CE - Sentencia 11001031500020250561701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05617-01 (10946)

Accionante: Soveida Marín

Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de

Decisión, y Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de protección de derechos e intereses colectivos . Subtema 2: restitución de vía de uso público .

Subtema 3: defecto fáctico. Subtema 4: defecto sustantivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por la señora Soveida Marín, por conducto de apoderado, contra la sentencia del 26 de septiembre de 20251 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Soveida Marín, mediante apode rado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, «al goce del espacio público, la utilización y defensa de bienes de uso público y la libre locomoción », que consider ó vulnerados con ocasión

amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, «al goce del espacio público, la utilización y defensa de bienes de uso público y la libre locomoción », que consider ó vulnerados con ocasión de la sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión2, que confirmó el fallo de primera instancia dictado el 8 de julio de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago , que negó las súplicas que ella formuló dentro del proceso de acción popular identificado con el radicado núm. 76147-33-33-001-2020-00237-00/01/02, al

1 Aunque en el texto de la providencia se consignó como año el 2024, lo cierto es que corresponde al 2025, por lo que se trata de un error meramente mecanográfico. 2 Integrada por los magistrados Ronald Otto Cedeño Blume, Jhon Erick Chaves Bravo y Fernando Augusto García MuñozRadicado: 11001-03-15-000-2025-05617-01 (10946) Accionante: Soveida Marín Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

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no demostrarse el quebranto de los derechos colectivos invocados3.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela4 y los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional5, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. Soveida Marín es propietaria de un inmueble ubicado en el corregimiento de

el trámite constitucional5, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. Soveida Marín es propietaria de un inmueble ubicado en el corregimiento de Moctezuma del municipio de Ulloa (Valle del Cauca), identificado con ficha catastral núm. 02-00-0003-0006-000-001 y folio de matrícula inmobiliaria núm. 375-11397.

3. La señora Noralba Tobón Castro, quien es poseedora de un inmueble situado al frente del predio de la demandante, procedió a construir su vivienda, pero, en criterio

de Soveida Marín, invadió lo que ha sido una calle pública históricamente por la costumbre arraigada de los habitantes de Moctezuma y ha obstaculizado el acceso a su predio, según los testimonios rendidos por integrantes de esa comunidad dentro del proceso judicial.

4. Soveida Marín presentó petición ante la secretaría de planeación de Ulloa con el fin de obtener la restitución del bien de uso público; sin embargo, esa dependencia le respondió que, según el esquema de ordenamiento territo rial, no existía una vía pública formalmente reconocida en ese lugar. Por ende, interpuso medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos (acción popular6) contra el municipio de Ulloa, con el fin de que se le protegieran los derechos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de bienes de uso público y a la libre locomoción, y se ordenara

la restitución de la calle pública invadida.

5. El aludido proceso le correspondió en primera instancia a l Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago, que mediante sentencia del 8 de julio

la restitución de la calle pública invadida.

5. El aludido proceso le correspondió en primera instancia a l Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago, que mediante sentencia del 8 de julio de 2025, denegó las pretensiones , al estimar que , conforme al esquema de ordenamiento territorial, el predio donde se encuentra la vivienda de la señora Noralba Tobón es un terreno privado, además de que no está dentro de una vía existente, sino una proyección de vía, por lo que no es posible afirmar que obstaculiza una vía pública.

6. En relación con el argumento de la demandante acerca de que la referida vía se debe tener como pública o de uso público de acuerdo con la costumbre, el juzgado arguyó que, analizados los testimonios allegados por las partes, no hubo concordancia entre la comunidad respecto de conformarse la costumbre de la utilización del camino que fue cerrado por la construcción y/o ampliación de la vivienda de Noralba Tobón, de lo que, además, coligió que los testigos evidencia ron el conflicto de espacio y acceso entre los predios pertenecientes a las mencionadas señoras.

3 Defensa al patrimonio público, goce del espacio público, utilización y defensa de bienes de uso público. 4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 2. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 10. 6 Ley 472 de 1998.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05617-01 (10946) Accionante: Soveida Marín Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

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6 Ley 472 de 1998.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05617-01 (10946) Accionante: Soveida Marín Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

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7. Agregó que tampoco se demostró que con el asentamiento de la vivienda de la señora Noralba Tobón, se afectó el derecho a la libre locomoción de la comunidad de Moctezuma, como quiera que existe un a salida y una entrada principal de este corregimiento que le permite desplazarse a la carretera principal para los fines que le sean pertinentes.

8. Inconforme con la citada decisión, la señora Soveida Marín interpuso recurso de apelación, para insistir en que obra ban las pruebas contundentes que acreditaban la naturaleza pública de la vía, como los testimonios de la comunidad, la documentación histórica y un dictamen pericial elaborado por la Universidad del Valle.

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , Sala Segunda de Decisión, mediante sentencia del 11 de agosto de 2025, confirmó el fallo de primera instancia.

Consideró que si bien la Universidad del Valle señaló que se podía apreciar que los predios se encontraban espacialmente enfrentados con una vía pública de por medio, de conformidad con las escrituras y la gráfica de la carta catastral del I nstituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), lo cierto es que ese ente educativo afirmó que las escrituras no establecían valores de medida de distancia o angular, situación que le imposibilitó estructurar o graficar la forma real de los predios y el aparente tramo vial.

10. El tribunal concluyó que, verificado el predio identificado con ficha catastral núm.

imposibilitó estructurar o graficar la forma real de los predios y el aparente tramo vial.

10. El tribunal concluyó que, verificado el predio identificado con ficha catastral núm. 76845000000020374000 en el sitio electrónico del IGAC 7, se desprende que su georreferenciación se sitúa adyacente al perímetro preconcebido para la vía histórica, por lo que la configuración espacial de los predios enfrentados no permite concluir de manera palmaria la existencia de un tramo vial delimitado, en tanto las escrituras carecen de distancias perimetrales precisas , lo que desvirtúa el argumento sobre la existencia de una vía pública.

11. Esa corporación agregó que pese a que las pruebas testimoniales allegadas revelan indicios de que históricamente la franja de terreno — cuyo uso común pretende restituir la parte actora — se consideró como paso entre predios, lo cierto es que no permiten concluir con certeza jurídica que dicho espacio haya sido formalmente incorporado como vía pública dentro del inventario municipal actual, ni que exista un acto registral que acredite su titularidad en cabeza del municipio de Ulloa.

12. Así mismo, el tribunal añadió que tampoco se demostró que la franja de terreno en discusión sea parte de alguna «carga o cesión urbanística obligatoria», es decir, entregada por urbanizadores o propietarios y adherida formalmente por el ente estatal a su inventario (propiedad) con destino a vías, equipamientos colectivos, zonas verdes o espacio público en general, en los términos del artículo 37 de la Ley 388 de 1997.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

a su inventario (propiedad) con destino a vías, equipamientos colectivos, zonas verdes o espacio público en general, en los términos del artículo 37 de la Ley 388 de 1997.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

13. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

7 https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastralRadicado: 11001-03-15-000-2025-05617-01 (10946) Accionante: Soveida Marín Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

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13. REVOCAR la Sentencia de Segunda Instancia No. 174 del 11 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión, y la Sentencia No. 101 del 8 de julio de 2025, proferida por el Juzgado Primero

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartago Valle del Cauca.

14. AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, Goce del Espacio Público, Utilización y Defensa de Bienes de

Uso Público y Libre Locomoción, de la señora SOVEIDA MARÍN.

15. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva sentencia en la que se realice una valoración integral, razonable y no sesgada de todo el acervo probatorio, incluyendo los testimonios de la comunidad, el dictamen pericial y la documentación histórica, y se aplique de manera correcta la normativa sobre la costumbre como fuente de derecho y el

una valoración integral, razonable y no sesgada de todo el acervo probatorio, incluyendo los testimonios de la comunidad, el dictamen pericial y la documentación histórica, y se aplique de manera correcta la normativa sobre la costumbre como fuente de derecho y el objeto de la acc ión popular en la protección del espacio público, reconociendo la existencia de la vía pública y ordenando su restitución8. [sic para toda la cita]

14. Para sustentar sus pretensiones, la señora Soveida Marín sostuvo que en las sentencias dictadas dentro del referido proceso de acción popular se incurrió en defecto fáctico por valoración probatoria defectuosa, irrazonable e incompleta, porque desestimaron la fuerza probatoria de los testimonios de la comunidad, quienes de manera consistente y unánime afirmaron la existencia y uso público del camino por más de 60 a 80 años , por lo que se dejó de reconocer la relevancia de la costumbre como generadora de derechos en el contexto de un espacio público de hecho.

15. Aseveró que se realizó una interpretación restrictiva y sesgada del dictamen pericial de la Universidad del Valle , porque el peritaje confirmaba que el predio colindaba con «calles públicas» y era de naturaleza urbana ; sin embargo, el tribunal de segunda instancia se aferró a la imposibilidad del perito de establecer «valores de medida de distancia o angular » para graficar la forma real de los predios, por lo que ignoró la conclusión general del perito sobre la colindancia con vías públicas.

16. Expresó que se le dio una prevalencia indebida al esquema de ordenamiento territorial ( EOT) sobre la realidad fáctica y la costumbre , ya que la comunidad de

ignoró la conclusión general del perito sobre la colindancia con vías públicas.

16. Expresó que se le dio una prevalencia indebida al esquema de ordenamiento territorial ( EOT) sobre la realidad fáctica y la costumbre , ya que la comunidad de Moctezuma ha utilizado la vía concernida por más de 80 años, lo que configura una costumbre notoria y general. Si bien los instrumentos de planeación son importantes, no pueden ser el único criterio para desconocer una realidad fáctica consolidada por el uso comunitario durante casi un siglo.

17. Por otra parte, alegó la existencia del defecto sustantivo por interpretación errónea y aplicación indebida de normas legales y constitucionales, que regulan el espacio público y la costumbre como fuente de derecho y, en tal sentido, se desnaturalizó la acción popular. Al exigir una formalización administrativa de la vía en el EOT para reconocer su carácter público, interpretaron de manera restrictiva el artículo 13 de la Ley 153 de 1878, que establece que «La costumbre, siendo general

8 Se transcribe con errores.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05617-01 (10946) Accionante: Soveida Marín Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

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y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva».

18. Manifestó que se redujo el litigio planeado a través de la acción popular a un conflicto entre particulares, puesto que se ignoró la dimensión colectiva del problema, al desconocer que la obstrucción de un camino de uso histórico por la comunidad afecta directamente a un grupo «indeterminado» de personas, lo que configura un

conflicto entre particulares, puesto que se ignoró la dimensión colectiva del problema, al desconocer que la obstrucción de un camino de uso histórico por la comunidad afecta directamente a un grupo «indeterminado» de personas, lo que configura un interés colectivo que debe ser protegido por esta vía constitucional.

19. Agregó que se desestimó el derecho a la libre locomoción a partir de una justificación insuficiente, que lo limita de manera irrazonable, pese a que los testimonios evidenciaron que la vía obstruida era más corta, más segura para niños y peatones, y servía como ruta de evacuación. La existencia de una alternativa no justifica la privación de un acceso históricamente utilizado y necesario para la comunidad. La valoración de este derecho debe ser integral y considerar todas las implicaciones para la comunidad.

2.3. Trámite procesal

20. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, que profirió auto el 10 de septiembre de 20259, en el que admitió la solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago ; los requirió para que rendiera n informe sobre los hechos de inconformidad y ordenó las notificaciones de rigor.

21. Así mismo, vinculó en condición de terceros con interés al municipio de Ulloa, al IGAC, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a los ciudadanos José Leonel García Marín, Bertha

IGAC, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a los ciudadanos José Leonel García Marín, Bertha Galindo, Tulio Castro, David León Duque Giraldo, Noralba Tobón Castro, a los herederos indeterminados del señor José Leonel García Marín y a los demás intervinientes dentro del medio de control de protección de d erechos e interés colectivos con radicado núm. 76147 -33-33-001-2020-00237-00/01/02. Para la notificación de los mencionados ciudadanos comisionó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago.

2.4. Intervenciones

22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión 10, arguyó que al momento de decidirse el recurso de apelación interpuesto por la actora popular se analizaron todas las pruebas aportadas, así como las normas y la jurisprudencia que hacen referencia al ordenamiento territorial, a los bienes de uso público, al espacio público y al uso del suelo . No puede admitirse que la accionante pretenda convertir la acción de tutela en una tercera instancia, para revivir el proceso de acción popular con cuestionamientos que ya fueron analizados y decantados dentro

9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 4. 10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 13.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05617-01 (10946) Accionante: Soveida Marín Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

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del respectivo medio de control.

23. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago 11 adujo que en el trámite de la referida acción popular respetó todas las garantías procesales, entre ellas el derecho de defensa y el debido proceso, situación que fue igualmente verificada cuando la sentencia de primera instancia fue apelada, lo que conllevó su confirmación por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de lo que se colige también que no se cumplen los requisitos jurisprudenciales para la prosperidad de esta acción constitucional contra providencias judiciales.

24. El IGAC12 pidió declarar la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de legitimación en la causa por pasiva y por la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por parte de esa entidad , ya que carece de competencia para resolver la petición de la accionante , y los derechos que afirma conculcados ya fueron debatidos en la acción popular.

25. El alcalde de Ulloa 13 aseveró que, conforme a la información de las autoridades

competentes, el predio donde supuestamente se ubica una calle pública en realidad es de naturaleza privada y corresponde a la zona física del inmueble de la ficha catastral núm. 76845000000000002037400000000.

26. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 14 pidió declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad a la que se le endilga la vulneración de derechos colectivos o fundamentales.

26. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 14 pidió declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad a la que se le endilga la vulneración de derechos colectivos o fundamentales.

27. Los demás terceros que fueron vinculados al trámite constitucional guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

28. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , mediante sentencia del 26 de septiembre de 202515, declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional.

29. Consideró que el objetivo de la actora es presentar , como cargos de inconstitucionalidad de la sentencia, aspectos que fueron debatidos durante las dos instancias del proceso ordinario ante el juez popular, respecto de (i) la calidad jurídica del bien en el que una ciudadana particular construyó su vivienda, (ii) si puede ser calificado como vía pública, en virtud de la costumbre, o (iii) si es un predio particular, dada su indeterminación o al no estar incluido dentro de los bienes inventariados de la alcaldía.

11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 9. 12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 12. 13 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 14. 14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 15.

13 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 14. 14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 15. 15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 22.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05617-01 (10946) Accionante: Soveida Marín Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

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30. Concluyó que la accionante utiliza la acción de tutela como una tercera instancia para reabrir debates procesales y mostrar una inconformidad con la decisión atacada, mas no para advertir un yerro que afecte su validez; adicionalmente, no se presenta una controversia de rango constitucional o que verse sobre derechos fundamentales, sino que se propone una discusión de índole legal frente a la jerarquía de un plan de ordenamiento territorial y la costumbre como fuente del derecho.

2.6. Impugnación

31. La señora Soveida Marín, por conducto de su apoderado, presentó escrito de impugnación16 en contra de la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado . Para el lo, adujo que la acción de tutela no busca simplemente una reevaluación de pruebas o una nueva interpretación legal sin trascendencia constitucional. Por el contrario, sus argumentos se centran en la protección de derechos fundamentales , como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, los cuales se vulneraron por la presunta configuración de los defectos fáctico y sustantivo en las providencias de la acción popular.

protección de derechos fundamentales , como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, los cuales se vulneraron por la presunta configuración de los defectos fáctico y sustantivo en las providencias de la acción popular.

32. Afirmó que la discusión sobre la costumbre como fuente de derecho para la configuración de un bien de uso público no es un asunto meramente legal ; implica la interpretación y aplicación de una fuente de derecho reconocida por el artículo 13 de la Ley 153 de 1887, en un contexto donde su desconocimiento afecta directamente la garantía de un derecho colectivo. La omisión de un análisis profundo sobre la validez y alcance de la costumbre en este escenario, y la prevalencia automática de un EOT sobre una realidad fáctica consolidada por décadas, no puede ser calificada como una simple discrepancia legal, sino como un posible error judicial con impacto constitucional.

33. Dijo que no se limitó a expresar una simple inconformidad , habida cuenta que argumentó que los «jueces de la acción popular » ignoraron la realidad probatoria de los testimonios de la comunidad, que afirmaron la existencia de la vía pública por más de 60 años . La Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación incurrió en una omisión que impide la protección efectiva de los derechos fundamentales, al no realizar un examen profundo sobre si la desestimación de estas pruebas por parte de los «jueces de la acción popular » fue arbitraria o irrazonable, o si hubo una omisión injustificada de su valoración.

34. Insistió en que los «jueces de la acción popular » desestimaron la costumbre como fuente de derecho para reconocer la vía pública y le dieron una prevalencia

injustificada de su valoración.

34. Insistió en que los «jueces de la acción popular » desestimaron la costumbre como fuente de derecho para reconocer la vía pública y le dieron una prevalencia indebida al EOT. Si la costumbre de la comunidad de Moctezuma cumplía con los requisitos de generalidad, uniformidad, continuidad y conciencia de obligatoriedad respecto al uso público de la vía, su desestimación sin una justificación constitucionalmente válida podría constituir una interpretación errónea del artículo 13 de la Ley 153 de 1887 y, por ende, un defecto sustantivo.

16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05617-00, índice 36.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05617-01 (10946) Accionante: Soveida Marín Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

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35. Sostuvo que la jurisprudencia ha enfatizado que la tutela es un juicio de validez y no una corrección del fallo, pero procede cuando la argumentación es defectuosa o abiertamente insuficiente o inexistente, lo que permite la intervención del juez de tutela.

En este caso, la accionante presentó argumentos sólidos sobre la arbitrariedad en la valoración probatoria y la interpretación normativa, que no fueron debidamente desvirtuados por el Consejo de Estado en su fallo de improcedencia.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 26 de septiembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

37. La legitimación en la causa por activa de la señora Soveida Marín se encuentra acreditada porque actuó como demandante en el proceso de acción popular — medio de control de protección de derechos e intereses colectivos 17 —, en el que fueron proferidas las providencias que, a su juicio , desconocieron sus derechos fundamentales.

38. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, y del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago , debido a que fueron las autoridades que dictaron las sentencias objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar

39. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión , dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

intereses colectivos, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

40. Por consiguiente, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de segunda instancia expedida el 11 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por l a señora Soveida Marín en contra del

17 Así denominada en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05617-01 (10946) Accionante: Soveida Marín Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

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municipio de Ulloa.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

41. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado18 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional19.

42. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado. iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental. v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

43. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 20 y, por lo tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez co nstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

44. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución21.

3.4.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución21.

3.4.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

45. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional 22

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 19 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 20 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018. 21 Corte Constitucional, sentencias T-310 de