CE - Sentencia 11001031500020250561901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05619-01

Accionante: JESSICA LISETH CIFUENTES MARTÍNEZ EN NOMBRE

PROPIO Y REPRESENTACIÓN DE SU HIJA HELEN NAHI

CAMARGO CIFUENTES

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la estabilidad laboral relativa de

una madre cabeza de familia vinculada en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa. / Medio d e control de nulidad y restablecimiento del derecho. / Desconocimiento del precedente y defecto sustantivo – se encuentran acreditados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el recurso de impugnación interpuesto por Jessica Liseth Cifuentes Martínez en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes contra la Sección Primera del Consejo de estado.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 8 de septiembre de 2025 1, la señora Jessica Liseth Cifuentes Martínez, en

del Consejo de estado.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 8 de septiembre de 2025 1, la señora Jessica Liseth Cifuentes Martínez, en nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare. A su juicio, dicha autoridad judicial incurrió en una viol ación directa del precedente judicial, de los derechos al debido proceso, a la estabilidad reforzada de la madre cabeza de familia y los de su hija, así como de la ley.

Hechos relevantes

2. La tutelante afirmó que los delegados Departamentales de la Registraduría en Casanare la nombraron mediante la Resolución No. 151 del 27 de septiembre de 2013 en un cargo provisional de Auxiliar Administrativo en la Registraduría de Paz de Ariporo, vinculación que se prorrogó de manera continu a hasta el 31 de diciembre de 2015.

1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL lunes, 8 de septiembre de 2025 con secuencia: 9018 - Cuad.:1”Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01

Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

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3. Indicó que, a partir del 4 de enero de 2016, la entidad volvió a designarla en provisionalidad como Registradora Municipal de Villanueva mediante la Resolución

Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

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3. Indicó que, a partir del 4 de enero de 2016, la entidad volvió a designarla en provisionalidad como Registradora Municipal de Villanueva mediante la Resolución número 003 de 2016. Señaló que este nombramiento se prorrog ó hasta la Resolución número 168 del 3 de agosto de 2021, que extendió su vinculación hasta el 5 de noviembre de 2021 y dispuso que el nombramiento finalizaría automáticamente ese día. A su juicio, ese último acto carece de motivación.

4. Relató que, el 5 d e noviembre de 2021, la entidad informó la terminación de su vinculación mediante un memorando que no incluyó motivación alguna ni se formalizó a través de un acto administrativo. Expuso que ese mismo día remitió un escrito a la Registraduría para poner en su conocimiento su condición de madre de la niña Helen Nahi Camargo Cifuentes, por quien debe velar por su sostenimiento y bienestar. Para la actora, estas circunstancias la acreditaban como madre cabeza de familia. Añadió que había manifestado a la entidad su necesidad de conservar el empleo para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de su hija.

5. El 11 de noviembre, la Registraduría respondió la solicitud elevada por la peticionaria. La entidad señaló que su situación particular no satisface las subreglas fijadas por la Corte Constitucional para la protección reforzada de las madres cabeza de familia. En esa medida, precisó que la sola manifestación de ostentar dicha condición no resultaba suficiente para ordenar su reintegro al cargo.

6. Como resultado de esta situación, la señora Camargo Cifuentes manifestó que

cabeza de familia. En esa medida, precisó que la sola manifestación de ostentar dicha condición no resultaba suficiente para ordenar su reintegro al cargo.

6. Como resultado de esta situación, la señora Camargo Cifuentes manifestó que interpuso acción de tutela por la falta de motivación del retiro de la entidad. Mediante providencia del 21 de enero de 2022, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Yopal amparó los derechos al debido proceso y al mínimo vital de la señora Jessica Liseth Cifuentes Martínez contra las delegadas Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en Casanare, ordenando su reintegro de manera provisional. Esta decisión fue confirmada el 2 de marzo de 2022 por la Sala correspondiente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. Asimismo, dicha corporación modificó el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, al precisar que el reintegro de la gestora a l cargo solo procede en caso de que este no haya sido provisto mediante concurso de méritos. En consecuencia, la orden de reintegro se mantendrá hasta que el empleo sea efectivamente provisto por ese mecanismo de selección o hasta que la jurisdicción conte ncioso-administrativa profiera una decisión definitiva sobre el particular, lo que ocurra primero.

7. Mediante Resolución número 030 del 26 de enero de 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso que, en cumplimiento de la orden impartida en la tutela de primera instancia, se reintegraba de manera transitoria a Jessica Liseth Cifuentes Martínez al cargo de Registradora Municipal 4035 -05 en Villanueva

(Casanare), por un término de tres (3) meses. La entidad indicó que una vez vencido dicho plazo, la vinculación finalizaría automáticamente, sin necesidad de expedir un

Cifuentes Martínez al cargo de Registradora Municipal 4035 -05 en Villanueva (Casanare), por un término de tres (3) meses. La entidad indicó que una vez vencido dicho plazo, la vinculación finalizaría automáticamente, sin necesidad de expedir un acto administrativo adicional ni de efectuar comunicación alguna para darla por terminada.

8. La señora Jessica Lisseth Cifuentes Martínez presentó acción de nulidad y restablecimiento d el derecho para obtener la nulidad parcial de la ResoluciónRadicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01

Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

3 número 168 del 3 de agosto de 2021, exclusivamente en lo referente a la duración de su nombramiento provisional y al mecanismo previsto para su terminación en el parágrafo del artículo primero.

9. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara su reintegro al cargo de Registrador Municipal 4035 -05 de Villanueva (Casanare), o a otro de igual o superior jerarquía en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin solución de continuidad y hasta su provisión por concurso, conforme a lo decidido en la tutela del radicado 85001318700220220003. Pidió, además, el reconocimiento y pago de todas las sumas dejadas de percibir, incluidas asignación básica, primas, auxilios, bonificaciones, vacacione s, cesantías e intereses, aportes a seguridad social y demás prestaciones sociales y patronales, junto con la indexación, los intereses de

todas las sumas dejadas de percibir, incluidas asignación básica, primas, auxilios, bonificaciones, vacacione s, cesantías e intereses, aportes a seguridad social y demás prestaciones sociales y patronales, junto con la indexación, los intereses de mora y el cumplimiento integral de la sentencia.

10. Mediante Sentencia del 31 de octubre de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal 2 declaró la nulidad del parágrafo del artículo primero de la Resolución número 168 del 3 de agosto de 2021, por medio de la cual la Delegación Departamental de Casanare prorrogó el nombramiento provisional de Jessica Liseth Cifuentes Martínez como Registradora Municipal 4035 -05 de Villanueva. Como restablecimiento del derecho, la autoridad judicial ordenó su reintegro al mismo cargo, siempre que no hubiese sido provisto por concurso, no se encontrara suprimido y la actora no hubiese alcanzado la edad de retiro forzoso.

Asimismo, condenó a la entidad a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir entre el 6 de agosto de 2021 y el 27 de enero de 2022, periodo en el que se entenderá que no existió solución de continuidad. Dispuso, además, efectuar los descuentos correspondientes respecto de pagos recibidos por la actora en el sector público durante ese lapso.

11. El Juzgado fundamentó su decisión en que la Resolución número 168 del 3 de agosto de 2021 , mediante la cual la Delegación Departamental de Casanare prorrogó el nombramiento provisional de la señora Jessica Liseth Cifuentes Martínez hasta el 5 de noviembre de 2021 y dispuso su desvinculación, desconoció

agosto de 2021 , mediante la cual la Delegación Departamental de Casanare prorrogó el nombramiento provisional de la señora Jessica Liseth Cifuentes Martínez hasta el 5 de noviembre de 2021 y dispuso su desvinculación, desconoció las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que exigen una motivación suficiente para retirar a un servidor provisional en un cargo de carrera. Señaló que también se apartó de la línea fijada por el Consejo de Estado sobre la misma materia. En consecuencia, consider ó demostrado que el acto administrativo presentó una motivación insuficiente, lo cual vulneró el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia.

12. La Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil apeló la sentencia inicial y sostuvo que esta careció de fundamento jurídico porque no aplicó la Ley 1350 de

2009, norma que establece el régimen especial de carrera de la entidad y regula la provisionalidad discrecional como forma válida de vinculación y retiro del personal. Señaló que el artículo 20 de dicha ley, incluido su literal c), está plenamente vigente y no ha sido cuestionado en constitucionalidad, por lo que debía aplicarse al caso. Afirmó que la Resolución 168 del 3 de agosto de 2021 se ajustó a esa normativa y

2 Identificado bajo el radicado: 850013333-001-2022-00090-00/01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01

Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

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Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

4 que la motivación del acto no era exigible, pues la ley faculta a la Registraduría para terminar la vinculación provisional sin motivación. En consecuencia, sostuvo que la nulidad declar ada por el juez de primera instancia fue errónea al basarse exclusivamente en una motivación que la norma no exige.

13. A través de providencia del 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare revocó la sentencia del 31 de octubre de 2024 profe rida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Jessica Lisseth Cifuentes Martínez contra la Registraduría

Nacional del Estado Civil.

14. El Tribunal sostuvo que conforme a la jur isprudencia reciente del Consejo de Estado especialmente la sentencia del 30 de octubre de 2024, los servidores vinculados en provisionalidad discrecional pueden ser retirados del cargo sin motivación, debido a la naturaleza temporal y discrecional de su n ombramiento.

Explicó que estas vinculaciones tienen un límite temporal conocido, reiterado en cada prórroga, y que su continuidad depende de la discrecionalidad del nominador, sin necesidad de expedir un acto expreso de desvinculación. Con base en lo anterior, concluyó que el nombramiento de la demandante como Registradora Municipal tenía carácter provisional, discrecional y temporal, y que la resolución demandada únicamente fijó la duración de la prórroga, sin constituir un acto de retiro

anterior, concluyó que el nombramiento de la demandante como Registradora Municipal tenía carácter provisional, discrecional y temporal, y que la resolución demandada únicamente fijó la duración de la prórroga, sin constituir un acto de retiro que exigiera motivación. Señaló, además, que el buen desempeño alegado por la actora no restringe la facultad discrecional de la administración. En consecuencia, determinó que la Resolución cuestionada se ajustó al literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, el cual faculta nombramientos provisionales hasta por seis meses sin exigir motivación, razón por la cual revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

Pretensiones

15. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“Por lo anterior expuesto solicito al señor Magistrado de Tutela, tutelar mis derechos y los de mi menor hija, conculcados por el Tribunal Administrativo de Casanare. Derechos es bozados en los apartes anteriores, entre otros, Debido proceso por desconocimiento del precedente judicial e incursión en defecto sustantivo, Derechos como mujer cabeza de familia, derecho al trabajo, derecho a la estabilidad laboral reforzada, derecho al mínimo vital derecho a la igualdad, derecho a la confianza legítima, derecho a la dignidad humana, derecho a la seguridad social. De manera urgente y perentoria solicito al señor Juez, me sea concedida la Tutela a mí y a mi menor hija, ordenando al Tribun al Administrativo de Casanare que en un termino perentorio vuelva a dictar SENTENCIA que en

De manera urgente y perentoria solicito al señor Juez, me sea concedida la Tutela a mí y a mi menor hija, ordenando al Tribun al Administrativo de Casanare que en un termino perentorio vuelva a dictar SENTENCIA que en Derecho corresponda tomando en cuenta las ordenes de Tutela y valorando igualmente, el material probatorio que ratifica mi condición de Madre Cabeza de Familia”3.

3 Índice electrónico 02 de SAMAI. 5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01

Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

5 Fundamentos de la demanda de tutela

16. La actora afirmó que las decisiones cuestionadas incurrieron en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional 4. Indicó que el alto tribunal constitucional ha sostenido de manera reiterada que la motivación del acto

administrativo que declara la insubsistencia de un cargo de carrera también es exigible cuando el servidor ocupa el empleo en provisionalidad. Señaló que la falta de motivación vulnera el debido proceso y que la jurispr udencia constitucional ha reconocido que cuando la administración retira a un provisional sin expresar razones, existe una pretensión autónoma orientada a exigir esa motivación mediante la acción de tutela, por ser el mecanismo idóneo para proteger los derechos involucrados.

17. Sostuvo que la Corte Constitucional ha precisado que esta exigencia de

mediante la acción de tutela, por ser el mecanismo idóneo para proteger los derechos involucrados.

17. Sostuvo que la Corte Constitucional ha precisado que esta exigencia de motivación no es incompatible con la posición del Consejo de Estado, que analiza la desvinculación desde la perspectiva de la legalidad del acto administrativo, mientras que el Tribunal Constitucional lo hace desde la óptica de la protección de los derechos fundamentales. En ese sentido, afirmó que, aun cuando el Consejo de Estado no exija motivación desde el control de legalidad, la Corte sí la considera indispensable para garantizar el respeto del debido proceso en sede constitucional.

18. Finalmente, destacó que la Corte Constitucional ha protegido el derecho al debido proceso incluso en aquellos casos en los que no se logra acreditar plenamente la condición de madre cabeza de familia, al concluir que lo determinante es la ausencia de motivación en el acto que declara la insubsistencia. Por ello, enfatizó que lo procedente es ordenar a la entidad motivar la decisión de retiro.

Trámite en primera instancia

19. Mediante Auto del 15 de septiembre de 2025 5, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Casanare, así como vincular a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

Intervenciones

20. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal 6 sostuvo que, durante el trámite del medio de control, garantizó plenamente los derechos procesales de la demandante. Indicó que la sentencia de primera instancia acogió

20. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal 6 sostuvo que, durante el trámite del medio de control, garantizó plenamente los derechos procesales de la demandante. Indicó que la sentencia de primera instancia acogió las pretensiones con base en el marco normativo aplicable y en las pruebas incorporadas al expediente. En consecuencia, afirmó que no vulner ó el derecho al

4 Cito diferentes sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas: T -374 de 2005, T -597 de 2004, SU-250 de 1998, SU -917 de 2010, SU -691 de 2011, T -313 de 2024, C -102 de 2022, yC -964 de 2003, y C-034 de 1999 entre otras. 5 Índice electrónico 04 de SAMAI. 7Autoqueadmite_EJE1202505619JESSICA(.pdf) NroActua 4. 6Índice electrónico 09 de SAMAI. 13_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaInformeTutela2025(.pdf) NroActua 9.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01

Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

6 debido proceso ni el acceso a la administración de justicia, pues tramitó la actuación de forma oportuna y diligente, adoptó las decisiones pertinentes y notificó a la interesada conforme a las exigencias legales.

21. El Tribunal Administrativo de Casanare7 expuso que la accionante afirmó que la decisión desconoció el precedente constitucional y se apoyó en fallos del Consejo

interesada conforme a las exigencias legales.

21. El Tribunal Administrativo de Casanare7 expuso que la accionante afirmó que la decisión desconoció el precedente constitucional y se apoyó en fallos del Consejo de Estado ajenos al caso, lo que configuraría un defecto sustantivo. No obstante, el Tribunal indicó que la actora no f ormuló una acusación concreta por desconocimiento del precedente, pues las sentencias citadas solo tienen efectos inter partes y no son de unificación.

22. Asimismo, expuso que la demandante omitió reconocer que su nombramiento

correspondía a una provisionali dad discrecional, dado que ingresó a la carrera sin concurso y con un límite temporal expresamente fijado en el acto inicial y en sus prórrogas. Por ello, no era necesario un acto administrativo adicional para dar por terminado el vínculo, ya que cada reso lución incluía la fecha de finalización, conforme al artículo 20 literal c) de la Ley 1350 de 2009. En consecuencia, no se acreditó desconocimiento del precedente ni fundamento constitucional que permita revisar decisiones ordinarias en firme.

23. La Registraduría Nacional del Estado Civil 8 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la controversia planteada no recae sobre una actuación administrativa atribuible a la entidad, sino sobre una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sentencia de primera instancia9

24. Mediante providencia del 9 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela al estimar que no cumplía el

Sentencia de primera instancia9

24. Mediante providencia del 9 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela al estimar que no cumplía el requisito de relevancia constitucional. Señaló que la controversia no involucraba directamente derechos fundamentales, sino un debate de legalidad sobre la interpretación normativa y el acto administrativo cuestionado, asuntos propios de la jurisdicción contencioso-administrativa.

25. Precisó que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional para revisar el criterio jurídico del juez natural y que solo procede cuando se acreditan defectos manifiestos y trascendentes, circunstancia que no se presentó en el caso.

7Índice electrónico 010 de SAMAI.17_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaContestacionTutela(.pdf) NroActua 10. 8 Índice electrónico 014 de SAMAI. 24_MemorialWeb_Respuesta-21RESPUESTA(.pdf) NroActua 14. 9 Índice electrónico 017 de SAMAI. 27Sentencia_EJE120_2PDF(.pdf) NroActua 17.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01

Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

7 Impugnación10

26. La tutelante aclaró que su solicitud de amparo no busca reabrir un debate económico o reglamentario, sino proteger los derechos fundamentales de su hija

7 Impugnación10

26. La tutelante aclaró que su solicitud de amparo no busca reabrir un debate económico o reglamentario, sino proteger los derechos fundamentales de su hija menor, afectados por la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare. Señaló que dicho Tribunal omitió pronunciarse sobre su condición de madre cabeza de familia, pese a haber sido alegada y probada dentro del proceso, desconociendo así la estabilidad laboral reforzada reconocida por la Corte Constitucional.

27. Sostuvo que la discusión no se limita a la provisionalidad del cargo, sino que involucra la protección prevalente de los derechos de los niños, los cuales se vieron comprometidos por la falta de análisis del Tribunal. Recordó que la Corte Constitucional ha reiterado la obligación de brindar una protección inmediata y reforzada a los menores de edad y ha admitido la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales cuando estas ignoran hechos relevantes que afectan derechos fundamentales, como ocurrió en el caso analizado.

CONSIDERACIONES

Competencia

28. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de

201911.

Problema jurídico y metodología de la decisión

29. La señora Jessica Liseth Cifuentes Martínez, a nombre propio y en representación de su hija menor, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare, al considerar que dichas autoridades judiciales

29. La señora Jessica Liseth Cifuentes Martínez, a nombre propio y en representación de su hija menor, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare, al considerar que dichas autoridades judiciales incurrieron en un desconocimiento de l precedente judicial, representado en una vulneración debido proceso, de la ley por defecto sustantivo, derecho a la estabilidad reforzada de la madre cabeza de familia y los derechos de los niños.

30. Sostuvo que el Tribunal accionado revocó la decisión de l Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y negó sus pretensiones, apoyándose en una jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, según la cual, los servidores en provisionalidad pueden ser retirados sin motivación debido al carácter temporal y discrecional de su nombramiento. El Tribunal concluyó que la resolución demandada solo fijaba la duración de la prórroga y no constituía un acto de retiro que exigiera motivación, y que el buen desempeño no limita la facultad discrecional del nominador.

10 Índice electrónico 021 de SAMAI. Memorial__33Recurso(.pdf) NroActua 21. 11 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01

Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

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31. En este contexto, la Sala debe establecer, en primer lugar, si la acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad. Superado este análisis, la Sala abordará

Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

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31. En este contexto, la Sala debe establecer, en primer lugar, si la acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad. Superado este análisis, la Sala abordará el problema jurídico central consistente en determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en un defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente constitucional, al omitir la jurisprudencia relativa a la estabilidad laboral reforzada de

las madres cabeza de familia que ocupan empleos de carrera en provisionalidad.

32. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) examinará si en el caso concreto se satisfacen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y

(ii) precisará l a diferencia entre el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente, para luego analizar su eventual configuración en el caso concreto.

Requisitos generales de procedibilidad

33. Conforme la Sentencia C -590 de 2005 12, reiterada de manera consistente por la Corte Constitucional 13, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

34. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar14; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una

debe verificar14; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela15, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 16 o el Consejo de Estado 17, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-18; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 19 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada

12 Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005. 13 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2024 y SU-304 de 2024. 14 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 15 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

14 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 15 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. A l respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 17 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 18 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 19 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01

Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

9 sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

35. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no dispone de otros medios de def