CE - Sentencia 11001031500020250563700 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 23 de octubre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: NELLY ROMERO PRADA Y OTRA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA

TERCERA DE DECISIÓN

Temas: Contra providencias dictadas en medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo. Improcedencia de la acción de tutela.

Requisito general de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por las señoras Nelly Romero Prada y Dora Liliana Narváez Rojas contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 9 de septiembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, las señoras Nelly Romero Prada y Dora Liliana Narváez Rojas pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

apoderado, las señoras Nelly Romero Prada y Dora Liliana Narváez Rojas pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a la providencia del 25 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, dentro del proceso de medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo con radicado No. 76001-33-33-012-2019-00051-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: TUTELAR el amparo constitucional derivado por las causales especiales de la acción de tutela en contra de providencia judicial que fueron fundamentadas y desarrolladas en la presente acción y en las que incurrió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 25 de julio de 2025, ya que, al no haber cesado la acción vulnerante, la acción no podía caducar. La decisión del Tribunal, al negar esta realidad y al aplicar una caducidad inexistentes, es una afrenta directa al ordenamiento jurídico y a las garantías constitucionales y fundamentales de los demandantes.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Manifestó la parte actora que e l barrio Pueblito Viejo, ubicado en el corregimiento el Arenal perteneciente al municipio de Candelaria Valle, colinda, por una parte, con las sociedades integraciones Porcinas Ltda - Granja porcícola el Arenal y por la otra parte con Pollos el Bucanero - Granja Avícola el Frayle, que ejercen actividades industriales

sociedades integraciones Porcinas Ltda - Granja porcícola el Arenal y por la otra parte con Pollos el Bucanero - Granja Avícola el Frayle, que ejercen actividades industriales con animales de granja.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que de dichas actividades comenzaron a desplegarse olores fuertes y derivaron en una afectación a la comunidad. Que lo anterior ha afectado el patrimonio de la población aledaña, ya que se han desvalorizaron sus inmuebles.

Que el 5 de marzo de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Valle informó a la alcaldía de Candelaria , Valle, su preocupación por los olores ofensivos generados por dos actividades productivas en el corregimiento El Arenal, que afectaban a la comunidad de Pueblito Viejo e indicó que era necesario realizar una encuesta a la población sobre olores ofensivos conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1, la cual requería recursos técnicos y financieros. Además, recomendó revisar el Plan de Ordenamiento Territorial, ya que no era viable compatibilizar el uso de suelo residencial con actividades agroindustriales.

En ese mismo año, los integrantes1 de la comunidad interpusieron acción de tutela contra el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, con el fin de que se garantizara su derecho fundamental de petición, en relación con la intervención del ente territorial frente a la problemática ambiental que afectaba a la comunidad del corregimiento El Cabuyal, y a

el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, con el fin de que se garantizara su derecho fundamental de petición, en relación con la intervención del ente territorial frente a la problemática ambiental que afectaba a la comunidad del corregimiento El Cabuyal, y a que se desarrollaron actividades agroindustriales incompatibles con la actividad residencial. La tutela fue conocida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Candelaria Valle, bajo el radicado No. 76130-40-89-002-2015-00033-00, que, en sentencia de 3 de marzo de 2015, tuteló los derechos de los demandantes y ordenó a la Alcaldía municipal que se pronunciara de fondo sobre la solicitud.

En el 2019 la señora Nelly Romero Prada y otros2 presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo en contra del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios patrimoniales causados por las actividades agroindustriales desarrolladas en la jurisdicción de Pueblito Viejo, ubicada en el corregimiento de el Arenal, perteneciente al municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Al proceso fueron vinculados como terceros con interés la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y las sociedades Integraciones Porcinas Ltda. y Pollos el Bucanero S.A.

El asunto se tramitó bajo el radicado 76001-33-33-012-2019-00051-00 y correspondió, por reparto, al Juzgado 12 Administrativo de Cali que, mediante sentencia del 18 de marzo de 2024, declaró la excepción de caducidad propuesta por Allianz Seguros S.A.,

por reparto, al Juzgado 12 Administrativo de Cali que, mediante sentencia del 18 de marzo de 2024, declaró la excepción de caducidad propuesta por Allianz Seguros S.A., Seguros Generales Suramericana S.A. y Axa Colpatria Seguros S.A., como llamadas en garantía.

Precisó que el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo estaba sujetó al término de caducidad previsto en el numeral 2 , literal h) del artículo 164 del CPACA, esto es, dos años contados a partir de la causación del daño o desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento de este, según sea el caso.

1 Nelly Romero Prada, Gerardo Muñoz, Carmenza Navia, Dora Lilia Narváez, María Estela Benavides, José Rodríguez y Juan Carlos Palacio. 2 Nelly Johanna Jaramillo en nombre propio y en representación de su hija, María del Mar Duran Jaramillo; Luis Gerardo Muñoz Ortiz, Martha Bravo Bravo, Xilena Muñoz Bravo, Brayan Andrés Muñoz Bravo, Diana Fernanda Muñoz Bravo en nombre propio y en representación de sus hijos, Albeiro Narváez Rojas, María del Rosario Lemos Gutiérrez, Yenny Alejandra Narváez Lemos, Diana Marcela Narváez Lemos, Luis Alberto Quintiaquez, Blanca Edilma Inguilan Chapues, Olivia Carmenza Navia Muñoz, Daniela Camacho Navia, José David Castro Navia, Juvencio Morales Guerrero, Elda Margot Urbano Ortega, Ligia Agudelo García, Marianela Guerrera Bernales, José Quintanillo Rodríguez Guevara, José Luis Rodríguez Guerrero.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Luis Rodríguez Guerrero.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que conforme con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado 3 y de la Corte Constitucional4, el análisis de caducidad en materia de daño ambiental exige determinar, con claridad, la naturaleza del perjuicio reclamado. Al respecto, explicó que, si se trataba de un daño ambiental puro, al recaer sobre el medio ambiente como bien jurídico colectivo, t enía el carácter continuado o de tracto sucesivo y no es susceptible de reparación por vía de acción de grupo o de reparación directa, sino que su protección era procedente por vía de la acción popular para lograr su restauración, la cual no está sujeta a la caducidad.

Que, por el contrario, si correspondía a un daño ambiental impuro era de naturaleza inmediata o instantánea, que generaba repercusiones individuales o patrimoniales a una o varias personas en concreto , por lo que el término de caducidad de dos años se contaba desde el momento en que el afectado advertía los efectos nocivos en su esfera personal o económica.

Que las pruebas aportadas daban cuenta de que desde el año 2015 conocían los olores ofensivos y nauseabundos generados por las actividades de las granjas avícola El Frayle y porcícola El Arenal que afectaban a los habitantes del barrio Pueblito Viejo del corregimiento El Arenal, municipio de Candelaria.

ofensivos y nauseabundos generados por las actividades de las granjas avícola El Frayle y porcícola El Arenal que afectaban a los habitantes del barrio Pueblito Viejo del corregimiento El Arenal, municipio de Candelaria.

Qué dicha situación fue reconocida en la demanda y en los alegatos de conclusión, y respaldada con pruebas documentales como la sentencia de tutela del 3 de marzo de 2015 y los oficios de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca del 23 de febrero del mismo año, en los cuales se registraron las quejas comunitarias y las visitas técnicas de inspección.

Con base en dichas evidencias, concluyó que el daño ambiental impuro era advertible por los habitantes del corregimiento desde 2015, por lo que el cómputo del término de caducidad debía iniciarse en esa fecha, y que por haberse presentado la demanda el 22 de febrero de 2019, se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de reparación de los perjuicios causados a un grupo.

Contra la anterior decisión, la señora Nelly Romero Prada y otros5 interpusieron recurso de apelación. Dijeron que el juzgado incurrió en un error de valoración jurídica y probatoria, al desconocer la existencia de un daño continuado, pues los olores y la afectación ambiental persistían desde 2015 hasta la fecha de presentación de la demanda. Que el daño no había cesado y, por tanto, no podía computarse el término de caducidad desde 2015, sino desde la cesación de la conducta vulnerante, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia del Consejo de

caducidad desde 2015, sino desde la cesación de la conducta vulnerante, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el daño continuado o de tracto sucesivo.

Con sentencia del 25 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas razones del a quo.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 19 de julio de 2007, exp. 25000 -23-26-000-2004-01514-01(31135), C.P. Enrique Gil Botero. Igualmente, revisar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de diciembre de 2009, exp. 50001-23-31-000-2008-00045-01(35528), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, auto del 9 de febrero de 2011, exp. 54001-23-31-000-2008-0301-01 (38271), C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 28 de febrero de 2011, exp. 7 3001-23-31-000-1999-00098-01(18287), C.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2017 radicado: 1997-012087, C.P. Danilo Rojas

Betancourth; Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2021-01422-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sala Especial de decisión 16, Sentencia del 27 de enero de 2023. C.P. Dr. César Palomino Cortés; Sección Tercera, sentencia del 9 de abril de 2025, radicado: 76001233300020140144001, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz. 4 Corte Constitucional. Sentencia del 16 de octubre de 2020. SU 455 – 2020. M.P. Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo. 5 Nelly Johanna Jaramillo en nombre propio y en representación de su hija, María del Mar Duran Jaramillo; Luis Gerardo Muñoz Ortiz, Martha Bravo Bravo, Xilena Muñoz Bravo, Brayan Andrés Muñoz Bravo, Diana Fernanda Muñoz Bravo en nombre propio y en representación de sus hijos, Albeiro Narváez Rojas, María del Rosario Lemos Gutiérrez, Yenny Alejandra Narváez Lemos, Diana Marcela Narváez Lemos, Luis Alberto Quintiaquez, Blanca Edilma Inguilan Chapues, Olivia Carmenza Navia Muñoz, Daniela Camacho Navia, José Davi d Castro Navia, Juvencio Morales Guerrero, Elda Margot Urbano Ortega, Ligia Agudelo García, Marianela Guerrera Bernales, José Quintanillo Rodríguez Guevara, José Luis Rodríguez Guerrero.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Luis Rodríguez Guerrero.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes vicios de fondo:

Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente pues consideró que la autoridad judicial interpretó de forma errónea la jurisprudencia sobre el daño ambiental puro e impuro.

Que el Tribunal asumió que el daño ambiental impuro, que se deriva de perjuicios individuales o patrimoniales, es de carácter instantáneo, y que, por lo tanto, el término de caducidad debía contarse desde el momento en que los afectados advirtieron la existencia del daño, lo que en la providencia acusada se denominó «notoriedad del daño».

Que la jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional7 ha precisado que, en los casos en que el daño proviene de una conducta que se prolonga en el tiempo, como ocurre con la emisión constante de olores ofensivos o de contaminación continua, debe considerarse como un daño continuado o de tracto sucesivo, por lo que, a su juicio, el término de caducidad no debía contarse desde el momento en que el daño se ha ce

debe considerarse como un daño continuado o de tracto sucesivo, por lo que, a su juicio, el término de caducidad no debía contarse desde el momento en que el daño se ha ce perceptible, sino desde la cesación de la conducta que lo origina. Concluyó, que mientras el daño persista, no puede iniciarse el cómputo del término para demandar.

Además, señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , Sala Tercera de Decisión, desconoció que la norma especial prevalece sobre la ley general, al aplicar únicamente el artículo 164 del CPACA y omitir lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, que regula la acción de grupo, y establece que la caducidad se debe contabilizar desde que cesa la acción vulnerante.

Defecto fáctico, porque el Tribunal ignoró las pruebas testimoniales que demostraban que los olores ofensivos persistían en el momento de la radicación de la demanda, lo que demostraba que el daño continuaba vigente y, por lo tanto, no se había configurado la caducidad de la acción.

Violación directa a la Constitución, porque, en su opinión, la demandada determinó una caducidad inexistente, debido a que el daño y su causa aún siguen vigentes, con lo que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y del acceso a la administración de justicia.

5. Trámite procesal

Por auto del 12 de septiembre de 20258, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y dispuso notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión . Asimismo, en calidad de

de tutela y dispuso notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión . Asimismo, en calidad de terceros con interés, dispuso vincular a l juez 12 administrativo de Cali, al director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, al alcalde de Candelaria (Valle del Cauca), a los representantes legales de las sociedades Integraciones Porcinas Ltda., Pollos El Bucanero S.A., Seguros G enerales Suramericana SA, Allianz Seguros SA y AXA Colpatria Seguros S.A., a María Antonia Prada Montañez y otros9.

6 Sentencia AG-2001-00029 de 18 de octubre de 2007, radicado 25000-23-27-000-2001-00029-01. 7 Sentencia SU-455-2020 8 Índice 7 de Samai. 9 Bernardo Durán Mera, Nelly Johana Jaramillo Romero, María del Mar Durán Jaramillo, Luis Gerardo Muñoz Ortiz, Martha Bravo Bravo, Xilena Muñoz Bravo, Brayan Andrés Muños Bravo, Diana Fernanda Muñoz Bravo, Albeiro Narváez Rojas, María del Rosario Lemos Gutiérrez, Yenny Alejandra Narváez Lemos, Diana Marcela Narváez Lemos, Luis Ernesto Acosta Mora, Yohana Andrea Acosta Narváez, Luis Alberto Quitiaquez, Blanca Edilma Inguilan Chapues, Olivia Carmenza Navío Muñoz, Daniela Camacho Navia, José David Castro Navia, Alexander López Castillo, JuvencioRadicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Olivia Carmenza Navío Muñoz, Daniela Camacho Navia, José David Castro Navia, Alexander López Castillo, JuvencioRadicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 19 de septiembre de 202510.

Por oficio de 24 de septiembre de 2025, la Secretaría de esta Corporación requirió por segunda vez a la s demandantes para que informaran las direcciones de notificación electrónicas de los terceros vinculados al proceso mediante providencia del 12 de septiembre de 2025.

En constancia secretarial del 25 de septiembre de 2025 11, se informó al Despacho sustanciador que no fue posible notificar personalmente a los señores María Antonia Prada Montañez y otros12, por lo que fijó el aviso en la página web de la Corporación.

6. Intervenciones

La directora jurídica del municipio de Candelaria pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, pues consideró que no existía violación de derechos fundamentales, ya que la decisión judicial cuestionada había sido debidamente motivada y ajustada a derecho, que, además, la parte actora pretendía usar la acción constitucional como una instancia adicional y reabrir el debate probatorio ya concluido.

Manifestó que el Tribunal encontró probado en el proceso constitucional que las partes

motivada y ajustada a derecho, que, además, la parte actora pretendía usar la acción constitucional como una instancia adicional y reabrir el debate probatorio ya concluido.

Manifestó que el Tribunal encontró probado en el proceso constitucional que las partes habían tenido conocimiento de la situación objeto de controversia desde el año 2015, y con base a eso, concluyó que el daño era impuro por lo que ya había ocurrido el fenómeno de la caducidad cuando las demandantes presentaron la demanda en el año 2019.

El apoderado de la sociedad Integraciones Porcinas Ltda. solicitó que se denegara la acción de tutela por no agotar los recursos ordinarios.

Explicó que la controversia se originó por los olores ofensivos provenientes de la granja porcina El Arenal, ubicada en Candelaria, y precisó que la acción de grupo se había presentado en marzo de 2019.

Que tanto el Juzgado 12 Administrativo de Cali como el Tribunal Administración del Valle del Cauca declararon la caducidad de l medio de control , al considerar que el daño era advertible desde 2015 y, por tanto, el plazo de dos años previsto por la Ley 472 de 1998 había vencido.

Sobre el fondo de la controversia, señaló que el Tribunal aplicó de manera correcta la jurisprudencia, al distinguir entre el daño puro e impuro, lo que le llevó a concluir que el caso correspondía a un daño impuro cuyo término de caducidad iniciaba cuando los afectados tuvieron conocimiento del perjuicio.

El apoderado de la sociedad Pollos El Bucanero S.A. pidió que se declarar a improcedente la acción de tutela, por carecer de relevancia constitucional y versar sobre

afectados tuvieron conocimiento del perjuicio.

El apoderado de la sociedad Pollos El Bucanero S.A. pidió que se declarar a improcedente la acción de tutela, por carecer de relevancia constitucional y versar sobre un asunto meramente económico.

Sostuvo que la parte accionante pretendía convertir la acción de tutela en una tercera instancia para reabrir un debate ya resuelto, con lo que buscaba imponer su criterio sobre la decisión judicial sin que existiera un error manifiesto o arbitrariedad. Que la providencia

Morales Guerrero, Greisi Eliana López Realpe, Elda Margot Urbano Ortega, Ligia Agudelo García, Héctor Andrés Loango Agudelo, Marianela Guerrero Bernales, José Quintiliano Rodríguez Guevara y José Luis Rodríguez Guerrero. 10 Índice 8 de Samai 11 Índice 13 Samai. 12 Bernardo Durán Mera, Luis Gerardo Muñoz Ortiz, Martha Bravo Bravo, Xilena Muñoz Bravo, Brayan Andrés Muños Bravo, Diana Fernanda Muñoz Bravo, Albeiro Narváez Rojas, María del Rosario Lemos Gutiérrez, Yenny Alejandra Narváez Lemos, Diana Marcela Narváez Lemos, Luis Alberto Quitiaquez, Blanca Edilma Inguilan Chapues, Olivia Carmenza Navío Muñoz, Daniela Camacho Navia, José David Castro Navia, Alexander López Castillo, Juvencio Morales Guerrero, Greisi Eliana López Realpe, Elda Margot Urbano Ortega, Ligia Agudelo García, Héctor Andrés Loango Agudelo, Marianela Guerrero Bernales, José Quintiliano Rodríguez Guevara y José Luis Rodríguez GuerreroRadicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Loango Agudelo, Marianela Guerrero Bernales, José Quintiliano Rodríguez Guevara y José Luis Rodríguez GuerreroRadicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionada no adolecía de defecto sustantivo, fáctico ni procedimental, sino que se fundaba en un razonamiento jurídico válido y debidamente motivado.

El apoderado de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de subsidiaridad y relevancia constitucional.

En cuanto a la subsidiariedad, señaló que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez constitucional, pues las pretensiones eran de carácter indemnizatorio y podían reclamarse mediante los mecanismos ordinarios.

Respecto a la relevancia constitucional, explicó que la acción de tutela no podía usarse como una instancia adicional para reabrir un debate judicial que ya había sido decidido previamente.

Además, sostuvo que el Tribunal aplicó correctamente los artículos 47 de la Ley 472 de 1998 y 164 numeral 2 literal h del CPACA, así como la jurisprudencia para distinguir entre el daño puro e impuro, y basó su decisión conforme a las pruebas obrantes en el proceso ordinario.

La sociedad Seguros Generales Suramericana S.A. solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela porque no cumplió con las causales que habilitaban ese

ordinario.

La sociedad Seguros Generales Suramericana S.A. solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela porque no cumplió con las causales que habilitaban ese mecanismo frente a las providencias judiciales y porque la parte actora pretendía reabrir un debate legal y probatorio ya resuelto. Adicionalmente, pidió que se desvinculara del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva a Pollo s El Bucanero S.A., sociedad que también representaba.

Alegó que el Tribunal aplicó correctamente la teoría del daño ambiental impuro y que sustentó que el daño era identificable en el tiempo y no correspondía a un hecho continuado, lo que fundamentó en las pruebas que reposaban en el expediente, las cuales demostraban que la comunidad ya conocía la afectación, por lo que la acción de grupo presentada en el año 2019 había caducado.

El apoderado de Allianz Seguros S.A. pidió que se declarara improcedente la acción de tutela porque las demandantes se limitaron a cuestionar la interpretación normativa de la configuración de la caducidad y la valoración probatoria , sin acreditar la vulneración de derechos fundamentales ni la existencia de un prejuicio irremediable. Además, señaló que pretendían reabrir un debate legal y probatorio ya resuelto.

Afirmó que las pólizas de responsabilidad civil no generaban obligación de pago, porque no se demostró la ocurrencia del siniestro ni que existiera relación causal entre la actividad de la empresa y el daño alegado.

El Juzgado 12 Administrativo de Cali remitió el enlace del expediente digital del proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo con radicado No. 76001actividad de la empresa y el daño alegado.

El Juzgado 12 Administrativo de Cali remitió el enlace del expediente digital del proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo con radicado No. 7600133-33-012-2019-00051-01, sin pronunciarse sobre la acción de tutela.

Los magistrados del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, no se pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05637-00

Demandante: Nelly Romero Prada y Otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Corte Constitucional13 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia dictada el 25 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala

fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia dictada el 25 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión de dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo con radicado No. 76001-33-33-012-2019-00051-01.

Por su parte, la sociedad Seguros Generales Suramericana S.A., solicitó la desvinculación en la causa por pasiva de la sociedad Pollos El Bucanero, al considerar que no contaba con legitimación en la causa por pasiva.

No obstante, la Sala advierte que la aseguradora carece de legitimación para solicitar la desvinculación de la sociedad Pollos El Bucanero S.A., por cuanto no actúa en su representación dentro del presente trámite constitucional, ni dicha sociedad formuló solicitud alguna en tal sentido.

Con todo, se precisa que la vinculación de la sociedad no se produjo en calidad de parte demandada dentro del presente proceso, sino como tercero con interés, dado que actuó como demandado en el proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo con radicado No. 76001-33-33-012-2019-00051-01.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por la parte actora para dejar sin efecto la providencia del 25 de julio de 2025, dictada por Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, que confirmó la decisión de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad de l medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.

Administrativo de Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, que confirmó la decisión de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad de l medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional porque la parte actora la utiliza como una instancia adicional del proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo, al insistir en argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural del proceso.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales14 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos15 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

13 Sentencia T1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T -278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 14 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la

Gloria Stella Ortiz Delgado. 14 Esto