CE - Sentencia 11001031500020250559500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05595-00

Accionante: LUIS FERNANDO MANJARRES DE LA OSSA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia excepcional/ REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONALINMEDIATEZ –No se cumple porque la demanda de tutela se presentó después de cumplido el término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial.

SUBSIDIARIEDAD – No se agotaron todos los medios de defensa / ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE RESPUESTA A UNA PETICIÓN – No fue respondida la petición realizada el 9 de julio de 2025 por parte de la E.S.E. Hospital de Luruaco.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la acción de tutela instaurada por el señor Luis Fernando Manjarres de la Ossa, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 5 de septiembre de 20252, el señor Luis Fernando Manjarres de la Ossa presentó acción de tutela en contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, a la petición, a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo.

1 Que ingresó para fallo el 22 de septiembre de 2025. 2 Se advierte que la demanda de tutela fue repartida al Tribunal Administrativo del Atlántico, sin embargo, a través de auto del 5 de septiembre de 2025 resolvió (i) declarar que carecía de competencia; (ii) ordenó que se remitiera al Consejo de Estado y (iii) ordenó que se comunicara la decisión a la parte accionante. Por tanto, hasta el 9 de septiembre de 2025, la Secretaría General de esta corporación realizó el paso al despacho sustanciador para conocer sobre la misma.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00

Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2 Hechos relevantes

2. A través de un contrato de prestación de servicio celebrado entre el 1 de febrero de 2013 hasta el 3 de agosto de 2015, el señor Luis Manjarres de la Ossa fue

2 Hechos relevantes

2. A través de un contrato de prestación de servicio celebrado entre el 1 de febrero de 2013 hasta el 3 de agosto de 2015, el señor Luis Manjarres de la Ossa fue vinculado como médico general en el Hospital Local de Luruaco.

3. A pesar de que su relación se materializó por medio de órdenes de prestación de servicios, el actor indicó que estuvo sometido a subordinación ante la entidad territorial. Lo anterior, debido a que debía cumplir con un horario de 8 horas continuas de las instrucciones y normas disciplinarias impuestas como si fuese un trabajador “ordinario”. Las labores que desempeñaba eran rutinarias e inherentes a su cargo como médico general, sumado a la atención de consultas externas en dicho centro y en algún corregimiento del Municipio como Santa Cruz, Palmar de la Candelaria, San Juan de Tocagua y Arroyo de Piedra. Además de la atención de turnos de urgencia cuando el servicio lo ameritaba.

4. A juicio de la parte demandante, los contratos se mantuvieron por un término de 32 meses continuos. Estos fueron contados a partir del 1° de 2013 hasta el 3 de agosto de 2015, fecha en la cual el Hospital decidió dar por terminado unilateralmente el contrato y sin justa causa. Sin contar con que no se dio el cumplimiento del término del contrato.

5. Motivo de lo anterior, se citó a la señora Mayra Hernández3 a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Baranoa. Sin embargo, no compareció a las tres citaciones y mucho menos presentó alguna excusa.

6. El día 25 de septiembre de 2015, el demandante agotó los recursos del procedimiento administrativo.

Trabajo y Seguridad Social de Baranoa. Sin embargo, no compareció a las tres citaciones y mucho menos presentó alguna excusa.

6. El día 25 de septiembre de 2015, el demandante agotó los recursos del procedimiento administrativo.

7. Ante la negativa de la E.S.E. Hospital Local de Luruaco (Atlántico), el señor Luis Manjarres de la Ossa presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que solicitó: (i) la nulidad del acto ficto mediante el cual se negó el reconocimiento de prestaciones sociales y emolumentos adeudados como indemnización; (ii) la declaración de existencia de un contrato de trabajo entre las partes, en virtud del cual prestó servicios como médico general en consulta externa y urgencias; (iii) el reconocimiento, liquidación y pago de todas las prestaciones sociales no canceladas durante la relación laboral; (iv) la continuidad en la prestación de servicios desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 3 de agosto de 2015, fecha en la que se dio por terminado el contrato; (v) la aplicación de los ajustes de indexación conforme a los parámetros del DANE; y (vi) otras pretensiones adicionales.

8. Mediante sentencia del 8 de noviembre de 2022, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, anuló el acto ficto derivado de

3 Era la gerente de la E.S.E. Hospital de Luruaco.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00

Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3 la petición presentada el 25 de septiembre de 2015, reconoció la existencia de una relación laboral en los periodos comprendidos entre el 21 de enero y el 31 de julio de 2013, así como entre el 2 de enero y el 30 de marzo de 2015, y condenó al hospital al pago de las prestaciones sociales correspondientes, condicionadas a la acreditación de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en pensiones. También ordenó el reajuste de las sumas conforme a fórmula específica y negó las demás pretensiones.

9. Ambas partes interpusieron recurso de apelación, resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B, que mediante providencia del 16 de diciembre de 2022 modificó los ordinales tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia. En particular, la autoridad judicial de alzada estableció que la relación laboral y el reconocimiento de prestaciones sociales debía comprender el periodo del 1° de febrero de 2013 al 30 de marzo de 2015, y confirmó lo demás de la decisión apelada.

10. En síntesis, el Tribunal concluyó que, aunque el demandante estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios, cumplía horario y acataba instrucciones impartidas por la entidad, lo cual desvirtuaba la temporalidad y autonomía propias de dicha modalidad contractual. Por tanto, se acreditó la existencia de una relación laboral. No obstante, el periodo comprendido entre el 21

instrucciones impartidas por la entidad, lo cual desvirtuaba la temporalidad y autonomía propias de dicha modalidad contractual. Por tanto, se acreditó la existencia de una relación laboral. No obstante, el periodo comprendido entre el 21 y el 31 de enero de 2013 no fue objeto de reconocimiento, dado que el actor solicitó el pago de sus prestaciones sociales a partir del 1° de febrero de 2013. Por tal motivo se tuvo en cuenta el periodo desde el 1° de febrero de 2013 y hasta el 30 de marzo de 2015.

Pretensiones

11. Solicitó la parte accionante lo siguiente:

“1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, seguridad social, derecho a la igualdad, mínimo vital y violación al derecho de petición.

2. Que se modifique la sentencia del Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla avalada por el Tribunal Administrativo del Atlántico y acatar las recomendaciones de dicho Tribunal.

3. Que se ordene a la autoridad judicial competente emitir una nueva sentencia con valoración completa, imparcial y constitucional de las pruebas.4. Que se tomen medidas provisionales para el pago inmediato de mis acreencias laborales.

5. Que se modifique el periodo del 1 de febrero de 2013 al 30 de marzo de 2015, debido que no se ajusta a las pruebas, siendo el periodo correcto del 1 de febrero del 2013 al 30 de septiembre de 2015.

6. Que se tomen en cuenta los volantes de pago realizados después de fecha del 31 de julio del 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00

Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa

6. Que se tomen en cuenta los volantes de pago realizados después de fecha del 31 de julio del 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00

Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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7. Que se tome en cuenta la tabla de sueldos de varios trabajadores administrativos y operativos en el cual se prueba fácilmente el incremento de sueldo de los años 2013, 2014 y 2015, mientras que mi sueldo se mantuvo congelado durante los años de servicio.

8. Que se tome en cuenta la sentencia proferida por el juzgado 14 que entre el suscrito y la entidad ESE Hospital local de Luruaco existió una relación laboral disfrazada de manera tramposa para evadir el pago de mis prestaciones sociales en cuya sentencia se ve claramente en determinar que lo que existió fue un contrato realidad. Hecho suficiente que me dio derecho a que se me liquidara con los respectivos incrementos salariales y demás emolumentos que por Ley me corresponden.

9. Reevaluar los contratos debido a que no se tuvo en cuenta la cláusula 3 de dichos contratos que habla de prorrogar a voluntad de las partes.

10. Tener en cuenta los diferentes fallos de tutela del Juzgado promiscuo de Luruaco donde se ordenaba a la entidad la entrega de documentos que permitía demostrar la continuidad y permanente labor durante los años 2013, 2014 y

2015. De no cumplir con esto en la entrega se daba por hecho lo solicitado por el peticionario.

11. Tener en cuenta el incremento salarial que no se tuvo en cuenta al momento

2015. De no cumplir con esto en la entrega se daba por hecho lo solicitado por el peticionario.

11. Tener en cuenta el incremento salarial que no se tuvo en cuenta al momento de valorar pruebas de parte del juzgado como consecuencia mi liquidación se hizo desconociendo dichos incrementos en los años laborados.

11. Tener en cuenta la certificación expedida por el Gerente (e) Dr. Rafael Silva, firmada el 24 de septiembre de 2013. (sic).

12. Que se reconozca la vulneración de mis derechos fundamentales al trabajo digno, al mínimo vital, a la seguridad social y a la dignidad humana, como consecuencia del incumplimiento prolongado e injustificado en el pago de mis acreencias laborales reconocidas judicialmente, dentro de las cuales se incluyen: Prestaciones sociales no pagadas, Salarios caídos, Y la indemnización correspondiente a la mora generada por el no pago oportuno de dichas obligaciones.

13. Ordenar al Juez de instancia, como prueba vinculante, tener en cuenta la sentencia proferida por el Juzgado tercero Promiscuo del circuito de Sabanalarga Radicado 2016-0033 donde se reconoce que la vinculación contractual no es otra cosa que un contrato realidad y como tal se reconozcan todas las consecuencias legales y convencionales de dicha relación incluida la nivelación salarial. Es necesario anotar que dicha sentencia fue anulada el día 14 de junio de 2017 por razones de competencia funcional, lo fundamentos fácticos y probatorios allí establecidos no fueron controvertidos ni desvirtuados.

Por tanto, desconocer estos elementos por parte del juez de instancia podría constituirse una vulneración al principio de seguridad jurídica, del debido

fácticos y probatorios allí establecidos no fueron controvertidos ni desvirtuados. Por tanto, desconocer estos elementos por parte del juez de instancia podría constituirse una vulneración al principio de seguridad jurídica, del debido proceso y de los derechos adquiridos, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional SU 917 2010 y T-410 DEL 2013.

14. Que se declare impedido al Magistrado Luis Eduardo Cerra Jiménez, por haber sido ponente de la sentencia objeto de esta tutela en grado de consulta”4.

4 Ver pág. 5 de la solicitud de amparo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00

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5 Fundamentos de la demanda de tutela

12. El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en contradicción al reconocer, en la parte motiva, la existencia de una relación laboral, pero omitir en la parte resolutiva los efectos jurídicos derivados de dicho vínculo. A su juicio, esta inconsistencia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica, igualdad y acceso a la administración de justicia. Además, alegó la configuración de defectos fáctico y sustantivo, conforme a la jurisprudencia constitucional5, al desconocer normas imperativas como los artículos 23, 53 y 55 de la Constitución Política, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y el principio de primacía de la realidad. Señaló que, al declarar la existencia de un contrato

la Constitución Política, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y el principio de primacía de la realidad. Señaló que, al declarar la existencia de un contrato realidad, debía reconocerse la totalidad de las prestaciones laborales, y que se omitió valorar documentos expedidos por funcionarios del hospital, pagos posteriores a la terminación de contratos y el incremento salarial, lo cual configuró una discriminación laboral6.

13. Asimismo, indicó que existían elementos probatorios que demostraban su vinculación con la entidad empleadora, tales como certificados laborales, fallos de tutela, tablas salariales y omisiones en las certificaciones oficiales. Invocó el principio in dubio pro operario7 y denunció el desconocimiento de cláusulas contractuales que permitían la prórroga del vínculo, así como la vulneración del principio de buena fe por ocultamiento de pruebas. Expresó que acudió a la Personería de Luruaco, a la Procuraduría Provincial de B arranquilla y a la Inspección de Trabajo de Baranoa sin obtener el restablecimiento de sus derechos.

También agregó que han transcurrido más de dos años desde la ejecutoria de la sentencia sin que se haya cumplido lo ordenado en relación con el reconocimiento y pago de sus derechos laborales. Finalmente, manifestó que presentó un derecho de petición el 9 de julio de 2025, el cual no respondió la autoridad judicial demanda, pese a que el hospital solicitó una prórroga para ello.

Trámite en primera instancia

14. Mediante auto del 10 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del

Trámite en primera instancia

14. Mediante auto del 10 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico y al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla como accionados, y a la E.S.E. Hospital Local de Luruaco (Atlántico), como tercero con interés en las resultas del proceso. También se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que interviniera si lo consideraba necesario.

Ordenó al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla para que remitiera copia del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 08001-33-33-014-2018-00337-00/01.

5 Corte Constitucional, Sentencias T-231 de 1994, SU-1184 de 2001 y SU-446 de 2011. 6 Estableció que era relevante la sentencia T-294 de 2005 de la Corte Constitucional, con base en el principio de carga dinámica de la prueba. 7 Corte Constitucional, la sentencia T-231 de 2021 y SU-917 del 2010.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00

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6 Intervenciones

15. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla consideró que valoró de manera integral el acervo probatorio, de acuerdo con los principios de la sana crítica, la lógica, la experiencia y la legalidad. Por ello, se reconoció la

15. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla consideró que valoró de manera integral el acervo probatorio, de acuerdo con los principios de la sana crítica, la lógica, la experiencia y la legalidad. Por ello, se reconoció la existencia de una relación laboral encubierta (contrato realidad) en los periodos en que se acreditó la prestación laboral del servicio, la remuneración y la subordinación. Por lo que la decisión se fundamentó en pruebas concretas y no en presunciones. Señaló que se aplicó el principio in dubio pro operario, sin que ello implicara suplir la ausencia de prueba directa ni justificar derechos sin respaldo documental. Afirmó que no se vulneró el principio de igualdad, pues las prestaciones sociales se reconocieron únicamente en los periodos probados y conforme al valor pactado. Además, aclaró que la sentencia del Juzgado Promiscuo fue anulada por falta de competencia funcional, por lo que no tenía efectos vinculantes ni valor probatorio, y remitió el enlace del expediente.

16. El Tribunal Administrativo del Atlántico consideró que el Consejo de Estado ha establecido como regla general que seis meses es el término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales. No obstante, en el presente caso la sentencia de segunda instancia fue proferida el 16 de diciembre de 2022 y la acción de tutela fue radicada hasta el 8 de septiembre de 2025, es decir, más de 2 años después, lo cual incumple con el requisito de inmediatez.

17. De otra parte, estableció que en la acción de tutela se hizo una transcripción de las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En este

2 años después, lo cual incumple con el requisito de inmediatez.

17. De otra parte, estableció que en la acción de tutela se hizo una transcripción de las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En este sentido, el tribunal señaló que en la solicitud de amparo no se plantearon argumentos de fondo que controviertan lo expuesto en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Tampoco desarrolló de manera adecuada los defectos en los que aparentemente habrían incurrido. Por lo que se pretende es una tercera instancia.

18. La E.S.E. Hospital de Luruaco8 no intervino pese a estar notificado.

19. De manera posterior al paso a despacho para fallo y al registro de “la sala para sentencia”, el accionante allegó un escrito9 a través del cual solicitaba que se tuvieran en cuenta dos pruebas anexas para el respectivo análisis, porque la fecha final fijada por el Tribunal no correspondía a la totalidad del material probatorio.

Dichas pruebas correspondían a (i) copia del oficio del Tribunal Administrativo del Atlántico del 27 de julio de 2023 y (ii) copia del escrito a la Procuraduría Provincial de Barranquilla.

8 Se notificó el 12 septiembre de 2025 al correo electrónico hospital@ese-luruaco-atlantico.gov.co. Ver índice 7 de samai. 9 Ver índice 14 de samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

20. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en acuerdo 080 de 201910.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

21. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, por tratarse de una tutela contra providencias judiciales. En tal sentido debe verificar (i) si la decisión del 16 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo del señor Luis Fernando Manjarrés de la Ossa y si contó con un tiempo razonable para presentar la acción de tutela; (ii) se debe determinar si se ha dado cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o si por el contrario el accionante no ha acudido a los diferentes mecanismos ordinarios y extraordinarios para su respectivo cumplimiento; y (iii) analizar si la petición formulada el 9 de julio de 2025 por el accionante fue resuelta de manera oportuna, clara, precisa y congruente po r parte de la E.S.E. Hospital de Luruaco, sin menoscabar su derecho fundamental de petición.

formulada el 9 de julio de 2025 por el accionante fue resuelta de manera oportuna, clara, precisa y congruente po r parte de la E.S.E. Hospital de Luruaco, sin menoscabar su derecho fundamental de petición.

22. Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos, la Subsección adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) se examinarán los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el requisito de la inmediatez y el análisis del caso concreto, conforme a los defectos alegados por la parte accionante con respecto a la valoración realizada por el Tribunal Administrativo del Atlántico al declarar un contrato realidad; asimismo, estudiará (iii) el requisito de la subsidiariedad y el caso concreto respecto del cumplimiento de la sentencia proferida por la autoridad enjuiciada; por último, (iv) se analizará el derecho de petición; y (v) el análisis del caso concreto conforme a los documentos que obran en el expediente para determinar si la E.S.E. Hospital de Luruaco vulneró el derecho fundamental de la petición del señor Manjarres de la Ossa.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

23. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200511, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

10 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.

satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

10 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”. 11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00

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24. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-16; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que

hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

25. Una vez superado los requisitos anteriores, la jurisprudencia propone estudiar los defectos específicos, los cuales cuestionan la sentencia por yerros en su

configuración. Estos son los siguientes:

(i) Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia18. (ii) Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto.19 (iii) Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de

12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022.

problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de

12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 18 Ver, por ejemplo, las Sentencias SU-041 de 2018, SU-373 de 2019 y SU-388 de 2021. 19 Esto es, cuando el juez desconoce las formas propias del proceso cuyo desconocimiento implica la amenaza o violación de los derechos fundamentales. Para que este defecto se configure se exige que este no sea atribuible al afectado, que sea manifiesto y capaz de influir en la decisión final. Ver, por ejemplo, Sentencias: SU-424 de 2012 y SU-454 de 2016.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00

Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9 pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso20.

Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9 pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso20. (iv) Defecto material o sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una clara contradicción entre los fundamentos de la decisión21. (v) Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso22. (vi) Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión23. (vii) Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente24. (viii) Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice25.

26. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface el requisito de relevancia constitucional, la inmediatez y la subsidiariedad.

Del requisito de relevancia constitucional

26. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface el requisito de relevancia constitucional,