CE - Sentencia 11001031500020250571000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-00

Accionante: DANIEL RAFFÁN RODRÍGUEZ RAMÍREZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por desvinculación de un empleado nombrado en provisionalidad. Condición resolutoria. Falta de carga argumentativa frente a los d efectos sustantivo y fáctico. Niega respecto al desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Daniel Raffán Rodríguez Ramírez , quien actúa en nombre propio, contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de septiembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de septiembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a l trabajo , supuestamente vulnerado s por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se declare que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, dentro del radicado 11001333501320200025400, vulneró los derechos fundamentales del accionante.

2. Se deje sin efectos dicha sentencia y, en su lugar, se restablezca lo decidido en primera instancia por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bogotá.

3. Se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos vulnerados”.

2. Hechos

El accionante relató que mediante Resolución núm. 359 de 2 de julio de 2019, fue nombrado en provisionalidad en el cargo de profesional especializado código 2028,Radicado: 11001-03-15-000-2025-05710-00

Accionante: Daniel Raffán Rodríguez Ramírez

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2 grado 15 de la planta de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, a partir del 3 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad.

Afirmó que mediante comunicación núm. 7646-2019 de 13 de noviembre de 2019,

del 3 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad.

Afirmó que mediante comunicación núm. 7646-2019 de 13 de noviembre de 2019, el coordinador de Gestión de Talento Humano de l establecimiento educativo le recordó al demandante que su nombramiento en provisionalidad vencía el 31 de diciembre de 2019, y le comunicó que el mismo no sería prorrogado . Por consiguiente, el 26 de diciembre de 2019 solicitó que se le informara con base en qué normativa había tomado la decisión de terminar su vinculación en provisionalidad, y por otra, que desistiera de aquella terminación . Agregó que por medio de oficio núm. 9023-2019 de 27 de diciembre de 2019, se le indicó que la terminación del vínculo se debía a que en la resolución de nombramiento se había establecido una fecha de inicio y terminación, sin que para finalizar el mismo fuese necesario la emisión de un acto administrativo que expusiera la normativa aplicable.

Sostuvo que el 23 de enero de 2020 , elevó otra petición con el fin de conocer los motivos de la administración para expedir el acto administrativo de retiro, pues los mismos no le fueron informados y solicitó ser reintegrado de manera inmediata al cargo del que fue removido, con el pago total de los em olumentos dejados de percibir desde la fecha de retiro . Mediante oficio núm. 2090-2020 de 13 de marzo de 2020, se despachó desfavorablemente la solicitud de reintegro.

Indicó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Escuela Tecnológica Instituto Técnico

de 2020, se despachó desfavorablemente la solicitud de reintegro.

Indicó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, con el fin de que se anulara n los oficios n úm. 7646-2019 de 13 de noviembre de 2019, 9023-2019 de 27 de diciembre de 2019 y 2090-2020 de 13 de marzo de 2020, así como la nulidad parcial de la Resolución núm. 359 de 2 de julio de 2019, y a título de restablecimiento del derecho se ordenara el reintegro al cargo que ejercía al momento de su desvinculación.

Señaló que el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bogotá en fallo de 15 de octubre de 2024, declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, declaró la nulidad del oficio num. 7646-2019 de 13 de noviembre de 2019 y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada reintegrar al señor Daniel Raffán Rodríguez Ramírez al cargo que se encontraba desempeñando al momento de su desvinculación, sin solución de continuidad, y en las mismas condiciones en que fue vinculado, es decir, en provisionalidad siempre y cuando el cargo ocupado antes de su desvinculación no haya sido p rovisto p or concurso, suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso. Igualmente, condenó, a título de indemnización, al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante los veinticuatro meses siguientes a su desvinculación, con el descuento de ese monto de las sumas que por cualquier concepto laboral público o privado,

de indemnización, al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante los veinticuatro meses siguientes a su desvinculación, con el descuento de ese monto de las sumas que por cualquier concepto laboral público o privado, dependiente o independiente hubiera percibido, sin que en ningún caso dicha indemnización pueda ser inferior a seis (6) meses, y respecto a lo cual precisó que la entidad condenada solo pod ía realizar esos descuentos si se demostraba de forma suficiente la vinculación laboral del demandante en el periodo en el que se ordenó la indemnización, en atención a la sentencia SU-874 de 2014.

Finalmente, manifestó que ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de 23 de julio de 2025, laRadicado: 11001-03-15-000-2025-05710-00

Accionante: Daniel Raffán Rodríguez Ramírez

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3 revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que la desvinculación del demandante se sustentó en el vencimiento del plazo establecido en el acto administrativo de nombramiento.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora mencionó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, porque se desconocieron los artículos “36 y 41” del Decreto 1083 de 2015 y el 174 de la Ley 1437 de 2011, relacionados con la obligación de motivar los actos administrativos

desconocieron los artículos “36 y 41” del Decreto 1083 de 2015 y el 174 de la Ley 1437 de 2011, relacionados con la obligación de motivar los actos administrativos de desvinculación.

Aseguró que en la sentencia objetada se configuró el defecto fáctico, en tanto se basó en una valoración arbitraria de las pruebas y se omitieron documentos y testimonios que acreditaban la ausencia de una causal objetiva para la terminación del nombramiento.

Por último , mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial, pues se ignoró las decisiones que establecen que la falta de motivación suficiente en el acto administrativo de desvinculación conlleva su nulidad, para lo cual invocó la SU -917 de 2010 de la Corte Constitucional , la decisión proferida por el “Consejo de Estado Sección Segunda, rad. 11001 -03-25000-2011-00013-00” 1 y la “Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 51219 de 2021”.

4. Trámite procesal

Por auto de 19 de septiembre de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central . De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 136380 a 136377 y 136960 a 136961 de 23 de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 136380 a 136377 y 136960 a 136961 de 23 de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

La magistrada ponente de la sentencia objetada pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, pues no se evidenció la vulneración de derechos fundamentales alegados por el actor. Adicionalmente, consideró que lo planteado por el demandante es una discusión frente a la decisión en sí misma, lo cual desdibuja la naturaleza subsidiaria y residual del mecanismo constitucional.

1 Al mencionar la sentencia proferida en este proceso, desarrolló la siguiente cita: "La ausencia de motivación suficiente en el acto administrativo que retira a un servidor en provisionalidad conlleva su nulidad, lo que implica el reintegro y el reconocimiento de salarios y prestaciones dejados de percibir".Radicado: 11001-03-15-000-2025-05710-00

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5.2. Respuesta del Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bogotá

La titular del despacho elaboró un breve relato de las actuaciones desarrolladas en el curso del proceso ordinario y aseguró que la decisión proferida en el curso de la

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5.2. Respuesta del Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bogotá

La titular del despacho elaboró un breve relato de las actuaciones desarrolladas en el curso del proceso ordinario y aseguró que la decisión proferida en el curso de la primera instancia se ajustó a derecho , de la cual se desprenden los argumentos legales y jurisprudenciales que sustentan la decisión.

5.3. Respuesta de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

El rector del establecimiento educativo pidió que se declare que no existió vulneración de los derechos fundamentales del demandante , y agregó que en la sentencia objetada se desarrolló un estudio juicioso por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que no se configuró el defecto sustantivo alegado.

Indicó que, en lo relacionado con el defecto fáctico, el actor con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no solicitó la práctica de una prueba testimonial y, adicionalmente, el Tribunal mencionó todos los medios de prueba allegados en debida forma al proceso.

Finalmente, resaltó que el actor desarrolla citas de sentencias, las cuales son inexistentes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial

de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al trabajo del demandante, y si se configuran los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la ConvenciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-05710-00

Accionante: Daniel Raffán Rodríguez Ramírez

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5 Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir

bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 5, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera

irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo 10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la

2 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 3 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 5 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 9

7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 9 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 12 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 13 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05710-00

Accionante: Daniel Raffán Rodríguez Ramírez

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6 Constitución 14 .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese

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6 Constitución 14 .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Falta del requisito de la relevancia constitucional frente a los defectos fáctico y sustantivo

La parte actora aseguró que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, porque se desconocieron los artículos “36 y 41” del Decreto 1083 de 2015 y el 174 de la Ley 1437 de 2011, relacionados con la obligación de motivar los actos administrativos de desvinculación. Igualmente, invocó la configuración del defecto fáctico, en tanto que la sentencia objetada se basó en una valoración arbitraria de las pruebas y se omitieron documentos y testimonios que acreditaban la ausencia de una causal objetiva para la terminación del nombramiento.

que la sentencia objetada se basó en una valoración arbitraria de las pruebas y se omitieron documentos y testimonios que acreditaban la ausencia de una causal objetiva para la terminación del nombramiento.

La Sala declarará la improcedencia de l os cargos relacionados con los defectos sustantivo y fáctico, porque no cumplen el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella sin desarrollar la carga argumentativa mínima y explicativa necesaria para que el juez de tutela analice de fondo el asunto.

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones17.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible

14 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU -114 de 2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera. 15 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de

diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.

P. Lucy Jean nette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.

16 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

17 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05710-00

Accionante: Daniel Raffán Rodríguez Ramírez

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7 vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200518, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional19.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 20, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado

por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.

De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dicta n previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de co ntrovertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los

sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de co ntrovertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en

18 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 19 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 20 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05710-00

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8 últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

Descendiendo al caso concreto, esta Sala considera necesario precisar que el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se compilaron normas del sector público, sus artículos van desde el 1.1.1.1. hasta el 3.1.2., es decir, que no se puede estudiar un posible desconocimiento de los artícu los “36 y 41 ”, pues dichas disposiciones

sus artículos van desde el 1.1.1.1. hasta el 3.1.2., es decir, que no se puede estudiar un posible desconocimiento de los artícu los “36 y 41 ”, pues dichas disposiciones son inexistentes y, si bien, el mencionado decreto compila otros que si cuentan con dicho número de artículos, lo cierto es que regulan lo relacionado con nombramientos en periodo de prueba, calificación no satisfac toria, trabajo ocasional, accidental o transitorio e indemnización por despido, asuntos que no guardan relación con el asunto del demandante.

De otro lado, con respecto al desconocimiento del artículo 174 de la Ley 1437 de 2011 21 , valga indicar que este se refiere al retiro de la demanda, lo que no tiene relación alguna con el caso, más aún cuando lo que plantea el actor es la falta de expedición de un acto administrativo de desvinculación a una persona que ocupaba un cargo en provisionalidad cuando existe un plazo en el acto de nombramiento.

Por otra parte, en el escrito de tutela el accionante alega la configuración del defecto fáctico, sin embargo, no desarrolla un argumento concreto frente a las pruebas que supuestamente no se valoraron ni explicó en que consistió la indebida valoración, razón por la cual, la Sala no cuenta con elementos de juicio para abordar esa casual invocada por el actor.

De lo anterior, se observa que los cargos en estudio no cumplen con la carga argumentativa necesaria para que se habilite el estudio de fondo por parte del juez constitucional.

En efecto , la Sala reitera que no basta con aducir la afectación de garantías iusfundamentales o que mencione una o varias causales especiales de

argumentativa necesaria para que se habilite el estudio de fondo por parte del juez constitucional.

En efecto , la Sala reitera que no basta con aducir la afectación de garantías iusfundamentales o que mencione una o varias causales especiales de procedencia, para cumplir este requisito de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que es imperativo que el interesado exponga de manera clara las razones por las cuales las considera, lo que no ocurre en el caso concreto.

En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con los principios y valores en juego, cua