CE - Sentencia 11001031500020250562801 de 2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil vei nticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05628-01 Demandante JHON FREDY GIRALDO Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requi sitos generales de procedibilidad de la acción. La inmediatez. Medio d e control de reparación directa. Condena en costas. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por el seæ or Jhon Fredy Giraldo, contra el fallo de tutela de 2 de octubre de 2025, proferid o por la Sección Primera del Consejo de Estado que dispuso lo siguiente: «PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la FISCAL˝A GENERAL DE LA NACIÓN y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia (…)».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 9 de septiembre de 2025 1, el seæor Jhon Fredy Giraldo, actuando a travØs de

en la parte motiva de esta providencia (…)».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 9 de septiembre de 2025 1, el seæor Jhon Fredy Giraldo, actuando a travØs de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derecho s fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de varias providencias dictadas en el medio de control de reparación directa 76111-3333-002-2020-00220-00/01/02.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «3.1. PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, acceso a la administración de justicia y acceso a un recurso judicial efectivo, así como cualquier otro derecho fundamental que se considere vulnerado –extrapetitapor el Tribunal Administrativo de Valle de Cauca, con ocasión al contenido de la decisión proferida en el auto que resolvió el Recurso de apelación contra el auto que aprueba la liquidación de costas y/o agencias en derecho notificado el veinticuatro (24) d e junio de dos mil veinticinco (2025), dentro del medio de control de reparación directa co n radicado N° 76111-33-33-002-202000220-02, promovido por el seæor Jhon Fredy Giraldo y o tros. 3.2. SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efe cto el Auto Interlocutorio No. 328 de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025), notificado el mismo día, dentro del medio de control de reparación directa con radicado N°

Interlocutorio No. 328 de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025), notificado el mismo día, dentro del medio de control de reparación directa con radicado N° 76111-33-33-002-2020-00220-02 promovido por el seæor Jhon Fredy Giraldo y otros. 3.3. TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se valoran en conjunto y de forma adecuada todos los medio s de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el trÆmite del pro ceso ordinario, de acuerdo con las

1 Samai, índice 3. Expediente 11001-03-15-000-2025-0 5628-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-2025-05628-01

Demandante: Jhon Fredy Giraldo

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reglas de la sana crítica y exponiendo razonadamente el mØrito que le asigne el numeral 5” del artículo 366 del Código General del Proceso, apl icable por remisión del artículo 306 del CPACA, y atendiendo el precedente del Consejo de Est ado y la Corte Constitucional y motivando de manera suficiente su proveído, y resolviendo el reparo relacionado con tal condena en costas»2.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El seæor Jhon Fredy Giraldo, en nombre propio y co mo representante de sus

condena en costas»2.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El seæor Jhon Fredy Giraldo, en nombre propio y co mo representante de sus hijos dos menores de edad, interpuso demanda de repar ación directa en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecut iva de la Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación, por considerar que eran administrativa y extracontractualmente responsables por el daæo antij urídico con ocasión a su privación injusta de la libertad comprendida entre el 9 de diciembre de 2017 al 23 de agosto de 2018. 2.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajar a de Buga tramitó en primera instancia el medio de control de reparación di recta (expediente 7611133-33-002-2020-00220-00). Mediante sentencia del 22 de junio de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la detención preventiva en establecimiento de reclusión fue debidamente sustent ada por el Fiscal en el proceso penal iniciado en contra de Jhon Fredy Girad o, pues fue sorprendido en flagrancia con 14 estopas con marihuana.

Asimismo, se condenó en costas en esa instancia a l a parte vencida y se fijó como agencias en derecho el 4% del valor de lo pedido en la demanda. 2.3. La parte actora presentó recurso de apelación con tra la sentencia de primera instancia. 2.4. El 8 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia en la que confirmó el fallo de primera inst ancia.

instancia. 2.4. El 8 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia en la que confirmó el fallo de primera inst ancia. AdemÆs, condenó en costas a la parte demandante, pue s fue a quien se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación y f ijó como agencias en derecho 1 salario mínimo legal mensual vigente. 2.5. Mediante auto de 24 de octubre de 2024, el Juzg ado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga liquidó las costas procesale s y agencias en derecho en la suma de $82.168.657 correspondiente a primera y segunda instancia. El demandante recurrió esta decisión. 2.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pr ofirió auto el 24 de junio de 2025 en el que confirmó el auto de liquidación de co stas y agencias en derecho, pues el monto por el que fueron aprobadas s e encontró ajustado a los parÆmetros establecidos en las sentencias y nor mas que regulan la materia. Asimismo, explicó que los argumentos de la parte acto ra en los que fundó la apelación no estÆn llamados a prosperar, pues no ata can la liquidación de las costas procesales, sino su imposición efectuada en las sentencias de primera y segunda instancia ya ejecutoriadas. Por lo tanto, aseguró que «cuando se hace uso de estos recursos, lo œnico que corresponde es argument ar si la liquidación supera la orden en firme de la sentencia, pero no corresponde en ese momento procesal si la condena en costas era procedente o no, pues se repite, la decisión de la condena por dichos conceptos quedó en firme».

orden en firme de la sentencia, pero no corresponde en ese momento procesal si la condena en costas era procedente o no, pues se repite, la decisión de la condena por dichos conceptos quedó en firme».

2 Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-0 5628-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-2025-05628-01

Demandante: Jhon Fredy Giraldo

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Fundamentos de la acción La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al proferir el auto del 24 de junio de 2025. Aseguró que en la providencia cuestionada se incurrió en un defecto material o sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judi cial y violación directa a la Constitución. 3.1. Defecto material o sustantivo: indicó que en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia cuestionó la lega lidad y procedencia de la condena en costas, pues el juez no cumplió con el d eber de analizar ni la conducta de las partes ni el hecho de que se encuen tren causadas y comprobadas.

Aseguró que en la sentencia del 8 de mayo de 2024 el Tribunal omitió pronunciarse respecto de los cargos sobre la condena en costas. En su lugar, en la sentencia de segunda instancia confirmó la decisión de primera instancia y condenó en costas a favor de la parte demandada en dicha instancia. Sostuvo que el Tribunal no valoró la necesidad de cond enar en costas a la

en la sentencia de segunda instancia confirmó la decisión de primera instancia y condenó en costas a favor de la parte demandada en dicha instancia. Sostuvo que el Tribunal no valoró la necesidad de cond enar en costas a la parte vencida del proceso y no existe ninguna eviden cia de causación de expensas que justifiquen la condena en costas a car go del demandante. Por otro lado, indicó que el defecto sustantivo se con figuró porque segœn el numeral 5” del artículo 366 y el numeral 8” del artículo 365 del Código General del Proceso, procede el recurso de apelación contra la liquidación de las expensas y agencias en derecho. Argumentó que el au to del 24 de junio de 2025 desconoció dichas normas al afirmar que no era el momento procesal para abordar si la condena en costas era procedente o no, pues la decisión sobre la condena por dichos conceptos ya había quedad o en firme. Consideró que la condena en costas no había sido fi jada conforme al debido proceso, pues a pesar de que el desacuerdo con la liq uidación se apeló en el momento oportuno, el Tribunal se limitó a seæalar que la fijación de las costas ya había sido establecida en la sentencia de primera instancia, sin realizar el examen exhaustivo necesario para verificar si los gastos fueron efectivamente comprobados en el proceso. Manifestó que la condena en costas resultaba injusta, puesto que no se había tenido en cuenta la situación económica del demanda nte, que ademÆs de haber estado privado de la libertad, no ejercía actividad económica estable que le permitiera asumir la obligación impuesta. Argumentó que resultaba injusto que, por un cambio juri sprudencial, se

haber estado privado de la libertad, no ejercía actividad económica estable que le permitiera asumir la obligación impuesta. Argumentó que resultaba injusto que, por un cambio juri sprudencial, se condene en costas a una persona que no había podido demostrar plenamente la responsabilidad de las entidades frente a la priva ción injusta de la libertad. Esto supone una carga indebida para la persona que acude a la administración de justicia. Por otro lado, consideró que el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso establece un criterio valorativo para veri ficar la causación de costas que no fue aplicado. Indicó que el defecto s ustantivo se configura tambiØn por darle aplicación restrictiva al artículo 1 88 de la Ley 1437 de 2011. 3.2. Defecto por decisión sin motivación: reiteró que el Tribunal guardó silencio frente al cargo expuesto en el recurso de apelación con tra la condena en costas impuesta en primera instancia, por lo que se co nfigura una clara vulneración al principio de congruencia. Indicó que cuando el juez se abstiene de pronunciarse sobre un aspecto sustancial del liti gio que fue propuesto porRadicado: 11001-03-15-000-2025-2025-05628-01

Demandante: Jhon Fredy Giraldo

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las partes, se configura un defecto constitucional que habilita la intervención del juez de tutela, segœn lo establecido en la sent encia T-455 de 2016 de la Corte Constitucional. Explicó que omitir la valoración de la legalidad, procedencia y proporcionalidad

del juez de tutela, segœn lo establecido en la sent encia T-455 de 2016 de la Corte Constitucional. Explicó que omitir la valoración de la legalidad, procedencia y proporcionalidad de la condena en costas tiene un impacto económico significativo sobre quien promovió la acción de reparación directa. Agregó que el Tribunal accionado no proporcionó las raz ones de hecho ni de derecho que justificaran la decisión contenida en l a sentencia de segunda instancia sobre las costas procesales, la cual simplemente ratificó la sentencia de primera instancia sin profundizar en los argumento s que sustentaron la postura adoptada. Esta falta de motivación adecuada y detallada no solo afecta la transparencia del proceso, sino que tambiØn vulnera el derecho de las partes a comprender los fundamentos de la decisi ón. 3.3. Defecto desconocimiento del precedente judicial: afirmó que el Tribunal desconoció las siguientes providencias, en las cuales se resolvió no condenar en costas: ● Providencia del 9 de agosto de 2016 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en el proceso 11 001-03-15-000-201601488-00. ● Providencia del 17 de octubre de 2017 proferida po r la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en el proceso 73 001-23-33-000-201500229. ● Sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Gu adalajara de Buga en el proceso 76111-33-33-001-2017-00178-00. ● Sentencia del Juzgado Noveno Administrativo de la Ciudad de Cali en el proceso 76001-33-33-009-2018-00153-00.

proceso 76111-33-33-001-2017-00178-00. ● Sentencia del Juzgado Noveno Administrativo de la Ciudad de Cali en el proceso 76001-33-33-009-2018-00153-00. ● Auto de fecha 11 de abril de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso 76-111-33-33-002-2018-00066-02. 3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Políti ca: sostuvo que el Tribunal accionado violó tanto los derechos fundamentales invocados como el bloque de constitucionalidad, al condenar en costas sin hacer «un anÆlisis exhaustivo en su fallo, limitÆndose a replicar lo expue sto por el juez de primera instancia, lo que genera una falta de fundamentación adecuada y un o bstÆculo para el derecho de defensa».

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 16 de septiembre de 2025 3, el despacho ponente de primera instancia admitió la acción de tutela presentada por el seæor Jhon Fredy Giraldo contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Se vinculó en calidad de terceros con interØs a la Na ción, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a l a Fiscalía General de la Nación. Se ofició al Juzgado Segundo Administrativo d el Circuito de Guadalajara de Buga para que allegara el expediente de reparación directa 76111-33-33-002-2020-00220-00/01. Se reconoció personería al abogado del demandante. Y se ordenó la notificación a las partes.

Guadalajara de Buga para que allegara el expediente de reparación directa 76111-33-33-002-2020-00220-00/01. Se reconoció personería al abogado del demandante. Y se ordenó la notificación a las partes.

3 Samai, índice 5. Expediente 11001-03-15-000-2025-0 5628-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-2025-05628-01

Demandante: Jhon Fredy Giraldo

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4 manifestó que no es la llamada a responder por la providencia adoptada por la autoridad judicial accionada. Explicó que la Dirección Seccional de Adm inistración Judicial de Cali es la entidad llamada a comparecer como tercero vinculado en el marco de la acción de tutela, toda vez que ejerció la repres entación de la Nación Rama Judicial en el medio de control de reparación di recta, en virtud de la desconcentración administrativa. Aæadió que la tutela interpuesta no tiene vocación de prosperidad, puesto que no existe claridad en los defectos alegados y no se aportaron pruebas que soporten sus argumentos. Consideró que con la tutela se pretende reabrir una decisión emitida por las autoridades judiciales sobr e la liquidación y condena en costas a cargo del demandante, asunto que es un c arÆcter eminente económico, particular y concreto, de allí que la acció n de tutela no es el escenario idóneo y eficaz para reclamar tal pedimento.

en costas a cargo del demandante, asunto que es un c arÆcter eminente económico, particular y concreto, de allí que la acció n de tutela no es el escenario idóneo y eficaz para reclamar tal pedimento. Por lo anterior, solicitó declarar la falta de legitima ción en la causa por pasiva de la Dirección, ordenar su desvinculación el trÆmite y negar el amparo invocado en lo concerniente a dicha entidad. 4.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga5 indicó que en todos los medios de control de reparación directa en los que interviene la firma de abogados Legal Group se interpone acción de tutela discutiendo la condena en costas, lo cual congestiona la administr ación de justicia. Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, ya que no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el actor debió h aber discutido el monto de la condena en costas en la apelación de la sentencia de primera instancia. No obstante, esperó hasta la expedición del auto de aprobación de la condena en costas para controvertir este aspecto. Seæaló que la acción de tutela carece de relevancia c onstitucional, pues el actor pretende reabrir un debate que fue zanjado en e l proceso de reparación directa. Finalmente, remitió copia del expediente. 4.4. La Fiscalía General de la Nación 6 manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, puesto que no puede llevar a cabo lo pretendido por el actor. AdemÆs, no existe relación de causalidad entre sus ac tuaciones y la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados p or el accionante.

causa por pasiva, puesto que no puede llevar a cabo lo pretendido por el actor. AdemÆs, no existe relación de causalidad entre sus ac tuaciones y la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados p or el accionante. Aæadió que esta acción de tutela no cumple con el r equisito de la inmediatez, dado que se interpuso el 9 de septiembre de 2025 . Resaltó que la sentencia de segunda instancia cobró fuerza ejecutoria el 15 d e mayo de 2024, de ahí que habría pasado mÆs de 1 aæo hasta la fecha de ra dicación, superando el tØrmino oportuno de 6 meses, para instaurar la tutela . TambiØn seæaló que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues existen otros mecanismos judiciales idóneos para ven tilar la controversia objeto de la acción. Afirmó que la parte accionante no sustentó de manera adecuada las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. AdemÆs, indicó que la acción de tutela no cumplió con el requisito de relevancia constitucional , puesto que no se evidencia vulneración arbitraria de derechos fundament ales, por lo que se estaría usando para reabrir un debate legal ya terminado .

4 Samai, índice 9. Expediente 11001-03-15-000-2025-0 5628-00. 5 Samai, índice 10. Expediente 11001-03-15-000-2025-0 5628-00.

6 Samai, índice 11. Expediente 11001-03-15-000-2025-0 5628-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-2025-05628-01

Demandante: Jhon Fredy Giraldo

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, solicitó la declaratoria de su falta de legitimación en la causa por pasiva. 4.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca7 seæaló que no se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, ya que en el medio de control se otorgaron todas las garantías procesales y sustancial es. Precisó que la parte actora pretendía reabrir un debate y a resuelto en sede ordinaria y que la tutela no puede ser utilizada como tercera instancia para replantear criterios interpretativos que fueron discuti dos y decididos con competencia y motivación suficiente. A su vez, consideró que no se cumple con las causal es específicas de procedencia excepcional de la acción de tutela contr a providencias judiciales, pues las providencias atacadas no incurren en defecto material o sustantivo, ni decisión sin motivación, ni desconocimiento del precedente ni violación directa de la Constitución Política. Indicó que la condena en costas procesales y agencias en derecho se fijó con base en las normas procesales y el acuerdo del Conse jo Superior de la Judicatura, pues se fijó en un porcentaje, que se en cuentra dentro de los parÆmetros establecidos, y se determinó en salarios mínimos, debido que se le resolvió desfavorablemente el recurso de alzada.

Judicatura, pues se fijó en un porcentaje, que se en cuentra dentro de los parÆmetros establecidos, y se determinó en salarios mínimos, debido que se le resolvió desfavorablemente el recurso de alzada. AdemÆs, seæaló que en la sentencia de segunda insta ncia sí hubo un anÆlisis respecto de las costas procesales en el que se concl uyó que el demandante debía ser condenado porque fue parte vencida y el re curso resuelto en forma negativa. Finalmente, advirtió que, si el demandante no estaba conforme con la condena en costas en segunda instancia, debió solicitar en el momento procesal oportuno, una aclaración, complementación o adición d e la sentencia de segunda instancia, pero optó por el silencio. Por lo anterior, solicitó que se negara la protección constitucional solicitada, al no existir vulneración a derechos fundamentales.

5. Providencia impugnada La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de octubre de 2025, declaró no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Dirección Ejecutiva de Administración y la Fiscalía General de la Nación, y declaró improcedente la acción de tutela por falta del requis ito de relevancia constitucional.

Como primer aspecto, indicó que no era procedente ac ceder a la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Adminis tración y la Fiscalía General de la Nación, pues integraron la parte accionada en el medio de control que dio origen a las providencias debatidas. Por lo tanto, las decis iones que resultaran del trÆmite constitucional podrían tener incidencia en sus inter eses. De otro lado, precisó que la relevancia constitucion al tiene como propósito evitar

a las providencias debatidas. Por lo tanto, las decis iones que resultaran del trÆmite constitucional podrían tener incidencia en sus inter eses. De otro lado, precisó que la relevancia constitucion al tiene como propósito evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asu ntos de mera legalidad; impedir que la acción de tutela se convierta en una instanc ia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

7 Samai, índice 12. Expediente 11001-03-15-000-2025-0 5628-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-2025-05628-01

Demandante: Jhon Fredy Giraldo

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, consideró que la acción de tutela interpuesta carece de relevancia constitucional, pues se trata de un asunto de conten ido económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal. Indicó que la controversia propuesta implica reabrir un asunto que ya fue resuelto por el Tribunal, q ue confirmó la liquidación de costas y agencias en derecho realizada por el Juzgado en auto de 24 de octubre de 2024 y del cual se pretende constituir una instancia adicional. Oportunidad en la cual tal autoridad judicial puso de presente la impro cedencia de cuestionar la condena en costas y agencias en derecho, pues en ese escenario solo era dable el estudio respecto a los reparos e inconformidades de l a liquidación hecha sobre estas. En igual sentido seæaló que el juez de tutela no pue de desconocer las decisiones

condena en costas y agencias en derecho, pues en ese escenario solo era dable el estudio respecto a los reparos e inconformidades de l a liquidación hecha sobre estas. En igual sentido seæaló que el juez de tutela no pue de desconocer las decisiones que tome el juez natural dentro de sus competencias. Finalmente, explicó que las inconformidades del accionante ya habían sido resuel tas por el Tribunal accionado en el proceso ordinario. Concluyó que el actor pretende que el juez de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos expuestos dentro del medio de cont rol de reparación directa la condena y la liquidación de costas y agencias en de recho, con la finalidad de que se haga una corrección al anÆlisis que hizo la autorid ad judicial accionada y se acoja la interpretación que propone. En consecuencia, al no advertir la existencia de una c uestión de verdadera relevancia constitucional que conlleve la presunta trasgresión de los derecho s fundamentales de la parte actora, se declaró improcedente el amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia cons titucional.

6. Impugnación La parte actora impugnó el fallo de primera instancia. Manifestó qu e no pretendía revivir un debate jurídico de instancia, sino que se ampararan los derechos fundamentales vulnerados con la providencia del 24 de junio de 2025. Consideró que el asunto sí goza de relevancia constitucional, pues el actuar arbitrario del juez de segunda instancia y su incorrecta aplicación de las normas procesales generó la vulneración de derechos fundamentales como son el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y el derecho de defensa.

de segunda instancia y su incorrecta aplicación de las normas procesales generó la vulneración de derechos fundamentales como son el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y el derecho de defensa. Insistió en que no se implementó el criterio valorativo que se desprende del numeral 8” del artículo 365 del Código General del Proceso, para el estudio de la condena en costas. Por lo tanto, reiteró que se incurrió en un d efecto sustantivo por la indebida aplicación de esa norma. Reiteró que en la providencia cuestionada se incurrió en defecto por decisión sin motivación, puesto que el Tribunal accionado no explicó las razones de derecho por las cuales decidió condenar en costas, sin realizar u n anÆlisis exhaustivo de las particularidades del caso. Resaltó que en el medio de control no se comprobaron los gastos en que incurrió la parte vencedora. De hec ho, afirmó que no se incurrió en gastos para la obtención de pruebas, movilización de testigos o estudios especializados. Trajo nuevamente a colación el desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B para seæalar qu e la condena en costas es el resultado de analizar diferentes aspectos, prin cipalmente que hayan sido causadas y comprobadas8. TambiØn indicó que se había desconocido el precede nte del propio Tribunal 9, que en otros casos sí había tenido en cuenta la

8 Las sentencias de 9 de agosto de 2016 y 17 de octubre d e 2017, proferidas, respectivamente, dentro de los expedi entes nœmeros 2016-01488-00 y 2015-00229-01.

8 Las sentencias de 9 de agosto de 2016 y 17 de octubre d e 2017, proferidas, respectivamente, dentro de los expedi entes nœmeros 2016-01488-00 y 2015-00229-01. 9 Auto del 01 de octubre de 2025, radicado 76111-33-33 -002-2018-00176-02.Radicado: 11001-03-15-000-2025-2025-05628-01

Demandante: Jhon Fredy Giraldo

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proporcionalidad, el equilibrio procesal y la justicia material en la tasación de costas. E indicó que no se brindó una justificación sólida p ara apartarse del precedente jurisprudencial vigente. Por œltimo, insistió en la configuración del defecto por violación directa de la Constitución. Aseguró que el Tribunal omitió pronunc iarse sobre los argumentos planteados en el recurso de apelación sobre la conden a en costas, reduciendo su decisión a una confirmación automÆtica de lo dispue sto por el Juzgado de origen, y fue esta omisión la que desconoció la obligación co nstitucional de emitir un fallo debidamente motivado y congruente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 10, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la ac ción u omisión de las

reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 10, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la ac ción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremed iable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido u na serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia co nstitucional ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizars e con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa j