CE - Sentencia 11001031500020250571001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela

Parte actora: Daniel Raffan Rodríguez Ramírez

Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección

Segunda – Subsección C Radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se modifica el fallo impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de 23 de octubre de 2025 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los document os obrantes en el expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Daniel Raffan Rodríguez Ramírez en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central ETITC solicitando la nulidad del oficio 7646 de 2019, por medio del cual se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad y , a título de restablecimiento, se ordenara el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir.

1.2. El Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá,

su nombramiento en provisionalidad y , a título de restablecimiento, se ordenara el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir.

1.2. El Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 15 de octubre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la entidad demandada terminó el nombramiento en provisionalidad del actor, bajoNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

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la simple consideración del cumplimiento del término para el que fue nombrado, sin atender lo previsto en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015 y las reglas fijadas en la sentencia SU 947 de 2010, que imponen a las entidades públicas el deber de motivar suficientemente los actos administrativos de terminación de los nombramientos en provisionalidad, sin que sea admisible invocar solo el vencimiento del plazo.

1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte accionante presentó recurso de apelación.

1.4. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante decisión de 23 de julio de 2025, revocó la sentencia de primera instancia, al considerar que “[…] el acto acusado se encuentra debidamente motivado y los fundamentos que expresó la entidad concuerdan con la realidad, son razonables, suficientes y

sentencia de primera instancia, al considerar que “[…] el acto acusado se encuentra debidamente motivado y los fundamentos que expresó la entidad concuerdan con la realidad, son razonables, suficientes y acordes a derecho, ya que el vencimiento del plazo es una causal válida o admisible para la desvinculación, por lo que no le asiste el derecho legal al demandante a permanecer en el empleo provisional y al reintegro con el pago salarial y prestacional correspondiente […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer los artículos 36 y 41 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 174 del CP ACA relacionados con la obligación de motivar los actos administrativos de desvinculación.

Argumentó que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico porque la decisión se basó en una valoración arbitraria de pruebas y, omitió documentos y testimo nios que acreditaban la ausencia de una causal objetiva para la terminación del nombramiento.

Planteó que la decisión judicial ignoró la jurisprudencia que establece que laNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

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falta de motivación en el acto de desvinculación conlleva a su nulidad y el consecuente reintegro.

Señaló que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial dado que ignoró las decisiones que establecen que la falta de motivación

consecuente reintegro.

Señaló que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial dado que ignoró las decisiones que establecen que la falta de motivación suficiente en el acto administrativo de desvinculación conlleva su nulidad, para lo cual invocó la sentencia SU-917 de 2010 proferida por la Corte Constitucional, la decisión dictada por el “ […] Consejo de Estado Sección Segunda, rad. 11001-03-25000-2011-00013-00 […]” y la “[…] Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 51219 de 2021”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, dentro del radicado 11001333501320200025400, vulneró los derechos fundamentales del accionante.

2. Se deje sin efectos dicha sentencia y, en su lugar, se restablezca lo decidido en primera instancia por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bogotá.

3. Se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos vulnerados. […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 19 de septiembre de 2025, se admitió la presente acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Segunda d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Escuela Tecnol ógica Instituto Técnico Central ETITC, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Escuela Tecnol ógica Instituto Técnico Central ETITC, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

2. El 23 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando improcedente el mecanismo de amparo de la referencia frente a los defectos sustantivo y fáctico y, negando las pretensiones frente al cargo por desconocimiento del precedente judicial.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

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3. Mediante auto de 10 de noviembre de 2025, se concedió la impugnación presentada por el actor contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que el acto acusado se encuentra debidamente motivado y sus fundamentos concuerdan con la realida d, lo que constituye razones suficientes y ajustadas a derecho . Adujo que el vencimiento del plaz o constituye una causal válida y admisible para la desvinculación, sin que le asista derecho legal al demandante para permanecer en el empleo provisional ni para el reintegro con el pago de salarios y prestaciones correspondientes.

Adujo que la acción de tutela es absolutamente excepcional en tanto que la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso impiden el carácter temporal

ni para el reintegro con el pago de salarios y prestaciones correspondientes.

Adujo que la acción de tutela es absolutamente excepcional en tanto que la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso impiden el carácter temporal de tales decisiones y un proceder contrario, sería considerar que la acción de tutela es última instancia de todos los procesos judiciales. Resaltó que no incurrió en vulneración alguna de los derechos fundamentales.

2. La Escuela Tecnológica – Instituto Técnico Central ETITC solicitó que se declare que no hubo vulneración o afectación a los derechos fundamentales del accionante.

3. El Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá adujo que la decisión proferida en primera instancia se encontraba ajustada a derecho.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta del Consejo de Estado , mediante sentencia de 23 de octubre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no cumplía con el requisito general de relevancia constitucional respecto de los defectos sustantivo y fáctico y, negó las pretensiones frente al desconocimiento del precedente judicial.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

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Declaró la improcedencia de los cargos relacionado s con los defectos fáctico y sustantivo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional ante la ausencia de carga argumentativa para su análisis de fondo.

Declaró la improcedencia de los cargos relacionado s con los defectos fáctico y sustantivo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional ante la ausencia de carga argumentativa para su análisis de fondo.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial , el a quo indicó que el tribunal accionado no incurrió en esta causal de procedibilidad, sino que acogió el criterio establecido por la Corte Cons titucional en la sentencia T-407 de 2016, al aducir que en el acto administrativo de nombramiento se estableció , de manera clara , la fecha de in icio y culminación del ví nculo y que el actor aceptó.

Además, que no existe jurisprudencia unificada frente a si el vencimiento del plazo del nombramiento constituye una razón válida para la desvinculación de empleados designados en provisionalidad.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Sostuvo que la aut oridad accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto . I ndicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sacrificó la justicia material por errores de digitación, ignorando el concepto de violación que estaba sustentado en la sentencia SU -917 de 2010.

Señaló que el concepto de violación está vigente y que la autoridad judicial al desechar el argumento por un error en el número prefirió aplicar la norma que conocía, en vez de aplicar el principio iura novit curia (el juez conoce el derecho).

desechar el argumento por un error en el número prefirió aplicar la norma que conocía, en vez de aplicar el principio iura novit curia (el juez conoce el derecho).

Manifestó que el juez de tutela confundió la ratio decidendi de la sentencia SU917 de 2010 respecto de la cual los empleados en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa y, por tanto, cualquier acto que ponga fin a suNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

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vínculo debe estar fundado en causales objetivas y razonables.

Resaltó que el juez de tutela, al avalar la tesis del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pretende que el vencimiento del plazo sea una causal objetiva y justa causa legal, lo que considera es imposible jurídicamente . Señaló que el plazo en un nombramiento provisional no es una causal en sí misma, es una condición temporal supeditada a la causal objetiva real , como es la provisión definitiva del cargo por concurso.

Enfatizó en que la administración no puede fijar un plazo de seis (6) meses como quedó en la Resol ución 359 de 2019 y usar lo como única motivación para terminar el vínculo , salvo que coincida con la llegada del ganador del concurso.

Con la tesis del juez de tut ela se desnaturaliza la protección provisional, permite a la administración burlar el deber de motivación, cambiando la forma

para terminar el vínculo , salvo que coincida con la llegada del ganador del concurso.

Con la tesis del juez de tut ela se desnaturaliza la protección provisional, permite a la administración burlar el deber de motivación, cambiando la forma del acto, sin que se expida un acto de insubsistencia sino dejando vencer el plazo.

Adujo que tanto el tribunal como el juez de tutela desconocieron el Oficio 76462019, que notificó que su vínculo no sería p rorrogado. Este era el “verdadero acto de retiro y carecía de motivación”, contrario a lo entendido correctamente por el juez de primera instancia en el proceso ordinario.

Indicó que la sentencia de tutela erró al considerar el argumento del tribunal respecto del cual no existe un criterio unificado , lo cual est á ratificado por la Corte Constitucional y tiene que ver con la estabilidad relativa, que exige una motivación objetiva para cualquier forma de reti ro, sin que el vencimiento del plazo sea una de ellas.

Por último, indicó que el a quo se valió de un error formal en la cita de unas normas (art.36 y 41 del Decreto 1083 de 2015) para declarar la improcedencia del defecto sustantivo. Sacrific ó así el derecho sustancial y el acceso a la justicia por un formalismo procesal, a pesar de que el concepto de la violaciónNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

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era inequívoco.

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era inequívoco.

Esta actuación del a quo está prohibida por la jurisprudencia, porque a pesar de que la acción de tutela denunciaba la obligación de motivar los actos administrativos de desvinculación y citaba la sentenci a SU-910 de 2010, el juez se aferró al error en la cita numérica para no estudiar de fondo el defecto sustantivo.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado 1, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

1 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

fundamentales invocados por la parte accionante.

1 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

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3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional 2 como del Consejo de Estado 3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces5.

En sentencia SU -215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha

2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras. 3 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009 -01328-01(IJ) y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras. 4 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C -590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D -5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 5 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

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afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos

independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales en que incurri eron las autoridades accionadas no devela que el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 11001-33-35-013-2020-0254-02.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollarNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01

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la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada a que, a su juicio, la autoridad accionada erró al validar una causal ilegal de retiro, por lo que incurrió en defecto sustantivo, fáctico, en desconocimiento del precedente y en exceso ritual manifiesto, circunstancias que se traducen en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez

ilegal de retiro, por lo que incurrió en defecto sustantivo, fáctico, en desconocimiento del precedente y en exceso ritual manifiesto, circunstancias que se traducen en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional” que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección considera que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, motivo por el cual se modificarán los ordinales primero y segundo del fallo impugnado y, en su lugar, se declarará improcedente el mecanismo de amparo de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero y segundo del fallo de tutela de 23 de octubre de 2025 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado

los cuales quedarán así:

DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia , por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera de Estado Presidenta

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA

NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO

CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.