CE - Sentencia 11001031500020250568001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05680-01

Accionante: EDICSON FABIÁN QUIROGA ESPINOSA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y JUZGADO

SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

VILLAVICENCIO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa en el que se declaró probada la excepción de caducidad .

Defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el señor Edicson Fabián Quiroga Espinosa, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 9 de octubre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la tutela al no encontrar acreditados los defectos alegados por la parte accionante.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la tutela al no encontrar acreditados los defectos alegados por la parte accionante.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de septiembre de 2025, la parte actora , interpuso acción de tutela en la que solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y dignidad , supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Admitir la presente acción de tutela y otorgar el amparo provisional o medidas cautelares que procedan para garantizar la eficacia del fallo, como también ordenar la suspensión temporal de cualquier efecto de ejecutoria de las providencias impugnadas hasta tanto se decida el amparo o medida alternativa que el despacho considere ajustada en derecho.

2. Declarar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del suscrito EDICSON FABIÁN QUIROGA ESPINOSA y otros por el defecto fáctico consistente en la indebida valoración probatoria que determinó la de claratoria de caducidad. Teniendo como Fundamento: T-376/24 y demás jurisprudencia citada.

3. Dejar sin efectos la providencia judicial, sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio proferida el 29 de noviembre de 2024 y la providencia de la Sala Sexta Oral del Tribunal Administrativo del Meta2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05680-01

Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio proferida el 29 de noviembre de 2024 y la providencia de la Sala Sexta Oral del Tribunal Administrativo del Meta2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05680-01

Accionante: Edicson Fabián Quiroga Espinosa

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proferida el 18 de junio de 2025, y ordenar al Tribunal y Juzgado competente que profiera nueva decisión motivada, realizando un examen crítico y conjunto de todas las pruebas (historia clínica, actas y notificaciones de Junta Médico Laboral, informes médicos, registros de tratamiento e intervenciones), conforme a los criterios establecidos por la Corte Constitucional en sentencia T -376/24 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

4. Ordenar que, en la nueva providencia, se atienda expresamente al principio pro damnato y a la flexibilización del cómputo de caducidad cuando la certeza la notificación de la Junta Médico Laboral fue el evento que produjo el conocimiento cierto de la magnitud del daño, esto Fundamentado en la sentencia T-376/24.

5. Notificar de manera personal y preferente al Ministerio Público y exigir la práctica de las pruebas pendientes o la valoración pericial que el despacho estime pertinente para juzgar la configuración de la caducidad y la procedencia del medio.

6.Imponer las demás medidas necesarias para la protección inmediata de mis derechos vulnerados.

estime pertinente para juzgar la configuración de la caducidad y la procedencia del medio.

6.Imponer las demás medidas necesarias para la protección inmediata de mis derechos vulnerados.

7. Se ordene, como medida provisional la suspensión de efectos de la condena en costas o la no exigibilidad de pagos derivados de la providencia, hasta tanto no se decida la tutela y se asegure que no se vulneran derechos fundamentales; y se ordene la práctic a urgente de las diligencias necesarias para evitar daño irremediable”.

2. Hechos

De conformidad con el escrito de tutela y de los documentos aportados al proceso, se tienen como hechos relevantes los siguientes:

El actor manifestó que el 10 de febrero de 2015 fue seleccionad o para prestar el servicio militar obligatorio como auxiliar de Policía (bachiller), luego de ser declarado apto tras superar todos los exámenes físicos y psicológicos requeridos para el ingreso.

Aseveró que, durante la prestación del servicio militar sufrió afectaciones de salud como varicocele, la pérdida de su testículo izquierdo y fue intervenido quirúrgicamente “varicocelectomia” el 5 de mayo de 2017 , atribuibles a las actividades exigidas por la Policía Nacional.

Aseguró que la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional a través de dictamen de 24 de noviembre de 2020, lo calificó con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 16%, fecha en la que tuvo conocimiento de la magnitud del daño.

Como consecuencia de lo anterior, Edicson Fabián Quiroga Espinosa junto con su grupo familiar, en ejercicio del medio de control de reparación directa demandaron

laboral de 16%, fecha en la que tuvo conocimiento de la magnitud del daño.

Como consecuencia de lo anterior, Edicson Fabián Quiroga Espinosa junto con su grupo familiar, en ejercicio del medio de control de reparación directa demandaron a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, con la pretensión de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por las enfermedades que adquirió “varicocele y pérdida del testículo izquierdo” mientras prestó el servicio militar obligatorio.

El accionante refirió que el proceso correspondió, en primera instancia, al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, que por sentencia de 29 de3

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noviembre de 2024 declaró probada la excepción de caducidad, tras considerar que transcurrieron más de 4 años y 11 meses desde que el accionante tuvo el conocimiento del daño, esto es, desde el 5 de mayo de 2017 cuando fue intervenido quirúrgicamente.

Indicó que, con ocasión del recurso de apelación que presentó , el Tribunal Administrativo del Meta en fallo de 18 de junio de 2025 confirmó lo resuelto por el a quo, pero con la salvedad de que la caducidad debía contabilizarse a partir del 3 de mayo de 2017, fecha en la cual el señor Edicson Fabián perdió s u testículo

quo, pero con la salvedad de que la caducidad debía contabilizarse a partir del 3 de mayo de 2017, fecha en la cual el señor Edicson Fabián perdió s u testículo izquierdo.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración supuestamente vulnerados con la sentencia de 18 de junio de 2025, en la que la autoridad judicial accionada confirmó el fallo de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.

Manifestó que cumple con el requisito de relevancia constitucional, como consecuencia de la vulneración de sus derechos fundamentales, no cuenta con otro medio eficaz, cumple con el requisito de inmediatez y la providencia cuestionada adolece de los defectos fáctico , sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

Bajo ese contexto, en su criterio, la sentencia objetada incurre en (i) defecto fáctico al considerar que las autoridades judiciales accionadas desconocieron que únicamente tuvo certeza sobre la magnitud del daño que sufrió como consecuencia de la prestación del servicio militar obligatorio, hasta la expedición del dictamen de la Junta Médica Laboral del 2020, por lo que, desconocerla implica un error en la valoración probatoria para la contabilización del término de caducidad.

En ese orden de ideas, aseguró que en el análisis de los elementos probatorios aportados al proceso se examinó si tuvo conocimiento cierto desde la ocurrencia del hecho, “o si, por el contrario, la certeza respecto de la configuración y magnitud de la

En ese orden de ideas, aseguró que en el análisis de los elementos probatorios aportados al proceso se examinó si tuvo conocimiento cierto desde la ocurrencia del hecho, “o si, por el contrario, la certeza respecto de la configuración y magnitud de la lesión solo se obtuvo con la notificación del dictamen de la Junta Médico -Laboral o con otras actuaciones médicas posteriores, circunstancia que la jurisprudencia constitucion al admite como causa, para flexibilizar el cómputo de caducidad”.

Sostuvo que a pesar de que las autoridades consideraron que el conocimiento del daño ocurrió con la intervención quirúrgica a la que fue sometido en mayo de 2017 y computaron la caducidad a partir de ese momento, la fecha real para realizar dicho cómputo debe ser la fecha de expedición del dictamen proferido por la Junta Médico Laboral, en razón que antes era imposible determinar la dimensión del daño sufrido con las respectivas implicaciones.

Finalmente, indicó que existen otros elementos de prueba , tales como la historia clínica, imágenes diagnósticas, actas de juntas médicas y comunicaciones realizadas por la entidad, que dan cuenta de su diagnóstico y la certeza sobre la magnitud del daño, teniendo en cuenta que las secuelas evolucionaron con el tiempo que se evidenciaron en la calificación definitiva proporcionada por la Junta Médica Laboral.4

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De igual modo, alegó la configuración del (ii) defecto sustantivo al considerar que las autoridades judiciales desconocieron lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1861 de 2017, sobre el derecho al reconocimiento de “indemnización contenciosos administrativa a conscriptos lesionados en servicio y la jurisprudencia constitucional sobre el principio pro damnato”

Sostuvo que la sentencia objetada incurre en (iii) desconocimiento del precedente judicial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia T-376 de 2024, en la que se consideró que en los casos de lesiones sufridas durante la prestación del servicio militar obligatorio, la caducidad del medio de control de reparación directa no puede contabilizarse a partir de la ocurrencia inmediata del daño, si no desde la notificación del acta de la Junta Médica Laboral.

Finalmente, citó como precedente la sentencia SU -659 de 2015 y T -334 de 2018, que, en su criterio, también ordenan contabilizar la caducidad desde la notificación del acta de la Junta Laboral, en los casos de lesiones sufridas durante la prestación del servicio militar obligatorio.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio

La titular del despacho solicitó declarar la improcedencia de la tutela, realizó una relación de todas las actuaciones surtidas en la primera instancia d el proceso de

4.1. Respuesta del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio

La titular del despacho solicitó declarar la improcedencia de la tutela, realizó una relación de todas las actuaciones surtidas en la primera instancia d el proceso de reparación directa , para l uego indicar que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, teniendo en cuenta que la decisión que adoptó se basó en el análisis del material probatorio, por lo que manifestó que el señor Edicson Fabián Quiroga Espinosa no puede pretender utilizar la acción de tutela como una tercera instancia.

4.2. Respuesta del Tribunal Administrativo del Meta

El magistrado ponente de la providencia objeto de reproche rindió informe en el que indicó que la sentencia de 18 de junio de 2025, no incurrió en los defectos alegados por el accionante, en razón que se consignaron todas las razones de hecho y de derecho pertinentes para fundamentar la decisión, lo que le permitió confirmar el fallo de primera instancia.

4.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

La asesora del área jurídica solicitó declara improcedente el presente mecanismo constitucional, al considerar que no es un medio de impugnación extraordinario , a lo que agregó que el actor no agotó todos los medios legales de defensa ni demostró un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la acción de tutela de forma transitoria.

4.4. Respuesta de la Policía Nacional

Solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la tutela controvierte el fallo de reparación directa de segunda5

transitoria.

4.4. Respuesta de la Policía Nacional

Solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la tutela controvierte el fallo de reparación directa de segunda5

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instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso identificado con el radicado no. 50001-33-33-007-2022-00219-01.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo de 9 de octubre de 2025 resolvió lo siguiente:

“Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Policía Nacional, de conformidad con las razones expuestas en la presenten providencia.

Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Edicson Fabian Quiroga Espinosa, en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio y del Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

Al abordar el caso concreto, el a quo consideró que el Tribunal Administrativo de Meta realizó un análisis probatorio integral, a la luz de la sana crítica, que le permitió concluir que en el proceso de reparación directa donde figura el señor Edicson Fabián Quiroga Espinosa, operó la caducidad del medio de control de reparación directa, teniendo en cuenta que tuvo conocimiento de la ocurrencia del daño el 3 de mayo de 2017, cuando le practicaron la cirugía denominada “orquiectomía del testículo izquierdo”.

Bajo ese contexto, sostuvo que no se demostró la configuración del defecto fáctico por la indebida valoración del dictamen de la Junta Médica Laboral, tras considerar que “dicha prueba fue precisamente el fundamento para concluir que, no era a partir de esa fecha en que se debía contar el término de caducidad porque no representaba un diagnóstico de la enfermedad sino simplemente se calificaba la pérdida de la capacidad laboral, sino desde que se practicó la aludida intervención quirúrgica”.

Por último , s obre las providencias citadas por el actor, relacionadas con la flexibilización del término de caducidad, indicó que las mismas no constituían un precedente judicial de obligatorio cumplimiento, debido a que no trataban de sentencias de unificación.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor Edicson Fabián Quiroga Espinosa impugnó la sentencia de primera instancia,

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor Edicson Fabián Quiroga Espinosa impugnó la sentencia de primera instancia, reiterando los hechos de la tutela y solicitando que se revoque la decisión adoptada por el a quo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la6

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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la que negó las pretensiones de la acción de tutela, y en caso afirmativo, establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante, al incurrir en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

De manera previa, se verificará si la solicitud cumple con el requisito de relevancia

debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante, al incurrir en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

De manera previa, se verificará si la solicitud cumple con el requisito de relevancia constitucional necesario para su estudio de fondo, el cual es susceptible de ser verificado de oficio por el juez de tutela inclusive en el trámite de la segunda instancia, como una salva guarda de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y especialidad del juez natural.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones1.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 2005 2, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005

de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 3 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.7

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Esta Sala 4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

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Esta Sala 4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Edicson Fabián Quiroga Espinosa, quien actúa a nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , con

acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , con ocasión de la sentencia proferida el 18 de junio de 2025 , que confirmó la decisión

4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.8

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de 29 de noviembre de 2024 que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 50001-33-33-007-2022-00219-00/01.

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado mediante sentencia de 9 de octubre de 2025 , decidió abordar el caso a partir del defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial , respecto de la decisión de segunda instancia que culminó el proceso ordinario. Así las cosas, consideró que no se configuraron los defectos alegados, en tanto la autoridad judicial accionada analizó el acta de la Junta Médica Laboral del asunto y concluyó que los efectos de la s providencias que se aleg aron desconocidas no constituían precedente judicial aplicable.

La parte accionante impugnó la decisión judicial y reiteró los argumentos expuestos

providencias que se aleg aron desconocidas no constituían precedente judicial aplicable.

La parte accionante impugnó la decisión judicial y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, consistentes en que la caducidad del medio de control de reparación directa debía contabilizarse a partir del dictamen de la Junta Médico Laboral de la Policía, en tanto fue a partir de esa fecha que conoció la magnitud del daño que padeció mientras prestó el servicio militar obligatorio.

Descendiendo al caso bajo examen, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no supera el requisito de la relevancia constitucional, al acudirse a esta vía constitucional a modo de tercera instancia, como pasa a exponerse.

En el sub examine, la parte accionante, a través de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declarara administrativamente responsable por los daños que sufrió, con ocasión de la pérdida de su testículo izquierdo durante la prestación del servicio militar obligatorio.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, que mediante sentencia de 29 de noviembre de 2024, declaró la caducidad del medio de control , al considerar que el daño reclamado por el demandante se concretó el 5 de mayo de 2017, cuando fue intervenido quirúrgicamente luego de presentar una torsión testicular, por lo que consideró que el señor Quiroga Espinosa tenía hasta el 6 de mayo de 2019 para radicar la

demandante se concretó el 5 de mayo de 2017, cuando fue intervenido quirúrgicamente luego de presentar una torsión testicular, por lo que consideró que el señor Quiroga Espinosa tenía hasta el 6 de mayo de 2019 para radicar la demanda de reparación directa, la cual fue presentada hasta el 16 de junio de 2022, cuando ya habían transcurrido 4 años y 11 meses.

Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes argumentos:

“[L]a decisión apelada desconoció las particularidades del caso del señor EDICSON FABIÁN QUIROGA ESPINOSA, mismas que fueron expuestas durante todo el proceso, como también se interpretó de manera errada el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPAC A, el cual consagra dos maneras de contabilizar la caducidad: a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo. Así, la caducidad debió contarse desde la expedición del dictamen de pérdida de capacidad laboral 24 de noviembre de 2020, momento en el que el actor certeza del daño y sus implicaciones.

Entonces, tal interpretación, que igualmente es válida y legal permite aplicar el criterio según el cual la caducidad de la acción debía contarse desde el día9

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Accionante: Edicson Fabián Quiroga Espinosa

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Accionante: Edicson Fabián Quiroga Espinosa

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siguiente a que este tuvo conocimiento de la magnitud del daño, esto es, cuando se le practicó dictamen por parte de la Junta Médica Laboral y conoció las secuelas y gravedad del daño, tomando como punto de partida la fecha cuando se practicó la Junta Médica Laboral al entonces Auxiliar de Policía EDICSON FABIÁN QUIROGA ESPINOSA, esto es desde el día 24 de noviembre de 2020 la cual calificó su lesión y determinó una Incapacidad laboral del 16%, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 sección i del CPACA, la demanda de Reparación Directa se radicó de forma oportuna.

Además, tampoco se dio atención al artículo 162 del CPACA, el cual establece que toda demanda debe contener una relación precisa y clara de las pretensiones y la estimación razonada de la cuantía. Sobre el particular, según el Consejo de Estado, la in