CE - Sentencia 11001031500020250569001 de 2025

Demandante: Félix Augusto Ríos Granados Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-05690-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C. once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05690-01

Demandante: FÉLIX AUGUSTO RÍOS GRANADOS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA

SÉPTIMA DE ORALIDAD

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia del 24 de octubre de 2025, por la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción impetrada por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Félix Augusto Ríos Granados , actuando por medio de apoderado , presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Séptima de Oralidad con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo en condiciones dignas.

presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Séptima de Oralidad con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo en condiciones dignas.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la providencia del 13 de agosto de 2025, por medio de la cual la autoridad judicial confirmó, el fallo del 17 de febrero de l mismo a ño1 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el radicado 05001-331 Sentencia del 17 de febrero de 2025. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín. Radicado 05001 33 33 002 2021-00038 00. «PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda incoada por el señor FÉLIX AUGUSTO RÍOS GRANADOS contra el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, hoy DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, atendiendo a las consideraciones expuestas en precedencia».Demandante: Félix Augusto Ríos Granados Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-05690-01

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33-002-2021-00038-00/01, promovida en contra del distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales vulnerados por el H.

Tecnología e Innovación de Medellín.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales vulnerados por el H.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN, PRESIDIDA POR EL MAGISTRADO CARLOS CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI, a mi representado, el señor FELIX AUGUSTO RÍOS GRANADOS , al DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.) que consigna que: “ el debido proceso se aplicará a toda clase actuaciones judiciales… observando la plenitud de las formas propias de cada juicio…”, a la IGUALDAD (Art. 13 C.N.) que señala: “Todas las personas nacen… iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos…” , en concordancia con el artículo 2 de la Constitución Nacional que dispuso “Garantizar la efectividad de los principios, derechos… consagrados en la Co nstitución…las autoridades la República están instituidas para proteger a todas las personas en…demás derechos y libertades…”, en concordancia con los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Nacional, el primero de los cuales reza: “ …en ellas prevalecerá el derecho sustancial…” y el segundo indica: “se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia…”; el tercero refiere: “ los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley… la jurisprudencia, lo s principios generales del derecho…”, incluso desconociendo los derechos mínimos e irrenunciables , por las actuaciones

jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley… la jurisprudencia, lo s principios generales del derecho…”, incluso desconociendo los derechos mínimos e irrenunciables , por las actuaciones judiciales y administrativas, al trabajo, al respeto por la Constitución, al TRABAJO DIGNO Y EN CONDICIONES DIGNAS, de acuerdo al art. 25 de la C.N.

SEGUNDA: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia, emitida por

el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN, PRESIDIDA POR EL MAGISTRADO CARLOS CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI, fue expedida por las vías de hecho, al incurrir en un defecto sustancial, por la infracción directa de la Ley o defecto material por la inaplicación de la Constitución, la Ley, la jurisprudencia, el precedente judicial, la interpretación irracional y despr oporcionada de la norma.

TERCERA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia emitida por el H. TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN, PRESIDIDA POR EL MAGISTRADO CARLOS CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI y en consecuencia se le ordene al accionado, proceda a proferir sentencia de reemplazo en la cual se respeten los derechos fundamentales tutelados a favor de mi poderdante, consignados en la petición No. 1.

CUARTA: Asimismo, se ordene al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN, PRESIDIDA POR ELDemandante: Félix Augusto Ríos Granados

No. 1.

CUARTA: Asimismo, se ordene al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN, PRESIDIDA POR ELDemandante: Félix Augusto Ríos Granados Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-05690-01

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MAGISTRADO CARLOS CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI, dar aplicación a la Ley y se pronuncie, a fin de que reemplace y deje sin efectos la sentencia emitida en segunda instancia, en contra de los intereses de mi representado, emitiendo una sentencia de acuerdo a la competencia que le otorga la ley, no excedié ndola, profiriendo en forma congruente una sentencia, de acuerdo con lo deprecado en la demanda.

QUINTA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENE al H. TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN, PRESIDIDA POR EL MAGISTRADO CARLOS CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI, dejar sin efectos la sentencia emitida en segunda instancia y dar aplicación a la Constitución Nacional, la Ley, la jurisprudencia y el precedente judicial del H. CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA y en consecuencia se emita sentencia que decida de fondo la s pretensiones de la demanda, que tienen que ver directamente con la reliquidación del salario hora básico, aplicando la fórmula SBM/190 horas al mes y de acuerdo al art. 33 y s.s. del Decreto -Ley 1042 de 1948 y demás pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo argumentado en el presente escrito2.

al art. 33 y s.s. del Decreto -Ley 1042 de 1948 y demás pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo argumentado en el presente escrito2.

1.3. Hechos

La parte actora en el escrito de tutela narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

Explicó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho laboral contra el distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín3, dicha acción fue radicada el 1° de febrero de 2021 y correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, que avocó conocimiento del proceso identificado con el radicado 05001-33-33-002-2021-00038-00. Mediante auto del 12 de febrero de 2021, el despacho admitió la demanda y ordenó su notificación.

Indicó que, el 17 de febrero de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín profirió sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones al concluir que los pagos realizados por concepto de la liquidación y el pago de los valores devengados por trabajo suplementario, dominicales y/o festivos se realizaron de manera correcta y ajustada a la normatividad aplicable eran correctos y que no había saldos pendientes ni derecho a reliquidación.

Señaló que interpuso el recurso de apelación dentro del término legal y que, mediante auto del 18 de marzo de 2025, el juzgado de origen lo concedió y remitió

derecho a reliquidación.

Señaló que interpuso el recurso de apelación dentro del término legal y que, mediante auto del 18 de marzo de 2025, el juzgado de origen lo concedió y remitió

2 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores. 3 Félix Augusto Ríos Granados demandó al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, buscando la reliquidación de su salario y prestaciones con base en la fórmula SBM / 190 horas del artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978.Demandante: Félix Augusto Ríos Granados Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-05690-01

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el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia ; l a Sala Séptima de Oralidad4, avocó conocimiento del recurso y, el 1 3 de agosto de 2025, profirió sentencia definitiva de segunda instancia, desfavorable a sus intereses pues declaró que el demandante argumentó que la fórmula SMB/190 horas mensuales desconocía el derecho al pago por día de descanso, razón por la cual la sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Administrativo de Medellín debía mantenerse en firme.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora calificó la actuación del tribunal como una «vía de hecho » y fundamentó la acción de tutela en los siguientes defectos:

• Defecto sustantivo o material: alegó que el fallo incurrió en infracción directa de la ley por inaplicación del artículo 33 del Decreto Ley 1042 de

fundamentó la acción de tutela en los siguientes defectos:

• Defecto sustantivo o material: alegó que el fallo incurrió en infracción directa de la ley por inaplicación del artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, decidiendo con base en una tesis no prevista en norma alguna. • Desconocimiento del precedente judicial: argumentó que el operador judicial se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado sin justificación válida, vulnerando la seguridad jurídica y la confianza legítima. • Violación del principio de congruencia: al emitir una decisión que no guardaba consonancia con las pretensiones y hechos debatidos en la demanda, negándose a aplicar la fórmula salarial solicitada bajo tesis ajenas a la norma vigente. Argumentó que esta incongruencia configuraba una vía de hecho y un defecto procedimental, pues el juez debía limitarse a fallar estrictamente sobre lo pedido y probado, sin modificar la causa petendi ni decidir extra petita, garantizando así el derecho de defensa y el debido proceso.

En conclusión, el accionante sostuvo que el tribunal actuó por fuera del marco legal y jurisprudencial obligatorio, configurando una arbitrariedad que lesionó los derechos al debido proceso, igualdad « al excluirlo de manera discriminatoria del beneficio de reliquidación salarial reconocido a otros empleados públicos » y acceso a la justicia.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 15 de septiembre del 2025, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado admitió la acción de tutela . En consecuencia, dispuso vincular al distrito Especial de Ciencia y tecnología e Innovación de Medellín, en

Mediante auto del 15 de septiembre del 2025, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado admitió la acción de tutela . En consecuencia, dispuso vincular al distrito Especial de Ciencia y tecnología e Innovación de Medellín, en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso , asimismo requerir al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín y notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala séptima de Oralidad.

4 Con ponencia del magistrado Carlos Cristopher Viveros EcheverriDemandante: Félix Augusto Ríos Granados Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-05690-01

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1.6. Contestaciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad

El magistrado Carlos Cristopher Viveros Echeverri allegó informe con fecha de 26 septiembre de 20255 en los siguientes términos:

Sostuvo que la acción de tutela era improcedente por falta de relevancia constitucional, argumentando que el demandante pretendía utilizarla indebidamente como una tercera instancia para reabrir un debate ya concluido. Indicó que el actor no demostró la vulneración de derechos fundamentales, sino que simplemente buscaba revocar una decisión desfavorable emitida en el proceso ordinario.

En cuanto al fondo, la entidad afirmó que aplicó correctamente el Decreto 1042 de 1978, el cual regula la jornada laboral de 44 horas semanales para empleados públicos territoriales. Por ello, defendió la validez legal del factor hora utilizado

En cuanto al fondo, la entidad afirmó que aplicó correctamente el Decreto 1042 de 1978, el cual regula la jornada laboral de 44 horas semanales para empleados públicos territoriales. Por ello, defendió la validez legal del factor hora utilizado por el municipio y descartó la existencia de un defecto sustantivo en la sentencia cuestionada.

Finalmente, explicó que los precedentes jurisprudenciales invocados por el actor para solicitar una reliquidación especial no eran aplicables a su caso, pues dichos fallos se referían exclusivamente al cuerpo de bomberos. Concluyó que, al ser el demandante un agente de tránsito sin el sistema de turnos 24x24, no le correspondía la fórmula salarial exigida.

1.6.2. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

El distrito sostuvo que , no incurrió en ninguna acción u omisión violatoria de derechos fundamentales, pues sus actuaciones se limitaron estrictamente al cumplimiento de órdenes emitidas por autoridad competente.

Asimismo, argumentó que la acción de tutela era improcedente por incumplir los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales, como el principio de inmediatez, lo que afectaría la seguridad jurídica.

Señaló que el accionante no logró demostrar la existencia de defectos específicos [orgánicos, procedimentales o fácticos] en las decisiones judiciales cuestionadas, ni identificó razonablemente los hechos generadores de vulneración. Por ello, la entidad afirmó que se estaba utilizando este mecanismo constitucional de manera indebida como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos.

ni identificó razonablemente los hechos generadores de vulneración. Por ello, la entidad afirmó que se estaba utilizando este mecanismo constitucional de manera indebida como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos.

5 Índice 9 de Samai Radicado. 11001-03-15-000-2025-05690-00/01Demandante: Félix Augusto Ríos Granados Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-05690-01

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Por último, se adujo la inexistencia de un perjuicio irremediable, recordando que los daños económicos no habilitan el amparo transitorio al existir otras vías judiciales principales para reclamar indemnizaciones.

Con base en lo anterior, el distrito solicitó al despacho que declarara la improcedencia de la acción de tutela en lo que respecta a la entidad.

1.6.3. Juzgado Segundo Administrativo del circuito Judicial de Antioquia

La entidad judicial remitió el enlace para acceder al expediente digitalizado con radicado 05001-33-33-002-2021-00038-006.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de octubre de 20257, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, dado que el accionante pretendía utilizar este mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario.

La Sala concluyó que el demandante buscaba reabrir un debate jurídico ya resuelto por los jueces naturales, sin aportar una carga argumentativa suficiente

utilizar este mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario.

La Sala concluyó que el demandante buscaba reabrir un debate jurídico ya resuelto por los jueces naturales, sin aportar una carga argumentativa suficiente que demostrara la existencia de verdaderos yerros constitucionales o perjuicios irremediables en la decisión cuestionada.

Consideró que, respecto a la presunta inaplicación normativa, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad no ignoró el Decreto Ley 1042 de 1978, sino que adoptó una interpretación válida sobre el cálculo del valor de la hora laboral, basada en 220 horas mensuales , por lo que dicha postura judicial no constituía arbitrariedad, pues el juez motivó razonadamente por qué no era viable la fórmula de 190 horas, dado que esta desconocería la remuneración correspondiente a los días de descanso obligatorio.

En cuanto al alegado desconocimiento del precedente, el alto tribunal señaló que el actor no acreditó la similitud fáctica entre su caso y las sentencias invocadas, las cuales resolvieron controversias de bomberos y guardianes con jornadas y turnos distintos.

Advirtió que no era posible establecer una violación al derecho a la igualdad ni aplicar dichos criterios jurisprudenciales, pues el demandante omitió explicar cómo su situación específica como agente de tránsito se ajustaba a las hipótesis fácticas de los fallos citados.

Concluyó que, la tutela no era el mecanismo idóneo para cuestionar

6 Índice 12, 13 y 14 de Samai.

fácticas de los fallos citados.

Concluyó que, la tutela no era el mecanismo idóneo para cuestionar

6 Índice 12, 13 y 14 de Samai. 7 Índice 19 de Samai. Notificada el 31 de octubre de 2025.Demandante: Félix Augusto Ríos Granados Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-05690-01

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interpretaciones judiciales, señalando que la inconformidad del actor con la negativa de reliquidación no evidenciaba vulneración de derechos, por lo que declaró su improcedencia.

Igualmente, el tutelante alegó la vulneración del principio de congruencia y la desatención de los artículos 280 y siguientes del CGP y 187 del CPACA, pero no sustentó tal afirmación. Se limitó a citar jurisprudencia constitucional y contenciosa, sin explicar cómo la autoridad jud icial habría fallado extra o ultrapetita. Además, se recordó que la incongruencia de una providencia es un asunto que debe ventilarse mediante el recurso extraordinario de revisión del artículo 250.5 del CPACA.

1.8. Impugnación

Mediante escrito radicado el 6 de noviembre de 20258, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia que fue notificada el 31 de octubre del mismo año.

Reprochó que el juez de primera instancia incurrió en error al tratar la acción de tutela como una instancia adicional desprovista de relevancia constitucional , y que, por el contrario, el asunto sí revestía tal importancia, debido a la vulneración

año.

Reprochó que el juez de primera instancia incurrió en error al tratar la acción de tutela como una instancia adicional desprovista de relevancia constitucional , y que, por el contrario, el asunto sí revestía tal importancia, debido a la vulneración de derechos fundamentales y de la configuración de un defecto sustantivo en la providencia cuestionada.

Alegó que el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento directo de la ley, específicamente del artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Asimismo, señaló que se ignoró el precedente judicial pacífico y reiterado del Consejo de Estado sobre la aplicación de la fórmula de cálculo SBM/190 horas mensuales.

Destacó que el fallo impugnado resultaba contradictorio frente a otras sentencias recientes de la misma Corporación en casos prácticamente idénticos. Afirmó que se vulneró el derecho a la igualdad, pues a otros empleados públicos y agentes de tránsito del mismo distrito se les reconoció la protección aplicando el precedente invocado.

Refutó la postura del despacho de origen sobre la supuesta falta de similitud fáctica con los antecedentes jurisprudenciales citados por el cargo desempeñado. Explicó que tanto la norma como el precedente aplican a todos los empleados públicos sin discrimi nación, por lo que la distinción entre bomberos, guardianes o agentes resultaba irrelevante para el caso.

Rechazó la afirmación del despacho de origen sobre la supuesta omisión de plantear la discusión legal o de relacionar las providencias en el proceso ordinario

8 Índice 23 de Samai.Demandante: Félix Augusto Ríos Granados

Rechazó la afirmación del despacho de origen sobre la supuesta omisión de plantear la discusión legal o de relacionar las providencias en el proceso ordinario

8 Índice 23 de Samai.Demandante: Félix Augusto Ríos Granados Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-05690-01

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de nulidad y restablecimiento. Aseguró que en el recurso de apelación original sí sustentó debidamente la aplicación de la fórmula de 190 horas, agotando así los medios de defensa judicial previos.

Por último, solicitó que se ordenara al tribunal proferir una sentencia de reemplazo estrictamente congruente con lo solicitado en la demanda inicial, ajustándose a su competencia legal sin excederla. Exigió que el fallo decidiera de fondo sobre la reliquidación salarial aplicando la fórmula de 1 90 horas, tal como se sustentó en el proceso ordinario, para garantizar la debida correspondencia lógica entre lo pedido y lo resuelto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991 9, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo adoptado en primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Félix Augusto Ríos Granados en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad por considerar que no cumplió con el requisito de relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad – relevancia constitucional, y finalmente se analizará, iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.

9 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada

Ponente: María Elizabeth García González.

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.Demandante: Félix Augusto Ríos Granados Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-05690-01

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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias judiciales12.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 13, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

2.4. Del requisito de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del

procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales . Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales . (…) (Énfasis de la Sala)

La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 2022 14, modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional

vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional

12 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Demandante: Félix Augusto Ríos Granados Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-05690-01

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y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

1. Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración de aquellos;

1. Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para

aquellos;

1. Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

1. Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces o rdinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando