CE - Sentencia 11001031500020250563401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01

Accionante: Delber Barbosa Arias

Accionado: Tribunal Administrativo de Santander Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de proceso de reparación directa / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – No cumple el presupuesto de relevancia constitucional. Reproches tienen como fin emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y carecen de la suficiente carga argumentativa

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida el 9 de octubre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 9 de septiembre de 2025 1 , el señor Delber Barbosa Arias , a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y propiedad privada.

apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y propiedad privada.

2. Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 26 de junio del año en curso , emitida dentro del proceso de reparación directa2 que instauró contra el municipio de Bucaramanga, encaminado a obtener el resarcimiento, a título de daño especial, de los perjuicios causados por la construcción de una obra pública3, pues ello implicó unos cierres viales que derivaron en una ruptura del principio de la igualdad frente a las cargas públicas y, en consecuencia, en una afectación económica al establecimiento de comercio de su propiedad denominado Audiollantas, al disminuir sus ventas.

1 Si bien se presentó el escrito de tutela el 8 de septiembre de 2025, el respectivo correo electrónico fue enviado a las 5:17 p. m., es decir, por fuera del horario judicial, razón por la que se tiene radicada el siguiente día hábil. 2 Expediente 68001-33-33-001-2018-00440-02. 3 Denominada intercambiador vial Mesón de los Búcaros y obras complementarias.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01

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3. En la providencia acusada se confirmó la decisión judicial de 30 de septiembre de 2022, mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda. Se precisó que no se había acreditado que la causa de la afectación patrimonial alegada correspondiera de modo exclusivo a la ejecución

2022, mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda. Se precisó que no se había acreditado que la causa de la afectación patrimonial alegada correspondiera de modo exclusivo a la ejecución de las obras para la construcción del intercambiador vial Mesón de los Búcaros, pues no se contaba con la información endógena y exógena que permitiera arribar a esa conclusión. Por tanto, la mera circunstancia del adelantamiento de una obra pública en la zona de influencia del establecimiento de comercio de propiedad del demandante, no permite inferir, al menos, alguna restricción protuberante o una medida excesiva en torno a los derechos de explotación económica, desde el punto de vista de la función social, económica y ecológica que diera lugar a la indemnización pretendida. Es decir, no se acreditó la existencia de un daño especial que excediera las cargas públicas del actor.

4. La parte actora sostuvo que se configuró defecto fáctico, pues se incurrió en una serie de errores al valorar el material probatorio que reposa en el proceso de reparación directa, en cuanto (i) al bloqueo del acceso vehicular y peatonal al local donde operaba el establecimiento de comercio de su propiedad y (ii) a la afectación económica de dicho establecimiento de comercio, consistente en la disminución de las ventas y consecuente merma de u tilidades e ingresos , en forma excepcional y anormal.

5. En la providencia acusada se indicó que no se había acreditado la restricción total o absoluta de acceso al local donde funcionaba el establecimiento de comercio Audiollantas, lo cual no corresponde a lo demostrado con los elementos de

anormal.

5. En la providencia acusada se indicó que no se había acreditado la restricción total o absoluta de acceso al local donde funcionaba el establecimiento de comercio Audiollantas, lo cual no corresponde a lo demostrado con los elementos de convicción obrantes en el plenario. En particular, con la imagen de la localización del proyecto contenida en el Plan de Manejo de Tráfico General, que aunque no se encuentra graficado allí el inmueble donde funcionaba el establecimiento de

comercio (carrera 25 No. 21 -25 de Bucaramanga) , valorada en conjunto con las fotografías aportadas con la demanda y el documento titulado “Planos de Señalización PMT”, se puede establecer con certeza dicha ubicación y el bloqueo total de acceso vehicular y peatonal a este. En dicho Plan de Manejo se indicó que fue diseñado para una obra pública categoría III, que implica cierres totales para el tránsito vehicular y/o peatonal. Por tanto, resulta contrario a las reglas de l a experiencia la inferencia de que tuvo ingreso permanente y pudo continuar con su actividad comercial durante el desarrollo de los trabajos públicos.

6. Además, se aportaron unas imágenes satelitales tomadas de la aplicación Google Maps, para facilitar la ubicación exacta del inmueble, las cuales no fueron valoradas por la autoridad judicial.

7. Con base en lo anterior, como el flujo vehicular en sentido sur-norte de la carrera 25 en el tramo desde la altura de la Avenida Quebrada Seca hasta la Avenida Bulevar Bolívar fue cerrado en su totalidad en razón a la ejecución de la obra pública, y siendo

25 en el tramo desde la altura de la Avenida Quebrada Seca hasta la Avenida Bulevar Bolívar fue cerrado en su totalidad en razón a la ejecución de la obra pública, y siendo la carrera 25 , precisamente en el punto de intersección con la Avenida BulevarRadicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01

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Bolívar, esquina, una de las vías de acceso al establecimiento de comercio, es razonable inferir con certeza que ese acceso vehicular al establecimiento de comercio por esa vía (carrera 25) f ue bloqueado en su totalidad. También el flujo vehicular fue cerrado por la Avenida Bulevar Bolívar, segunda vía de acceso vehicular, la principal, al establecimiento de comercio, en el tramo desde la altura de la carrera 24 hasta la intersección donde con fluyen la carrera 27, la Avenida Quebrada Seca y l a Bulevar Bolívar, en el sector conocido como El Mesón de los Búcaros, punto donde terminaba dicho corredor vial para la época de los hechos, en sentido occidente-oriente, por tanto, es dable deducir que es e acceso también fue bloqueado en su totalidad.

8. Por consiguiente, del plano de señalización del Plan de Manejo de Tráfico, donde

se observa el desvío y cierres viales, concretamente de la carrera 25 y de la avenida Bulevar Bolívar en el punto de intersec ción de esas dos vías de acceso al local, de las demás ilustraciones de dicho Plan, de las imágenes satelitales de Google Maps y de las fotografías, es razonable inferir que dicho Plan no podía contemplar vías

Bulevar Bolívar en el punto de intersec ción de esas dos vías de acceso al local, de las demás ilustraciones de dicho Plan, de las imágenes satelitales de Google Maps y de las fotografías, es razonable inferir que dicho Plan no podía contemplar vías alternas de acceso al establecimiento de comer cio porque materialmente era imposible dada la ubicación del inmueble en relación con la microlocalización de la ejecución de los trabajos de la obra y dado el nivel o magnitud de la misma.

9. En cuanto a las fotografías aportadas al plenario, anotó que se omitió valorarlas.

Se señaló que no tenían mérito probatorio sin exponer las razones o argumentos que conllevó se arribara a esa conclusión, máxime cuando estas cumplen todos los requisitos para ello4, lo que riñe con la regla probatoria contenida en el artículo 176 del CGP, según la cual el juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

10. Tampoco se valoraron las declaraciones de los testigos Orlando Merchán Basto y Marlo Sierra Aceros, en las que se indicó que les constaba , por observación directa de los hechos , que el acceso al inmueble donde operaba el establecimiento de comercio fue bloqueado totalmente en razón de la obra pública, lo cual no fue negado por la administración municipal, pues su defensa giró en tono a que debía soportar el daño sufrido, por haber instalado su establecimiento de comercio en ese lugar después de iniciada la ejecución de la obra pública, afirmación que fue desvirtuada por la autoridad accionada.

11. A pesar de que el ad quem tuvo por falsas o contrarias a los hechos probados las dos premisas fácticas en las que se fundamentó la sentencia ordinaria de primera

por la autoridad accionada.

11. A pesar de que el ad quem tuvo por falsas o contrarias a los hechos probados las dos premisas fácticas en las que se fundamentó la sentencia ordinaria de primera instancia, a saber: (i) que la obra pública había iniciado su ejecución en el año 2014 y (ii) que el establecimiento de comercio de su propiedad (Audiollantas) no

funcionaba en la dirección carrera 25 No. 21-25 de Bucaramanga antes del inicio de la ejecución de la obra; confirmó dicha decisión judicial, al no hallar acreditada una

4 Cada fotografía tiene impresa la fecha y el lugar en el que fueron tomadas y, junto con estas, se aportó la declaración extraprocesal juramentada ante notario de la persona que las realizó, por lo que declaró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas. Declaración frente a la que no se solicitó su ratificación, por lo que se le debe otorgar valor legal probatorio.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01

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carga pública que le haya sido impuesta con ocasión a la obra pública que fuera grave, anormal y excepcional. Además, al afirmar que el actor durante todo el tiempo de ejecución de la obra pública “ tuvo un ingreso permanente” y pudo continuar con normalidad el desarrollo de su negocio o actividad comercial, da por cierto un hecho sin que exista prueba que lo soporte, cuanto más cuando sobre esto no versó el litigio, pues no fue un hecho sobre el que la parte demandada haya basado su defensa.

12. Por otro lado, en cuanto a la afectación económica que sufrió su establecimiento

sin que exista prueba que lo soporte, cuanto más cuando sobre esto no versó el litigio, pues no fue un hecho sobre el que la parte demandada haya basado su defensa.

12. Por otro lado, en cuanto a la afectación económica que sufrió su establecimiento de comercio, se indicó , en lo relativo a los estados financieros de los años 2013 a 2016 que (i) no se aplicó en su apreciación probatoria la regla de la sana crítica de la lógica, pues no se tuvo en cuenta que dichos documentos gozaban del atributo de presunción de veracidad y no obra ba dentro del expediente ordinario elemento de convicción en su contra; y (ii) se les negó su fuerza demostrativa o mérito probatorio, al señalar que los hechos allí declarados correspondían a datos del tutelante y no del establecimiento de comercio del que era propietario, a pesar de que obraba en el plenario su certificado de matrícula mercantil, que da cuenta que Audiollantas era el único establecimiento de comercio que tenía registrado. Circunstancia que, en todo caso, fue aclarada en un documento present ado, junto con el recurso de apelación interpuesto contra el fallo ordinario de primera instancia, en el que él y una profesional de contaduría pública , en ejercicio de su función de dar fe pública , aclararon que los estados financieros adosados pertenecían a “DELBER BARBOSA

ARIAS/AUDIOLLANTAS”.

13. Frente a las declaraciones de renta y del impuesto de industria y comercio de los años 2014 a 2016, precisó que no fue debatida su presunción de autenticidad. Ahora bien, las declaraciones de renta no tienen como finalidad establecer o acreditar la causa de una afectación económica sufrida por el sujeto que las presenta. No

bien, las declaraciones de renta no tienen como finalidad establecer o acreditar la causa de una afectación económica sufrida por el sujeto que las presenta. No obstante, de estas, junto con los estados financieros, se deduce que durante ese período sí sufrió una afectación económica representada en la disminución de las ventas de su establecimiento de comercio. Además, no se valoraron las declaraciones del impuesto de industria y comercio, que también demostraban dicha disminución.

14. Por lo anterior, no era dable que se concluyera que no se demostró el daño alegado en la demanda.

15. De igual modo, se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues se exigió para otorgarle validez o mérito probatorio a los estados financieros y a las declaraciones de renta sobre los hechos o recursos allí declarados y revelados , el cumplimiento de requisitos no previstos en la ley. Entre estos, exposición de razones (a modo de notas o constancias explicativas o aclaraciones, datos o información adicional), que dieran cuenta de la causa de la afectación económica alegada.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01

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16. Además, la carga impuesta, consistente en que de esos documentos se extrajera la causa del daño alegado (disminución de las ventas), desconoce que dichos medios de prueba son medios informativos de carácter objetivo de la situación financiera de una persona, es decir, dan cuenta de hechos económicos, pero no de sus causas.

17. Asimismo, se configuró desconocimiento del precedente, en tanto se aplicó en

medios de prueba son medios informativos de carácter objetivo de la situación financiera de una persona, es decir, dan cuenta de hechos económicos, pero no de sus causas.

17. Asimismo, se configuró desconocimiento del precedente, en tanto se aplicó en forma indebida la sentencia de 31 de julio de 2024 del Consejo de Estado5 y, en todo caso, dicha providencia no constituye un precedente judicial que sea vinculante y aplicable al caso concreto, dado que se decidió sobre unos supuestos fácticos que difieren de su situación, por cuanto en aquel proceso sí se demostró que el establecimiento de comercio frente al que se alegaba el daño no sufrió un bloqueo o restricción total a su acceso en atención a la obra pública, mientras que en su caso se acreditó lo contrario, esto es, dicha obstaculización.

18. Además, también se inobserv ó la sentencia C -076 de 2021 de la Corte Constitucional, en lo relativo a las reglas hermenéuticas establecidas en esa providencia sobre la manera como se debe interpretar y aplicar el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, en cuanto a las presunciones que se derivan de dicho precepto con ocasión del ejercicio de la función de dar fe pública de los profesionales de la contaduría pública en los actos que suscriben, incluidos los estados financieros, los cuales, con base en ese criterio jurisprudencial , debían tenerse como cierto s y válidos sin necesidad de comprobación empírica, máxime cuando no existía prueba alguna que desvirtuara su contenido.

19. Por último, se presentó la causal de violación directa de la Constitución. La exigencia de que se demostrara una imposibilidad absoluta en el ejercicio de actos

alguna que desvirtuara su contenido.

19. Por último, se presentó la causal de violación directa de la Constitución. La exigencia de que se demostrara una imposibilidad absoluta en el ejercicio de actos de comercio, esto es, un cierre o clausura de su negocio, como presupuesto para que se configure el daño especial, concretamente los aspectos de anormalidad y excepcionalidad, además de no est ar enunciada en las subreglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado, inobserva los artículos 2, 13, 58 y 90 de la Constitución. Dicha exigencia comporta un desconocimiento de los fines esenciales del Estado y de todas sus autoridades de garant izar la efectividad de los derechos, la vigencia de un orden justo y proteger a todos lo s asociados en sus bienes, así como la transgresión a sus derechos fundamentales a la igualdad , al no recibir un trato equitativo frente a las cargas públicas, y a la propiedad privada.

20. Asimismo, se desatendió el artículo 90 de la Carta Política y el principio alterum non laedere o neminem laedere (no dañar al otro). Se probaron los supuestos para que se configurara el daño especial alegado, es decir, que fue anormal, excepcional y superior al que normalmente debieron sufrir el resto de los ciudadanos que se beneficiaron con la obra pública.

5 Sección Tercera, Subsección A. C. P. José Roberto Sáchica Méndez, expediente 68001 -23-33-000-201800353-02 (69.823).Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01

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00353-02 (69.823).Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01

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B. Sentencia de primera instancia

21. Mediante sentencia de 9 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente el trámite constitucional, al no superar el presupuesto de relevancia constitucional . Se determinó que lo alegado por el acto r bajo las causales de defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto solo demuestra su inconformidad con lo resuelto por ser contrario a sus intereses, pero no se encaminó a efectuar un estudio sobre el alcance del derecho fundamental presuntamente invocado frente a la providencia judicial cuestionada.

22. En cuanto al presunto desconocimiento del precedente, no cumplió con la carga argumentativa necesaria para superar el presupuesto de relevancia constitucional, pues no se indicó cuál regla o subregla de derecho había sido desconocida o por qué ese caso le aplicaba e specíficamente al suyo. De igual modo, en lo referente a la causal de violación directa de la Constitución , también se omitió exponer con suficiencia las razones que justifiquen la intromisión del juez de tutela.

C. La impugnación

23. La parte actora adujo que no se indicó concretamente cuál o cuáles de las subreglas fijadas en la sentencia SU -215 de 2022 de la Corte Constitucional no se acreditaron y tampoco expuso las razones concretas por las cuales a su juicio no se cumplieron. Ello impide que se estructuren de manera específica argumentos en su

acreditaron y tampoco expuso las razones concretas por las cuales a su juicio no se cumplieron. Ello impide que se estructuren de manera específica argumentos en su escrito de impugnación para que se tenga por satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional que se considera incumplido.

24. En todo caso, anotó que cumplió con todos los criterios o subreglas señaladas por la Corte Constitucional sobre el mencionado presupuesto general de procedibilidad.

Indicó que no se cuestiona la decisión judicial por una interpretación o alcance que se le haya dado a un precepto legal ni que se resuelva un asunto puramente económico, en razón a que, pese a que subyace la controversia de obtener una indemnización por parte del Esta do, el litigio gira en torno al derecho a la igualdad de los asociados frente a las cargas públicas en razón a la ejecución de una obra pública que beneficia a toda la comunidad.

25. También sostuvo que se pretende la aplicación de la cláusula de responsabilidad del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, un asunto que es de interés general y de relevancia constitucional . Seguidamente, precisó el alcance de sus reproches y cómo fundamentó los defectos alegados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

E. CompetenciaRadicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01

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26. La Sala es competente para conocer de la impugnac ión presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera

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26. La Sala es competente para conocer de la impugnac ión presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

27. La Sala no encuentra que la argumentación desplegada por la parte actora sea suficiente para tener por satisfech o el presupuesto de relevancia constitucional , motivo por el cual se confirmará la sentencia impugnada.

28. Para que se habilite el examen de validez de la decisión judicial censurada, se debe acreditar la afectación constitucional que se alega, situación que no se configura en este asunto. Los reproches de la parte actora evidencian una inconformidad con la manera como se zanjó el litigio en la providencia objeto de censura. Como lo anotó el a quo , se pretende emplear esta acción como una instancia adicional del proceso de reparación directa.

29. Aunque la parte actora invocó las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial de defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución , los argumentos están dirigidos a que se acoja la tesis que pregona sobre la manera de solucionar la controversia de reparación directa suscitada contra el municipio de Bucaramanga, frente a la acreditación de que el daño sufrido por el establecimiento de comercio de su propiedad fue causado por la ejecución de la obra pública . Ello, por resultarle contrario a sus intereses el modo en que zanjó el litigio la autoridad

Bucaramanga, frente a la acreditación de que el daño sufrido por el establecimiento de comercio de su propiedad fue causado por la ejecución de la obra pública . Ello, por resultarle contrario a sus intereses el modo en que zanjó el litigio la autoridad judicial accionada.

30. La parte actora advirtió que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, al no tener por acreditado el bloqueo de acceso vehicular y peatonal ni la afectación económica padecida, pese a que obraban en el plenario elementos de convicción de demostraban esos supuestos fácticos.

31. Indicó que existen documentos, como el Plan de Manejo de Tráfico General, las fotografías del establecimiento de comercio y sus alrededores, los Planos de Señalización PMT y unas imágenes satelitales tomadas de la aplic ación Google Maps, que acreditaban tanto la ubicación del inmueble como el bloqueo total de acceso vehicular y peatonal a este. Asimismo, que de los estados financieros de los años 2013 a 2016 y de las declaraciones de renta de 2014 a 2016 se podía inferir que la afectación económica padecida por el establecimiento de comercio de su propiedad tuvo su origen en la disminución de las ventas.

32. La Sala advierte que el Tribunal accionado no desconoció la ubicación del inmueble, tanto así que, de hecho, por esa razón se desvirtuó lo señalado en primera instancia, según lo cual el establecimiento de comercio no estaba ubicado en la zona

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01

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de influencia de la ejecución de la obra para la época en que inició. Diferente es que, como también lo precisó el juez de primera instancia, no se haya acreditado que las presuntas pérdidas económicas padecidas hayan sido por causa de la obra y que se pueda deducir que sufrió una pérdida económica grave, anormal e injustificable.

33. Para arribar a tal conclusión, la autoridad j udicial no desconoció que para el desarrollo de las obras se efectuaron distintos cierres viales, pues indicó que estos fueron ordenados mediante Resoluciones 685 de 4 de diciembre de 2014 y 82 de 25 de febrero de 2016 expedidas por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, por las cuales se aprobó el Plan de Manejo de Tráfico General. No obstante, de dicha situación no podía establecer la anormalidad de la carga supuestamente padecida por el establecimiento de comercio denominado Audiollantas, ya que no se acreditó la restricción total o absoluta de acceso, ni se puso de manifiesto una excepcionalidad en la carga de soportar la intervención de las vías públicas para el beneficio de la comunidad.

34. Frente a ello aclaró que no desconocía “que, en efecto, pudo existir una alteración en la vía de ingreso directo al negocio del señor Barbosa Arias como consecuencia de los cierres viales y, adicionalmente, que es posible la causación de

34. Frente a ello aclaró que no desconocía “que, en efecto, pudo existir una alteración en la vía de ingreso directo al negocio del señor Barbosa Arias como consecuencia de los cierres viales y, adicionalmente, que es posible la causación de incomodidades por la construcción de las obras; pero en cualquier caso, esas circunstancias no pueden considerarse como afectaciones graves y anormales, comoquiera que se trata de los inconvenientes inmanentes de los trabajos públicos de construcción de las vías, mas no de una imposibilidad absoluta en el ejercicio de actos de comercio”.

35. En ese sentido, concluyó que a pesar “ de las molestias que se hubieran podido causar con los desvíos o cierres viales, lo cierto es que el establecimiento comercial AUDIOLLANTAS siempre tuvo ingreso permanente y pudo continuar su actividad comercial durante el desarrollo de los trabajos públicos, lo cual se desprende precisamente de una presunta disminución en las ventas, conforme se alegó en la demanda y no en el obstáculo insalvable de continuar con ellas ”. Para soportar lo anterior, también afirmó que no se acreditó que el demandante hubiere puesto en conocimiento del contratista o del ente territorial demandado alguna dificultad concreta relativa a bloqueos o restricciones desproporcionadas o condiciones que causaran graves incomodidades intolerables que no hubiesen sido atendidas en relación con su establecimiento, o que la obra se hubiera desarrollado sin un plan de manejo de tráfico que no regulara los accesos al local comercial.

36. Por lo expuesto, para la Sala, contrario a lo afirmado por la parte actora, no existía una prueba irrefutable sobre un bloqueo total en el acceso al establecimiento de

manejo de tráfico que no regulara los accesos al local comercial.

36. Por lo expuesto, para la Sala, contrario a lo afirmado por la parte actora, no existía una prueba irrefutable sobre un bloqueo total en el acceso al establecimiento de comercio de su propiedad, sino algunos cierres viales y alteraciones en las vías, como, en efecto, lo tuvo en cuenta la autoridad judicial accionada. Circunstancias que para el juez natural de la causa no reflejaban un exceso en la carga pública por la ejecución de una obra, conclusión que no comporta arbitrariedad alguna, por el contrario, tiene su respaldo en el material probatorio que reposaba en el expediente.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01

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37. En cuanto a la afectación económica que se pretendía demostrar con los documentos financieros a que se hizo alusión en párrafos precedentes, el Tribunal accionado señaló que en los estados financieros aportados, que se presumían auténticos, solo se detallaron cifras referentes a la situación económica del tutelante, pero no reposaba información sobre las causas que propiciaron la supuesta fluctuación negativa de las ventas y las pérdidas generadas en los años 2015 y 2016, en comparación con el año 2014.

38. Es decir, para el juez natural del asunto los estados financieros adosados carecían de la potencialidad de demostrar que la afectación económica que allí se representaba tuviera su origen a una causa relacionada con la obra pública. En igual sentido, la autoridad judicial determinó que, respecto de las declaraciones de renta

de la potencialidad de demostrar que la afectación económica que allí se representaba tuviera su origen a una causa relacionada con la obra pública. En igual sentido, la autoridad judicial determinó que, respecto de las declaraciones de renta de los años 2014 a 2016, de estas no se establecía una disminución concreta de las ventas. Dichas conclusiones no evidencian asomo alguno de arbitrariedad, pues, en efecto, aquellos documentos no contenían la mencionada información.

39. Ahora bien, la parte accionante invoca defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, fundamentado en el hecho de que se exigieron unos requisitos no previstos en la ley para darle plena validez y mérito probatorio a los aludidos documentos financieros.

40. Sobre el particular, la Sala advierte que ello no corresponde a la realidad, en razón a que no fueron excluidos de la valoración probatoria efectuada, distinto es que no se les otorgó el alcance probatorio que la parte actora pretende que se imponga en este asunto constitucional, finalidad para la cual no fue consagrada la acción de tutela. La autoridad judicial determ inó que aunque de aquellos elementos se observaba