CE - Sentencia 11001031500020250570600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: DISUMINISTROS S.A.S.

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la información – Principios constitucionales de legalidad sustancial, de contradicción, de publicidad y de igualdad ante las autoridades / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Funciones de la SAE – Incautación de bienes que se encuentran inmersos en procesos de extinción de dominio / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / Improcedencia por inexistencia de carga argumentativa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela 1 instaurada por la sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S. (en adelante Disuministros S.A.S.), a través de su representante legal, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 11 de septiembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Ora lidad del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la información, y de los principios constitucionales de legalidad sustancial, de contradicción, de publicidad, de igualdad ante las autoridades y de “desconocimiento de la formas propias de cada juicio”2.

1 Que ingresó para fallo el 24 de septiembre de 2025. 2 Folio 1 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: Disuministros S.A.S.

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro Referencia: Acción de tutela

2 Hechos relevantes

2. El 7 de octubre de 2016, la sociedad Disuministros Ltda. 3 suscribió con la Sociedad de Activos Especiales (en adelante SAE) un contrato de arrendamiento de cien vehículos tipo taxi que se encontraban inmersos en procesos de extinción de dominio por narcotráfico, lavado de activos y delitos conexos.

3. Posteriormente, en virtud de lo establecido en el contrato de arrendamiento que

de cien vehículos tipo taxi que se encontraban inmersos en procesos de extinción de dominio por narcotráfico, lavado de activos y delitos conexos.

3. Posteriormente, en virtud de lo establecido en el contrato de arrendamiento que facultaba a la SAE a exigir la entrega inmediata de los bienes ante un eventual incumplimiento del contrato, la entidad profirió e l Oficio núm. CS2017 -046557, a través del cual le solicitó a la sociedad Disuministros S.A.S pagar los cánones de arrendamiento adeudados y las pólizas indicadas, so pena de terminar el contrato.

4. Al no recibir respuesta alguna 4, la SAE solicitó la incaut ación de los vehículos, con fundamento en el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expidió el Código de Extinción de Dominio y se reglamentó el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – Frisco.

5. El 17 de julio de 2017, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – DIJIN ingresó las órdenes de inmovilización en el sistema de información integrada de automotores de la Policía Nacional, lo cual se materializó al día siguiente.

6. Como consecuencia de lo anterior, Disuministros S.A.S. presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la SAE, con el fin de que se le declarara patrimonial y administrativamente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la inmovilización de los vehículos.

7. A criterio de la parte demandante, la aprehensión de los vehículos se efectuó de manera irregular e incurrió en una falla en el servicio, dado que la inmovilización de

causados con ocasión de la inmovilización de los vehículos.

7. A criterio de la parte demandante, la aprehensión de los vehículos se efectuó de manera irregular e incurrió en una falla en el servicio, dado que la inmovilización de los automotores no se soportó en una orde n judicial, providencia o acto administrativo, sino en una solicitud de la SAE, entidad de derecho privado que carece de competencia para impartir este tipo de órdenes.

8. El proceso correspondió al Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, por medio de sentencia del 4 de febrero de 2022, negó las pretensiones de la demanda. A juicio del a quo, las acciones adelantadas por la SAE derivaron del cumplimiento de un deber contractual y legal, pues dicha entidad se encontraba fac ultada –conforme con la Ley 1708 de 2014, el Decreto 2136 de 2015 y el contrato de arrendamiento – para promover las actuaciones necesarias para garantizar la correcta administración de los bienes entregados en el marco de procesos de extinción de dominio.

9. Contra dicha decisión Disuministros S.A.S. presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo

3 Para la fecha de celebración del acuerdo de voluntades la sociedad estaba constituida como sociedad limitada; sin embargo, mediante reforma del 25 de noviembre de 2016 se realizó el cambio de la tipología de la entidad a una sociedad por acciones simplificada. 4 Folio 7 de la sentencia del 4 de febrero de 2022.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: Disuministros S.A.S.

de la tipología de la entidad a una sociedad por acciones simplificada. 4 Folio 7 de la sentencia del 4 de febrero de 2022.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: Disuministros S.A.S.

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro Referencia: Acción de tutela

3 de Cundinamarca que, a través de providencia del 12 de marzo de 2025, confirmó lo fallado en primera instancia.

10. El ad quem encontró que las partes pactaron como causales de terminación unilateral del contrato el no pago por parte del arrendatario de los cánones y reajustes dentro del término estipulado, así como la no renovación de las pólizas exigidas para la ejecución del a cuerdo suscrito. En ese orden de ideas, ante el incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento y la suscripción de las garantías del contrato, la SAE se encontraba facultada tanto legal como contractualmente para adelantar las gestiones pertinentes tendentes a recuperar los automotores, en virtud de su calidad de administradora del Frisco.

Pretensiones

11. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicitó lo siguiente (se

transcribe textualmente):

“PRIMERO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO (REPARTO) el tutelar los derechos fundamentales invocados: Art. 29 de la Constitución. (Debido Proceso). Sub reglas: 1. Artículo 2 Constitucional ( las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus:

Art. 29 de la Constitución. (Debido Proceso). Sub reglas: 1. Artículo 2 Constitucional ( las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus: bienes…..) 2. Derecho a la defensa. 3. Detrimento Patrimonial. 4. Derecho a la información. 5 .Principio de igualdad ante las autoridades. 6. Principio de legalidad sustancial. 7. Artículo 13 de la CONSTI TUCION. Derecho de revisar sentencias judiciales, 8. Principio de contradicción , 9. Desconocimiento de las formas propias de cada juicio – 10. Principio de publicidad, Además de los anteriores los estipulados en el Articulo 85 ibidem y el BLOQUE DE CONSTITU CIONALIDAD, Articulo 13 de la CONSTITUCION. Derecho de revisar sentencias judiciales.

SEGUNDO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO (REPARTO) que, una vez tutelados los derechos fundamentales invocados, a favor de DISUMINISTROS S.A.S., identificada con el Nit. 830111877-1 representada legalmente por DIEGO FERNANDO DUQUE OLAYA, se revoque el fallo de segunda instancia de fecha 12 de marzo de 2025, obrante dentro del radicado No 11001334306420180021001, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE C UNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C MAGISTRADO PONENTE: ANDREW JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ , confirma la sentencia proferida por el

JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTASECCION

TERCERA – SUBSECCIÓN C MAGISTRADO PONENTE: ANDREW JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ , confirma la sentencia proferida por el JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTASECCION TERCERA el día 4 de febrero de 2022 , en donde se niegan las pretensiones del medio de control Reparación directa invocado, por los derechos fundamentales invocados.

TERCERO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO (REPARTO) que, una vez tutelados los derechos fundamentales invocados, a favor de DISUMINISTROS S.A.S., identificada con el Nit. 830111877-1 representada legalmente por DIEGO FERNANDO DUQUE OLAYA, se revoque el fallo de primera instancia obrante dentro del radicado No 110013343064201800210-01, proferida por el JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTASECCION TERCERA el día 4 de febrero de 2022 , en donde se niegan las pretensiones del medio de control Reparación directa invocado, por los derechos fundamentales invocados.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: Disuministros S.A.S.

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro Referencia: Acción de tutela

4 CUARTO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO (REPARTO) que, una vez tutelados los derechos fundamentales invocados, a favor de DISUMINISTROS S.A.S., identificada

4 CUARTO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO (REPARTO) que, una vez tutelados los derechos fundamentales invocados, a favor de DISUMINISTROS S.A.S., identificada con el Nit. 830111877-1 representada legalmente por DIEGO FERNANDO DUQUE OLAYA, se acceda a la s pretensiones invocada en el medio de control reparación directa obrante dentro del radicado No 110013343064201800210-01”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte demandante afirmó que la SAE, como se detalla en el registro mercantil, es una soci edad por acciones simplificada de orden nacional que está sometida al régimen de derecho privado. Por ello, al ser una empresa privada, consideró que la controversia contractual debió direccionarse por el derecho privado, es decir, con el agotamiento del r equisito de acudir a un centro de arbitramento o de conciliación, tal como lo estipula el contrato suscrito con la

sociedad Disuministros S.A.S.

13. En ese sentido, sostuvo que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, puesto que “invirtió un capital en la reparación de estos vehículos; Capital que lo tiene perdido perjudicando así su patrimonio, y la SAE, le entrega unos vehículos al señor DIEGO DUQUE, en su mayoría para reparar motor y en mal estado, y cuando salen del taller y están en buen estado decide ordenarle a la policía nacional que los recoja”6.

14. Finalmente, expuso que “dentro del proceso obrante bajo el numero No 110013343064201800210-01, con los documentales aportados como pruebas, y

buen estado decide ordenarle a la policía nacional que los recoja”6.

14. Finalmente, expuso que “dentro del proceso obrante bajo el numero No 110013343064201800210-01, con los documentales aportados como pruebas, y con las que se practicaron en las audiencias, se logró probar el daño antijuridico ocasionado a mi poderdante por parte de la demandada SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE, incurriendo así en una falla del servicio por una operación administrativa”7.

Trámite procesal

15. Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó noti ficar al Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionados y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Naci onal, a la SAE, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de control de reparación directa con radicado núm. 11001 -33-43-064-2018-00210-00/01, como terceros con interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe.

16. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

5 Folio 13 y 14 del escrito de tutela. 6 Folio 8 ibid. 7 Ibid.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: Disuministros S.A.S.

5 Folio 13 y 14 del escrito de tutela. 6 Folio 8 ibid. 7 Ibid.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: Disuministros S.A.S.

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro Referencia: Acción de tutela

5 Intervenciones

17. El Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá realizó un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del proceso reparación directa, para concluir que las actuaciones de la SAE y de la Policía Nacional fueron legítimas, ajustadas al ordenamiento jurídico y en cumplimiento de los deberes legales y contractuales, por lo cual no se configuró una falla en el servicio.

18. Manifestó que, en lo relativo a la inobservancia contractual de convocar un tribunal de arbitramento, la autoridad judicial consideró que dicha controversia no hacía parte del objeto del litigio, ni de las pretensiones de la demanda. Adicional a ello, señaló que ante el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito Judicial de Bogotá cursa una acción contractual independiente, en la cual se estudia lo relacionado con las obligaciones contractuales.

19. Finalmente, indicó que la decisión del 4 de febrero de 2022 se adoptó con fundamento en las pruebas legalmente recaudadas y en el marco normativo vigente.

Por ello, solicitó que se declare improcedente la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional en razón a que la tutela no puede convertirse en un escenario para reabrir el debate ya resuelto en las instancias judiciales ni en

Por ello, solicitó que se declare improcedente la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional en razón a que la tutela no puede convertirse en un escenario para reabrir el debate ya resuelto en las instancias judiciales ni en un mecanismo para sustituir al juez natural, máxime cuando no se demostró la existencia de un defecto fáctico o jurídico, ni una violación directa a la Constitución o la ley.

20. La SAE solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior, dado que la entidad no ejerce funciones judiciales y todas las actuaciones procesales en d efensa de sus intereses se hicieron en los términos establecidos en la ley.

21. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que, al decidir el recurso de apelación, no vio la necesidad de modificar la decisión de la sentencia emitida por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda. Esto, al considerar que no se configuraron los elementos de la responsabilidad extracontractual del Es tado, en la medida en que la incautación de los automotores no tuvo el carácter de antijurídico, en tanto las autoridades demandadas actuaron en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, sin que se haya acreditado algún tipo de falla en el procedimiento adelantado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: Disuministros S.A.S.

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6 Problemas jurídicos y metodología de la decisión

23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular la relevancia constitucional, al presentar una argumentación somera y general para cuestionar los proveídos impugnados e identificar los hechos constitutivos de la vulneración de sus derechos fundamentales?

24. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la expedición de las providencias del 4 de febrero de 2022 y del 12 de marzo de 2025, respectivamente, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la información de la parte accionante?

25. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la

de 2025, respectivamente, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la información de la parte accionante?

25. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto, en el cual se estudiará si la parte accionante cumplió con la carga argumentativa para explicar las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en las que presuntamente incurrió la providencia enjuiciada.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

26. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20058, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

27. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar9; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 11 o el Consejo de Estado 12, ni una sentencia inter pretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del

constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 11 o el Consejo de Estado 12, ni una sentencia inter pretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-13; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un

8 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 9 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 10 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. A l respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 11 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 12 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: Disuministros S.A.S.

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7 plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se

hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiari edad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 14 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitar lo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga u n efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

28. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté directamente orientada a la protección de derechos fundamentale s y no se limite a reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente al juez ordinario.

29. La Corte Constitucional indicó 15 que la tutela contra providencias judiciales no puede convertirse en una instancia adicional para cues tionar sentencias ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la d ecisión judicial.

reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la d ecisión judicial.

30. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el eventos en que se pretende reabrir el debate 16: (i) el debate debe recaer sobre un asunto c onstitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constit ución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

31. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demost rar, de manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de corrección judicial, el cual se escapa de su competencia17.

14 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018. 16 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

14 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018. 16 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021. 17 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: Disuministros S.A.S.

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8 Caso concreto

32. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cu mple con el requisito de carga argumentativa exigida para cuestionar las decisiones adoptadas por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección C de la

Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

33. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito general de la relevancia constitucional se acredita cuando: i) se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias ju diciales, que afectaron sus derechos fundamentales18.

34. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU –215 de 2022 19 precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia

de tutela contra providencias ju diciales, que afectaron sus derechos fundamentales18.

34. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU –215 de 2022 19 precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a e ste requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. […]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto

Tributario. […]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

18 Consejo de Estado. Sentencia del 24 de marzo de 2023. Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00. Actor: Jorge Toro Garrido. 19 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00

Accionante: Disuministros S.A.S.

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro Referencia: Acción de tutela

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65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensione s

se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensione s de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obte ner la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. […]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de l