CE - Sentencia 11001031500020250567100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05671-00

Demandante: Coontranscalipuerto

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C. veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05671-00

Demandante: Cooperativa de Transportadores Calipuerto Ltda . –

Cootranscalipuerto

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Tutela contra providencia judicial , incidente de desacato contra medida cautelar decretada en acción popular

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Cooperativa de Transportadores Calipuerto Ltda. – Cootranscalipuerto, a través de su representante legal, contra la Providencia del 19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la libre circulación y locomoción, de acceso a la administración de justicia y al trabajo, con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

«PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29 C.P.),

proceso, a la libre circulación y locomoción, de acceso a la administración de justicia y al trabajo, con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

«PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29 C.P.), a la libre circulación y locomoción (artículo 24 C.P.), al acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.) y al trabajo (artículo 25 C.P.) de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CALIPUERTO LTDA "COOTRANSCALIPUERTO", así como los derechos fundamentales a la libre circulación y locomoción, educación, salud y trabajo de la comunidad del corregimiento de Golondrinas.

SEGUNDO.- REVOCAR por violación directa de la Constitución Política el Auto del 19 de agosto de 2025, Radicación 76001 -33-33-002-2024-00275-01, proferido por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por incurrir en defecto fáctic o, defecto sustantivo y violación directa de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.

TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS la decisión contenida en el Auto del 19 de agosto de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se revocó la sanción por desacato impuesta al doctor GUSTAVO ALBERTO OROZCO LINCE por el Juzgado Segundo Administr ativo de Oralidad de Santiago de Cali. En consecuencia, CONFIRMAR el Auto Interlocutorio No. 911 del 11 de agosto de 2025 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali, mediante el cual se impuso sanción de veinticinco

Santiago de Cali. En consecuencia, CONFIRMAR el Auto Interlocutorio No. 911 del 11 de agosto de 2025 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali, mediante el cual se impuso sanción de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes al doctor GUSTAVO ALBERTO OROZCO LINCE por desacato a la medida cautelar.

CUARTO.- ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali proceda a dar trámite a la Sanción por incumplimiento continuado de la medida cautelar decretada mediante Auto Interlocutorio No. 859 del 24 de julio de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05671-00

Demandante: Coontranscalipuerto

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QUINTO.- ORDENAR al doctor GUSTAVO ALBERTO OROZCO LINCE, en su calidad de Secretario de Movilidad del Municipio de Santiago de Cali, o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé cumplimiento integral e inmediato a la medida cautelar contenida en el Auto Interlocutorio No. 859 del 24 de julio de 2025, permitiendo a COOTRANSCALIPUERTO la prestación del servicio de transporte público a la comunidad de Golondrinas en las condiciones en que lo venía realizando antes del 4 de octubre de 2024.

SEXTO.- ORDENAR a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali que se

público a la comunidad de Golondrinas en las condiciones en que lo venía realizando antes del 4 de octubre de 2024.

SEXTO.- ORDENAR a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali que se abstenga de adelantar cualquier acción administrativa que impida el cumplimiento de la medida cautelar hasta tanto no se profiera decisión definitiva en el proceso de acción popular Radicación 76001-33-33-002-2024-00275-00, o hasta que se surta el procedimiento de habilitación de empresas ordenado en el numeral cuarto de la referida medida cautelar.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

En el evento de no accederse integralmente a las pretensiones principales,

SUBSIDIARIAMENTE solicito:

PRIMERO.- ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los quince (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, profiera nueva decisión debidamente motivada en la cual analice específicamente todas las pruebas que demuestran el elemento subjetivo del desacato y resuelva definitivamente la situación jurídica sin crear vacíos que impidan la efectividad de las decisiones judiciales.

SEGUNDO.- ORDENAR a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, implemente medidas administrativas inmediatas para garantizar la prestación del servicio de transporte pú blico a la comunidad de Golondrinas, incluyendo autorización provisional de operación a COOTRANSCALIPUERTO e inicio inmediato del estudio de habilitación ordenado en la medida cautelar.»

ANTECEDENTES

1. Hechos

autorización provisional de operación a COOTRANSCALIPUERTO e inicio inmediato del estudio de habilitación ordenado en la medida cautelar.»

ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente de tutela , se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Situación administrativa que dio origen a la acción popular

La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, mediante Resolución 221 del 24 de abril de 1987 , autorizó a la Cooperativa de Transportadores Calipuerto Ltda . – Cootranscalipuerto para que prestara el servicio de transporte público en la ruta CaliLa Paz vía El Aguacatal.

Posteriormente, la entidad, en comunicación oficial del 19 de junio de 2019, reconoció de manera explícita la habilitación de Cootranscalipuerto para operar en el sector de Golondrinas y solicitó un plan de rodamiento, confirmando la legalidad de la operación.

Más adelante, mediante comunicación de 30 de julio de 2019, se comprometió formalmente a facilitar el regreso de Cootranscalipuerto a la ruta Cali -La Paz con horarios concertados con la comunidad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05671-00

Demandante: Coontranscalipuerto

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Mediante oficio 202441520102115321 del 4 de octubre de 2024 , la Secretaría de Movilidad emitió una orden de cese inmediato de operaciones , el cual, a juicio de la

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Mediante oficio 202441520102115321 del 4 de octubre de 2024 , la Secretaría de Movilidad emitió una orden de cese inmediato de operaciones , el cual, a juicio de la parte actora, se adelantó sin respaldo en estudios técnicos previos, consulta comunitaria ni plan de contingencia.

La acción popular 2024-00275-00

La Cooperativa de Transportadores Calipuerto Ltda . – Cootranscalipuerto, interpuso acción popular en contra el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad, con el fin de que se protegieran los derechos e intereses colectivos de «acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, moralidad administrativa y protección del patrimonio público, seguridad y salubridad públicas, derecho a la participación en las decisiones que afectan a la comunidad, derechos de los consumidores y usuarios, violación al régimen de protección de la competencia». En consecuencia, solicitó que se ordenara al ente territorial adoptar las medidas necesarias para garantizar el servicio de transporte público para los sectores de Golondrinas y La Paz.

Lo anterior, al considerar que la medida de suspensión decretada por la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali generó los siguientes efectos: «a) Surgimiento de transporte informal con tarifas hasta 300% superiores b) Incremento en tiempos de desplazamiento de hasta 1 hora adicional e) Afectación económica a propietarios y conductores de los Camperos. f) y por Último afectación a la Empresa Cootranscalipuerto». Además, adujo que existió una limitación injustificada de la competencia, toda vez que

conductores de los Camperos. f) y por Último afectación a la Empresa Cootranscalipuerto». Además, adujo que existió una limitación injustificada de la competencia, toda vez que se permitió que la empresa Sultana del Valle S.A. continuara prestando el servicio, cuando fue habilitada para la misma mediante la misma Resolución 221 de 1987.

El proceso se asignó por competencia al Juzgado Segundo Administrativo de Cali que, en auto de 2 de diciembre de 2024, admitió la acción popular, corrió traslado al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad y dispuso informar a la comunidad sobre la existencia del asunto.

El 24 de julio de 2025 , se instaló audiencia de pacto de cumplimiento , en la cual se profirió el auto interlocutorio 859 que decretó de oficio una medida cautelar, en la que ordenó al secretario de movilidad a realizar una serie de actuaciones en favor de Cootranscalipuerto y la comunidad de Golondrina dirigidas a reestablecer el transporte público de la comunidad de Golondrinas -Cali.

Incidentes de desacato dentro de la acción popular 2024-00275-00

El 30 de julio de 2025 , el apoderado judicial de Cootranscalipuerto solicitó adelantar incidente de desacato, conforme con lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, porque a la fecha la entidad no ha dado cumplimiento a lo ordenado en el auto del 24 de julio de 2025.

Mediante auto de 1° de agosto de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali requirió al secretario de movilidad , para que rindiera informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar.

Mediante auto de 1° de agosto de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali requirió al secretario de movilidad , para que rindiera informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar.

El Distrito Especial de Santiago de Cali se pronunció argumentando la imposibilidad de cumplir el numeral tercero de la medida cautelar , por criterios legales, presupuestales, técnicos, logísticos y estructurales , que generarían perjuicios a la administración pública y para la comunidad . Además, precisó que el ente territorial carece de competencia para autorizar y regular una ruta que, por sus características, requiere la intervención del Ministerio de Transporte.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05671-00

Demandante: Coontranscalipuerto

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Mediante auto de 11 de agosto de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali, impuso sanción por desacato al señor Gustavo Alberto Orozco Lince , en su calidad de secretario de movilidad, por el incumplimiento a la orden prevista en el numeral 3 de la medida cautelar, relacionada con expedir el acto administrativo en el que permita a Cootranscalipuerto prestar a la comunidad de Golondrina, en las condiciones en que lo venía haciendo, el servicio público de transporte, notificarlo la Cooperativa y ponerlo en conocimiento de la veeduría ciudadana de la comunidad de esa zona.

Se surtió el grado jurisdiccional de consulta de la anterior decisión, el cual fue resuelto

lo venía haciendo, el servicio público de transporte, notificarlo la Cooperativa y ponerlo en conocimiento de la veeduría ciudadana de la comunidad de esa zona.

Se surtió el grado jurisdiccional de consulta de la anterior decisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 19 de agosto de 2025, en la cual se revocó la sanción impuesta a Gustavo Alberto Orozco Lince en su calidad de secretario de movilidad del Distrito de Cali.

Lo anterior, al considerar que, aunque se cumplía el factor objetivo de imposición de la medida y su cumplimiento, respecto del elemento subjetivo indicó que, «en la providencia no se realizó un análisis exhaustivo de las razones y los anexos allegados por la entidad incidentada con el fin de si en efecto era o no procedente la responsabilidad subjetiva, pues no basta con presumir la responsabilidad por el solo h echo del incumplimiento. Así mismo, tampoco se observa un análisis de los criterios para imponer el quantum de la sanción y su proporcionalidad».

El 21 de agosto de 2025, el apoderado judicial de Cootranscalipuerto interpuso memorial en el que solicitó apertura de un nuevo incidente de desacato, por el incumplimiento del numeral tercero del auto del 24 de julio de 2025.

El Juzgado Segundo Administrativo de Cali, en auto del 22 de agosto de 2025, dispuso obedecer y cumplir el auto del 11 de los mismos mes y año, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, abstenerse de abrir nuevo desacato, por tratarse de las mismas circunstancias que dieron origen al primer trámite incidental.

2. Argumentos de la acción de tutela

Administrativo del Valle del Cauca y, abstenerse de abrir nuevo desacato, por tratarse de las mismas circunstancias que dieron origen al primer trámite incidental.

2. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la decisión del Tribunal de revocar la sanción por desacato generó un limbo jurídico, al no acatarse una decisión judicial, poniendo en duda la efectividad del ordenamiento.

Indicó que la orden dada en el auto del 24 de julio de 2025, que decretó la medida cautelar, no se ha cumplido, y no puede proponer un nuevo incidente de desacato al interior de la acción popular, pues los hechos son los mismos , entonces el juez de primera instancia «(…) se ve obligado a abstenerse porque cualquier análisis que realice será idéntico al anterior - los hechos no han cambiado, el incumplimiento persiste, los elementos del desacato siguen configurados - pero si llega a la misma conclusión jurídica, el Tribunal interpreta que está desacatando su decisión anterior y superior».

Aseguró que, la medida cautelar decretada es ineficaz, dada la decisión adoptada por el Tribunal, pues la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali se mantiene en su negativa de cumplirla, escudándose en la decisión de segunda instancia. Refirió que, «(…) partir del vencimiento del término de cuarenta y ocho horas establecido por el juez, la autoridad administrativa adoptó una actitud de desafío abierto a la orden judicial, manteniéndose en su negativa a permitir la prestación del servicio sin ofrecer justi ficación válida alguna».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05671-00

manteniéndose en su negativa a permitir la prestación del servicio sin ofrecer justi ficación válida alguna».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05671-00

Demandante: Coontranscalipuerto

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Indicó que la providencia cuestionada revocó la sanción por desacato basándose en argumentos equívocos, los cuales incluso fueron calificados como incorrectos por el magistrado que salvó voto.

Adujo que, la providencia incurrió en defecto fáctico, porque se desconocieron las pruebas contundentes que obraban en el expediente que demostraban el elemento subjetivo del desacato ante el incumplimiento de la medida cautelar decretada.

Señaló que, el secretario de movilidad guardó silencio dentro del trámite de desacato, omisión que considera evidencia su desinterés en cumplir la orden judicial , pero la autoridad judicial accionada concluyó que no se configuró el elemento subjetivo del desacato. Aseveró que, tal contradicción no representa una legítima diferencia de criterio jurídico, sino un defecto sustantivo que vulnera el principio de coherencia lógica entre los hechos establecidos y las conclusiones jurídicas de la decisión , que incluso uno de los magistrados, expresó su desacuerdo parcial con la providencia, señalando como único reparo la imposición de la sanción.

Que, existe además una violación directa de la Constitución por desconocimiento de los artículos 29 y 229 de la Constitución , al revocar la sanción por desacato sin

señalando como único reparo la imposición de la sanción.

Que, existe además una violación directa de la Constitución por desconocimiento de los artículos 29 y 229 de la Constitución , al revocar la sanción por desacato sin eliminar la medida cautelar, lo que genera un vacío jurídico que impide la ejecución efectiva de órdenes judiciales. Aseveró que, tal circunstancia vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia, al permitir que las autoridades administrativas incumplan decisiones judiciales sin consecuencias, debilitando así el principio de supremacía constitucional.

3. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 29 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante , a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en calidad de demandados, y al Juez Segundo Administrativo de Cali, al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad, a la Personería Municipal de Cali y la empresa de transporte Sultana del Valle S.A.S., en calidad de terceros con interés.

4. La respuesta del demandado

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pidió que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que, los argumentos en que sustenta la solicitud , no cuestionan directamente las razones que tuvo el tribunal para revocar la sanción, es decir, identificar el dislate y sus implicaciones en los principios o valores fundamentales, sino que se trata de una discrepancia del actor con la valoración

no cuestionan directamente las razones que tuvo el tribunal para revocar la sanción, es decir, identificar el dislate y sus implicaciones en los principios o valores fundamentales, sino que se trata de una discrepancia del actor con la valoración judicial realizada en el marco del incidente de desacato que no solo afectaría la autonomía judicial sino el margen de interpretación del juez.

Adujo que, la decisión cuestionada se ajustó al marco normativo y jurisprudencial que regula la resolución de los incidentes de desacato en acciones populares. Que, dentro del análisis efectuado, la Sala mayoritaria concluyó que la autoridad accionada expuso argumentos y aportó pruebas con los cuales daba cuenta de la imposibilidad de cumplir la orden en el corto plazo que impuso el juez , pero la decisión sancionatoria no analizó los argumentos ni de los documentos aportados, limitándose a señalar el incumplimiento, incluso, se observó falta de justificación en el quantum de la sanción, requisito de proporcionalidad exigido por el Consejo de Estado, que determinaría, si bien no se expuso en una sanción arbitraria.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05671-00

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5. Intervenciones de los terceros vinculados

El Juzgado Segundo Administrativo de Cali aportó copia digital del expediente de la acción popular con radicado 76001333300220240027500/01, sin hacer pronunciamientos sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

El Juzgado Segundo Administrativo de Cali aportó copia digital del expediente de la acción popular con radicado 76001333300220240027500/01, sin hacer pronunciamientos sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

La empresa de transportes Sultana del Valle S.A.S. solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela de la referencia , porque la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no transgrede ningún derecho fundamental de la parte actora.

Que la providencia cuestionada, fue clara en señalar que no podía que operar la medida cautelar, ante las imposibilidades legales, presupuestales, técnicas, logísticas y estructurales que impedían su cumplimiento, por lo que, al imponerse una sanción de desacato, esta ser ía abiertamente ilegal e imposible de cumplir sin generar perjuicios para la administración pública.

Además, señaló que no es razonable a las pretensiones de la acción de tutela, pues, «desde nuestro punto de vista y como empresa que cubre la ruta que tenemos autorizada por el Intra hoy Ministerio de Transportes, consideramos que sería premiar una VIA DE HECHO si se sigue con un manejo jurídico, desconociendo una ausencia de motivación y contrariando los preceptos legales para la adjudicación de una ruta que es lo pretendido por la Tutelante».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante

reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2025-05671-00

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mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias emitidas por el juez popular en el trámite de desacato

La Corte Constitucional en sentencia T -055 de 2021, dispuso que la decisión que impone sanción en el trámite del incidente de desacato será consultada a través del mecanismo del grado jurisdiccional , por lo tanto, este es el medio idóneo para controvertir las razones en que se fundamenta.

Sin embargo, la providencia que resuelve el grado jurisdiccional de consulta, puede analizarse a través de la acción de tutela, siempre que se cumplan los requisitos de

controvertir las razones en que se fundamenta.

Sin embargo, la providencia que resuelve el grado jurisdiccional de consulta, puede analizarse a través de la acción de tutela, siempre que se cumplan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, se acredite la vulneración de algún derecho fundamental.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra decisiones adoptadas en incidentes de desacato dentro de trámites de la misma naturaleza —equiparables al incidente de desacato en la acción popular—, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-034 de 2018, profundizó sobre las condiciones para su admisión. En dicha providencia, señaló que debían cumplirse los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales y precisó que la parte actora debía alegar la configuración de al menos uno de los defectos específicos establecidos por la jurisprudencia.

A su vez, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad la tutela solo podrá interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una vez esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra decisión diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería, ya que el ordenam iento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como “la instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza”4.

Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende, indicó que no se admite invocar nuevas razones no expuestas en el trámite incidental y ,

Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende, indicó que no se admite invocar nuevas razones no expuestas en el trámite incidental y , tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en el curso del desacato.

En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró el derecho al debido proceso.

En suma, la procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas en incidentes de desacato está sujeta a que se controvierta la decisión que finaliza el trámite, que no se invoquen nuevos argumentos o pruebas que no fueran alegadas

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 4 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05671-00

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previamente, que además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales, se sustente la configuración de un defecto especial, que se busque la protección del debido proceso y que su trasgre sión se haya originado en el curso del desacato o cumplimiento de fallo.

Al respecto, esta Corporación ha indicado:

«23. En la sentencia se precisó que la decisión que impone una sanción por desacato dentro de un proceso de acción popular tiene el grado jurisdiccional de consulta como mecanismo ordinario de control judicial, razón por la cual, en general, aquel es el medio judicial para cuestionar la juridicidad de la providencia. Sin embargo, puesto que se trata

dentro de un proceso de acción popular tiene el grado jurisdiccional de consulta como mecanismo ordinario de control judicial, razón por la cual, en general, aquel es el medio judicial para cuestionar la juridicidad de la providencia. Sin embargo, puesto que se trata de una providencia judicial que impone una sanción dentro de un incidente, la decisión que profiera el superior jerárquico al resolver el grado jurisdiccional de consulta