CE - Sentencia 11001031500020250562901 de 2025

Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-05629-01

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1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05629-01

Demandante: JOSÉ GABRIEL ESPINOSA ESPINOSA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte ac cionante contra la sentencia del 9 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito presentado el 9 de septiembre de 20251, el señor José Gabriel Espinosa Espinosa, por medio de apoderad o judicial, ejerció acción de tutela contra el

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito presentado el 9 de septiembre de 20251, el señor José Gabriel Espinosa Espinosa, por medio de apoderad o judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C 2, y el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y «primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales».

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales , con ocasión de la providencia del 5 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que, revocó la sentencia del 19 de diciembre de 2023 dictada por el Juzgado 57 Administrativo del

1 Índice 2 de Samai, cuaderno de primera instancia. 2 Magistrados: Samuel José Ramírez Poveda, Carlos Alberto Orlando Jaiquel y Amparo Oviedo

Pinto.Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-05629-01

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2 Circuito Judicial de Bogotá , mediante la cual, se negó las pretensiones de la demanda formuladas al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento

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2 Circuito Judicial de Bogotá , mediante la cual, se negó las pretensiones de la demanda formuladas al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-057-2021-00288-00/01 adelantado contra la E.S.E. Hospital Simón Bolívar, hoy Subred Integrada de servicios de Salud Norte.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

2. Ordenar al HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Sección Segunda Sub Sección “C”, que profiera nueva decisión judicial, en el sentido de que acceda al reconocimiento y pago de las prestaciones a que tiene derecho el accionante, por la declaratoria de la existencia de la relación laboral encubierta durante el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2014 hasta el 30 de octubre de 2019 de acuerdo a las pretensiones del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho3.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Espinosa Espinosa laboró como médico especialista en cardiología desde el 14 de enero de 2014 hasta el 31 de octubre de 2019 en el Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E de Bogotá, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte mediante contratos de prestación de servicios.

El 21 de abril de 2021 solicitó el pago de las prestaciones sociales y acreencias

III Nivel E.S.E de Bogotá, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte mediante contratos de prestación de servicios.

El 21 de abril de 2021 solicitó el pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales causadas durante su vinculación, las cuales, fueron negadas mediante oficio del 6 de mayo de 2021.

Por consiguiente, el actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral y, en consecuencia, se declarara la nulidad del oficio que negó el pago de prestaciones sociales y acreencias laborales.

En primera instancia, el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de B ogotá por sentencia del 19 de diciembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se logró establecer las condiciones mínimas de subordinación o falta de autonomía del demandante en el cumplimiento del objeto contractual, toda

3 Transcripción literal que puede contener errores.Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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3 vez que «no fueron corroborados los supuestos fácticos sobre la naturaleza de las actividades desarrolladas por el demandante como inherentes y pertenecientes a las funciones propias de un empleo de la planta de personal de la entidad

3 vez que «no fueron corroborados los supuestos fácticos sobre la naturaleza de las actividades desarrolladas por el demandante como inherentes y pertenecientes a las funciones propias de un empleo de la planta de personal de la entidad demandada, ya que no se encontró plena prueba de la imposición de un horario de trabajo, ni el cumplimiento de órdenes o directrices dadas por funcionarios o superiores que le coartaran su autonomía de obrar».

Inconforme con la decisión, el extremo activo interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C , que, en providencia del 5 de marzo de 2025, resolvió revocar el pronunciamiento del a quo, para en su lugar: i) declarar la nulidad del oficio del 6 de mayo de 2021 por medio del cual la entidad demandada negó el pago de las prestaciones y acreencias laborales; ii) declarar la existencia de la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios desde el 15 de enero de 2014 hasta el 30 de octubre de 2019; iii) declarar la prescripción extintiva de las prestaciones derivadas de dichos contratos con excepción de los aportes pensionales; y iv) condenar a la demandada a efectuar con destino al sistema de seguridad social en pensiones las cotizaciones por el monto que hicieren falta calculada la obligación patronal y por el período comprendido entre el 15 de enero de 2014 al 30 de abril de 2014.

Lo anterior al ob servar que la labor desarrollada por el accionante tenía características propias de un empleo de carácter permanente, que requería una ejecución continua y era primordial para el funcionamiento de la institución

de 2014.

Lo anterior al ob servar que la labor desarrollada por el accionante tenía características propias de un empleo de carácter permanente, que requería una ejecución continua y era primordial para el funcionamiento de la institución hospitalaria. Por consiguiente, respecto de las prestaciones sociales reclamadas se constató lo siguiente:

[…] se probó que entre los contratos suscritos por las partes, no se presentaron interrupciones de acuerdo al cuadro elaborado en esta providencia, empero habida cuenta que el demandante se pensionó a partir del 1° de mayo de 2014, solo tendría derecho al pago de prestaciones sociales en el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2014 al 30 de abril de 2014, dado que, a partir del 1 de mayo de 2014, empezó a recibir la mesad a reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones mediante la Resolución No. 143701/2014. Así también, la orden correspondiente a los aportes pensionales corresponderá exclusivamente al mencionado interregno.

Ahora bien, como el actor estaba jubi lado, no tenía que realizar cotizaciones para pensión por cuenta del contrato de prestación de servicios, pues si bien, no está inhabilitado para desarrollar los contratos, su remuneración solo se limita a los honorarios pactados, sin que le sea posible re cibir prestaciones sociales por la incompatibilidad existente de recibir doble asignación del tesoro público. Y así, aun cuando se desnaturalice el contrato, no tiene derecho a que se le reconozcan prestaciones sociales.

Por ello, debió demandar dentro de los tres años siguientes al ingreso en nómina deDemandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección C y otro

prestaciones sociales.

Por ello, debió demandar dentro de los tres años siguientes al ingreso en nómina deDemandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-05629-01

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4 pensionados, por los contratos previos a ese evento. No obstante, en lo que atañe con los aportes pensionales causados con anterioridad al ingreso en nómina, estos son imprescriptibles de acuerdo a la posic ión unificada de la jurisprudencia, por lo que sobre este periodo si deberá realizarse por parte de la entidad, el pago respectivo.

La providencia fue notificada el 6 de marzo de 2025 4 a las partes e intervinientes mediante correo electrónico.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Manifestó que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico al dar por probado que no tenía derecho al pago de sus prestaciones porque significaba recibir dos pagos provenientes del tesoro público, así como, por la indebida valoración del material probatorio allegado al proceso como lo fue con el certificado de pensionado expedido por Colpensiones y de los contratos de prestación de servicios allegados al proceso judicial.

Precisó que «los dineros de la seguridad social no son dineros públicos simplemente por el hecho de que los administre COLPENSIONES. Además, que la labor de médico permite tener una doble asignación por parte del (Sic)estado, ya que se

Precisó que «los dineros de la seguridad social no son dineros públicos simplemente por el hecho de que los administre COLPENSIONES. Además, que la labor de médico permite tener una doble asignación por parte del (Sic)estado, ya que se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el Art. 19 de la Ley 4 de 1992 y el Art. 2 de la Ley 269 de 1996».

Indicó que, también se incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 128 de la Constitución Política «al entender que porque el demandante demostró la existencia de una relación laboral, pero era pensionado no se podía realizar el pago de las prestaciones por que dicha norma prohíbe devengar dos asignaciones que provengan del erario público, se equiparó el pago resarcitorio ex post del contrato realidad a una asignación s imultánea del art. 128 C.P., cuando la incompatibilidad opera por simultaneidad real y no por reparación retroactiva por lo cual se decide aplicar está norma a un caso que no se subsume en la misma». Igualmente, porque se omitió aplicar la excepción correspondiente a los servidores de la salud consagrada en el artículo 19 literal e) de la Ley 4 de 1992.

Por lo anterior, refutó que al ser m édico cardiólogo podía devengar honorarios profesionales a pesar de estar vinculado, o de que estuviese trabajando en o tra entidad hospitalaria. Por lo que, afirmó que en su caso particular podía recibir el pago de las prestaciones correspondientes por la existencia de la relación laboral sin incurrir en la prohibición legal por el simple hecho de ser pensionado. Para

4 Índice 17 de Samai del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-42sin incurrir en la prohibición legal por el simple hecho de ser pensionado. Para

4 Índice 17 de Samai del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-42057-2021-00288-01.Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

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Sección Segunda, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-05629-01

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5 sustentar la anterior afirmación citó la sentencia del 5 de diciembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación.

Adujo que se desconoció la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 radicado: 05001 -23-33-000201301143-01 (1317 -2016)5 y el fallo del 5 de diciembre de 2022 radicado: 05001 -23-33-000-2014-00693-01 (2975 -2018)6, a partir de las cuales se advirtió que el pago de las prestaciones a un pensionado que fue servidor público no constituye un doble pago del erario y «en el caso de los médicos y el personal de la salud ellos se encuentran dentro de las excepciones de orden legal y por ende se hace procedente el reconocimiento y pago de la mismas».

Finalmente, expresó que se incurrió en violación dire cta de la Constitución por indebida interpretación de los artículos 13, 29, 48, 53 y 93.

orden legal y por ende se hace procedente el reconocimiento y pago de la mismas».

Finalmente, expresó que se incurrió en violación dire cta de la Constitución por indebida interpretación de los artículos 13, 29, 48, 53 y 93.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

El Magistrado Ponente del Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del 15 de septiembre de 2025, admitió la acción tutelar y ordenó notificar al Juzgado 57 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá 7 y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C 8 como autoridades judiciales accionadas.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte9.

También, se le reconoció personería a l abogado Rosemberg Gutiérrez Bravo 10 como apoderado judicial del señor Espinosa.

Finalmente ofició a la secretaria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el propósito de que se remitiera copia integra del expediente identificado con radicado 1001-33-42-057-2021-00288-01.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejero Ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández.

7Índice 7 de Samai . Cuaderno de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico: jadmin57bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández.

7Índice 7 de Samai . Cuaderno de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico: jadmin57bt@cendoj.ramajudicial.gov.co. 8Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación remitida a los correos electrónicos: scs02sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co. 9Índice 7 de Samai . Cuaderno de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico: notificacionesjudiciales@subrednorte.gov.co. 10Índice 7 de Samai . Cuaderno de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico: rogubravos@hotmail.com.Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

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6 1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C11

El Magistrado ponente de la decisión cuestionada, argumentó que cumplió con lo establecido en la ley para tramitar y decidir el expediente con radicado No. 1100133-42-057-2021-00288-01.

El Magistrado ponente de la decisión cuestionada, argumentó que cumplió con lo establecido en la ley para tramitar y decidir el expediente con radicado No. 1100133-42-057-2021-00288-01.

Precisó que, para la resolución de l asunto analizó las pruebas y los hechos conforme al problema jurídico planteado, atendiendo a que este se circunscribió a si era procedente declarar que entre el actor y la subred demandada existió una verdadera relación labora l, caso en el que, observó una vez analizados los tres elementos característicos del contrato realidad, la configuración de la relación reclamada para el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2014 y el 30 octubre de 2019.

Sin embargo, avizoró una incompatibilidad entre las prestaciones a reconocerse con ocasión de un contrato realidad simulado y la pensión de jubilación que le había sido reconocida al señor Espinosa Espinosa, lo que incidió en el restablecimiento del derecho, ante el hecho de que estaba pensionado, toda vez que, la mencionada prestación no era compatible con las prestaciones reclamadas en el líbelo derivadas de la desnaturalización del contrato de prestación de servicios , pues señaló, que, de accederse se desconocería el artículo 128 de la Constitución Política, sin que hubiera lugar a la excepción que alega el accionante, porque se trataba de dos emolumentos originados en el erario público por labores en el sector ídem.

Reiteró, que no se desconoció la excepción que consagra el literal e) del art.19 de la ley 4ª de 1992, habida cuenta que , dicha norma se refiere exclusivamente a los

Reiteró, que no se desconoció la excepción que consagra el literal e) del art.19 de la ley 4ª de 1992, habida cuenta que , dicha norma se refiere exclusivamente a los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud, mismos que el percibió el señor Espinosa en contraprestación a sus servicios y que no fueron objeto de debate, pues se manifestó que le habían sido cancelados.

Por lo anterior, señaló que la decisión adoptada en ningún modo conllev ó la configuración de los defectos aducidos en el escrito de tutela , como que, tampoco vulneró el derecho a l debido proceso, a la igualdad, al trabajo y la primacía de la realidad sobre las formas del accionante.

11 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia.Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

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7 1.6.2. Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá12

El titular del despacho argumentó que la acción constitucional de la referencia resultaba improcedente por cuanto la sentencia dictada en primera instancia fue proferida con sujeción al ordenamiento jurídico y a los precedentes jurisprudenciales vigentes en ese momento, razón por la cual no vulneró los derechos fundamentales alegados por el tutelante.

proferida con sujeción al ordenamiento jurídico y a los precedentes jurisprudenciales vigentes en ese momento, razón por la cual no vulneró los derechos fundamentales alegados por el tutelante.

1.6.3. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, pese a haber sido notificada de la existencia del presente asunto, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

1.7. Fallo impugnado13

El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia del 9 de octubre de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela , tras considerar que no se cumplía con el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que lo perseguido por la parte actora era convertir el mecanismo en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces naturales.

1.8. Impugnación

Con escrito enviado el 27 de octubre de 202514, el señor José Gabriel Espinosa Espinosa impugnó la sentencia de primer grado, alegando que la solicitud de tutela si cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto este se basa en la vulneración de derechos fundamentales.

Arguyó que la Corte Constitucional ha establecido en la sentencia T -670 de 2001 que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y expedito para la protección de derechos fundamentales y no debe ser restringido de manera excesiva.

Reiteró que, el uso excesivo de contratos de prestación de servicios como lo ha hecho la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, representa una violación sistemática de la Constitución y de los derechos fundamentales de los trabajadores

Reiteró que, el uso excesivo de contratos de prestación de servicios como lo ha hecho la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, representa una violación sistemática de la Constitución y de los derechos fundamentales de los trabajadores nacionales, como lo es su caso. Situación con la que, enfatizó que según el artículo 53 de la C arta Política, «el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades impuestas por las partes debe aplicarse tanto en las relaciones laborales entre particulares como en las que el Estado es parte. Por lo cual , en el presente caso, cuando dicho principio es desconocido por el tribunal hoy accionado

12 Índice 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia. 13 Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia. 14 El fallo de primer grado fue notificado el 21 de octubre de 2025.Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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8 la reclamación se sale de la órbita de una reclamación ordinaria y entra en los ámbitos del derecho constitucional siendo el Juez de tutela el competente para estudiar de fondo la reclamación»15.

Replicó que , la Corte Constitucional ha señalado que el uso indiscriminad o de contratos de prestación de servicios constituye una vulneración sustancial a la Constitución, así como que la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido la gravedad del abuso de esta modalidad contractual.

contratos de prestación de servicios constituye una vulneración sustancial a la Constitución, así como que la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido la gravedad del abuso de esta modalidad contractual.

Insistió que , el asunto constitucional si cumple con el requisito de relevancia constitucional, dado que , no se limit ó simplemente a enlistar los derechos fundamentales vulnerados, sino que , de una manera clara y veraz enlistó los defectos de orden fáctico, por las pruebas mal valoradas por parte del fallador , así como el yerro por desconocimiento del precedente jurisprudencial «vertical» respecto de la subordinación, y el cargo por violación directa de la Constitución.

Referenció la sentencia T 130 de 2023 la Corte Constitucional y las providencias del 26 de octubre de 202316 y del 6 de marzo de 202517 dictadas por esta corporación, para argumentar que el juez constitucional no puede negar el estudio de fondo de la acción de tutela, con fundamento en que se uti liza como una tercera instancia, sin antes proceder a estudiar todos y cada uno de los defectos alegados por el interesado, por lo que expuso que, los defectos invocados «tienen la capacidad de afectar gravemente derechos fundamentales los cuales son deter minables y son evidentes a simple vista, para quien estudie el caso a fondo y no pretenda desconocer la vulneración y relevancia constitucional, con el simple hecho que se interponen una acción constitucional contra un fallo judicial».

Manifestó que, en su consideración, «se debe estudiar de fondo cada uno de los defectos alegados y no limitarse a avalar lo razonado por el Tribunal simplemente porque era el órgano de cierre. Sin tener en cuenta que se presentó una indebida

Manifestó que, en su consideración, «se debe estudiar de fondo cada uno de los defectos alegados y no limitarse a avalar lo razonado por el Tribunal simplemente porque era el órgano de cierre. Sin tener en cuenta que se presentó una indebida valoración de las pruebas», como se pretendió demostrar en el defecto fáctico que se citó en el escrito de tutela.

Finalmente replicó los argumentos expuestos en el escrito constitucional que sustentaban los defectos alegados.

1.9. Manifestación de impedimento . El 1° de diciembre de 2025 , el magistrado Omar Joaquín Barreto Suarez manifestó su impedimento, en atención a que tiene

15 Cita del original con posibles errores. 16 Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Segund a, Subsección AConsejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez. Radicación: 11001-03-15-000-2023-04083-01 17 Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Cuarta. Consejero Ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño. Radicación: 1100103-15-000-2025-00480-00Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

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9 una relación de amistad intima con el accionante José Gabriel Espinosa Espinosa,

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9 una relación de amistad intima con el accionante José Gabriel Espinosa Espinosa, quien, además es su médico personal y el de su familia por más de 10 años . En consecuencia, en providencia del 11 de diciembre de 2025 , el impedimento fue declarado fundado por los demás magistrados que conforman la Sección Quinta de esta Corporación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor José Gabriel Espinosa Espinosa contra la sentencia del 9 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.

2.2. Problemas jurídicos

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 9 de octubre de 202 5 del Consejo de Estado , Sección Primera, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección

contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C18 vulneró l os derechos fundamentales del señor José Gabriel Espinosa Espinosa con ocasión de la providencia del 5 de marzo de 2025 dictada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-057-2021-00288-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial ; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva ; (iii) las

18 Pese a que la parte actora dirigió su acción de tutela contra la providencia del 19 de diciembre de 2023 dictada por el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá al interior del proceso ordinario, se tiene que la sentencia del 5 de marzo de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, fue el que le puso fin al proceso, razón por la que será la única decisión que se estudie en el presente trámite.Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa

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10 generalidades de los defectos alegados y, (iv) el caso concreto.

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10 generalidades de los defectos alegados y, (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 19 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 20 y declaró su procedencia21.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los sigu ientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, c