CE - Sentencia 11001031500020250559900 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-00

Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2025-05599-00

Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros

Accionados: Tribunal Administrativo de Magdalena Referencia: Acción de tutela

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia . Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por los accionantes que se identifican a continuación, en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Josefa María Gutiérrez Sánchez, Bialis Sofía Gutiérrez Sánchez, Pompilio Gutiérrez Sánchez, Iris del Carmen Pompilio Gutiérrez Sánchez, Viola Sofía Gutiérrez de Ayala, Miriam Estela Gutiérrez de Aragón, Nelly Margot Viola Gutiérrez Sánchez, Adanolis Gutiérrez de Varela, Nairo de Jesús Ayala Gutiérrez, Nick Arnulfo Valencia Gutiérrez, Buanegre Calixto Ariza Gutiérrez, Yonis José Ayala Gutiérrez, Yair

Adanolis Gutiérrez de Varela, Nairo de Jesús Ayala Gutiérrez, Nick Arnulfo Valencia Gutiérrez, Buanegre Calixto Ariza Gutiérrez, Yonis José Ayala Gutiérrez, Yair Bautista Ayala Gutiérrez, Yermis Enrique Garizabalo Gutiérrez, Jhon Janner Garizabalo Gutiérrez, Lisvialy Gutiérrez Carranza, Ingris del Carmen Aya la Gutiérrez, Yamile del Socorro Ayala Gutiérrez, Ronald Valera Gutiérrez, Auristela Varela Gutiérrez, Marisol Gutiérrez Carranza, Sirlene Luz Garizabalo Gutiérrez, Omar Alfredo Galván Gutiérrez, Evasandrith Galván Gutiérrez, Gina Gineth Galván Gutiérrez, Keidys Paola Galván Gutiérrez, Elkin Fernando Varela Gutiérrez, Mamfredy Aragón Gutiérrez, Elizabeth Aragón Gutiérrez, José Manuel Páez Gutiérrez, Maricela Aragón Gutiérrez, Arliny Sofía Aragón Gutiérrez, Mario Andrés Páez Gutiérrez, Eli Saúl Páez Gutiérre z, Mariana Sofía Ariza Gutiérrez, Milena del Carmen Aragón Gutiérrez e Hiroldo Rafael Gutiérrez Melendrez, a través de apoderada, presentaron acción de tutela.

Lo anterior, con el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la reparación integral, que consideraronRadicado: 11001-03-15-000-2025-05599-00

Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros

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vulnerados por Tribunal Administrativo del Magdalena con ocasión de la sentencia

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vulnerados por Tribunal Administrativo del Magdalena con ocasión de la sentencia del 4 de diciembre de 2024, mediante la cual, se confirmó el fallo dictado por el Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta el 17 de enero de 2023, que negó las pretensione s de la demanda en el marco del proceso de reparación directa identificado con el número de radicado 47001-33-33-008-2019-00067-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:

2.1. Los accionantes interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –Ministerio de Defensa, Armada Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional –, así como contra el departamento del Magdalena y el municipio de Pueblo Viejo, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la desaparición forzada y posterior muerte del señor Carlos Alberto Gutiérrez Sánchez, hechos que fueron calificados como delito de lesa humanidad.

Sostuvieron que las entidades demandadas incurrieron en una falla del servicio por omisión, al no ejercer las funciones de control y protección que les correspondían, lo que permitió que la comunidad del municipio de Pueblo Viejo quedara expuesta a la acción de grupos paramilitares.

2.2. En primera instancia, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia del 17 de enero de 202 3, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los demandantes no acreditaron los elementos

2.2. En primera instancia, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia del 17 de enero de 202 3, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los demandantes no acreditaron los elementos necesarios para demostrar la injerencia de agentes estatales en la ocurrencia de los hechos.

2.3. Inconformes con dicha decisión, los actores interpusieron recurso de apelación.

2.4. A través de sentencia del 4 de diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó el fallo del juzgado. Estimó que los interesados no cumplieron la carga probatoria necesaria para acreditar los elementos de la responsabilidad del Estado. Esta decisión se notificó a través del envío de mensaje de datos el 6 de mayo de 2025.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional:

“PRIMERO: Solicito a esta Alta Corporación, con el debido respeto, la revocatoria de las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que confirmaron la decisión emitida por el juzgado décimo administrativo del

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico : https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=47001333300820190 0067014700123Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-00

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circuito de Santa Marta y confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL MAGDALENA.

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circuito de Santa Marta y confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL MAGDALENA.

SEGUNDO: Se de aplicación a la normativa actual al momento de presentación del medio de control de reparación directa para el año 2019, dada la línea de argumentación transcrita por el apoderado, que tiene como fundamento los principios de legalidad y conf ianza legítima, así como el mandato de tutela judicial efectiva. en la Sentencia SU -406 de 2016, La CORTE CONSTITUCIONAL en Sentencia T-352, de Julio 06 de 2016, entre otros, tutelando los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia de los accionantes, para los casos específicos, Homicidio en persona protegida por el DIH, Desaparición Forzada, Desplazamiento Forzado, Graves Violaciones a Derechos Humanos. Así como lo establece el artículo 624 del CGP establece reglas para aplicar los cam bios legislativos. Solicito se le de aplicación a las normas y jurisprudencias de la Convención Americana de Derechos Humanos y el DIH, en el contexto de conflicto armado en Colombia.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela , los accionantes plantearon los siguientes argumentos:

3.2.1. Los tutelantes manifestaron haber confiado en que el juez ordinario valoraría las declaraciones rendidas en el marco del proceso penal adelantado , que admitieron su responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y homicidio de Carlos Alberto Gutiérrez Sánchez.

3.2.2. Denunciaron que la providencia cuestionada inaplicó el control de

admitieron su responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y homicidio de Carlos Alberto Gutiérrez Sánchez.

3.2.2. Denunciaron que la providencia cuestionada inaplicó el control de convencionalidad para negar las pretensiones. Además, incurrió en defecto fáctico en sus dimensiones positiva y negativa, dado que “La primera omitió valorar las pruebas e indicios que obraban en el expediente contencioso administrativo, bajo la óptica de la flexibilidad probatoria que debe aplicar a los procesos en lo que se discute la responsabilidad por Graves Violaciones a Derecho s Humanos, lo cual incluyen Desaparición Forzada, Homicidio en persona protegida por DIH, Desplazamientos Forzados. En cuanto a la dimensión negativa (segundo elemento), el aludido tribunal omitió su deber de practicar pruebas de oficio y/o invertir la carga de la prueba con el fin de dilucidar las inquietudes que tenía respecto de las pruebas que apuntaban a demostrar que, como se afirmó, las autoridades demandadas tenían o debían tener conocimiento de la situación de riesgo que enfrentaban los habitantes del municipio de Pueblo Viejo, Ciénaga Grande de Santa Marta y su s alrededores, (departamento del Magdalena), cabe anotar que se conocen condenas de políticos de altos rangos Senadores, Representantes a Cámara, gobernadores y alcaldes con pactos con las AUC, para la época”.

3.3.3. Sostuvieron, además, que la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto interpretó de manera errónea el inciso final del artículo 167 del Código General del Proceso, disposición conforme a la cual los hechos notorios

3.3.3. Sostuvieron, además, que la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto interpretó de manera errónea el inciso final del artículo 167 del Código General del Proceso, disposición conforme a la cual los hechos notorios no requieren prueba y deben tenerse por ciertos. En ese sentido, el juez no podía desconocer la desaparición de siete (7) pescadores del municipio de Pueblo Viejo, hecho que motivó el desplazamiento de los accionantes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-00

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3.3.4. Finalmente, aludieron a la aplicación de un fallo de unificación del Consejo de Estado que no se encontraba vigente para el año 2019, fecha en que se radicó la demanda de reparación directa. Sin embargo, no se informó la fecha de dicha decisión y tampoco identificó su número de radicado.

Luego, indicaron que debido a que el asunto versó sobre delitos de lesa humanidad, el término de caducidad no podía aplicarse de manera absoluta.

4. Trámite de tutela e intervenciones.

4.1. Mediante auto del 10 de septiembre de 20252 se admitió la acción de tutela, se negó la medida provisional solicitada y se vinculó como terceros con interés al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta y a la Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional, al departamento del Magdalena y al municipio de Pueblo Viejo.

También se requirió a la parte actora para aportar poder especial conferido por

de Defensa, Armada Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional, al departamento del Magdalena y al municipio de Pueblo Viejo.

También se requirió a la parte actora para aportar poder especial conferido por Pompilio Gutiérrez Sánchez , Viola Sofía Gutiérrez de Ayala y José Manuel Páez Gutiérrez3.

4.2. La Nación, Ministerio de Defensa 4 solicitó que se nieguen las pretensiones, dado que los actores no demostraron la vulneración de sus derechos fundamentales.

4.3. El municipio de Pueblo Viejo 5 indicó que la providencia cuestionada se fundamentó en el marco normativo y jurisprudencial vigente. Agregó que los solicitantes no cumplieron con la carga para demostrar la responsabilidad del Estado y que el escenario constitucional no es procedente para reabrir debates probatorios.

4.4. El Tribunal Administrativo del Magdalena6 remitió el enlace web que contiene las actuaciones del proceso de reparación directa. Asimismo, se pronunció sobre los fundamentos de la acción de tutela y sostuvo que con ella se pretende habilitar una instancia adicional del proceso ordinario , sin que se acredite la vulneración invocada, toda vez que el análisis de las pruebas aportadas en el trámite ordinario permitió concluir la inexistencia de soporte que demostrara la participación de los agentes estatales en la ocurrencia del hecho dañoso.

2 Índice 00005 del aplicativo SAMAI. 3 Comoquiera que los poderes de Pompilio Gutiérrez Sánchez y Viola Sofía Gutiérrez de Ayala no contienen firma manuscrita sino la captura de su huella dactilar se infiere que los poderdantes no saben o no pueden

3 Comoquiera que los poderes de Pompilio Gutiérrez Sánchez y Viola Sofía Gutiérrez de Ayala no contienen firma manuscrita sino la captura de su huella dactilar se infiere que los poderdantes no saben o no pueden firmar. En consecuencia, se puso de presente el deber de agotar el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico, el cual exige acudir con un testigo a los servicios notariales para que se practique la diligencia de reconocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto 960 de 1970. 4 Índices 00009 y 00011 del aplicativo SAMAI. 5 Índice 00010 del aplicativo SAMAI. 6 Índice 00013 del aplicativo SAMAIRadicado: 11001-03-15-000-2025-05599-00

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4.5. La Policía Nacional7 solicitó que se declare la improcedente de la acción de tutela, en tanto no se cumplen los requisitos de procedencia contra providencia judicial. Igualmente, destacó que la decisión censurada se fundamentó en el incumplimiento de la carga que le asistía a los demandantes en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso.

4.6. El Juzgado Décimo Administrativo de Circuito de Santa Marta 8 manifestó que Las decisiones adoptadas están sustentadas en la normatividad vigente aplicable y allegó el enlace de acceso al expediente ordinario.

4.7. El departamento del Magdalena9 propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación de este trámite. Para ello, indicó que los fundamentos de la acción de tutela atacan directamente la sentencia dictada

4.7. El departamento del Magdalena9 propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación de este trámite. Para ello, indicó que los fundamentos de la acción de tutela atacan directamente la sentencia dictada en el marco del proceso ordinario, en la que la entidad territorial no intervino.

4.8. La parte actora aportó 10 el pode r otorgado por Pompilio Gutiérrez Sánchez , Viola Sofía Gutiérrez de Ayala y José Manuel Páez Gutiérrez, con el cumplimiento de lo requerido en el auto que admitió la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de los accionantes relacionados al inicio de esta providencia, al ser los titulares de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que actuaron como demandantes en el trámite del medio de control de reparación directa adelantado bajo el radicado número 47001-33-33-008-2019-00067-00/01.

Adicionalmente, la parte actora allegó el poder de Pompilio Gutiérrez Sánchez, Viola Sofía Gutiérrez de Ayala y José Manuel Páez Gutiérrez, con la constancia de la diligencia de reconocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto 960 de 1970.

En consecuencia, se reconocerá personería a la Dra. María Carmenza Cerchiaro

diligencia de reconocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto 960 de 1970.

En consecuencia, se reconocerá personería a la Dra. María Carmenza Cerchiaro Herrera identificada con c.c. 57.302.527 y portadora de la Tarjeta Profesional 311.175 del Consejo Superior de la Judicatura, como su apoderada.

7 Índice 00014 del aplicativo SAMAI. 8 Índice 00015 del aplicativo SAMAI. 9 Índice 00016 del aplicativo SAMAI. 10 Índice 00012 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-00

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2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Magdalena , por cuanto actuó como juez de segunda instancia dentro del proceso mencionado y es su decisión a la que la parte accionante le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de

constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a través de la sentencia C -590 de 2005 11 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 12 De acuerdo con la sentencia C -590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del

de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales esp ecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisi ón que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un

sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-00

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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”15.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la

existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez

14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 15 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-00

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constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes

del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia. Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto16.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte la parte actora argumentó que la sentencia del 4 de diciembre de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena i) no valoró en debida forma las declaraciones de quienes admitieron responsabilidad por la muerte de Carlos Alberto Gutiérrez Sánchez ; ii) inaplicó el control de convencionalidad pese a que se trataba de delitos de lesa humanidad; iii) interpretó de manera errónea el artículo 167 del Código General del Proceso; iv) para estudiar la caducidad, acudió a una fallo de unificación que no se encontraba vigente al momento de radicación de la demanda.

1. interpretó de manera errónea el artículo 167 del Código General del Proceso; iv) para estudiar la caducidad, acudió a una fallo de unificación que no se encontraba vigente al momento de radicación de la demanda.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestionada y que puso fin a la actuación, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el referido tribunal arribó a las siguientes conclusiones:

“[…] Ahora bien, retomando que no fue probada la falla del servicio dentro del sub judice, debe señalarse que, se tiene claridad en este punto, frente a, qué es lo exigido por la jurisprudencia en este tipo de procesos para que proceda la declaración de responsabilidad del Estado.

La primera hipótesis es que el agente estatal participe de manera activa en la comisión de los hechos, esta coyuntura queda descartada de entrada pues la demanda se centra en que la acción fue realizada por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia ( AUC), sin que se mencione que

16 Cfr. sentencia C-590 de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-00

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miembros de algunas de las entidades demandadas realizó acciones afirmativas para que la masacre relatada se llevara a cabo.

Principalmente la queja fue por una presunta violación al deber de protección y de garantía al orden público que debían desarrollar todas las acusadas, por lo tanto, se entrará a revisar si en el expediente obran o se practicaron pruebas que pudieran lleva r al operador judicial a convencimiento frente a

y de garantía al orden público que debían desarrollar todas las acusadas, por lo tanto, se entrará a revisar si en el expediente obran o se practicaron pruebas que pudieran lleva r al operador judicial a convencimiento frente a que, los agentes estatales fueron negligentes y no tomaron medidas preventivas que impidieran los resultados dañosos de aquel año 2001.

Obra en el plenario certificación emitida por la Fiscalía 155 Seccional apoyo al Despacho 31 de Justicia y Paz de fecha 26 de abril de 2012, donde este ente certifica que los señores: “EDMUNDO DE JESUS GUILLEN HERNANDEZ, Alias Caballo, y RICHAR FABRA ROMERO, Alias Peluza, ex integrantes del extinto grupo armado organizado al margen de la ley, denominado Frente Pivijay o Tomas Guillen — Bloque Norte - AUC, en diligencia de versión libre colectiva, rendida ante el Despacho Treinta y Uno (31), el ® día 16 de Abril de 2012, aceptaron su responsabilidad penal en el Homicidio del que fue víctima el señor CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SANCHEZ, hecho ocurrido el día 28 de Septiembre del año 2.001, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Jurisdicción del Municipio de Pueblo Viejo

• Magdalena”.

Como soporte de lo anterior, obra declaración rendida por Edmundo Guillén, donde aceptan la responsabilidad en los hechos de septiembre de 2001, relatando con mucha precisión lo ocurrido, sin embargo no menciona que hayan recibido ayuda de la Fuerza Públic a o algún funcionario del Estado, por el contrario, explica que se dan las muertes por considerar que las

relatando con mucha precisión lo ocurrido, sin embargo no menciona que hayan recibido ayuda de la Fuerza Públic a o algún funcionario del Estado, por el contrario, explica que se dan las muertes por considerar que las v