CE - Sentencia 11001031500020250566500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05665-00

Demandante: Daniels Marín Barón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección F

Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 / Liquidación de r ecargos festivos diurnos y festivos nocturnos / Defectos fáctico y sustantivo Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Daniels Marín Barón , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Daniels Marín Barón promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 11 de marzo y 25 de junio de 2025 por el Tribunal

ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 11 de marzo y 25 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el expediente ejecutivo identificado con el radicado11001334204720220001501.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del proceso ejecutivo presentó demanda en contra del Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá2, con la finalidad de obtener el cumplimiento de las sentencias proferidas el 27 de junio de 2014 y el 22 de octubre de 2015 por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda_SEPTIEMBRE1025DEMAND(.pdf) NroActua 2 ». 2 En adelante UAECOB.2

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Demandante: Daniels Marín Barón Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en descongestión, respectivamente, mediante las cuales se le reconoció la reliquidación de algunos e molumentos salariales.

2.2. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segu nda, en sentencia del 30 de enero de 2024 declaró probada parcialmente la excepción de pago de la obligación, y continuó adelante con la

Sección Segu nda, en sentencia del 30 de enero de 2024 declaró probada parcialmente la excepción de pago de la obligación, y continuó adelante con la ejecución contra la UAECOB. En contra de esta decisión la parte ejecutada interpuso recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en sentencia del 11 de marzo de 2025 revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró probada la excepción de pago propuesta por la entidad demandada y dio por terminado el proceso ejecutivo, al considerar que se reconoció una suma de dinero, incluso, superior a la que se liquidó. Así mismo, que no se configuró un saldo producto del pago efectuado, pues, por sustracción de materia, no era posible liquidar intereses moratorios causados con posterioridad a la fecha del mencionado pago, como lo solicitó la parte demandante. Frente a esta decisión ambas partes presentaron solicitudes de aclaración, corrección y/o adición.

2.4. En providencia del 25 de junio de 2025 negó la s solicitudes de aclaración, corrección y adición presentadas, comoquiera que lo pretendido por las partes no era procedente porque no había errores aritmético ni aspectos que generaran duda, y por cuanto en la providencia se analizó y se resolvi ó expresamente sobre los recargos dominicales y festivos y sobre todos los argumentos planteados por la apelante.

2.5. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico , por indebida valoración probatoria de las sentencias a ejecutar, en las que se reconoció la reliquidación de los recargos laborados y por

2.5. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico , por indebida valoración probatoria de las sentencias a ejecutar, en las que se reconoció la reliquidación de los recargos laborados y por ende pagados, del 200% y 235% con base en la jornada máxima laboral de 190 horas y no de 240, y el pago de las diferencias entre lo pagado y lo que debió pagarse por tal concepto. Además de las diferencias resultadas en su favor, lo que generaría más de un 26% adicional.

2.6. En defecto sustantivo por interpretación equivocada del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, que estableció que los recargos festivos diurnos y festivos nocturnos obedecían al 200% y 235% adicionales a la asignación básica mensual , por lo que su reajuste se debió efectuar en atención a la base de liquidación de 190 y no de 240.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERA: Que el Honorable Consejo de Estado conceda al señor DANIELS MARÍN VARÓN, la tutela interpuesta, con el fin de proteger sus derechos Constitucionales Fundamentales: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y el3

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Demandante: Daniels Marín Barón derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA conforme a los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política.

SEGUNDA: Que el Honorable Consejo de Estado, ampare al señor DANIELS MARÍN

derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA conforme a los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política.

SEGUNDA: Que el Honorable Consejo de Estado, ampare al señor DANIELS MARÍN VARÓN, los derechos Constitucionales Fundamentales: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y el derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y disponga DEJAR SIN EFECTOS las decisiones adoptadas por la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “F”, DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA., con la expedición de las providencias proferidas por esta instancia judicial, el 11 de marzo de 2025, notificada el 2 de abril de 2025, med iante la cual se resolvió el recurso de apelación contra la providencia proferida el 30 de enero de 2024,

por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.”, y la providencia proferida el 25 de junio de 2025, notifica da el 2 de julio de 2025, por la cual no se accedió a la solicitud de aclaración, corrección y/o adición de la providencia proferida el 11 de marzo de 2025; solicitadas por la parte ejecutante, dentro del proceso ejecutivo con Radicación No. 110013342047-2022-00015-01.

TERCERA: Que el Honorable Consejo de Estado, con base en lo anterior, ordene a la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “F”, DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA., que profiera una nueva providencia mediante la cual se revoquen las

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “F”, DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA., que profiera una nueva providencia mediante la cual se revoquen las providencias proferidas el 11 de m arzo de 2025 y 25 de junio de 2025, por el citado Tribunal, y se confirme la providencia proferida el 30 de enero de 2024, por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.; en reconocimiento de los derechos fundament ales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, del accionante dentro de la presente demandada de tutela, ordenando que la reliquidación de los recargos dominicales y festivos diurnos y nocturnos, se efectúe tomando como porcentajes el 200% y 235% respectivamente, con base en lo establecido en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 y los criterios jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado, al respecto. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial d e Bogotá, Sección Segunda3 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídicoprocedimentales surtidas al interior del proceso contencioso, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que el amparo va dirigido a dejar sin efectos la sentencia proferida por el ad quem.

4.1. Así mismo , la decla ratoria de improcedencia de la tutela por carencia de l requisito general de la inmediatez , ya que la providencia enjuiciada fue proferida el

4.1. Así mismo , la decla ratoria de improcedencia de la tutela por carencia de l requisito general de la inmediatez , ya que la providencia enjuiciada fue proferida el 11 de marzo de 2025, y la tutela de la referencia fue presentada en el mes de septiembre del año en curso, esto es, 5 meses después de su expedición.

5. La UAECOB4 requirió que se declarara improcedente el amparo pretendido ante la ausencia de configuración de los defectos específicos endilgados, pues las sentencias que dieron origen al título ejecutivo delimitaron claramente el alcance de la obligación, la cual era ajustar el cálculo del valor hora de la jornada ordinaria laboral sobre 190 horas y no 240 y, en consecuencia, reliquidar las diferencias. En ningún

3 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «9_MemorialWeb_Respuesta20255655InformeTu(.pdf) NroActua 9». 4 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado « 13_MemorialWeb_AlegatosPronunciamientotute(.pdf) NroActua 10».4

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Demandante: Daniels Marín Barón caso dispusieron, como lo sos tuvo el demandante , un mandato expreso sobre los porcentajes de recargo aplicables.

5.1. La providencia enjuiciada no solo analizó el contenido de las sentencias declarativas, sino que además sustentó su decisión en la jurisprudencia reiterada de la jurisdicción contenciosa, con lo que descartó la existencia de un derecho a reliquidaciones con los porcentajes del 200% y 235% invocados.

declarativas, sino que además sustentó su decisión en la jurisprudencia reiterada de la jurisdicción contenciosa, con lo que descartó la existencia de un derecho a reliquidaciones con los porcentajes del 200% y 235% invocados.

5.2. Por otra parte, tampoco se acreditó el requisito general de la subsidiariedad, pues, no había certeza de que haya agotado todos los mecanismos procesales y judiciales disponibles para controvertir la decisión, tal como lo es el recurso extraordinario de revisión. Máxime cuando la tutela no se creó para revivir debates probatorios ya cerrados en procesos ejecutivos, cuya naturaleza e s puramente económica.

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F5 si bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) falta de legitimación en la causa por pasiva; i v) procedencia de la tutela contra providencia judicial; v) determinación del problema jurídico; y vi) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 20216, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra

y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 20216, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.

2.2. Cuestión previa

9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las decisiones proferidas el 11 de marzo y 25 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F , se observa que esta última se limitó a negar las solicitudes de aclaración, corrección y adición presentadas por las partes . Razón por la cual, el reclamo constitucional formulado

5 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «17RECIBEPRUEBAS_Memorial_11001334204720220001(.zip) NroActua 12 ». 6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05665-00

Demandante: Daniels Marín Barón será estudiado solo respecto a la sentencia, en tanto fue la que hizo un análisis de fondo de la controversia.

2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o

fondo de la controversia.

2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuand oquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala el

artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimient o de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

11. La Corte Constitucional7, en relación con la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental 8. En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a

subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

12. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no es la autoridad competente para tramitar las pretensiones de l demandante, así como tampoco la señalada de transgredir los derechos fundamentales invocados.

7 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis. 8 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra. 9 Sentencia T-416 de 1997. MP Antonio Barrera Carbonell. 10 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.6

8 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra. 9 Sentencia T-416 de 1997. MP Antonio Barrera Carbonell. 10 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05665-00

Demandante: Daniels Marín Barón

13. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercer o con interés, al ser la autoridad judicial que conoció en primera instancia del proceso en cuestión, en aras de garantizarle su derecho de defensa y contradicción, por lo que se negará tal solicitud.

2.4. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

14. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al respecto señaló lo

siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en

de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

15. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

16. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

17. Ahora bien, la Corte Constitucional 14 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se

debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 14 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05665-00

Demandante: Daniels Marín Barón haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,

con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.

19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.5. Problema jurídico

20. De acuerdo con el escrito de tutela , la Sala deberá definir : ¿si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F vulneró los derechos fundamentales de Daniels Marín Barón con ocasión de la sentencia del 11 de marzo de 2025 , mediante la cual , en segunda instancia, declaró probada la excepción de pago propuesta por la entidad ejecutada y dio por terminado el proceso ejecutivo, con la que incurrió, presuntamente, en defectos fáctico y sustantivo?

2.6. Análisis de la Sala

2.6.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

21. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de

2.6. Análisis de la Sala

2.6.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

21. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado

2.6.2. Defecto sustantivo

22. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al c aso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas

15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05665-00

Demandante: Daniels Marín Barón jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

23. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación

23. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

24. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.

Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

2.6.3. Defecto fáctico

25. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 17, tiene una dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la « valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y

la actividad probatoria el juez omite la « valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»19. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»20.

26. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.6.4. Sobre el caso concreto

27. Daniels Marín Barón acudió al juez de tutela con el fin de que se ampar aran sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dej ara sin efectos la sentencia proferida el 11 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 19 Sentencia SU -159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 20 Sentencia T-538 de 1994.9

19 Sentencia SU -159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 20 Sentencia T-538 de 1994.9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05665-00

Demandante: Daniels Marín Barón Sección Segunda, Subsección F , mediante la cual , en segunda instancia, declaró probada la excepción de pago propuesta por la entidad ejecutada y dio por terminado el proceso ejecutivo, al considerar que reconoció y canceló una suma de dinero , incluso, superior a la que se liquidó en la providencia.

28. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defectos sustantivo y fáctico al valorar incorrectamente las sentencias ejecutadas, en las que se ordenó reliquidar los recargos del 200% y 235% con base en una jornada de 190 horas, y pagar las diferencias respectivas ; a sí como en indebida interpretación del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, que establece dichos recargos como adicionales a la asignación básica mensual y cuyo reajuste debía efectuarse también conforme a una base de 190 horas.

29. De acuerdo con la controversia a decidir, la Sala recuerda lo establecido en el

artículo 39 del Decreto 1042 de 197821:

(…) Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o

turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrado en la asignación mensual.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos (…)

30. Con fundamento en la anterior normativa y en atención a la jurisprudencia aplicable sobre el valor del recargo por trabajo dominical y festivo , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F concluyó lo si