CE - Sentencia 11001031500020250560901 de 2025

Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-01

Demandante: ANDERSON MAURICIO PADILLA CASTRILLÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA

SÉPTIMA DE ORALIDAD

Tema: Tutela contra providencia judicial . Revoca, y en su lugar, declara improcedencia por no superar el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo proferido el 20 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Anderson Mauricio Padilla Castrillón , a través de apoderado judicial 1, presentó acción de tutela 2, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Anderson Mauricio Padilla Castrillón , a través de apoderado judicial 1, presentó acción de tutela 2, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Séptima de Oralidad 3, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, «prevalencia del derecho sustancial», y el principio pro homine.

La trasgresión a las citadas garantías constitucionales, la atribuyó a la sentencia proferida el 12 de marzo de 2025 , al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001 -33-33-035-202300402-00/01, que revocó el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el 27 de septiembre de 2024, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

1 Poder otorgado al abogado Yobany Alberto López Quintero , para promover la presente acción , mediante mensaje de datos - índice 02 de Samai. 2 Presentada el 8 de septiembre de 2025 con secuencia: 9005 - Índice 01 de Samai. 3 Integrada por los magistrados Martha Nury Velásquez Bedoya Carlos Cristopher Viveros Echeverri, y Gonzalo

Zambrano Velandia.Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01 2

Zambrano Velandia.Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica del accionante Anderson Mauricio Padilla Castrillón y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.4

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Anderson Mauricio Padilla Castrillón instauró demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante, Fomag) y el Departamento de Antioquia, a efectos de que se declarara

Anderson Mauricio Padilla Castrillón instauró demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante, Fomag) y el Departamento de Antioquia, a efectos de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado el 12 de marzo de 2023 , frente a la petición radicada el 12 de diciembre de 2022, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006 y 1955 de 2019, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín que, mediante sentencia del 27 de septiembre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, condenó al Departamento de Antioquia a reconocer y pagar a favor del demandante, la sanción por mora configurada entre el 20 de enero de 2022 y el 9 de febrero de la misma anualidad, teniendo en cuenta la asignación básica diaria devengada en el año 2021.

Como s ustento de lo analizado, la autoridad judicial accionada precisó que, de acuerdo con las pruebas documentales aportadas y los términos señalados en la Ley 1071 de 2006, se logró demostrar que la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia disponía de un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de reconocimiento de las cesantí as parciales del actor para emitir el acto administrativo correspondiente, es decir, hasta el 28 de octubre de 2021, sin embargo, la Resolución 2021060130728 fue emitida

siguientes a la presentación de la solicitud de reconocimiento de las cesantí as parciales del actor para emitir el acto administrativo correspondiente, es decir, hasta el 28 de octubre de 2021, sin embargo, la Resolución 2021060130728 fue emitida el 2 de diciembre de 2021, esto es, 38 días hábiles después de la solicitud, por lo que resulta evidente que el referido acto fue proferido por fuera del término establecido para ello.

4 Transcripción original del texto con posibles errores.Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

De igual forma , señaló que , de acuerdo con el certificado expedido por la FIDUPREVISORA S.A., la suma de dinero correspondiente fue puesta a disposición del señor Padilla Castrillón el 10 de febrero de 2022, es decir, por fuera del término establecido por la ley , toda vez que, desde la formulación de la petición habían transcurrido más de setenta (70) días hábiles.

Por lo expuesto, señaló que, en el asunto debatido se evidenció la existencia de la mora alegada por un periodo de 21 días, la cual se configuró entre el 20 de enero de 2022 y el 9 de febrero de 2022 (ambas fechas inclusive).

La anterior decisión fue recurrida por la parte demandada y revocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad mediante fallo del 12 de

de 2022 y el 9 de febrero de 2022 (ambas fechas inclusive).

La anterior decisión fue recurrida por la parte demandada y revocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad mediante fallo del 12 de marzo de 2025 , al considerar que, de conformidad con las pruebas allegadas al plenario, se tendría como fecha de radicación de la solicitud de las cesantías reclamadas por el actor el 24 de noviembre de 2021 , ya que es la fecha que se encuentra consignada en la Resolución 2021060130728 del 2 de diciembre de 2021 a través de la cual le fue reconocida la referida prestación , y que goza de plena presunción de legalidad al encontrarse ejecutoriado, determinando a su vez que, la información en él contenida surte plenos efectos jurídicos y prevalece sobre la copia documental allegada por la parte demandante en tal sentido.

Acorde con lo expuesto, refirió que, l os 15 días con los que contaba la entidad territorial para expedir el acto administrativo de reconocimiento fenecían el 16 de diciembre de 2021 , y el Departamento de Antioquia expidió la Resolución No. 2021060130728 el 2 de diciembre de 2021, esto es, en tiempo.

En ese orden de ideas, el FOMAG tenía hasta el 21 de febrero de 2022 para materializar el pago correspondiente, observándose que, según el certificado expedido por la Fiduprevisora, los dineros correspondientes a las cesantías fueron puestos a disposición de la parte interesada a partir del 10 de febrero de 2022 en la entidad bancaria, esto es, dentro del término para el efecto, por lo que no se presentó la mora alegada por el actor.

puestos a disposición de la parte interesada a partir del 10 de febrero de 2022 en la entidad bancaria, esto es, dentro del término para el efecto, por lo que no se presentó la mora alegada por el actor.

La sentencia aludida, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 13 de marzo de 20255.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada al momento de proferir la sentencia acusada incurrió en un defecto fáctico por haberse efectuado una indebida valoración probatoria , ya que en la parte considerativa de la sentencia acusada no se hizo referencia al formato de radicación de la solicitud de cesantías presentado por el actor, aun cuando constituía prueba idónea y directa para demostrar el momento exacto en que el docente acudió ante la autoridad departamental y, en lugar de ello, otorgó pleno valor probatorio al contenido del acto

5 Índice 13 proceso radicado 05001-33-33-035-2023-00402-00/01.Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de reconocimiento de la prestación económica en el que se indicó que esta gestión se llevó a cabo hasta el 24 de noviembre de 2021.

En línea con lo analizado refirió que la sentencia controvertida omitió efectuar un

de reconocimiento de la prestación económica en el que se indicó que esta gestión se llevó a cabo hasta el 24 de noviembre de 2021.

En línea con lo analizado refirió que la sentencia controvertida omitió efectuar un análisis acucioso del formato de radicación de las cesantías para dejar claras las razones por las cuales consideraba que la información allí registrada no resultaba fiable para la resolución de la litis, siendo más exigente esta carga argumentativa en consideración que el extremo pasivo de entrada no controvirtió su autenticidad en el curso de la actuación judicial, por el contrario, tanto el Departamento de Antioquia como la Nación, Ministerio de Educación, FOMAG, en la etapa de contestación, aceptaron los hechos expuestos en la demanda, siendo ese el escenario procesal oportuno para aportar las pruebas destinadas a desvirtuar las presentadas por la parte actora.

Afirmó que, si el tribunal accionado hubiere efectuado un examen riguroso de lo analizado, se habría percatado que la prueba desestimada corresponde a una constancia oficial dirigida a la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, Dirección de Gestió n y Apoyo Administrativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia para el trámite de solicitudes relacionadas con prestaciones económicas del personal docente.

En el caso particular, dicho documento fue diligenciado por el señor Anderson Mauricio Padilla Castrillón para el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, consignando sus datos personales básicos con su rúbrica y, en el que, además figura en su parte superior el sello de radicación que contiene número consecutivo, fecha y hora, clase de gestión y nombre del funcionario que recibe, acompañado

consignando sus datos personales básicos con su rúbrica y, en el que, además figura en su parte superior el sello de radicación que contiene número consecutivo, fecha y hora, clase de gestión y nombre del funcionario que recibe, acompañado del emblema institucional del ente territorial; de modo que, todos estos elementos apreciados en conjunto, permitían inferir razonablemente la recepción de la petición por parte de la autoridad competente el día 6 de octubre de 2021.

Señaló que , al interior del proceso ordinario no se demostró que la solicitud de cesantías del señor Padilla Castrillón hubiere sido presentado de manera incompleta y, que dicha falencia hubiere sido subsanada en la fecha anotada en el acto administrativo para considerarse que tal información prevalece sobre la del formato, siendo carga de la parte demandada cuestionar los hechos afirmados en la demanda y obligación del juez resolver la controversia con fundamento exclusivo en los hechos debidamente probados dentro del proceso.

Sostuvo que, el estudio efectuado por el Tribunal Administrativo de Antioquia resulta arbitrario e injustificado, en tanto se fundamenta exclusivamente en la fecha de radicación consignada en el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías [24 de noviembre de 2021 ], bajo el argumento de la presunción de legalidad; sin embargo, omitió considerar que la constancia de radicación de la solicitud también goza de presunción de autenticidad y veracidad ante la total ausencia de tacha de falsedad, lo que imponía al j uez realizar una valoración ecuánime del acervo probatorio en aras de garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la prevalencia del derecho sustancial.Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

falsedad, lo que imponía al j uez realizar una valoración ecuánime del acervo probatorio en aras de garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la prevalencia del derecho sustancial.Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Refirió que, la decisión de privilegiar la fecha contenida en el acto administrativo en lugar de la registrada en la reclamación administrativa vulnera el principio de igualdad procesal, ya que se le niega al docente el derecho a que sus pruebas sean valoradas bajo las mismas condiciones que las emitidas por la entidad pública, generando una presunción de veracidad a favor de la administración sin justificación razonada; además de constituir una violación al principio de la buena fe que debe primar en las actuaciones de los particulares frente al Estado.

Precisó que, la inadecuada apreciación de las pruebas por parte del tribunal transgrede el derecho de acceso a la administración de justicia, puesto que su materialización no se agota en la posibilidad de acceder formalmente al proceso, sino que comprende el derecho a una resolución justa, motivada y fundada en una adecuada valoración de los elementos de juicio.

Aseveró que, conforme a las pruebas allegadas al proceso ordinario, se logró demostrar que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías se radicó ante la autoridad correspondiente el 6 de octubre de 2021, como se dejó ilustrado en el

Aseveró que, conforme a las pruebas allegadas al proceso ordinario, se logró demostrar que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías se radicó ante la autoridad correspondiente el 6 de octubre de 2021, como se dejó ilustrado en el documento aportado, lo que significa que la constancia de radicación allegada constituye una prueba idónea para acreditar la fecha de presentación de su solicitud, en tanto se trata de una constancia oficial expedida en el mi smo momento de su radicación, lo que le otorga validez y credibilidad, pues refleja de manera objetiva y verificable la actuación administrativa inicial del solicitante ; máxime cuando su contenido no fue tachado ni desvirtuado en el proceso, lo que reafirma su idoneidad como prueba determinante para establecer el hecho relevante.

Por último refirió que, en casos de connotaciones idénticas como el aquí analizado, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 5 de diciembre de 2024 dentro del trámite constitucional identificado bajo el radicado 11001 -03-15-0002024-05939-00, estimó procedente el ampar o del derecho fundamental al debido proceso por encontrar configurado el defecto fáctico alegado, situación que de igual forma ocurrió en la providencia dictada por la misma Sección el 6 de febrero de 2025 dentro del proceso radicado 11001-03-15-000-2024-06039-00/01.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 10 de septiembre 2025, el magistrado ponente de primera instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Séptima de Oralidad 6, como autoridad

Mediante auto del 10 de septiembre 2025, el magistrado ponente de primera instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Séptima de Oralidad 6, como autoridad judicial accionada.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso, al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín 7, a la Nación, Ministerio Nacional de Educación 8, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio9 y al departamento de Antioquia10.

6 Notificación realizada a: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co 7 Notificación realizada a: adm35med@cendoj.ramajudicial.gov.co 8 Notificación realizada a: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co 9 Notificación realizada a: tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co 10 Notificación realizada a: notificacionesjudiciales@antioquia.gov.coDemandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín.

Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del medio de control de nulidad y

siguientes:

1.6.1. Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín.

Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001 -33-33-035-202300402-00, sin pronunciarse frente a los hechos que dieron lugar a la presente acción, y respecto de los cuáles se predica la vulneración a los derechos fundamentales del accionante.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

Manifestó que el presente mecanismo se torna improcedente, toda vez que se presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente económica, y un litigio que involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional.

Así mismo, refirió que en el caso sub examine no se cumplen ninguno de los presupuestos establecidos en la sentencia C-590 de 2005, con relación a la procedencia de las acciones de tutela contra providencia judicial, los cuáles fueron reiterados en la sentencia SU-128 de 2001.

Por consiguiente, solicitó se declare improcedente el mecanismo de la referencia, y se ordene su desvinculación del presente asunto.

1.6.3. Departamento de Antioquia

Refirió que, con relación a la mora en el pago de las cesantías, la Secretaría de Educación de dicha entidad cumplió con los tiempos para expedir el a cto administrativo que reconoció el pago de cesantías parciales para reparación de vivienda del actor.

Refirió que, conforme a las normas que regulan la materia, dicha entidad solo será

administrativo que reconoció el pago de cesantías parciales para reparación de vivienda del actor.

Refirió que, conforme a las normas que regulan la materia, dicha entidad solo será responsable de pagar la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo de la prestación se generó como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la s olicitud de pago al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Manifestó que , en el caso concreto , el Tribunal Administrativo de Antioquia, no encontró que la parte demandante acreditara mora en el trámite de las cesantías parciales solicitadas y que le fuera imputable a la Secretar ía de Educación de Antioquia, por lo cual, determinó no imponer condena a la entidad, providencia queDemandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

goza del principio de cosa juzgada, y frente a la cual no procede el presente mecanismo constitucional.

Acorde con lo expuesto, solicitó que se declare la falta legitimación en la causa por pasiva, al no tener injerencia en los fundamentos de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.6.4. Fiduprevisora S. A. quien actúa en calidad de vocera y administradora

pasiva, al no tener injerencia en los fundamentos de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.6.4. Fiduprevisora S. A. quien actúa en calidad de vocera y administradora de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG

Refirió que la acción formulada no cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia para su procedencia, además de señalar que la misma carece de legitimación en la causa para soportar las pretensiones elevadas por el actor, razón por la cual, considera de debe ordenar su desvinculación del presente trámite.

1.6.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, pese a estar debidamente notificado del presente trámite, guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 20 de octubre de 2025, negó el amparo solicitado por el accionante, al considerar que, contrario a lo sostenido por el señor Anderson Mauricio , la autoridad judicial accionada sí realizó un estudio integral y sistemático de las pruebas allegadas al proceso y, particularmente, del formulario de radicación de solicitud de cesantías, con base en lo cual determinó que la solicitud quedó debidamente radicada el 24 de noviembre de 2021, tal y como se advirtió en la Resolución No. 2021060130728 del 2 de diciembre de 2021, la cual, gozaba de plena presunción de legalidad por no haberse presentado recurso alguno contra esta.

Señaló que , de la revisión de la sentencia acusada, se logró corroborar que el

2 de diciembre de 2021, la cual, gozaba de plena presunción de legalidad por no haberse presentado recurso alguno contra esta.

Señaló que , de la revisión de la sentencia acusada, se logró corroborar que el análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo de Antioquia fue razonable y, en consecuencia, no se estima que hubier e incurrido en un error manifiesto u omitido la valoración probatoria que predica el actor.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a través de los elementos de prueba aportados, la autoridad judicial accionada concluyó que, si bien obraba constancia de que se radicó la solicitud el 6 de octubre de 2021, lo cierto e s que, la fecha que constaba en la resolución de reconocimiento y pago de cesantías es la que debía tenerse en cuenta para el conteo de términos de la sanción moratoria; interpretación que se inscribe dentro del margen de independencia del juez natural, sin que pueda tildarse de arbitraria o irrazonable, pues, solo hasta ese día se pudo contar con la documentación completa requerida para dar trámite a la solicitud.

Por lo expuesto, concluyó que en el asunto debatido no se configuró el defecto fáctico alegado y, por ende, no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del tutelante.Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.8. Impugnación

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.8. Impugnación

La parte actora allegó escrito en el que reiteró de manera íntegra los argumentos esgrimidos en el escrito de amparo, y como consecuencia , solicitó que se revoque la decisión adoptada en la sentencia impugnada, y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por el señor Anderson Mauricio Padilla Castrillón, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

De la revisión de la sentencia impugnada se advierte que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado , pese haber resuelto las solicitudes de desvinculación presentadas por el departamento de Antioquia y la Fiduprevisora S.A., omitió pronunciarse con relación a la petición elevada por la Nación, Ministerio de Educación Nacional en tal sentido, por considerar que carece de legitimación en la causa para soportar las pretensiones elevadas por el actor.

Por lo anterior y, una vez revisados los argumentos expuestos en la solicitud, considera la Sala que en el caso sub examine no hay lugar a acceder a lo peticionado, comoquiera que la vinculación al proceso obedeció a que fungió como

Por lo anterior y, una vez revisados los argumentos expuestos en la solicitud, considera la Sala que en el caso sub examine no hay lugar a acceder a lo peticionado, comoquiera que la vinculación al proceso obedeció a que fungió como demandada dentro del trámite ordinario que ahora se cuestiona.

2.3. Problema jurídico

Conforme a lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por el actor, y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B el 20 de octubre de 2025 . Para lo cual, se deberá n abordar los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Séptima de Oralidad, vulneró los derechos fundamentales del actor, con ocasión de la sentencia dictada en segunda instancia el 12 de marzo de 2025, al interior del medio de controlDemandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,

Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 0500133-33-035-2023-00402-00/01.?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes

www.consejodeestado.gov.co

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 0500133-33-035-2023-00402-00/01.?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial; y iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 11 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 12 y declaró su procedencia.13

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y

sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «terc