CE - Sentencia 11001031500020250571601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05716-01

Accionante: DARLY ESTHER NAVARRO RODRÍGUEZ Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de 14 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Darly Esther Navarro Rodríguez solicitó, en nombre propio, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 21 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , dentro

de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 21 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación 08001-23-31000-2012-00346-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Sociedades, a fin de que se les declarara responsables por la falta de pago de unos créditos reconocidos en el proceso de liquidación forzosa de la sociedad ARC International Ltda.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01

Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

2.2. Afirmó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridad judicial que, mediante providencia de 25 de marzo de 2021 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de providencia de 21 de febrero de 2025, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de providencia de 21 de febrero de 2025, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Adujo que la providencia mencionada anteriormente vulner ó sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por incurrir en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente, decisión sin motivación y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.5. Sostuvo que “[…] el juez administrativo en segunda instancia, al juzgar si el Estado tuvo responsabilidad en la precitada falla en el servicio, no tuvo en cuenta el tipo de crédito que se reconoció, califico (sic) y graduó dentro del proceso concursal mencionado, teniendo en cuenta que estos eran derechos laborales, reconocido (sic) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla y que estos mismos tienen el carácter de irrenunciables, tanto a nivel Constitucional como en las Normas Internacionales del Trabajo (NIT) que integran el bloque de constitucionalidad […]”.

2.6. Expresó que “[…] El apelante no cuestionó entonces de manera detallada la conclusión del a quo, pues no se centró en las razones medulares del a quo para negar las pretensiones de la demanda, las relacionadas con la antijuridicidad del daño alegado en su recurso de apelación, desplazando la responsabilidad del daño al extremo más débil, quien comportaba créditos laborales en el proceso concursal. En ese sentido, el artículo 320 del Código General d el Proceso Norma aplicable de

daño alegado en su recurso de apelación, desplazando la responsabilidad del daño al extremo más débil, quien comportaba créditos laborales en el proceso concursal. En ese sentido, el artículo 320 del Código General d el Proceso Norma aplicable de manera supletoria al procedimiento contencioso administrativo, según lo señalado en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, que prevé que el superior puede examinar la cuestión decidida, “únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante”, de modo que la competencia del ad quem se circunscribe a los argumentos expuestos en la apelación en tanto confronten la ratio decidendi del fallo cuestionado […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Que se resguarden los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, vulnerados por los yerros encontrados en la providencia del Honorable Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección A, de radicado 08001-23-31-000-201200346-01 (68.086) de veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025), notificada en fecha once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE la sentencia del Honorable Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección A, de radicado 08001-23-31-000-2012-0034601 (68.086) de veintiuno (21) de febrero de dos3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01

08001-23-31-000-2012-0034601 (68.086) de veintiuno (21) de febrero de dos3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01

Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

mil veinticinco (2025), notificada en fecha once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025). […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 15 de septiembre de 2025 , el Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al superintendente de Sociedades, al ministro de Comercio, Industria y Turismo y al presidente y magistrados integrantes de la Subsección C del

Tribunal Administrativo del Atlántico.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,

se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que la tutela no está llamada a prosperar en la medida que “[…] i) la sentencia está fundada en los elementos probatorios obrantes en el expediente, las normas y lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso y ii) se profirió en estricto apego a las garantías sustanciales y procesales que informan el debido proceso, sin que sea procedentes los reproches de la accionante en torno al examen de la legitimación material en la causa por activa efectuado por esta judicatura […]”.

sustanciales y procesales que informan el debido proceso, sin que sea procedentes los reproches de la accionante en torno al examen de la legitimación material en la causa por activa efectuado por esta judicatura […]”.

5.2. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó negar las pretensiones de la parte tutelante, en la medida que, “[…] no existe ningún defecto de los indicados en la jurisprudencia en el que haya incurrido las decisiones atacadas. Las mismas fueron completamente respetuosas del ordenamiento vigente […]”.

5.3. La Superintendencia de Sociedades señaló que no se satisface “[…] el requisito de la relevancia constitucional indispensable para la procedencia excepcional de la tutela contra la sentencia del 21 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, toda vez que el estudio oficioso de la legitimación material en la causa, como presupuesto para el pronunciamiento de fo ndo dentro del proceso de reparación directa incoado por la accionante, no puede catalogarse como ostensiblemente arbitrario, ilegítimo o violatorio de las garantías básicas del derecho al debido proceso […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 14 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela.

7. Al respecto consideró que:4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01

Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

7. Al respecto consideró que:4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01

Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

“[…] 4) Como viene de leerse, la providencia cuestionada, lejos de aplicar de manera arbitraria o descontextualizada el artículo 320 del Código General del Proceso, resolvió de forma expresa un argumento que fue planteado por la parte apelante, relativo a la ca usa exclusiva del daño y la pérdida del interés jurídico de la demandante.

1. En efecto, la autoridad judicial demandada no introdujo de oficio un nuevo fundamento ajeno a la controversia, como lo sostuvo la actora, sino que atendió una censura contenida en el recurso de apelación formulado por la Superintendencia de Sociedades, quien atribuyó el perjuicio a la conducta de la propia señora Darly Esther Navarro Rodríguez por rehusar la cesión de bienes adjudicados para el pago de su crédito laboral.

1. En todo caso, la referencia al artículo 68 de la Ley 550 de 1999 no constituyó un exceso ritual ni una aplicación caprichosa del derecho, sino la materialización del análisis sobre la legitimación en la causa, elemento sustancial que podía examinarse en segunda instancia inclusive aún si no se hubiese propuesto por tratarse de un presupuesto procesal de la acción que debe estar acreditado, so pena de que no se pueda dictar una decisión de mérito.

1. En ese contexto, la decisión de revocar la sentencia del t ribunal no obedeció a una interpretación extensiva o irracional de la norma, sino al ejercicio legítimo de la competencia funcional del juez ad quem, sustentada en un razonamiento

1. En ese contexto, la decisión de revocar la sentencia del t ribunal no obedeció a una interpretación extensiva o irracional de la norma, sino al ejercicio legítimo de la competencia funcional del juez ad quem, sustentada en un razonamiento jurídicamente válido y acorde con el principio de autonomía judicial. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en

los siguientes argumentos:

“[...] Es evidente que en el caso que se presenta al interior del proceso de reparación directa 08001-23-31-000-2012-00346-01 (68.086), existe una verdad objetiva, que no es otra que el tardío y negligente actuar del juez de concurso dentro del proceso de liquidación obligatoria de la compañía ARC internacional que ocasiono el impago de los crédito r econocidos, calificados y graduados de la aquí accionante por los que finalmente seria condenada la superintendencia de sociedades en primera instancia, APLICANDO EL CONSEJO DE ESTADO RIGIDAMENTE UNA NORMA QUE OBSTACULIZA EL DERECHO SUSTANCIAL VULNERANDO EL DEBIDO PROCESO, que a entendimiento de la corte constitucional deriva en un defecto procedimental que para el caso sería absoluto al presentarse un exceso ritual manifiesto por la aplicación estricta de una norma (art 68 de la ley 550 de 1999 – renuncia tacita de la acreencia) RENUNCIANDO A LA VERDAD JURIDICA OBJETIVA, que no es otra que el daño causado por una prestación del servicio ineficaz.

De modo que, la entidad accionada, dejo de valorar todo el material probatorio,

RENUNCIANDO A LA VERDAD JURIDICA OBJETIVA, que no es otra que el daño causado por una prestación del servicio ineficaz.

De modo que, la entidad accionada, dejo de valorar todo el material probatorio, aplicando tajantemente una norma (art 68 de la ley 550 de 1999 – renuncia tacita de la acreencia) sin tener en cuenta que la discusión en reparación directa se determina en la falla de la prestación del servicio, constituyendo una doble afectación al acceso a la pronta y cumplida admini stración de justicia, tanto por el proceso concursal adelantado que como se relató en los hechos convirtió en chatarra los MIL OCHOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/L ($1.822.223.400), con los que hubiera podido c ancelarse mi acreencia, y por otro lado la renuncia a la verdad jurídica con la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa, que extiende los efectos que tiene la aplicación del artículo 68 de la ley 550 de 1999 hacia afuera del proceso para negar la falla en el servicio5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01

Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

por parte de la superintendencia de sociedades que es el verdadero fondo del proceso […]”. [Sic en toda la cita].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 4, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente, decisión sin motivación y en la causal de violación directa de la Constitución.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Regla mentario del sector Justicia y del Derecho”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de

2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01

Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores

9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una dispo sición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

normas establecidas en la Constitución Política. 11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01

Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

19. La señora Darly Esther Navarro Rodríguez solicitó, en nombre propio , la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 21 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación 08001-23-31-000-2012-00346-01.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe

de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales 14, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra provid encias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.

tercera instancia.

12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 14 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 15 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 16 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01

Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos

procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 2022 17 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes

del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tute la interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante cons idera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno

17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01

Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

estrictamente privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra

proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Ple