CE - Sentencia 11001031500020250561400 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05614-00

Accionante: Luis Alfonso Beltrán Franco

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05614-00

Accionante: Luis Alfredo Beltrán Franco Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección TerceraSubsección A y otros Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Luis Alfredo Beltrán Franco en contra de la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, del Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y del Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Tercera-Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Luis Alfredo Beltrán Franco , en nombre propio, presentó escrito de tutela mediante el cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, al debido proceso, a la libertad e integridad personal, a la salud, a la igualdad y a la intimidad1, los cuales consideró vulnerados por la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército

proceso, a la libertad e integridad personal, a la salud, a la igualdad y a la intimidad1, los cuales consideró vulnerados por la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera-Subsección A, con ocasión a la sentencia de segunda instancia proferida por esta última autoridad, el 27 de febrero de 2025, mediante la cual revocó el fallo de primer grado que había negado las súplicas de la demanda y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa identificada con el radicado número 11 001-33-36032-2015-00385-00/01.

2. Hechos

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 70D456AE3EF89DC1 1D6EDB8FE8F8B6AC E0C32953E3223576 4D4A9B70F79C1359.0000

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Accionante: Luis Alfredo Beltrán Franco

2 2.1. El señor Luis Alfonso Beltrán Franco en su calidad de cabo primero del Ejército Nacional, adscrito al Batallón de Contraguerrilla N° 52 “Soldado Juan Conde” con jurisdicción en el municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá), fue secuestrado durante un combate con miembros de las FARC y estuvo en cautiverio desde el 3 de marzo de 1998 hasta el 3 de abril de 2014, cuando fue liberado unilateralmente.

durante un combate con miembros de las FARC y estuvo en cautiverio desde el 3 de marzo de 1998 hasta el 3 de abril de 2014, cuando fue liberado unilateralmente.

2.2. Por lo anterior, Luis Alfonso Beltrán Franco, Eufracio Beltrán, María Virginia Franco, Milton Cesar Beltrán Franco, Doris Yaneth Beltrán Franco, Marina Beltrán Vera y Gloria Nancy Beltrán Franco presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra la Nación-Departamento Administrativo de la Presidencia y del Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la falla en el servicio que causó el secuestro del señor Luis Alfonso Beltrán Franco por parte del grupo guerrillero FARC.

2.3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá bajo el número radicado número 11001-33-36-032-201500385-00, autoridad judicial que, mediante sentencia del 25 de enero de 2022, negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no se acreditó la falla en el servicio. Afirmó que si bien el Ejército Nacional tenía información de la presencia de integrantes de las Cuadrillas XIV y XV de las ONT FARC, no se acreditó que tuviese conocimiento de la magnitud del grupo al margen de la ley que se desplazaba por dicho sector y menos del armamento que aquellos portaban, que en su mayoría era no convencional.

Indicó que como en el expediente no reposaba prueba idónea para demostrar que la entidad demandada desatendió el contenido obligacional que le era oponible, el

por dicho sector y menos del armamento que aquellos portaban, que en su mayoría era no convencional.

Indicó que como en el expediente no reposaba prueba idónea para demostrar que la entidad demandada desatendió el contenido obligacional que le era oponible, el despacho debía concluir que el daño sufrido por los demandantes no fue producto de una falla en el servicio.

2.4. Contra la anterior decisión la parte actora presentó recurso de apelación. Explicó que el Consejo de Estado se había pronunciado de manera uniforme, constante y reiterada en casos análogos, relacionados con las tomas guerrilleras de Miraflores (Guaviare), sector de El Billar en Cartagena del Chaira (Caquetá) y el cerro de Patasco, en las que miembros de la fuerza pública fueron víctimas de homicidio, secuestro y lesiones.

Asimismo, adujo que con las pruebas testimoniales y documentales se acreditó la falla en el servicio por la omisión endilgada a la entidad demandada.

2.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera -Subsección A , mediante sentencia del 27 de febrero de 2025, revocó la decisión impugnada y en su lugar declaró la responsabilidad de la Nación -Ministerio de Defensa NacionalEjército Nacional y lo condenó en los siguientes términos:

“TERCERO: En consecuencia, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa NacionalEjército Nacional a pagar los siguientes conceptos:0000

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Accionante: Luis Alfredo Beltrán Franco

3

Demandantes Perjuicios

NacionalEjército Nacional a pagar los siguientes conceptos:0000

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Accionante: Luis Alfredo Beltrán Franco

3

Demandantes Perjuicios morales (smlmv) Daño a la salud (smlmv) Luis Alfonso Beltrán Franco (víctima directa) 200 200 Eufracio Beltrán (Padre) 200 N/A María Virginia Franco (Madre) 200 N/A Milton Cesar Beltrán Franco (Hermano) 100 N/A Doris Yaneth Beltrán Franco (Hermana) 100 N/A Marina Beltrán Vera (Hermana) 100 N/A Gloria Nancy Beltrán Franco (Hermana) 100 N/A

CUARTO: ORDENAR como medidas de reparación integral no pecuniarias, lo

siguiente:

• La publicación, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de un resumen de la decisión en un diario de amplia circulación nacional. El contenido de las notas de prensa deberá ser concertado con los familiares de las víctimas, a través de su apoderado, quien además deberá ser informado previamente, al menos con dos semanas de anticipación, de la fecha y el medio informativo en que se realizarán dichas publicaciones, cuyo costo deberá ser asumido por el Ejército Nacional. • Remitir copias de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, en el evento en que a la fecha no se haya realizado una investigación imparcial y efectiva en relación

• Remitir copias de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, en el evento en que a la fecha no se haya realizado una investigación imparcial y efectiva en relación los hechos que originaron esta controversia. • Remitir al Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda”2.

Indicó que contrario a las conclusiones del juez administrativo, sí se acreditó la falla en el servicio endilgada a la entidad demandada, en la medida en que se incurrió en una serie de errores operacionales que determinaron la imposibilidad de repeler de manera adecuada el ataque armado de las FARC, pese a que se tenía información previa que permitía prever su ocurrencia.

Explicó que con anterioridad al ataque del 3 de marzo de 1998, el Ejército Nacional tenía conocimiento de la presencia de las FARC en la zona de operaciones, la

2 Ibid.0000

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4 estrategia de superioridad numérica y de armamento frente al personal militar que se desplegó en el área y las limitaciones de acceso para la evacuación y reabastecimiento. Sin embargo, no se demostró en e l proceso la adopción de medidas tendientes a minimizar o mitigar el riesgo que conllevaba el mantenimiento

desplegó en el área y las limitaciones de acceso para la evacuación y reabastecimiento. Sin embargo, no se demostró en e l proceso la adopción de medidas tendientes a minimizar o mitigar el riesgo que conllevaba el mantenimiento de la tropa en tales condiciones.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales a la vida digna, al debido proceso, a la libertad e integridad personal, a la salud, a la igualdad y a la intimidad. En consecuencia, pidió (i) ordenar a la autoridad accionada que modifique la sentencia del 27 de febrero de 2025 y que, en su lugar, acceda a la totalidad de pretensiones invocadas en la demanda de reparación directa que hacienden a 7000 SMLMV, (ii) que se ordene el pago de manera inmediata por parte del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional de los valores solicitados en la demanda, esto teniendo en cuenta que han transcurrido más de 10 años sin recibir compensación por parte del Estado por los perjuicios ocasiona dos, y (iii) que se ordene a la Nación y a los secuestradores realizar las medidas de perdón y reconciliación pertinentes para el resarcimiento.

El accionante afirmó que la indemnización decretada en la sentencia cuestionada no cubrió los perjuicios que sufrió durante más de 14 años que duró retenido, lo que le ocasionó múltiples “fallas, enfermedades y secuelas indicadas de las cuales el de la vida (…) tendrá que sufrir”3.

Transcribió apartes de la SU -128 de 2021 proferida por la Corte Constitucional que

ocasionó múltiples “fallas, enfermedades y secuelas indicadas de las cuales el de la vida (…) tendrá que sufrir”3.

Transcribió apartes de la SU -128 de 2021 proferida por la Corte Constitucional que estudia la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, no obstante, no presentó cargó alguno en función de los defectos.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 9 de septiembre de 2025 4, admitió la acción de tutela; vinculó como tercer os con interés a Eufracio Beltrán, María Virginia Franco, Milton Cesar Beltrán Franco, Doris Yaneth Beltrán Franco, Marina Beltrán Vera y Gloria Nancy Beltrán Franco , quienes participaron en el proceso de reparación directa; solicitó a las autoridades judiciales que remiti eran el expediente del proceso objeto de amparo; requirió al actor para que manifestara bajo la gravedad de juramento que no había iniciado otra acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones; ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos. Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

3 Ibid. 4 Índice 00004 aplicativo SAMAI, certificado 33C81C8C03A47B52 A1E8D285E68E68D0 D7EAF9CB5F8E8CFB

2EEDA3C3BF9EF0DC.0000

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Accionante: Luis Alfredo Beltrán Franco

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5 4.1. El Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá5 allegó el expediente digital del proceso de reparación directa radicado 11001-33-36-032-201500385-00.

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera-Subsección A6 reiteró los argumentos de la decisión cuestionada y solicitó que no se acceda a la solicitud de tutela , en la medida en que el accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria para justificar la afectación de sus derechos fundamentales, dado que ni siquiera esgrimió los defectos en los que consideraba que la providencia había incurrido.

4.3. La Parte actora allegó escrito 7 mediante el cual manifestó que a la fecha no ha iniciado otra acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones invocados en el presente asunto.

4.4. La Nación-Ministerio de Defensa -Ejército Nacional 8 se opuso a las pretensiones de tutela y sostuvo que no cumplía con los requisitos para habilitar es el estudio la de solicitud de amparo contra providencia judicial. Por lo tanto, indicó que el accionante no realizó un estudio de los requisitos específicos de procedencia ni tampoco acreditó la presunta transgresión de sus derechos fundamentales, pues se limitó mencionar una vulneración de sus garantías, por parte de las autoridades accionadas, “pero en ninguno de sus acápites argumenta y justifica tal aseveración”.

ni tampoco acreditó la presunta transgresión de sus derechos fundamentales, pues se limitó mencionar una vulneración de sus garantías, por parte de las autoridades accionadas, “pero en ninguno de sus acápites argumenta y justifica tal aseveración”.

Adicionalmente, señaló que no se cumplió con el requisito de inmediatez “toda vez que la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca data del 27 de febrero de 2025, es decir 4 meses anteriores a la interposición de la acción constitucional, por lo tanto se torna IMPROCEDENTE EL ESTUDIO de la acción y del escrito del tutela (sic) no se justificó las razones por las cuales se demoró en interponerla”.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

5 Índice 00008 aplicativo SAMAI, certificado s C3E503011EC4118C 25C81495FB453110 0081594174BA86E2 ECC5FB64269E2DF5 y DD703B3E65031329 121E68F2A6CBE2E5 1C45B89CA46F4F3A D71375847ADFA05E 6 Índice 00009 aplicativo SAMAI, certificado 22D3F0A89A5955B4 C518E6E4381D802C 3B3C597060DFB039

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D71375847ADFA05E 6 Índice 00009 aplicativo SAMAI, certificado 22D3F0A89A5955B4 C518E6E4381D802C 3B3C597060DFB039 A9A01678EAF86E64 7 Índice 00012 aplicativo SAMAI, certificado AA3C9AA9A3C1E27F F88C6FBD73FB9BB4 DCE22F57656913F0 B53B13BC0D18BAFC 8 Índice 00013 aplicativo SAMAI, certificado FC507091FEC622AC 32CFE461D3A84F8D A30AA3A8E06272FC

08A367CF2AD8FF940000

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2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Luis Alfredo Beltrán Franco es el titular de las garantías constitucionales que afirma fueron vulneradas en su condición de demandante dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-36-032-2015-00385-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva, dado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera -Subsección A fue la autoridad que profirió la sentencia del 27 de febrero de 2025, que puso fin al proceso de reparación directa y que, según los tutelantes, vulneró sus derechos fundamentales.

Por otra parte, se encuentra probada la legitimación en la causa por pasiva del

de reparación directa y que, según los tutelantes, vulneró sus derechos fundamentales.

Por otra parte, se encuentra probada la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, porque es la autoridad que fue cuestiona por el accionante por la falta de pago de los valores ordenados en la sentencia de reparación directa y que, según el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.0000

se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.0000

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7 que habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1. Inmediatez

El Ministerio de Defensa -Ejército Nacional sostuvo que la solicitud de amparo no superaba el requisito de inmediatez.

Al respecto, la Sala pone de presente que esta acción fue presentada dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto 13 y que esta corporación ha interpretado de manera general que corresponde a seis meses14. En efecto, la providencia de segunda instancia cuestionada fue proferida el 27 de febrero de 202 5 y notificada mediante mensaje de correo electrónico el 10 de marzo del mismo año, por lo que cobró ejecutoria el 17 de marzo siguiente . A su vez, la tutela bajo estudio fue radicada el 8 de septiembre de 2025. Así las cosas, pasó un tiempo que está dentro de los seis meses indicados líneas arriba.

bajo estudio fue radicada el 8 de septiembre de 2025. Así las cosas, pasó un tiempo que está dentro de los seis meses indicados líneas arriba.

10 De acuerdo con la sentencia C -590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta t enga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales es pecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o

juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 13 Corte Constitucional. Sentencias SU-961 de 1999 y T-031 de 2016. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Unificación del 5 de agosto del 2014, expediente n.° 2012 -02201-01 (IJ). Sobre el mismo particular, la Sección Quinta de esta Corporación ha

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Unificación del 5 de agosto del 2014, expediente n.° 2012 -02201-01 (IJ). Sobre el mismo particular, la Sección Quinta de esta Corporación ha sido prolífica en reiterar lo dispuesto en la sentencia citada anteriormente: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencias del 26 de febrero del 2015, expediente n.° 2015-0004500; 15 de octubre del 2015, expediente n.° 2015-01605-01; 25 de enero de 2018, expediente n.° 2017-3009-00.0000

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8 4.2. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”15.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o

necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la

15 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.0000

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9 Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que

y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto16.

4.3. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de esta, al establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto se debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o

o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial17.

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para “obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción”18, así, los tutelantes no pueden pretender que el juez constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-396 de 2014, advierte que esta resulta improcedente cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal sentido, desde los primeros pronunciamientos de la corporación constitucional se ha indicado:

16 Cfr. sentencia C-590 de 2005. 17 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. 18 Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05614-00

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