CE - Sentencia 11001031500020250567301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

Demandante: Terapia Intensiva S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 9 de octubre de 2025, por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 10 de septiembre de 2025, Terapia Intensiva S.A.S. (en adelante Sociedad o Terapia Intensiva), por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia1.

2. Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 13 de agosto de 2025, proferida por la autoridad accionada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del

2. Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 13 de agosto de 2025, proferida por la autoridad accionada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió contra el municipio de Itagüí . Con dicha demanda se pretendía la declaratoria de nulidad de la Resolución 66934 del 10 de septiembre de 2018, mediante la cual la Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo territorial impuso sanción por inexactitud en la declaración del impuesto de Industria y Comercio y Complementario de Avisos y Tableros para el año de ingresos de 2015.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se dejara en firme la declaración privada presentada.

3. Mediante la providencia acusada, se confirmó la decisión adoptada el 31 de marzo de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín que negó las pretensiones de la demanda. El Tribunal descartó que el acto administrativo demandado hubiera sido notificado de forma indebida, al acreditarse que este se

1 También invocó el principio a la seguridad jurídica. 2 Con número de radicado: 05001-33-33-002-2018-00653-01Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

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envió a una dirección válida acorde a lo dispuesto en el artículo 247 del ETN, a la que se había remitido un requerimiento especial previo que fue atendido en término, sumado a que la constancia de entrega fue firmada por la misma persona que recibió

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envió a una dirección válida acorde a lo dispuesto en el artículo 247 del ETN, a la que se había remitido un requerimiento especial previo que fue atendido en término, sumado a que la constancia de entrega fue firmada por la misma persona que recibió con antela ción otro acto administrativo del municipio. Por otro lado, encontró procedente aplicar lo dispuesto en la sentencia del 4 de abril de 2019 sobre desgravación del ICA respecto a los servicios de salud, por no incluirse exigencias nuevas a las ya existentes al momento de presentarse la declaración privada por parte de la sociedad y , en consecuencia, no accedió a reconocer que se estuviera ante un error de prohibición.

4. La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los

siguientes yerros:

5. Defecto material y violación directa de la Constitución , al pasar por alto los errores cometidos por el municipio de Itagüí en la notificación de la liquidación oficial de revisión. Aunque reconoció que al dar respuesta a dicho requerimiento administrativo, la sociedad actora indicó que recibiría notificaciones en otra dirección, avaló que el acto administrativo demandado, proferido con posterioridad, se hubiera notificado en el domicilio anterior, desconociendo que las normas procesales son inviolables y que dicho actuar causó una grave afectación a sus derechos en especial al debido proceso, porque se le cercenó la oportunidad de presentar recurso de reconsideración contra esa decisión administrativa, a fin de esgrimir la respectiva defensa, decidir si luego de ello acudía ante la jurisdicción contenciosoadministrativa o, incluso, si se allanaba a lo decidido por el municipio.

6. Señaló que si bien es cierto que la notificación se hizo a la misma dirección a la

defensa, decidir si luego de ello acudía ante la jurisdicción contenciosoadministrativa o, incluso, si se allanaba a lo decidido por el municipio.

6. Señaló que si bien es cierto que la notificación se hizo a la misma dirección a la que se envió el requerimiento especial, esto último no sirve de excusa porque en el mismo escrito de respuesta a la petición del municipio se requirió expresamente tener en cuenta el cambio de domicilio.

7. De otro lado, el hecho de que la constancia de entrega de la notificación de la liquidación oficial de revisión fue firmada por quien previamente había recibido el requerimiento especial sobre la declaración del ICA es una circunstancia aislada e irrelevante que no justifica la omisión de normas procesales por parte de la autoridad tributaria, pues no se probó que esa persona tuviera relación alguna con la empresa.

Tampoco era factible considerar que la notificación se surtió debidamente porque la sociedad haya conocido por casualidad la resolución demandada hasta noviembre de 2018.

8. Finalmente, alegó que no era aplicable el artículo 247 del Acuerdo 030 de 2012 proferido por el municipio de Itagüí, según el cual, la notificación de las actuaciones de la adm inistración tributaria debía efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, pero en todo caso, la antigua dirección continuaría siendo válida durante los 3 meses siguientes. Existe regulación expresa y especial en lo que tieneRadicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

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que ver con la dirección procesal, el artículo 564 del ETN, según el cual la notificación a la dirección procesal electrónica se debió aplicar de manera preferente a una vez fuera implementada. Al desconocer la norma efectivamente aplicable, también se incurrió en desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política.

9. Defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas al decidir las pretensiones principales de la demanda, y la subsidiaria formulada en el recurso de apelación, sobre el error de prohibición invocado.

10. El Tribunal acogió el criterio jurisprudencial implementado por el Consejo de Estado en el año 2019, aun cuando no era aplicable al caso concreto. En dicha decisión, se determinó que para desgravar el ICA sobre los servicios de salud, ya no bastaba solamente con acreditar que los recursos provinieran del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y que su propósito fuera exclusivamente el indicado en el artículo 48 de la Constitución, sino también que el contribuyente hiciera parte de ese sistema público. Acorde a ello, consideró que las pruebas aportadas no eran suficientes para acreditar la desgravación alegada , omitiendo que las circunstancias que se buscaban demostrar con esos documentos no aludían a los presupuestos antes mencionados, sino a demostrar que efectivamente los servicios prestados y, por lo tanto, la remuneración de estos, apuntaban a servicios de salud, siendo este el único requisito exigido por la Ley y la doctrina antes del cambio jurisprudencial de 2019.

prestados y, por lo tanto, la remuneración de estos, apuntaban a servicios de salud, siendo este el único requisito exigido por la Ley y la doctrina antes del cambio jurisprudencial de 2019.

11. En consecuencia, considera que la autoridad demandada también erró por exigir pruebas que al momento de presentar la declaración privada del ICA e incluso la demanda, no eran exigibles, sin advertir el impedimento material y temporal por parte de la sociedad para cumplir con ello. A su juicio, de bió hacerse una revisión más profunda de los elementos probatorios, sin limitarse a verificar si cumplían con los presupuestos señalados en la sentencia de unificación , y advertir que los ingresos recibidos por la sociedad aludían a ingresos del sistema, los cuales se transmitieron a través de la ESE Hospital Rafael de Itagüí y la Clínica Antioquia.

12. Según el Consejo de Estado 3, dicha regla de unificación no es absoluta ni estableció una tarifa legal para estudiar y acceder a la desgravación pedida, pues ha concluido que los ingresos exentos son los que proviene n del sistema general de seguridad social en salud, acorde a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 788 de 2002, siendo la conclusión general del cambio de jurisprudencia que antes todos los ingresos provenientes de servicios de salud eran desgravados con I CA, independientemente si esos servicios se remuneraron con dineros del sistema público o de fuentes privadas. En todo caso, pidió tener en cuenta que el Tribunal

3 Cita original: “Sentencia del 15 de junio de 2023, proferida dentro del expediente 26729, MP Myriam Stella Gutiérrez Argüello”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

3 Cita original: “Sentencia del 15 de junio de 2023, proferida dentro del expediente 26729, MP Myriam Stella Gutiérrez Argüello”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

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accionado podía solicitar pruebas de oficio si consideraba que con las allegadas era insuficiente acreditar el origen de los ingresos.

13. Relacionado con esto, no debió negarse la configuración del error de prohibición, tal como se planteó como pretensión subsidiaria en el recurso de apelación. El litigio estudiado apuntó a confirmar si los ingresos por servicios de salud son gravados con ICA, y los presupuestos necesarios para dicho tratamiento, concurrie ndo en el transcurso del proceso judicial un cambio de jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema en discusión. En razón de lo anterior, se vislumbró una diferencia de criterios en el derecho aplicable, pues tanto los argumentos presentados por la parte demandante, como los expuestos por los falladores judiciales, contaban con soporte doctrinal y jurisprudencial, siendo ambos válidos en algún momento de la discusión, justificándose así el origen de la petición subsidiaria.

14. No obstante lo anterior, el demandado determinó que no e ra posible estudiar la diferencia de criterios solicitada porque las pruebas aportadas por la demandante no lograron demostrar su pertenecía al SGSSS, lo cual no era necesario para atender lo pedido. Para determinar una diferencia de criterio en este caso o una diferencia en el derecho aplicable, no es necesario analizar ninguna prueba, sino estudiar los

lograron demostrar su pertenecía al SGSSS, lo cual no era necesario para atender lo pedido. Para determinar una diferencia de criterio en este caso o una diferencia en el derecho aplicable, no es necesario analizar ninguna prueba, sino estudiar los argumentos sustanciales de presentación de la declaración.

15. Desconocimiento del precedente, pues se desconocieron los precedentes invocados, en los que el Consejo de Estado 4 amparó la diferencia de criterios en temas tributarios, en casos como el aquí discutido, avalando que el contribuyente actuó en su momento bajo los preceptos normativos y jurisprudenciales vigentes en ese momento, que precisamente se referían a la desgrav ación de ingresos provenientes de servicios de salud en atención a la exclusión e interpretación contemplada en el artículo 39 de la Ley 14 de 1989.

B. Sentencia de primera instancia

16. Mediante sentencia del 9 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el debate que se pretende usar la tutela como una suerte de tercera instancia, a efectos de que el juez constitucional valide la tesis que fue derrotada en el proceso ordinario. Además, el caso involucraba un debate jurídico eminentemente legal y una discusión preponderantemente económica.

C. La impugnación

4 Cita original: “Sección Cuarta del Consejo de Estado el día 04 de abril de 2019, dentro del expediente N°20204”Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

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17. La parte actora indicó que el a quo erró al considerar que el presente asunto carece de relevancia constitucional, desconociendo que la controversia gira en torno a la evidente afectación de derechos fundamentales de especial y necesaria protección, al adoptarse una decisión judicial sin la debida justificación jurídica y fáctica, tal como se explicó al enunciarse los defectos endilgados al Tribunal Administrativo de Antioquia. Afirmó que: (i) la tutela puede ser utilizada como una especie de tercera instancia, siempre que, como en su caso, se evidencien flagrantes violaciones a prerrogativas ius -fundamentales en sentencias judiciales, siendo esta la finalidad con la que solicitó el amparo, denotar los graves yerros en que incurrió la demandada, y (ii) al versar sobre un asunto tributario, es imposible desligar el carácter económico de la decisión cuestionada.

18. Reiteró que la autoridad accionada, valoró indebidamente las pruebas allegadas al plenario y exige otras de imposible consecución y aporte para la época en que se presentó la demanda. Además, desconoció el precedente invocado para la atención de la pretensión subsidiaria esgrimida en el recurso de apelación, sobre el error de prohibición.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Análisis del caso concreto

19. La revisión del escrito de tutela, las pruebas, el expediente contentivo del proceso

prohibición.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Análisis del caso concreto

19. La revisión del escrito de tutela, las pruebas, el expediente contentivo del proceso ordinario, el fallo de tutela de primera instancia y la impugnación, lleva a la Sala a anticipar que en el presente caso se confirmará la decisión del a quo de declarar improcedente la solicitud de amparo , porque se comparte que la misma carece de relevancia constitucional . La parte actora busca reabrir la discusión respecto a la valoración probatoria y la aplicación normativa y jurisprudencial efectuada en su caso concreto.

20. La Sala constató que los argumentos relacionados con la indebida notificación de la liquidación oficial fueron alegados en iguales términos en el acápite 4.2. del recurso de apelación interpuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, denominado “Indebida notificación de la Resolución 66934 del 10 de septiembre de 2018”.

21. Sobre este punto el Tribunal demandado efectuó un análisis de las normas aplicables y de las pruebas aportadas al plenario sobre el proceso de notificación que, a juicio de la Sala es razonable y denota que el fin de la interposición del amparo es que se acoja el estudio probatorio que el accionante considera es acertado.

22. Empezó el respectivo estudio precisando que, respecto a la dirección para notificaciones, el artículo 247 del Acuerdo 030 de 2012 proferido por el municipio deRadicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

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notificaciones, el artículo 247 del Acuerdo 030 de 2012 proferido por el municipio deRadicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

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Itagüí indicaba que la notificación de las actuaciones de la administración tributaria municipal debía efectuarse a la dirección informada por el decl arante, en su última declaración tributaria o mediante actualización del RIT, pero la antigua dirección continuaría siendo válida durante los tres meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada. Acto seguido, mencionó expresamente lo dispuesto en el artículo 564 del ETN, respecto a que, si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el declarante señalaba una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la administración debía hacerlo a dicha dirección.

23. Acorde a ello, mencionó que en la declaración del ICA con radicado 201601283,

la sociedad actora indicó que la dirección de notificaciones era la Carrera 48 No. 19ª- 40, oficina 1509. A esa dirección se remitió por correo, el requerimiento es pecial hecho por el municipio de Itagüí respecto de los descuentos por concepto de exclusiones, ya que a su parecer estas no se encontraban debidamente justificadas. En la guía de envío se dejó constancia de que quien recibió la correspondencia fue “Sandra B”, quien se identificó con su respectivo número de cédula.

24. El Tribunal accionado indicó que la sociedad respondió en término el requerimiento especial, sin que alegara una indebida notificación, de lo cual infirió

“Sandra B”, quien se identificó con su respectivo número de cédula.

24. El Tribunal accionado indicó que la sociedad respondió en término el requerimiento especial, sin que alegara una indebida notificación, de lo cual infirió que fue notificado en la dirección correcta. Luego de esto, expuso que fue proferida la Resolución 66934 del 10 de septiembre de 2018 (acto demandado), por medio de la cual se practicó la liquidación oficial de revisión, la cual se remitió a la dirección previamente indicada por Terapia Intensiva S.A.S., y la recibió el 18 de septiembre de ese año la misma persona que suscribió el acuse de recibo correspondiente al requerimiento especial.

25. Acorde a esto, determinó que no era cierto que se hubiera efectuado una indebida notificación de la liquidación de revisión, pues no existía nota de devolución o causal de no entrega. En todo caso, si bien era cierto que en la respuesta al requerimiento especial la demandante informó una nueva dirección de notificación, de conformidad con el cita do artículo 247 del Acuerdo 030 de 2012, ese lugar de domicilio podía usarse por tres meses, por lo que para el momento en que se envió la liquidación oficial (septiembre de 2018) todavía era válida la antigua dirección.

26. Además, la accionante en la demanda afirmó que el 18 de noviembre, en un acto fortuito, se enteró de la existencia de la resolución y, al no tener certeza de la fecha de entrega a quien ahora se encontraba ubicada en su anterior dirección, le fue imposible interponer recurso de reconsideración. Acorde a esto, reiteró que no logró probarse la indebida notificación del referido acto administrativo, por el contrario, de

de entrega a quien ahora se encontraba ubicada en su anterior dirección, le fue imposible interponer recurso de reconsideración. Acorde a esto, reiteró que no logró probarse la indebida notificación del referido acto administrativo, por el contrario, de las pruebas obrantes en el proceso podía concluirse que se notificó en debida forma, sin que se viera afectado el derecho fundamental al debido proceso y, en todo caso, si en gracia de discusión se admitiera que no fue notifi cada en debida forma, de acuerdo con lo manifestado por la parte demandante, se tendría notificada porRadicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

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conducta concluyente desde el 18 de noviembre de 2018, por lo que tampoco habría lugar a predicar la indebida notificación ni la inoponibilidad de la resolución.

27. Destacó que en estos asuntos no era necesario agotar el recurso de reconsideración, toda vez que la parte actora atendió en debida forma el requerimiento especial y acorde al artículo 720 del ETN y lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 20 de noviembre de 2019 5, por competencia per saltum podía acudir directamente a demandar el acto administrativo ante a jurisdicción contencioso administrativa, como efectivamente lo hizo.

28. Para esta Sala, el análisis efectuado por el Tribunal dema ndado es razonable, pues tomó en consideración todas las falencias que se anotaron y descartó la afectación endilgada, pues además de que la administración contaba con respaldo

28. Para esta Sala, el análisis efectuado por el Tribunal dema ndado es razonable, pues tomó en consideración todas las falencias que se anotaron y descartó la afectación endilgada, pues además de que la administración contaba con respaldo legal para proceder como lo hizo, no se probó la incidencia de ese supuesto yerra en la garantía de contar con una debida defensa. El recurso de reconsideración no ejerció por decisión propia y, de cualquier manera, aquel no era indispensable para acudir a la jurisdicción.

29. Lo propio puede decirse respecto a los defectos sustantivo y fáctico . La parte accionante estimó que se le exigieron pruebas que para el momento en que hizo la declaración privada del ICA, se profirió la liquidación oficial de revisión y se interpuso la demanda, no le eran exigibles a fin de desgravar ciertos emolumentos.

30. En la sentencia objeto de tutela, el Tribunal mencionó que era cierto lo afirmado por el demandante respecto a que, antes de proferirse la sentencia del 4 de abril de 20196, la jurisprudencia del Consejo de Estado determinó que la prohibición de gravar a los hospitales adscritos y vinculados al Sistema Nacional de Salud se encontraba vigente porque aunque el sistema que existía cuando se sancionó la Ley 14 de 1983 mutó a un Sistema de Salud (Ley 10 de 1990) y luego a un SGSSS (Ley 100 de 1993), tránsitos legislativos que no implicaron la pérdida de eficacia de la prohibición contenida en el artículo 39 -numeral 2, literal dde la Ley 14 de 1983.

31. Esto, porque se entendía que los hospitales adscritos y vinculados al Sistema

prohibición contenida en el artículo 39 -numeral 2, literal dde la Ley 14 de 1983.

31. Esto, porque se entendía que los hospitales adscritos y vinculados al Sistema Nacional de Salud eran equiparables, en la actualidad, a las entidades prestadoras de salud de que trata el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud señaladas en el artículo 156 ibidem .

Adicionalmente, porque se mencionaba que el propósito del legislador en la Ley 14 de 1983 fue excluir a las entidades de salud de cualquier obligación formal o sustancial relacionada con el ICA. Por lo tanto, se sostenía que los servicios de salud

5 Sección Cuarta. Sentencia del 20 de noviembre de 2019. Radicado: 50001 -23-31-000-2009-00285-01. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 6 Sección Cuarta. C.P. Roberto Piza Rodríguez. Sentencia del 4 de abril de 2019. Radicación: 05001-23-31-0002008-00671-01(20204).Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

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prestados por estas entidades estaban exentos del impuesto, salvo cuando desarrollaran actividades industriales o comerciales.

32. Finalmente, porque se sostuvo que la Ley 788 de 2002 no derogó expresamente el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, así como tampoco existía una incompatibilidad

desarrollaran actividades industriales o comerciales.

32. Finalmente, porque se sostuvo que la Ley 788 de 2002 no derogó expresamente el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, así como tampoco existía una incompatibilidad normativa entre este último artículo con la nueva disposición (artículo 111 de Ley 788 de 2002) que llevara a concluir que existió una derogatoria tácita; por el contrario, se afirmaba que ambas disposiciones coexistían y se complementaban, pues mientras una recaía sobre el sujeto pasivo del gravamen, la otra recaía sobre la base gravable.

33. Sin embargo, con la sentencia del 4 de abril de 2019, el Consejo de Estado produjo un cambio en la posición jurisprudencial , pues determinó que el criterio de no sujeción al ICA es el contemplado en el artículo 111 de la Ley 788 de 200242, debido a que la Ley 100 de 1993 supuso un cambio en el sistema de salud que terminó subrogando el anterior, por lo que sería incorrecto sostener que actualmente subsisten las instituciones del Sistema Nacional de Salud dentro del actual SGSSS.

Sumado a que, la Ley 14 de 1983 tenía como propósito la protección de los recursos públicos destinados a la salud, pero con la implementación de la Ley 100 de 1993 y la posterior expedición de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 se reconoc ió la legitimidad de la actividad lucrativa de las EPS, especialmente en la prestación de servicios financiados con recursos ajenos al SGSSS, como los provenientes de Planes voluntarios de Salud, los cuales sí pueden estar sujetos a cargas impositivas.

34. En esta medida, el Consejo de Estado señaló que la única prohibición constitucional que exist ía respecto de cargas impositivas en materia de salud es

sí pueden estar sujetos a cargas impositivas.

34. En esta medida, el Consejo de Estado señaló que la única prohibición constitucional que exist ía respecto de cargas impositivas en materia de salud es aquella que se desprende de los artículos 48 de la Constitución Política y 111 de la Ley 788 de 2002 que excluyen del impuesto ICA, los recursos del SGSSSS, y no otros, esto en concordancia con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C 1040 de 2003.

35. El Tribunal expuso que en la referida sentencia del 4 de abril de 2019, esta Corporación hizo un estudio amplio sobre la evolución jurisprudencial respecto a la desgravación de las actividades relacionadas con la salud, y advirtió que desde e l año 2009 se empezó a especificar que tipo de recursos serían o no objeto del ICA:

(i) en sentencia del 13 de agosto de 2009 (Rad. 16.881, C.P. Martha Teresa Briceño), se precisó acorde al origen de los ingresos es que se determinaba si eran gravables, por ende, se dijo que los ingresos recibidos por concepto de servicios de salud vinculados al POS, esto es, aquellos remunerados con la UPC, no podían ser gravados con el ICA, puesto que se trata de transferencias del SGSSS.; (ii) en fallo del 3 de marzo de 2011 (Rad. 17.459, C.P. Hugo Fernando Bastidas), se adoptó un criterio de desgravación relacionado con la naturaleza del servicio, esto es, si se trataba de servicios prestados de manera obligatoria por mandato del legislador o en virtud de se guros médicos, planes complementarios de salud y otros; (iii) en

criterio de desgravación relacionado con la naturaleza del servicio, esto es, si se trataba de servicios prestados de manera obligatoria por mandato del legislador o en virtud de se guros médicos, planes complementarios de salud y otros; (iii) en sentencia del 24 de mayo de 2012 (Rad. 17.914, C.P. Martha Teresa Briceño), seRadicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01

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señaló que el «beneficio» establecido en la letra d) del ordinal 2.º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 cobija ba de forma general a todos los ingresos que obtenían los hospitales y clínicas por la prestación del servicio público de salud, fueran POS o sus complementarios.

36. Resaltó el Tribunal que la línea jurisprudencial tenida en cuenta en la sentencia de unificación de 2019 tuvo variables en las que subyacía el criterio objetivo sobre el origen de los ingresos para la desgravación del ICA, y no el criterio meramente subjetivo adoptado inicialmente. Acorde a esto, el Consejo de Estado adoptó como criterio de decisión la posición según la cual descartó la aplicación de la desgravación prevista en el literal d) del numeral 2.º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, incorporado en el artículo 259 del Decreto 1333 de 1986 y determinó que solo aplicaría la que estaba contemplada en el artículo 111 de la Ley 788 de 2002, de acuerdo con los ajustes introducidos por la Corte Constitucional en la sentencia Cincorporado en el artículo 259 del Decreto 1333 de 1986 y determinó que solo aplicaría la que estaba contemplada en el artículo 111 de la Ley 788 de 2002, de acuerdo con los ajustes introducidos por la Corte Constitucional en la sentencia C1040 de 2003. Decisión de unificación que, en todo caso, la autoridad judicial refirió que se compaginaba con lo dispuesto por el Alto Tribunal Constitucional en sentencia C-524 de 2023, con ocasión de la acción pública de inconstitucionalidad interpuesta contra la norma que surge de la interpretación que el Consejo de Estado ha dado a los artículos 39 de la Ley 14 de 1983 (parcial), 52 de la Ley 10 de 1990 (parcial) y 155 de la Ley 100 de 1993 (parcial).

37. Acorde al criterio jurisprudencial descrito, en el caso concreto c oncluyó que la parte actora no acreditó los dos supuestos establecidos en la sentencia del 4 de abril de 2019 para que prosperara la desgravación del ICA por el año de ingresos 2015 declarados en 2016 en el municipio de Itagüí, esto es, primero, que la ent idad efectivamente hiciera parte del SGSSS y segundo, que los recursos provinieran de dicho sistema y su propósito fuera exclusivamente el indicado en el