CE - Sentencia 11001031500020250561300 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05613-00

Demandante: Amilce Sepœlveda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05613-00 Demandante AMILCE SEPÚLVEDA Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causa les generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicia l. Relevancia constitucional. Defecto fÆctico. Omisiones en la valoración probatoria. Medio de control de reparación directa. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, d ecidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por Amilce Sepœlveda, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 8 de septiembre de 2025 1, la seæora Amilce Sepœlveda, a travØs de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo d e Santander, por considerar vulnerados sus derechos al debido proc eso, igualdad, acceso a la

judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo d e Santander, por considerar vulnerados sus derechos al debido proc eso, igualdad, acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, con la sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida en la segunda instancia del medio de control de reparación directa con radicado 68001-33-33-0102020-00234-02. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones : «1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la justicia de la suscrita Amilce Sepœlveda.

2. Se deje sin efectos la sentencia del Tribunal Admi nistrativo de Santander de fecha 11 de agosto de 2025, en cuanto negó el reconocimiento de p erjuicios materiales (lucro cesante) y morales a favor de la accionante.

3. Se ordene a dicho Tribunal dictar nueva sentencia v alorando integralmente las pruebas y reconociendo los perjuicios materiales y morales a favor de la seæora Amilce Sepœlveda, en su calidad de compaæera permanente del fallecido» 2.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevante s los siguientes: 2.1. Amilce Sepœlveda y su grupo familiar promovieron demanda de reparación directa en contra de MedimÆs EPS SAS., Estudios e Inv ersiones MØdicas SA. y la ESE Hospital San Antonio de Rionegro (Santander), con el objeto de que se declarara su responsabilidad administrativa y patri monial, derivada de la presunta falla mØdica recibida por el seæor JosØ Res urrección SÆnchez Ovalle, como consecuencia del mal diagnóstico y tratamiento de VIH, que produjo su muerte.

presunta falla mØdica recibida por el seæor JosØ Res urrección SÆnchez Ovalle, como consecuencia del mal diagnóstico y tratamiento de VIH, que produjo su muerte.

1 SAMAI, índices 1 y 2 2 PÆgina 21 del escrito de tutela. SAMAI, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05613-00

Demandante: Amilce Sepœlveda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Al respecto, la accionante indicó que, en calidad de compaæera permanente, convivió durante mÆs de 50 aæos con la víctima direc ta del daæo seæor JosØ Resurrección SÆnchez Ovalle, con quien conformó una familia estable, segœn la declaración extrajuicio rendida bajo la gravedad de juramento, aportada al proceso contencioso administrativo, por lo que, en es a calidad, solicitó el reconocimiento de perjuicios morales y materiales deri vados de su muerte. En los hechos de la demanda, se relata que la seæora Amilce Sepœlveda resultó infectada del virus VIH con ocasión del mal d iagnóstico de su compaæero permanente. 2.2. El proceso de reparación directa se identificó c on el radicado 68001-33-33010-2020-00234-00 y su conocimiento le correspondió al Juzgado DØcimo Administrativo de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se acreditó en el proceso que la mu erte del paciente JosØ

010-2020-00234-00 y su conocimiento le correspondió al Juzgado DØcimo Administrativo de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se acreditó en el proceso que la mu erte del paciente JosØ Resurrección SÆnchez, fuera producto de un error de dia gnóstico. 2.3. Inconforme con la decisión, la parte actora pres entó recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Santander. Mediante sentencia del 11 de agosto de 2025, el trib unal revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la responsabilidad administrativa y extracontractual de las entidades demandadas, por lo que las condenó al pago de unas indemnizaciones en favor de los accionantes, por concepto de pØrdida de oportunidad, exceptuando a la seæora Amilce Sepœl veda, por considerar que no había aportado prueba alguna sobre su calidad de compaæera permanente. De igual forma, en el fallo referido se negó la inde mnización solicitada por los accionantes bajo el concepto de lucro cesante, por n o encontrar prueba sobre la existencia de este perjuicio, en tanto que ni si quiera se había mencionado la actividad laboral del seæor JosØ Resurrección SÆnc hez Ovalle ni el salario que devengaba.

3. Fundamentos de la acción 3.1. La accionante afirmó que el fallo proferido por la autoridad judicial accionada desconoció el precedente jurisprudencial, en cuanto a la libertad probatoria con la que contaba para acreditar su condición de compaæera permanente, en tanto que pasó por alto la declaración extrajudicial aportada al proceso de

desconoció el precedente jurisprudencial, en cuanto a la libertad probatoria con la que contaba para acreditar su condición de compaæera permanente, en tanto que pasó por alto la declaración extrajudicial aportada al proceso de reparación directa y el contenido de la historia clínic a del fallecido, en la que se estableció que su estado civil era ‘unión libre estable’. De otra parte, tambiØn seæaló que no era cierto que no existiera prueba en relación con la acreditación del lucro cesante, dado que de la mencionada declaración extrajudicial se podía extraer que ella dependía económicamente de su compaæero permanente, el cual cubría sus gasto s y los de su hija menor de edad, por lo que si bien no estaba demostrada la actividad económica que desempeæaba el seæor SÆnchez Ovalle, lo manifestado en la referida prueba era suficiente para liquidar ese perjuicio con la pre sunción de ingreso del salario mínimo legal mensual. En ese orden de ideas, la parte actora indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado había reconocido de manera reiterada que la co mpaæera permanente tenía derecho a ser indemnizada por concepto de lucro cesante y por daæo moral cuando acreditara la convivencia y la dependencia económica con la víctima directa del daæo, por lo que hizo refe rencia a la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado identificada con el nœmero interno 19.936, ademÆs, adujo que la Corte Constitucional pr otegía el derecho a laRadicado: 11001-03-15-000-2025-05613-00

Demandante: Amilce Sepœlveda

19.936, ademÆs, adujo que la Corte Constitucional pr otegía el derecho a laRadicado: 11001-03-15-000-2025-05613-00

Demandante: Amilce Sepœlveda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 igualdad de las distintas formas de familia (sentencias SU-337 de 1999 y T-134 de 2013), por lo que afirmó que con las omisiones en las que incurrió el Tribunal Administrativo de Santander se había configurado un defecto fÆctico por falta de valoración probatoria, en un defecto sustantivo p or la indebida aplicación de la jurisprudencia en materia de reparación integra l y un desconocimiento del precedente en cuanto a los derechos de la compa æera permanente. Así mismo, la accionante citó en extenso la sentenc ia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, identificada con el nœmero interno 24.392, relacionada con los criterios de liquidación de la indemnización de los perjuicios morales y la aplicación de las presunciones de aflicción deriv adas del parentesco y, en el mismo sentido, reprodujo extractos de otras provi dencias judiciales, sin identificarlas, así como doctrina que presenta una crí tica sobre la referida presunción y respecto del concepto de familia, tambi Øn sin la referencia de la fuente. La parte actora mencionó que actualmente estaba infe ctada con VIH, que recibía tratamiento mØdico, que es de la tercera edad y que no tiene casa propia ni ejerce actividad económica alguna.

4. TrÆmite impartido e intervenciones

La parte actora mencionó que actualmente estaba infe ctada con VIH, que recibía tratamiento mØdico, que es de la tercera edad y que no tiene casa propia ni ejerce actividad económica alguna.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto del 12 de septiembre de 2025, el despacho ponente requirió a la parte accionante para que allegara al proceso los soportes vÆlidos de la expresión de la voluntad de quien aparece como demand ante, para que manifestara el conocimiento de la existencia de esta acción constitucional y su consentimiento para la interposición del escrito de tutela y, de ser el caso, para que aportara el poder especial otorgado al abogado Samuel AndrØs Villamizar Bernal para presentar el referido escrito, así mismo, se solicitó remitir la dirección de notificación de la seæora Amilce Sepœlv eda y que se allegaran las pruebas enunciadas en la tutela. 4.2. El 17 de septiembre de 2025, en cumplimiento de lo requerido, la parte actora allegó las pruebas enunciadas en su escrito inicial, así como una nueva versión de la tutela, pero con la rœbrica y huella de Amilc e Sepœlveda y un memorial en el que la referida seæora manifestó conocer sobre la existencia del proceso, documento tambiØn suscrito por ella, pero con otra rœb rica, razón por la cual el despacho sustanciador, a travØs de auto del 7 de octubre de 2025, advirtió que no era posible determinar, con certeza, si la acc ionante conocía de la acción constitucional, por lo que, nuevamente, la re quirió para que diera

que no era posible determinar, con certeza, si la acc ionante conocía de la acción constitucional, por lo que, nuevamente, la re quirió para que diera cumplimiento a lo ordenado en el auto del 12 de sep tiembre de 2025 en relación con la manifestación de su voluntad frente a la interposición de la demanda. 4.3. El 8 de octubre de 2025, la seæora Amilce Sepœ lveda allegó memorial en el que manifestó conocer sobre la existencia de esta ac ción y, de igual forma, remitió poder conferido al abogado Samuel AndrØs Villam izar Bernal para actuar como su apoderado judicial en el proceso de la referencia, por lo que el despacho admitió la demanda presentada en contra del Tribunal Administrativo de Santander y vinculó, como terceros con interØs a la ESE Hospital San Antonio de Rionegro, Estudios e Inversion es MØdicas S.A., Esimed S.A. y a MedimÆs EPS S.A.S., por ser las entidad es demandadas en el proceso ordinario; así como a Ingrid SÆnchez Sepœlv eda y Yuly Alexandra SÆnchez Sepœlveda, quien actuó en nombre propio y en representación de los menores DAES y SDAS, por ser los demandantes en el proceso de reparación directa y; finalmente, al Ministerio Pœblico, a la A gencia Nacional de Defensa Jurídica del estado y al Juzgado DØcimo Administrativ o de Bucaramanga, alRadicado: 11001-03-15-000-2025-05613-00

Demandante: Amilce Sepœlveda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 ser esta la autoridad judicial la que profirió el fa llo de primera instancia en el proceso contencioso administrativo . De igual forma, se ordenó oficiar al Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado DØcimo Administrativo de Bucaramanga para qu e notificaran a quienes fungieron como demandantes en el proceso ordinario y, en ese mismo sentido, se le ordenó a la Secretaría General fijar un aviso para informarles a estos accionantes sobre la existencia de la acción y a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado para que publicara en la pÆgina web de la Corporación un aviso con ese objeto. Finalmente, se le reconoció personería al abogado Samue l AndrØs Villamizar Bernal, para actuar como apoderado judicial de la part e actora. 4.4. La EPS MedimÆs Liquidada , a travØs de su mandatario con representación, se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de tutela y advirtió que se configuró la falta de legitimación en la causa p or pasiva respecto de la entidad, en tanto que no se evidenciaba cargo alguno en su contra. Se precisa que el Tribunal Administrativo de Santande r demandada y los demÆs intervinientes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la a cción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irreme diable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales 4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, s e deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno d e los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia con stitucional 6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de

3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1”: “Toda persona tendrÆ acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la protecci ón inmediata de sus derechos constitucionales fundamenta les, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amen azados

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la protecci ón inmediata de sus derechos constitucionales fundamenta les, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amen azados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decreto”. 4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra provid encias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los m ecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiari edad); iii) que la acción se haya interpuesto en un tØrmino pr udencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evide nte relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra provid encias judiciales son: i) defecto orgÆnico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fÆctico , iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por erro r inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por descon ocimiento del precedente y viii) defecto por violación di recta de la Constitución. 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 d e 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-0002012Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05613-00

Demandante: Amilce Sepœlveda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 los requisitos generales de procedencia debe realizars e con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esencial es del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los r equisitos debe restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala deberÆ determinar, en primer lug ar, si la demanda supera el examen general de procedibilidad, en especial el re quisito de relevancia constitucional En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se concentrarÆ en establecer si el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en los defectos invocados por la parte actora respecto de la sentencia del 11 de agost o de 2025 en el proceso de reparación directa identificado con el radicado No. 68 001-33-33-010-00234-02.

parte actora respecto de la sentencia del 11 de agost o de 2025 en el proceso de reparación directa identificado con el radicado No. 68 001-33-33-010-00234-02.

4. AnÆlisis de los requisitos de procedibilidad en e l caso particular Para la Sala, se considera acreditado el requisito de l a relevancia constitucional ya que se invoca la afectación de los derechos fundame ntales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia de la accionante al desconocerse su calidad de compaæera permanente de la víctima de la falla mØdica por mal diagnóstico y tratamiento de VIH que dio origen a la demanda de reparación directa bajo estudio y, de encontrarse acreditados los cargos alegados por la parte actora estaríamos ante una genuina afectación de derechos f undamentales.

Adicionalmente, se cumplió con la carga argumentativa de seæalar que, si existieran los errores que alega la parte actora, se estarían vuln erando sus garantías fundamentales reclamadas. De igual forma, tambiØn se advierte que la acción de tutela interpuesta cumple con el resto de los requisitos generales de procedibilidad , dado que: (i) versa sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con o casión a la emisión de la providencia judicial del 11 de agosto de 2025 ; (ii) la parte actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y frente a los reparos presentados por el accionante no proceden los recursos extraordinarios; (iii) cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro de los 6 meses siguientes a la

medios ordinarios de defensa judicial y frente a los reparos presentados por el accionante no proceden los recursos extraordinarios; (iii) cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada 7; (iv) se identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los derechos af ectados; y (v) no se trata de una tutela contra sentencia de tutela. Así las cosas, al verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, le corresponde a la Sala estudiar si se configuraron los defectos alegados en la sentencia d el 11 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el medio de control de reparación directa con radicado 68001-33-33-0102020-00234-00/02

5. AnÆlisis del caso concreto 5.1. Descendiendo al caso en concreto, se evidencia que los defectos alegados por la parte actora en contra de la sentencia proferid a por el Tribunal

7 La sentencia se notificó el 15 de agosto de 2025. SAMAI, ˝ndice de la segunda instancia de la reparación directa No.84.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05613-00

Demandante: Amilce Sepœlveda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Administrativa de Santander el 11 de agosto de 2025, se pueden centrar en el desconocimiento e indebida aplicación de la jurispru dencia frente a acreditación de la condición de compaæera permanente y sobre el

www.consejodeestado.gov.co 6 Administrativa de Santander el 11 de agosto de 2025, se pueden centrar en el desconocimiento e indebida aplicación de la jurispru dencia frente a acreditación de la condición de compaæera permanente y sobre el reconocimiento de la indemnización por concepto de l ucro cesante y daæo moral que le corresponde a la compaæera permanente c uando se demuestra la convivencia y la dependencia económica y, de otra parte, en la configuración de un defecto fÆctico por la omisión probatoria en c uanto a la acreditación de la condición de la ahora demandante como compaæera p ermanente de la víctima directa del daæo así, como las imprecisione s respecto de la prueba relacionada con lucro cesante. 5.2. Frente al primero de los cargos, relacionado con el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Sala encuentra que la ac cionante citó la sentencia del Consejo de Estado identificada con el nœmero interno 19.936 del 2013, en la cual indicó que se afirmaba que la compa æera permanente tenía derecho a ser indemnizada por concepto de lucro cesa nte y por daæo moral cuando acreditara la convivencia y la dependencia ec onómica con la víctima directa del daæo. Al respecto, se encuentra que la referida providencia no se dictó en el 2013, sino en el 2011, en el marco de una acción de nulidad simple, relacionada con una adjudicación de un contrato, en la que no se de sarrolló estudio alguno frente al reconocimiento de perjuicios en favor de l a compaæera permanente, tal como lo afirmó la parte actora.

una adjudicación de un contrato, en la que no se de sarrolló estudio alguno frente al reconocimiento de perjuicios en favor de l a compaæera permanente, tal como lo afirmó la parte actora. De otra parte, en la demanda de tutela se citaron la s sentencias de la Corte Constitucional SU-337 de 1999 y T-134 de 2013, en l as que se seæaló que este alto tribunal protegía el derecho a la igualdad de las distintas formas de familia. Frente a este punto, la Sala evidencia que la sentenc ia SU-337 de 1999 se refiere a un caso en el que se discute la vulneración de los derechos fundamentales de una menor que requería una intervenció n quirœrgica por ambigüedad genital. En esa providencia se destaca el alcance del consentimiento informado de los padres en estos even tos mØdicos y la libre autodeterminación de la identidad sexual de los men ores, sin que logre identificarse algœn anÆlisis en cuanto a la composic ión de las familias, que fue lo que advirtió la parte actora en la tutela sobre ese fallo, o que se refiera a la manera en la que se debe acreditar la convivencia de entre los compaæeros permanentes, que es el tema sobre el que giran los re paros expuestos en contra de la sentencia cuestionada por la seæora Ami lce Sepœlveda. Por su parte, a travØs de la sentencia T-134 de 2013 l a Corte Constitucional resolvió un caso frente al reconocimiento de una pensi ón de sobreviviente reclamada por una mujer cabeza de familia, que perdió a su esposo y a su hijo en un accidente de trabajo, por lo que se resaltó la normativa en cuanto a

resolvió un caso frente al reconocimiento de una pensi ón de sobreviviente reclamada por una mujer cabeza de familia, que perdió a su esposo y a su hijo en un accidente de trabajo, por lo que se resaltó la normativa en cuanto a quienes tenían derecho a la referida pensión y, al en contrar acreditada la calidad de cónyuge de la accionante, se accedió al amparo solicitado. En esa oportunidad tampoco se mencionó nada frente a la demostración de la calidad de compaæeros permanentes. Sobre las sentencias proferidas por la Corte Constituc ional, la Sala determina que estas no guardan relación con los reparos formula dos por la parte actora en la demanda de tutela, que tampoco se refieren al d erecho a la igualdad de las distintas formas de familia y, en todo caso, se recuerda que en la sentencia de reparación directa, que es objeto de cuestionamie nto en esta oportunidad, no se desconocen los derechos que le asisten a los compaæeros permanentesRadicado: 11001-03-15-000-2025-05613-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 por su condición, en tanto que la discusión se enmarcó en un tema netamente probatorio respecto del vínculo de la seæora Amilce S epœlveda con el fallecido. Así mismo, la parte actora tambiØn citó varios apartes de la sentencia del Consejo de Estado No. 24.392 y de otras que no ident ificó, los cuales se refieren a la indemnización de perjuicios morales en caso de muerte, haciendo

Así mismo, la parte actora tambiØn citó varios apartes de la sentencia del Consejo de Estado No. 24.392 y de otras que no ident ificó, los cuales se refieren a la indemnización de perjuicios morales en caso de muerte, haciendo Ønfasis en el reconocimiento de estos por indicios respecto de la aflicción sufrida dado el parentesco y los distintos niveles de cercanía, indicando ademÆs, que es necesario acreditar ese parentesco con la víctima directa del daæo para acceder a la referida indemnización. Sobre este punto, la Sala advierte que en los extract os citados de la providencia del Consejo de Estado no se hace referenci a a la manera en la que se debe acreditar la convivencia de los compaæer os permanentes, para que puedan acceder a la indemnización de perjuicios morales ni tampoco cómo se debe probar el lucro cesante que son dos pun tos frente a los cuales la accionante tiene reparos respecto de la sentencia de reparación directa, esto aunado al hecho de que la parte actora no indicó cómo la autoridad judicial accionada desconoció este precedente jurisprudencial, mÆs aœn cuando fue el que se adoptó para otorgar las indemnizaciones conte nidas en el fallo del 11 de agosto de 2025, dado que la discusión no giró en torno a su aplicación, sino a la acreditación de la condición de compaæera perman ente de la seæora Amilce Sepœlveda para poder acceder a la reparación de sus perjuicios. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala concluye que no se configura el defecto por desconocimiento del precedente alegado, considerando que las providencias invocadas no cumplen con los requisitos de identidad fÆctica y

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala concluye que no se configura el defecto por desconocimiento del precedente alegado, considerando que las providencias invocadas no cumplen con los requisitos de identidad fÆctica y jurídica que exige la jurisprudencia constitucional. Se recuerda que es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisio nes judiciales que guardan identidad fÆctica y jurídica con el caso en que se s olicita su aplicación; (ii) que tales decisiones eran vinculantes para la autoridad ju dicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fue rza vinculante suficiente; (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en s ede de tutela es contraria al precedente vinculante, (iv) y que el juez de instanc ia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente v inculante.

6. Defecto fÆctico: su alcance y anÆlisis en el caso en concreto 6.1. En el presente caso, se alega la configuración del defecto fÆctico por la omisión en la valoración probatoria relacionada con la prueba de la calidad de compaæera permanente de la seæora Amilce Sepœlveda y con el lucro cesante, que bÆsicamente es el tema respecto del cual la dem andante aduce que se vulneraron sus derechos. 6.2. En el escrito de tutela la parte actora expuso q ue la autoridad judicial accionada omitió valorar la declaración extrajudicial aportada al proceso de reparación directa con la que pretendía acreditar su c ondición de compaæera permanente y la dependencia económica como base par a el reconocimiento

accionada omitió valorar la declaración extrajudicial aportada al proceso de reparación directa con la que pretendía acreditar su c ondición de compaæera permanente y la dependencia económica como base par a el reconocimiento de la indemnización por lucro cesante, que fue bÆsic amente la razón por la que se le negaron sus pretensiones indemnizatorias. La accionante cuestionó el desconocimiento de la declaración extrajudicial que aportó para acreditar su condición de compaæera permane nte para acceder al reconocimiento de la indemnización que se le otorgó a los demÆs demandantes en el proceso de reparación directa, lo cual, a su juicio, seRadicado: 11001-03-15-000-2025-05613-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 reafirmaba con el hecho de que en la historia clínica se había registrado como estado civil de JosØ Resurrección SÆnchez, el de ‘unión libre’. 6.3. El defecto fÆctico es aquel vicio relacionado con el decreto, prÆctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la d