CE - Sentencia 11001031500020250568900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05689-00

Accionante: Corporación Autónoma Regional de Risaralda Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda en ejercicio de acción de tutela interpuesta por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

SÍNTESIS1

La parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia que le impuso unas obligaciones de financiación de obras de mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura de servicios acueducto y alcantarillado que presta la empresa Empocabal y el Municipio de Santa Rosa de Cabal, las cuales son completamente ajenas a su competencia . A su juicio, la providencia incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y fáctico. Se niega el amparo porque no se configura ron los defectos alegados.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

4. El 11 de septiembre de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Risaralda presentó una demanda en ejercicio de acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia. Según la accionante, esas garantías constitucionales fueron

presentó una demanda en ejercicio de acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia. Según la accionante, esas garantías constitucionales fueron vulneradas por la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con radicado 66001-23-33-000-2022-00168-00/01, adelantado por la Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal contra la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal (en adelante, Empocabal), el Municipio de Santa Rosa de Cabal y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (en adelante, CARDER).

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos / Defecto procedimental / Defecto sustantivo / Defecto fáctico / Se niega el amparo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05689-00

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5. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29

C.P.) y al Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C.P.) de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, los cuales fueron vulnerados por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado con la expedición de la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil

Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, los cuales fueron vulnerados por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado con la expedición de la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025), dentro de la Acción Popular con radicado No. 66001-23-33000-2022-00168-01

SEGUNDO: ORDENAR a la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado que profiera una sentencia de reemplazo dentro del proceso de Acción Popular radicado bajo el número 66001 -23-33-000-2022-00168-01, en la cual se resuelva el recurso de apelación interpuesto por EMPOCABAL sin agravar la situación jurídica de la CARDER, absteniéndose de imponerle obligaciones de financiación completamente ajenas a su competencia y que no fueron objeto de debate y prueba durante el trámite de las instancias2.

B. Hechos

6. La Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal presentó una demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el Municipio de Santa Rosa de Cabal, Empocabal y la CARDER con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos establecidos en los literales a); c); g) y h) del artículo 4º de la Ley 472 de 19983.

6.1. En la demanda, la Personería Municipal pretendió que se ordenara (i) al Municipio de Santa Rosa de Cabal y a “sus entes” realizar las acciones pertinentes para la recuperación total del Río San Roque, así como ordenar a E mpocabal que atendiera el concepto emitido de forma oportuna por CARDER; (ii) al Municipio de

Municipio de Santa Rosa de Cabal y a “sus entes” realizar las acciones pertinentes para la recuperación total del Río San Roque, así como ordenar a E mpocabal que atendiera el concepto emitido de forma oportuna por CARDER; (ii) al Municipio de Santa Rosa de Cabal “hacer cotejo de daños y perjuicios ocasionados por el deterioro del río San Roque” y (iii) al Municipio de Santa Rosa de Cabal o a la autoridad competente, iniciar las acciones administrativas contra las entidades responsables del daño, así como adelantar las investigaciones sobre los responsables del mismo.

6.2. Afirmó que desde el 2019 adelanta seguimiento y acción preventiva respecto del estado de la quebrada San Roque, en el cual se acordó (i) que E mpocabal

2 Índice 2 del expediente digital en Samai. 3 ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias (…) c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente (…) g) La seguridad y salubridad públicas (…)

situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente (…) g) La seguridad y salubridad públicas (…) h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05689-00

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realizaría mantenimiento del colector y remitiría informe técnico sobre la visita realizada; (ii) que la CARDER verificaría el estado del expediente jurídico adelantado en el 2014 y el cumplimiento de las medidas preventivas ordenadas; (iii) que Gestión de Riesgo, la CARDER y la Secretaría Ambiental realizarían un informe sobre el estado del cauce de la quebrada San Roque en relación a su cauce original; (iv) que Control Físico verificaría la construcción que se encuentra en el predio colindante al parque recreacional La Hermosa y (v) se requeriría a SMURFIT KAPPA en relación al terreno donde efectúa el depósito de especies.

6.3. Indicó que el 9 de marzo de 2022 solicitó a la CARDER y a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Bienestar Animal de Santa Rosa de Cabal información sobre las actuaciones adelantadas para la mitigación del daño sufrido en el río San Roque y la población.

6.4. Señaló que el 26 de abril de 2022 la CARDER allegó el acta de visita realizada, en la cual evidenció los daños presentados, además de una socavación en el cau ce del río y se señaló a E mpocabal como la responsable de realizar las

realizada, en la cual evidenció los daños presentados, además de una socavación en el cau ce del río y se señaló a E mpocabal como la responsable de realizar las acciones tendientes a reparar el daño, pues se observó el manejo inadecuado de aguas de escorrentía, no se evidenció demarcación del suelo, ni protección de redes de alcantarillados colectores, por lo cual la comunidad del barrio Villa Diana se encuentra vulnerada.

7. Mediante sentencia del 4 de julio de 2024 la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, existencia del equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, preservación del medio ambiente, la seguridad y salubridad pública. En consecuencia, entre otras disposiciones, ordenó a la

CARDER:

6. Ordenar a la Carder, para que, en el término de 6 meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, realice la demarcación de la zona protectora de la quebrada San Roque y su respectiva reforestación.

9. La Carder debe hacer acompañamiento y servir como apoyo a la entidad territorial, prestando la debida asesoría técnica, con la finalidad de que ejecuten un trabajo coordinado y armónico para la implementación de procesos de conocimiento, reducción, prevención y gestión del riesgo de desastres en el sector del rio o quebrada San Roque, para salvaguardar, conservar y recuperar el medio ambiente afectado.

10. La Carder debe implementar las medidas administrativas necesarias correspondientes frente a las afectaciones realizadas al sector y dar trámite a los

San Roque, para salvaguardar, conservar y recuperar el medio ambiente afectado.

10. La Carder debe implementar las medidas administrativas necesarias correspondientes frente a las afectaciones realizadas al sector y dar trámite a los permisos que se presenten frente a esta Corporación para que los vertimientos cumplan con la disposición final adecuada cumpliendo con la normatividad técnica vigente.

11. Se designan al personero municipal de Santa Rosa de Cabal, al alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal, un delegado de la Carder, al director de Empocabal ESP EICE, al señor agente del Ministerio Público asignado al despacho 04 de esta Corporación y al magistrado ponente, para que conformen el comité de verificación del cumplimiento de la presente sentencia, para lo cual por Secretaría se les enviará laRadicado: 11001-03-15-000-2025-05689-00

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respectiva comunicación, quienes rendirán en el término de 20 meses, un informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta providencia, se designa como coordinador del comité al personero municipal de Santa Rosa de Cabal.

7.1. El Tribunal expuso que se encontraba acreditado que (i) el sector de la quebrada San Roque colindante con el barrio Villa Diana en el Municipio de Santa Rosa de Cabal está siendo contaminado por los vertimientos de aguas residuales y de escorrentía; (ii) se presenta socavación de la margen derecha de la quebrada, debido al lleno irregular construido por un particular en la margen izquierda del afluente hídrico; (iii) existe alteración en el cauce natural de la

y de escorrentía; (ii) se presenta socavación de la margen derecha de la quebrada, debido al lleno irregular construido por un particular en la margen izquierda del afluente hídrico; (iii) existe alteración en el cauce natural de la quebrada por el mal uso de los suelos de la zona forestal protectora del afluente por disposición de material removido y (iv) en el sector de la quebrada San Roque colapsó el sistema de alcantarillado por acumulación de material de arrastre, por falta de pavimentación en las vías.

7.2. Frente a la CARDER, señaló que le correspondía demarcar la zona protectora del río y/o quebrada San Roque y reforestar la zona afectada aledaña a dicho afluente hídrico. Afirmó que, si bien no se desconocía el actuar adelantado por dicha autoridad, no culminó las acciones realizadas; a su vez, expuso que tenía el deber legal de hacer acompañamiento y servir como apoyo a la entidad territorial, prestando la debida asesoría técnica al Municipio de Santa Rosa de Cabal, con el fin de ejecutar un trabajo coordinado y armónico para la implementación de procesos de conocimiento, reducción, prevención y gestión del riesgo de desastres en el sector.

7.3. Añadió que debía implementar las medidas correspondientes frente a las afectaciones realizadas al sector y dar trámite a los permisos que se presenten ante la Corporación.

7.4. De otro lado, encontró probada la responsabilidad de la empresa Empocabal, pues el sector de la urbanización Villa Diana etapas II y III, colindante con la quebrada San Roque, cuenta con sistema de alcantarillado de propiedad de dicha

7.4. De otro lado, encontró probada la responsabilidad de la empresa Empocabal, pues el sector de la urbanización Villa Diana etapas II y III, colindante con la quebrada San Roque, cuenta con sistema de alcantarillado de propiedad de dicha empresa, de manera que la regulación y manejo de los vertimientos de aguas residuales y de escorrentía que provienen o se vierten al afluente hídrico del barrio o urbanización Villa Diana está a cargo de la empresa, la cual ha realizado acciones intermedias e incompletas que no han sido suficientes para mitigar o cesar la contaminación de la quebrada San Roque.

8. Empocabal4 y el Municipio de Santa Rosa de Cabal 5 apelaron la anterior decisión y, mediante sentencia del 24 de julio de 2025 la Sección Primera del Consejo de Estado modificó los ordinales 3º, 4º, 5º y 11º, los cuales quedaron así:

4 Afirmó que las afectaciones de la red de alcantarillado obedecen a alteraciones de terceros y que las autoridades competentes no realizaron actuación alguna al respecto; en su concepto la causa de la transgresión de los derechos colectivos no es el funcionamiento del sistema de alcantarillado, sino las intervenciones realizadas por particulares en los predios aledaños al afluente. Solicitó que la CARDER y el Municipio de Santa Rosa de Cabal destinaran recursos que permitieran la construcción, ampliación, rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura del servicio público de alcantarillado del barrio Villa DianaRadicado: 11001-03-15-000-2025-05689-00

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3. ORDENAR al municipio de Santa Rosa de Cabal, a la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal ESP EICE y a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, realicen un diagnóstico actual de la problemática, y definan las medidas estructurales y no estructurales más idóneas para su corrección y mitigación.

4. ORDENAR al municipio de Santa Rosa de Cabal, a la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal ESP EICE y a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda que elaboren, en el término de quince (15) días contados a partir de la presentación del diagnóstico, un plan de acción para la materialización de los programas, estrategias y acciones definidas en ese estudio (…)

5. ORDENAR al municipio de Santa Rosa de Cabal y a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda que, a partir de los resultados del diagnóstico referido en el ordinal 3.° de esta providencia, apoyen a la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal ESP EICE en el financiamiento de las obras de mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura de servicios a su cargo, solo si se demuestra que es necesario aplicar los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiaridad , debido a la magnitud, a los costos y a la deficiencia de las estrategias de financiación con las que ya cuenta dicha empresa. […].

solo si se demuestra que es necesario aplicar los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiaridad , debido a la magnitud, a los costos y a la deficiencia de las estrategias de financiación con las que ya cuenta dicha empresa. […].

11. CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta providencia, el cual estará integrado por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá -, por la Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal, por el municipio de Santa Rosa de Cabal, por la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal ESP EICE, por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y por el agente del Ministerio Público, quienes deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la presente decisión.

8.1. Afirmó que la quebrada San Roque, en el sector de Villa Diana, presenta un proceso de erosión causado por los llenos e intervenciones inadecuadas de las márgenes del cauce, la condición de la infraestructura vial, la disposición inadecuada de residuos y escombros, la apertura de una carretera sin autorización, la fragmentación de la franja forestal protectora, la construcción inadecuada de zanjas de desagüe, el vertimiento de aguas residuales y el manejo inadecuado de aguas lluvias y de escorrentía.

8.2. Expuso que le asistía razón a la empresa Empocabal, pues el factor principal de deterioro del ecosistema son las actividades desarrolladas por los vecinos del sector, cuyos predios lindan con el cuerpo de agua, no obstante, el estado del sistema de alcantarillado demostró tener un impacto significativo en la alteración

de deterioro del ecosistema son las actividades desarrolladas por los vecinos del sector, cuyos predios lindan con el cuerpo de agua, no obstante, el estado del sistema de alcantarillado demostró tener un impacto significativo en la alteración de la quebrada San Roque, la erosión de los taludes y la estabilidad del terreno.

etapa III e indicó que CARDER debe ejecutar obras de infraestructura para la defensa, protección, descontaminación y recuperación del medio ambiente y que el Consejo de Estado ha establecido que las Corporaciones Autónomas Regionales pueden invertir en obras de infraestructura que garanticen el saneamiento básico. 5 Cuestionó la orden respecto de la pavimentación de las vías, pues a su juicio, el deterioro del colector de aguas del sistema de alcantarillado no se evita con la pavimentación de las calles.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05689-00

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8.3. Señaló que los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y armonía regional guían el régimen de los servicios públicos domiciliarios y el funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental y permiten la articulación de las entidades pertenecientes al extremo pasivo en el ejercicio de sus competencias propias, pues todas ellas interactúan en la prestación del servicio cuestionado y en la conservación del entorno natural.

8.4. En consecuencia, afirmó que las Corporaciones Autónomas Regionales podrán financiar obras de saneamiento básico de acueducto y alcantarillado “en concurrencia con la competencia de los Municipios de adelantar obras necesarias

8.4. En consecuencia, afirmó que las Corporaciones Autónomas Regionales podrán financiar obras de saneamiento básico de acueducto y alcantarillado “en concurrencia con la competencia de los Municipios de adelantar obras necesarias para el progreso municipal y la solución de saneamiento ambiental y garantía de prestación de servicios públicos”.

C. Fundamentos de la vulneración

9. La parte actora señala que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental absoluto, sustantivo y fáctico.

9.1. Frente al defecto procedimental absoluto , expone que se desnaturalizó la finalidad del recurso de apelación al acceder a la pretensión presentada por Empocabal, encaminada a que la CARDER brinde apoyo financiero en la construcción de las obras de alcantarillado, pues dicha pretensión no fue solicitada en la oportunidad debida.

9.2. Afirma que se transgredió el principio de congruencia, pues el juez de segunda instancia no puede decidir sobre pretensiones que no se formularon en la demanda o en la contestación, teniendo en cuenta que CARDER no apeló la decisión de primera instancia y se le agravó su situación.

10. Por otro lado, respecto del defecto sustantivo, señala que en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 se establecieron las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales se circunscriben a la administración de los recursos naturales, la planificación ambiental, la imposición, evaluación, control y seguimiento de medidas preventivas y sancionatorias. No obstante, no se les atribuyó competencia alguna para la construcción, financiación o ejecución directa

naturales, la planificación ambiental, la imposición, evaluación, control y seguimiento de medidas preventivas y sancionatorias. No obstante, no se les atribuyó competencia alguna para la construcción, financiación o ejecución directa de obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, función que recae sobre los Municipios.

10.1. Indica que el artículo 3 de la Ley 136 de 1994 dispone que corresponde a los Municipios “ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal” y el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 establece que es competencia de los municipios “realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos (…) la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos”.

10.2. Expone que el Consejo de Estado revocó una condena impuesta a CARDER, y estableció que no ejecuta obras civiles ni de infraestructura, pues su rol se limitaRadicado: 11001-03-15-000-2025-05689-00

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a la asesoría y asistencia técnica; además, la Sección Primera de esta Corporación reiteró que dicha autoridad no es competente para realizar la adecuación de la infraestructura del alcantarillado.

10.3. Sostiene que se aplicaron irrazonablemente los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad pues, aunque establece que dichos principios solo operan cuando se demuestra que las estrategias de financiamiento del obligado principal son insuficientes, impone la obligación a la CARDER, sin que tal insuficiencia se hubiese demostrado.

operan cuando se demuestra que las estrategias de financiamiento del obligado principal son insuficientes, impone la obligación a la CARDER, sin que tal insuficiencia se hubiese demostrado.

11. Finalmente, en cuanto al defecto fáctico, señala que no existen elementos de prueba que respalden la orden impuesta, frente al apoyo financiero a Empocabal en la construcción de las obras de mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura de servicios a su cargo y afirma que, para aplicar los referidos principios, debía evidenciarse la incapacidad financiera de la empresa, lo cual no ocurrió.

11.1. Indica que, no resultaba viable condenar con base en una prueba que “existirá eventualmente”, pues la orden está supeditada a que en el diagnóstico realizado por Empocabal se determine la necesidad del apoyo financiero.

D. Trámite procesal

12. Mediante auto del 16 de septiembre de 2025 se admitió la demanda de tutela y se notificó a la autoridad judicial accionada6 y a los terceros con interés7.

E. Oposiciones e intervenciones

13. La Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal 8 señaló que por tratarse de daños ocasionados a fuentes hídricas y debido a que su impacto ambiental permea intereses de rango constitucional, según el principio de corresponsabilidad, todas las autoridades que tengan incidencia en el asunto, deben intervenir para la respectiva solución.

14. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda 9 (tercero con interés ) remitió el expediente digital del medio de control de reparación directa.

15. La Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal Empocabal E.S.P.

14. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda 9 (tercero con interés ) remitió el expediente digital del medio de control de reparación directa.

15. La Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal Empocabal E.S.P.

E.I.C.E10 afirmó que era viable que la CARDER destinara recursos presupuestales, administrativos y técnicos para la construcción, ampliación,

6 La Sección Primera del Consejo de Estado. 7 La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, la Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal, el Municipio de Santa Rosa de Cabal, la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal ESP EICE, la señora Cotty Morales Caamaño y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 8 Índice 14 del expediente digital en Samai. 9 Índice 11 del expediente digital en Samai. 10 Índice 17 del expediente digital en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05689-00

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rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura del servicio público y colector del barrio Villa Diana etapa III, pues el Consejo de Estado ha reiterado que las Corporaciones Autónomas Regionales tienen competencia para ejecutar e invertir en obras de saneamiento básico que sean necesarias para la defensa, protección o recuperación del medio ambiente. 15.1. Expuso que la Sección Primera del Consejo de Estado tenía potestad para ordenar medidas adicionales que no fueron contempladas en la decisión de primera instancia, por lo que no se transgredieron los derechos fundamentales de la accionante.

15.1. Expuso que la Sección Primera del Consejo de Estado tenía potestad para ordenar medidas adicionales que no fueron contempladas en la decisión de primera instancia, por lo que no se transgredieron los derechos fundamentales de la accionante.

16. La Sección Primera del Consejo de Estado 11 (accionada) solicitó que se declarara la improcedencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional o, en caso de realizarse un análisis de fondo, se negara el amparo, pues la demanda de tutela gira en torno a la inconformidad con la decisión adoptada en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos y no se configuraron los defectos alegados.

14. El Municipio de Santa Rosa de Cabal, la señora Cotty Morales Caamaño y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que fueron debidamente notificados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

G. Sentido de la decisión

16. La Sala negará el amparo de los derechos fundamentales de la accionante porque no encuentra configurados los defectos procedimental, sustantivo y fáctico en la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

H. Requisitos generales de procedibilidad

porque no encuentra configurados los defectos procedimental, sustantivo y fáctico en la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

H. Requisitos generales de procedibilidad

17. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto: (i) la accionante identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda,

11 Índice 18 del expediente digital en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05689-00

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así como los derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) la accionante utilizó los mecanismos judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede ningún recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia cuestionada 12; (iv) el asunto es relevante constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales por presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no pudieron ser propuestos en el curso del proceso ordinario debido a que la sentencia cuestionada modificó la decisión proferida en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela

18. En el caso objeto de estudio la accionante presentó una demanda en ejercicio de acción de tutela contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela

18. En el caso objeto de estudio la accionante presentó una demanda en ejercicio de acción de tutela contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado. En su concepto, esa decisión vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia y alegó que se incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y fáctico, por lo que la Sala procederá a realizar la identificación de aquellos:

(i) Defecto procedimental: la Corte Constitucional 13 estableció que se manifiesta como (i) defecto procedimental absoluto, cuando el operador judicial desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido y (ii) el exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando “el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de normas procesales”.

Además, expuso que la demanda de acción de tutela en los casos en los cuales se alega la configuración de un defecto procedimental se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos:

(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifies