamiento de medios ordinarios y demostración de defectos en la providencia.

Solicitó negar las pretensiones del accionante, porque la tutela no puede ser usada como una tercera instancia ni para reabrir debates ya resueltos.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera consideró que la solicitud de amparo pretendía reabrir el debate ya resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que los argumentos del actor se enfocaron en cuestionar la

El Consejo de Estado, Sección Primera consideró que la solicitud de amparo pretendía reabrir el debate ya resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que los argumentos del actor se enfocaron en cuestionar la valoración probatoria y la interpretación legal realizada por el Tribunal. Entre las inconformidades del demandante, se encuentran que no se examinaron pruebas sobre desviación de poder, abuso de la potestad discrecional y estabilidad laboral reforzada, aspectos que si fueron objeto de análisis en la sentencia ordinaria. El Tribunal, en su fallo, verificó que el acto administrativo cumplía con los requisitos formales y materiales, como la recomendación de la Junta Asesora y el tiempo de servicio necesario para la asignación de retiro.

Por ello, concluyó que la acción de tutela estaba siendo utilizada como un recurso adicional para insistir en la ilegalidad del acto administrativo y solicitar el reintegro del tutelante, lo que desconoce la autonomía del juez natural y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. En consecuencia, declaró improcedente la tutela, señalando que el juez constitucional no puede sustituir la competencia del juez ordinario ni pronunciarse sobre aspectos fácticos y legales ya debatidos, pues ello implicaría vulnerar el debido proceso constitucional y desnaturalizar la finalidad excepcional de la acción de tutela.

8. Impugnación

El demandante manifestó que la acción de tutela no busca reabrir un debate legal, sino corregir una omisión constitucional.

Como fundamento de su oposición expresó que la autoridad judicial demandada en el proceso ordinario y el juez de tutela redujeron su análisis a un control formal,

sino corregir una omisión constitucional.

Como fundamento de su oposición expresó que la autoridad judicial demandada en el proceso ordinario y el juez de tutela redujeron su análisis a un control formal, ignoraron la obligación de ejercer un examen material sobre el acto de retiro, lo que, dice, afectó derechos fundamentales como la estabilidad laboral reforzada, porque se derivaba una condición médica que imponía la obligación de reubicar al funcionario antes de desvincularlo. Reubicación que, según el accionante, no es discrecional, sino un deber constitucional basado en la dignidad humana y la protección especial.

Por otra parte, en relación con el defecto fáctico, adujo el tutelante que se omitió valorar pruebas sobre la lesión sufrida en servicio y la pérdida de capacidad laboral del 22,68 %, lo que configura una presunción de despido discriminatorio al no exigir a la administración demostrar que la decisión obedeció a fines legítimos, lo que califica como vulnerador de principios como igualdad y proporcionalidad.

Dijo que el fallo que se discute incurrió en el citado defecto al no pronunciarse sobre la denuncia central: la existencia de un control judicial meramente formalista en la vía ordinaria. Que, el juez constitucional se limitó a reiterar que la tutela no es una tercera instancia, sin analizar que lo alegado era una falla estructural del control judicial, consistente en la ausencia de valoración real de pruebas y contexto. PuntoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05588-01

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frente al cual dijo que, a l ignorar esto, la sentencia impugnada reprodujo el mismo formalismo cuestionado, perpetuó la denegación de justicia y vulneró el principio de efectividad de los derechos fundamentales.

Además, insistió en que l a omisión de un análisis sustantivo equivale a negar el acceso efectivo a la justicia transformó el proceso en un trámite simbólico sin contenido garantista.

Por todo lo anterior, el impugnante consideró que el presente asunto no pretende ser una tercera instancia, sino reparar una falla estructural: la ausencia de control material sobre actos que comprometen derechos fundamentales, porque e sta omisión configura una denegación de justicia incompatible con el Estado Social de Derecho, pues degrada la función judicial a un formalismo que legítima la arbitrariedad administrativa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento

de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2025-05588-01

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mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

La Sala determinará si, en los términos de la impugnación presentada por la parte actora, resulta procedente confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia, que declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

En particular, el actor sostiene que la tutela no busca reabrir un debate legal, sino corregir una omisión constitucional derivada de un control judicial meramente formal sobre el acto de retiro, que afectó derechos fundamentales como estabilidad laboral reforzada, salud, igualdad y dignidad, por cuanto las autoridades judiciales ignoraron la obligación de realizar un examen material, pues omitió valorar pruebas sobre su lesión en servicio y pérdida de capacidad laboral. El accionante afirma que agotó los medios ordinarios y que la intervención constitucional busca reparar una falla estructural que configura una denegación de justicia incompatible con el Estado Social de Derecho.

Al respecto, la Sala anticipa que confirmará el fallo de tutela de primera instancia,

agotó los medios ordinarios y que la intervención constitucional busca reparar una falla estructural que configura una denegación de justicia incompatible con el Estado Social de Derecho.

Al respecto, la Sala anticipa que confirmará el fallo de tutela de primera instancia, porque, en efecto, en el presente caso no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acci ón de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en u na instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)

un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso jud