CE - Sentencia 11001031500020250568300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05683-00

Demandante: Carolina Arias Hoyos

Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro

Temas: Tutela contra providencia judic ial / Reparación directa por error jurisdiccional / Defectos fáctico y sustantivo, violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Carolina Arias Hoyos , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Carolina Arias Hoyos promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , los cuales consider ó vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 3 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección

ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , los cuales consider ó vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 3 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 63001233300020230002900/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en contra de la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , con la finalidad de que se les declarara

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda_75ACCIONDETUTELACONT(.pdf) NroActua 2 ».2

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Demandante: Carolina Arias Hoyos responsables por los perjuicios padecidos como consecuencia de la falla en el servicio por error jurisdiccional en que se incurrió con las providencias emitidas el 26 de mayo de 2016 y 31 de julio de 2020 por el Juzgado Tercero de Familia en Oralidad de Armenia, así como los autos dictados el 8 de mayo de 2017 y 23 de febrero de 2021 por el Tribunal Superior de Armenia, durante un proceso de sucesión en el cual se incluyó en los avalúos e inventarios la posesión del causante sobre el inmueble identificado con la matrícula 280 -11291, el cual luego fue objeto de secuestro.

Situación que desconoció su derecho preferente de posesión le correspondía, pese a haberlo demostrado ante dichas autoridades judiciales.

identificado con la matrícula 280 -11291, el cual luego fue objeto de secuestro. Situación que desconoció su derecho preferente de posesión le correspondía, pese a haberlo demostrado ante dichas autoridades judiciales.

2.2. El Tribunal Administrativo de Quindío, en providencia del 30 de noviembre de 2023 declaró probada de oficio la excepción de caducidad frente a las providencias del 2016 y 2017, y negó las demás pretensiones de la demanda. En contra de esta decisión interpuso recurso de apelación.

2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 3 de febrero de 2025 modificó lo resuelto por el a quo, en el sentido de negar las pretensiones, al considerar que no se incurrió en el error alegado comoquiera que en ninguna de las decisiones s e refutó la posesión del inmueble en cabeza de la demandante, por lo que el no haberse valorado las pruebas que acreditaban dicho hecho no implicaba el daño alegado , pues no era el objeto de las decisiones enjuiciadas. Caso distinto es que de las pruebas se determinara que el causante era coposeedor.

2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en violación directa de la Constitución Política al desconocer su artículo 29, al permitir que se juzgaran en tres ocasiones los mismos hechos posesorios, pese a que el acervo probatorio acreditaba de forma suficiente su condición de poseedora real y material del inmueble.

2.5. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia,

que el acervo probatorio acreditaba de forma suficiente su condición de poseedora real y material del inmueble.

2.5. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil 2 que señal ó que el contrato de promesa de compraventa no transfiere posesión, sin que dicho contrato implica ra el reconocimiento de dominio ajeno. Así mismo, el de la Corte Constitucional 3 en el que se estableció que la oposición al secuestro puede ser presentada incluso por los mismos herederos, y que la delación de la herencia no es sinónimo de posesión real y material de los bienes de la herencia4.

2 Al respecto citó: i) P Luis Armando Tolosa Villabona, SC12323-2015, Radicación 41001-31-03-0042010-00011-01; ii) MP William Namén Vargas, 30 de julio de 2010, Ref.: Expediente 11001-31030142005-00154-01; iii) SC10825 -2016 del 8 de agosto de 2016, Radicación: 08001 -31-03-013-201100213-01, MP Luis Armando Tolosa Villabona. 3 Sentencia T-088/03, febrero 7/2003, expediente T-650944, MP Clara Inés Vargas Hernández 4 Citó: i) CSJ. MP Margarita Cabello Blanco, AC5532 - 2018, Radicación 25754 -31-03-001-201300062-0l, 19 de diciembre 2018; ii) MP Fernando Giraldo Gutiérrez, 15 de julio de 2013 Ref: 5440531030012008-00237-01.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05683-00

5440531030012008-00237-01.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05683-00

Demandante: Carolina Arias Hoyos

2.6. Se desconoció que, de acuerdo con el Consejo de Estado , el término de caducidad se contaba desde la causación del daño antijurídico, no desde la ejecutoria de las providencias cuestionadas. Así, el daño alegado no se produjo con el auto del 26 de mayo de 2016, sino el 4 de enero de 2022, cuando se ejecutó la diligencia de secuestro que la despojó de la posesión del inmueble, en virtud de las decisiones adoptadas en el proceso judicial.

2.7. En defecto sustantivo al decidir con base en normas inaplicables al caso concreto, pues se acreditó que el causante nunca tuvo la calidad de poseedor, ya que reconocía el dominio ajeno. En consecuencia, en las providencias que aprobaron los inventarios y avalúos, así como en las que rechazaron la oposición al secuestro, debió aplicarse el artículo 775 del Código Civil, y no las disposiciones sobre posesión contenidas en el 762 ibidem.

2.8. En defecto fáctico, por indebida valorac ión del material probatorio con el que se acreditaba su posesión, por lo que al serle despojada ilegalmente le causaron un daño antijurídico. Además, se desconoció que, durante el trámite del incidente de oposición al secuestro, los jueces omitieron decretar y valorar las pruebas que requirió como opositora.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

oposición al secuestro, los jueces omitieron decretar y valorar las pruebas que requirió como opositora.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1-) Que se ANULE, REVOQUE O DEJE SIN EFECTOS JURIDICOS, la sentencia fechada el día 30 del mes de noviembre de 2023 proferida en primera instancia por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, M.P Dr. LUIS CARLOS ALZATERÍOS, y co ntra la sentencia fechada el día 03 del mes de Febrero de 2025, proferida en segunda instancia por la Sección Tercera, subsección “C” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P. Dr. WILIAM BARRERA MUÑOZ, dentro del Proceso de Reparación Directa de la referencia.

2-) Ordenar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados de la accionante, al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, y contradicción, declarando que las providencias judiciales atacadas los vulneraron.

3-) Ordenar a la autoridad judicial que profiera una nueva decisión, ordenando al Tribunal Administrativo del Quindío y/ó la Sección Tercera, Subsección “C” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que profieran una nueva sentencia dentro del proceso de reparación directa de la referencia acogiendo las pretensiones de la accionante, o en su defecto una decisión ajustada a los parámetros constitucionales fijados por la tutela.

4-) Dejar sin efectos las actuaciones que dependan de la sentencia cuestionada: Ordenar

la accionante, o en su defecto una decisión ajustada a los parámetros constitucionales fijados por la tutela.

4-) Dejar sin efectos las actuaciones que dependan de la sentencia cuestionada: Ordenar a las autoridades judiciales y administrativas involucradas que se abstengan de ejecutar, cumplir o derivar consecuencias de las sentencias que se dejan sin efectos.

5-) Medidas de restablecimiento del derecho: Que se disponga el restablecimiento de la situación jurídica anterior a la vulneración de los derechos fundamentales […]». (sic)4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05683-00

Demandante: Carolina Arias Hoyos 1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo del Quindío 5 si bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 6 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva , comoquiera que, las pretensiones se encaminaron a revocar una providencia judicial, lo que evidenciaría que no es la llamada a responder por la decisión adoptada, la cual se encuentra amparada bajo los principios de autonomía e independencia judicial.

6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C 7 requirió que se declarara improcedente el amparo pretendido por no acreditarse el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que la verdadera intención de la demandante fue convertir la tutela en una instancia adicional del proceso contencioso, en razón a la reiteración de los argumentos que en su momento se invocaron en sede de apelación contra la sentencia de primera instancia.

fue convertir la tutela en una instancia adicional del proceso contencioso, en razón a la reiteración de los argumentos que en su momento se invocaron en sede de apelación contra la sentencia de primera instancia.

6.1. La tutelante cuestionó la declaratoria de caducidad frente a las providencias del 26 de mayo de 2016 y 8 de mayo de 2017, por desconocer las normas sobre posesión y tenencia, y por no valorar pruebas sobre la posesión del bien en el proceso sucesorio. Sin embargo, la decisión no vulneró derechos fundamentales ni fue contraria a derecho, ya que la caducidad operó de pleno derecho ya que los términos estaban vencidos al momento de presentarse la demanda, el 27 de abril de 2023.

6.2. También se alegó que las providencias de 2016 y 2017 no producían cosa juzgada frente a ella, pues no fue parte en ese incidente. Sin embargo, dicha apreciación resultó improcedente, ya que la caducidad opera sobre la acción, no respecto d el derecho individual ; así, el término para demandar por presunto error jurisdiccional comenzó con la ejecutoria de esas providencias.

6.3. No fue cierto que se confundiera la posesión legal con la real y material. La Sala, con base en la jurisprudencia y doctrina, explicó que la posesión del causante se transmitía a los herederos por ministerio de la ley, sin afirmar que estos ostentaran posesión material. En ningún momento se impidió la oposición de terceros al secuestro ni se calificó a los herederos como poseedores reales por su condición de hijos.

6.4. La demandante también alegó que, pese a recurrir el auto del 31 de julio de

secuestro ni se calificó a los herederos como poseedores reales por su condición de hijos.

6.4. La demandante también alegó que, pese a recurrir el auto del 31 de julio de 2020, por la omisión del decreto de la declaración de Luis Mario Mejía como prueba, según escritos del 6 de agosto y 24 de septiembre de 2020, ello se desconoció. Sin

5 Ver índice 1 2 de Samai. Archivo denominado « 26RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCE(.pdf) NroActua 12». 6 Ver índice 1 5 de Samai. Archivo denominado « 31_MemorialWeb_RespuestaPRONUNCIAMIENTOCARO(.pdf) NroActua 15». 7 Ver índice 1 6 de Samai. Archivo denominado «33CONTESTACIONDE_Respuesta20250568300(.pdf) NroActua 16».5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05683-00

Demandante: Carolina Arias Hoyos embargo, tal como se señaló en la sentencia del 3 de febrero de 2025 , al revisar nuevamente dicho recurso, no se encontró reproche alguno respecto a la valoración de un medio de convicción no decretado. La única mención efectuada se limitó a un comentario sobre un recibo de impuesto predial a su nombre, sin cuestionar su declaración ni solicitar su decreto como prueba.

6.5. Además, el memorial del 24 de septiembre siguiente no podía considerarse como parte de la impugnación del auto, pues ya había vencido el término para su presentación, recurso que, además, fue concedido desde el día 18 anterior. Por tanto,

6.5. Además, el memorial del 24 de septiembre siguiente no podía considerarse como parte de la impugnación del auto, pues ya había vencido el término para su presentación, recurso que, además, fue concedido desde el día 18 anterior. Por tanto, los argumentos incluidos en ese escrito carecieron de valor procesal. Así, se consideró que la omisión alegada no fue objeto de cuestionamiento oportuno, como debió serlo dentro del trámite ordinario del proceso sucesorio.

6.6. Finalmente, en la sentencia atacada sí se reconoció que Carolina Arias Hoyos ejercía actos materiales de posesión sobre el inmueble para la fecha del secuestro y hasta la presentación de la demanda. No obstante, se aclaró que ello no configuraba error judicial alguno en el proceso sucesorio, ya que la decisión no negó su posesión, sino que se centró en la posesión del causante, aspecto determinante para resolver el incidente de secuestro.

6.7. En cuanto a la crítica por la supuesta indebida valoración probatoria sobre el porcentaje del bien objeto de embargo y secuestro, se reiteró que no se probó que la medida recayera sobre el 100% del inmueble. Por el contrario, la providencia cuestionada estableció, con base en el acervo probatorio, que el secuestro solo afectó el 50%, correspondiente a la parte que el causante poseía.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) falta de legitimación

que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) falta de legitimación en la causa por pasiva; iv) procedencia de la tutela contra providencia judicial; v) determinación del problema jurídico; y vi) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 20218 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra

el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro.

8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05683-00

Demandante: Carolina Arias Hoyos 2.2. Cuestión previa

9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo del Quindío y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

10. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 30 de noviembre de 2023,

Estado, Sección Tercera, Subsección C , se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

10. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 30 de noviembre de 2023, proferida en primera instancia fue apelada y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C desató el recurso a través de la providencia del 3 de febrero de 2025, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

11. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuand oquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala el

artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimient o de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

12. La Corte Constitucional9, en relación con la legitimación en la causa por pasiva

ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

12. La Corte Constitucional9, en relación con la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que reflej a la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente s erá la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que preten da limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente forma les (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

9 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05683-00

Demandante: Carolina Arias Hoyos

9 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05683-00

Demandante: Carolina Arias Hoyos

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no es la autoridad competente para tramitar las pretensiones de la demandante, así como tampoco la señalada de transgredir los derechos fundamentales invocados.

14. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercer a con interés, al integrar la parte demandada dentro del proceso en cuestión, en aras de garantizarles su derecho de defensa y contradicción, por lo que se negará tal solicitud.

2.4. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 11. Al respecto señaló lo

siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de

distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

17. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo12 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

01328-01, M.P. María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05683-00

Demandante: Carolina Arias Hoyos solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

18. Ahora bien, la Corte Constitucional 13 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos

19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.

20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.5. Problema jurídico

21. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir : ¿si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró los derechos fundamentales de Carolina Arias Hoyos con ocasión de la sentencia del 3 de febrero de 2025, mediante la cual modificó la decisión del a quo, con la que incurrió, presuntamente, en defectos fáctico y sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la

Constitución Política?

2.6. Análisis de la Sala

2.6.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

22. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

22. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

13 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05683-00

Demandante: Carolina Arias Hoyos 2.6.1. Defecto sustantivo

23. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al ca so concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad abs oluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

24. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en

garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

24. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

25. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.

Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

2.6.2. Desconocimiento del precedente judicial

26. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativ o derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la

permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativ o derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalment e, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

27. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista