CE - Sentencia 11001031500020250572300 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05723-00

Demandante: Rafael Segundo Valencia Egea

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 27 de noviembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05723-00

Demandante: RAFAEL SEGUNDO VALENCIA EGEA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA TERCERA DE

DECISIÓN.

Tema: Contra providencia que decidió en segunda instancia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho relacionada con reliquidación pensional para ex funcionario del INPEC. Defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Rafael Segundo Valencia Egea contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 12 de septiembre de 2025 1, en ejercicio de la acción de tutela y por medio de apoderado judicial, la demandante pidió la protección al principio de legalidad y a sus derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social.

El 12 de septiembre de 2025 1, en ejercicio de la acción de tutela y por medio de apoderado judicial, la demandante pidió la protección al principio de legalidad y a sus derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social.

A juicio del tutelante, la vulneración de dicha s garantías superiores se deriva de la sentencia del 19 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal Administración de Sucre, que en segunda instancia, revocó la decisión adoptada por el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo dentro del proceso nulidad y restablecimiento del derecho 70001-23-33-0092018-00187-00 que había accedido a las pretensiones de la demanda.

2. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes pretensiones:

Ante la abierta vulneración a los derechos fundamentales invocados y al presentarse los defectos fácticos y sustanciales mencionados, peticiono lo siguiente:

17.1. Se deje sin efecto la sentencia del 19 de febrero de 2025 proferida por la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

El señor Rafael Segundo Valencia Egea trabajó en la Policía Nacional del 1 de julio de 1973 al 19 de agosto de 1976 y como funcionario del Cuerpo de Custodia y Vigilancia

1 Índice 1 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05723-00

Demandante: Rafael Segundo Valencia Egea

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Nacional Penitenciaria y Carcelaria del INPEC, desde el 27 de abril de 1978 hasta el 30 de mayo de 2016.

Mediante Resolución 012612 del 31 de octubre de 1995, la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL negó el reconocimiento de la pensión de jubilación. A instancias del recurso de reposición, la entidad, por Resolución No. 013491 del 25 de octubre de 1996, revocó la anterior decisión y reconoció la prestación al señor Rafael Segundo Valencia Egea, con el 75% del promedio de lo devengado en los 11 meses y 7 días anteriores a la adquisición de status e incluyendo la asignación básica y la bonificación de servicios prestados, en cuantía de $214.521,40.

Por Resolución No. 37422 del 6 de agosto de 2008, la extinta CAJANAL reliquidó la pensión de jubilación del señor Segundo Valencia con el 75% del promedio devengado entre el 14 de diciembre de 2002 hasta el 30 de noviembre de 2003, teniendo en cuenta la asignación básica, el sobresueldo y la bonificación por servicios prestados en la suma de $643.428.42.

A través de la Resolución No. UGM 001030 de 14 de julio de 2011 la extinta CAJANAL,

básica, el sobresueldo y la bonificación por servicios prestados en la suma de $643.428.42.

A través de la Resolución No. UGM 001030 de 14 de julio de 2011 la extinta CAJANAL, reliquidó la pensión del señor Valencia Egea por un valor de $1.056.66,26 con el 75% de lo devengado durante los diez últimos años de servicios, esto es, entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de diciembre de 2008, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, incluyendo los factores salariales de sueldo, sobresueldo y bonificación por servicios prestados.

Por Resolución No. 001153 del 15 de marzo de 2016, el director general del INPEC aceptó la renuncia del señor Valencia Egea al cargo de Distinguido, Código 4112, Grado 12 del Establecimiento de Reclusión Especial de Corozal, a partir del 1 de junio de 2016.

El 17 de abril de 2017, el señor Valencia Egea solicitó el reajuste de la pensión de jubilación por retiro definitivo del servicio.

Mediante Resolución No. RDP 029347 de 24 de julio de 2017, l a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que asumió las facultades misionales de CAJANAL, negó lo peticionadoContra la anterior decisión, el señor Rafael Segundo Valencia Egea presentó recurso de apelación, que fue decidido por la Resolución 039055 de 13 de octubre de 2017, que confirmó la decisión inicial.

Contra la anterior decisión, el señor Rafael Segundo Valencia Egea presentó recurso de apelación, que fue decidido por la Resolución 039055 de 13 de octubre de 2017, que confirmó la decisión inicial.

El 29 de mayo de 2018, el señor Valencia Egea solicitó la revisión de la pensión a fin de que se actualizara la misma, pues desde el 2011 la misma no había sido ajustada con el IPC. La UGPP, mediante Resolución RDP 035421 del 30 de agosto de 2018 , negó lo peticionado por el actor.

Inconforme con la decisión, el señor Valencia Egea presentó recurso de apelación y la entidad, mediante Autos No. ADPP 001817 del 17 de marzo de 2019 y ADPP 02260 del 29 de marzo de 2019, no dio trámite al mismo al advertir que ya se encontraba en curso proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.2 Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

El señor Rafael Segundo Valencia promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP con el fin de obtener la nulidad parcial de las Resoluciones 012612 del 31 de octubre de 1995, 13491 del 25 de octubre de 1996, 37422 del 6 de agosto de 2008, UGM 001030 del 14 de julio de 2011, RDP 029347 del 24 de julio de 2017, RDP 039055 del 13 de octubre de 2017, RDP 035421 del 30 de agosto de 2018, ADP 001817

2 Se tuvo en cuenta el escrito de la reforma de la demanda en el que se adicionaron pretensiones y se incorporó un

039055 del 13 de octubre de 2017, RDP 035421 del 30 de agosto de 2018, ADP 001817

2 Se tuvo en cuenta el escrito de la reforma de la demanda en el que se adicionaron pretensiones y se incorporó un solo texto de demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05723-00

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del 14 de marzo de 2019 y ADP 002260 del 29 de marzo de 2019, que decidieron sobre la reliquidación de la pensión de jubilación . También solicitó que se declarara que “ la accionada se negó a liquidar y reliquidar la pensión de jubilación de mi poderdante hasta la fecha del retiro del servicio penitenciario ocurrida el 31 de mayo de 2016”.

Como restablecimiento del derecho, solicitó, como pretensión principal, que se ordenará reliquidar la pensión de jubilación del demandante con el promedio de los factores salariales devengados durante los últimos diez años de servicio sobre los cuales cotizó (asignación básica, sobresueldo, bonific ación por servicios, prima de riesgo, subsidios, primas de vacaciones, navidad y servicios), aplicando una tasa de reemplazo del 85% o 90%, por ser beneficiario del régimen de transición.

Como pretensión subsidiaria, pidió que dicha reliquidación se efectúe con el promedio del 75% de los factores salariales del último año de servicio conforme al artículo 45 del Decreto

90%, por ser beneficiario del régimen de transición.

Como pretensión subsidiaria, pidió que dicha reliquidación se efectúe con el promedio del 75% de los factores salariales del último año de servicio conforme al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, en una cuantía de $2.004.645,62 y según los aportes realizados conforme a la Circular 000027 de 2013 del INPEC, dejando a discreción del despacho escoger la opción más favorable al demandante.

El asunto3 correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, que, mediante sentencia del 1° de noviembre de 2024, determinó que el demandante era beneficiario del régimen especial del INPEC y del régimen de transición, por lo que su pensión de jubilación debió liquidarse con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios, esto es, entre el 1.º de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016, con la inclusión de todos los factores salariales de conformidad con el Decreto 446 de 1994, y realizar los ajustes e indexaciones conforme a la ley.

Contra la anterior decisión, la UGPP presentó recurso de apelación. Alegó que no era procedente reliquidar la pensión del señor Rafael Segundo Valencia Egea con base en los factores salariales del último año de servicio. Explicó que, aunque la pensión fue reconocida bajo la Ley 32 de 1986, el estatus jurídico de pensionado se consolidó durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que debía aplicarse esta última para determinar el ingreso base de liquidación, esto es, con los últimos diez años de servicio, conforme al artículo 21 de la misma ley.

durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que debía aplicarse esta última para determinar el ingreso base de liquidación, esto es, con los últimos diez años de servicio, conforme al artículo 21 de la misma ley.

Por otro lado, sostuvo que los factores salariales aplicables eran los establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y no los del Decreto 446 de 1994, e indicó que el a quo incurrió en error al ordenar incluir factores no previstos en la norma, como las vacaciones, que no constituyen salario sino un descanso remunerado, según jurisprudencia del Consejo de Estado4.

Finalmente, pidió al Tribunal pronunciarse sobre la prescripción trienal de las mesadas pensionales, dado que en la sentencia apelada no se resolvió esta excepción ni se precisó la fecha desde la cual debían pagarse las diferencias reconocidas.

A través de sentencia del 19 de febrero de 20255, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, revocó la sentencia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Analizó el régimen pensional aplicable a los funcionarios del INPEC, y reconoció que el señor Valencia Egea era beneficiario del régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994, así como del régimen de transición. Sin embargo, advirtió que la Ley 32 de 1986 no estableció los factores salariales para el cálculo del ingreso base de liquidación (IBL), por lo que debía acudirse a las normas vigentes para empleados públicos

3 El proceso se tramitó bajo el radicado 70001-33-33-009-2018-00187-00

liquidación (IBL), por lo que debía acudirse a las normas vigentes para empleados públicos

3 El proceso se tramitó bajo el radicado 70001-33-33-009-2018-00187-00 4 Sección Segunda – Subsección B, CP: César Palomino Cortés, 12 de marzo de 2020, radicado No. 11001 -03-25000-2014-00628-00. 5 La sentencia se notificó el 3 de marzo de 2025 por mensaje de datos a los correos electrónicos informados por las partes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05723-00

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nacionales, específicamente el Decreto 446 de 1994.

Determinó que, como el actor ingresó a prestar sus servicios en el INPEC con anterioridad al Decreto 2090 de 2003, tenía derecho a que se le liquidara la pensión especial de vejez con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año y considerando los factores devengados y previstos como tales en el Decreto 446 de 1994 . Que, conforme a este último, concluyó que el único factor que se podía incluir era la asignación básica.

Finalmente, concluyó que, revisad os los actos administrativos de r econocimiento y la reliquidación pensional que actualmente devenga el actor, concluyó que: “la misma le es desfavorable, dado que la pensión de vejez que goza y pidió sea reliquidada, fue

reliquidación pensional que actualmente devenga el actor, concluyó que: “la misma le es desfavorable, dado que la pensión de vejez que goza y pidió sea reliquidada, fue determinada tomando como factores para el IBL, la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y el sobresueldo, conforme se lee de la Resolución No.UGM 001030 de 14 de julio de 2011 (…)”.

Por lo tanto, afirmó que la reliquidación con inclusión de factores correspondientes al último año de servicios pretendida no era procedente al no probarse la favorabilidad del régimen especial frente al régimen general que se le aplicó al actor por parte de la UGGP en la Resolución UGM 001030 de 14 de julio de 2011.

El señor Rafael Segundo Valencia Egea solicitó la corrección aritmética de la sentencia de segunda instancia al considerar que hubo una indebida aplicación del principio de favorabilidad, pues de haberse valorado los certificados laborales aportados al expediente hasta el retiro del servicio, se podría concluir que el régimen especial del cuerpo de custodia y vigilancia resultaría más favorable que el régimen general de pensiones.

Por auto de 6 de agosto de 20256, el Tribunal Administrativo de Sucre negó la corrección de la sentencia, pues no se trataba de errores puramente o cambio de palabras o alteración de estas cuando estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en la misma.

4. Fundamentos de la tutela

El señor Rafael Segundo Valencia Egea expuso las razones por las que considera que la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, señaló que la providencia cuestionada incurrió en:

El señor Rafael Segundo Valencia Egea expuso las razones por las que considera que la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, señaló que la providencia cuestionada incurrió en:

Defecto sustantivo porque el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció las normas que imponen reliquidar la pensión por retiro definitivo del servicio. Recordó que si bien tenía reconocida la pensión desde el año 1995, la última reliquidación se realizó en el año 2011, con el 75% de lo devengado durante los diez últimos años de servicios, esto es, entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de diciembre de 2008, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, incluyendo los factores salariales de sueldo, sobresueldo y bonificación por servicios prestados. Sin embargo, a pesar de lo anterior, expuso que ni la UGPP ni el tribunal accedieron a la reliquidación por retiro definitivo del servicio.

De igual manera, expuso que la providencia cuestionada aplicó el Decreto 1158 de 1994, régimen general, en lugar de aplicar el régimen especial del INPEC previsto en la Ley 32 de 1986 y el Decreto 446 de 1994, con lo que desconoció el mandato constitucional que ordena liquidar las pensiones con los factores so bre los que se efectuaron las cotizaciones.

Defecto fáctico en razón a que la sentencia de segunda instancia incurrió en error aritmético por la valoración incorrecta del material probatorio. Alegó que la autoridad judicial demandada no analizó las pruebas que permitían establecer el monto real de su

Defecto fáctico en razón a que la sentencia de segunda instancia incurrió en error aritmético por la valoración incorrecta del material probatorio. Alegó que la autoridad judicial demandada no analizó las pruebas que permitían establecer el monto real de su mesada pensional, entre ellas la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados, CETIL, la Certificación de factores salariales aportados al Sistema General de Seguridad Social

6 La providencia se notificó el 14 de agosto de 2025, a los correos electrónicos informados por las partes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05723-00

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y la Circular 000027 de 2013 expedida por el INPEC, los cuales demostraban que efectuó aportes sobre nueve factores salariales durante el último año de servicios, mientras que la sentencia solo reconoció tres de ellos, la asignación básica, sobresueldo y bonificación por servicios prestados).

Además, sostuvo que omitió efectuar las operaciones aritméticas necesarias para determinar el ingreso base de liquidación, lo que derivó a un cálculo equivocado de la mesada pensional y dejó en evidencia una valoración errada del material probatorio.

Desconocimiento del precedente jurisprudencial , porque a su juicio, la autoridad judicial demandada inaplicó la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A 7, que en casos análogos en los que se ha aplicado el régimen

judicial demandada inaplicó la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A 7, que en casos análogos en los que se ha aplicado el régimen especial del INPEC, esto es, la reliquidación pensional con el 75% del promedio del último año de servicio con inclusión de todos los factores cotizados, en aplicación de los principios de favorabilidad y régimen de transición previsto el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

5. Trámite procesal

Por auto del 15 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de la referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como terceros con interés al juez noveno administrativo de Sincelejo y al director de la UGPP.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el 29 de septiembre de 2025.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional , comoquiera que el demandante presente usarla como una instancia adicional para reabrir una discusión jurídica que ya fue resuelta en el proceso ordinario, pues, a su juicio, se limitó a manifestar su inconformidad con el análisis probatorio sin acreditar la existencia de la vulneración de los derechos fundamentales.

Además, señaló que la decisión cuestionada se sustentó en una interpretación autónoma y razonada del derecho aplicable al caso de reliquidación pensional de servidores del

probatorio sin acreditar la existencia de la vulneración de los derechos fundamentales.

Además, señaló que la decisión cuestionada se sustentó en una interpretación autónoma y razonada del derecho aplicable al caso de reliquidación pensional de servidores del INPEC. Que, tras el análisis probatorio, el Tribunal determinó que el actor, aunque ingresó al INPEC antes del Decreto 2090 de 2003, no tenía derecho a una nueva reliquidación, ya que la pensión que percibía era más favorable que la que resultaría de aplicar el régimen especial.

La UGPP, por conducto de apoderado, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela en razón a que «no se cumple el requisito de perjuicio irremediable» ni las exigencias de inmediatez y subsidiariedad, ya que transcurrió un lapso considerable entre la fecha en que se emitió la sentencia cuestionada y la presentación de la solicitud de amparo y esa decisión podía cuestionarse mediante el recurso extraordinario de revisión.

El Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, señaló que en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se respetaron las garantías procesales de la parte demandante y que el proceso se adelantó hasta su culminación y remisión a l Tribunal para resolver el recurso de apelación, por lo que no quedó ningún asunto pendiente por decidir en primera instancia. Además, remitió el expediente digital del proceso ordinario con radicado No. 70001-33-33-009-2018-00187-00/01.

pendiente por decidir en primera instancia. Además, remitió el expediente digital del proceso ordinario con radicado No. 70001-33-33-009-2018-00187-00/01.

7 Sentencia 30 de octubre de 2024, Rad. 7001233300020220004401, C.P.: Jorge Iván Duque Gutiérrez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05723-00

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor Rafael Segundo Valencia Egea con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 19 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala anticipa que negará las pretensiones de la acción de tutela en lo que tiene que ver con el cargo por desconocimiento del precedente . Por su parte, amparará los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del demandante, toda vez que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo y fáctico.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinacion es judiciales y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales8 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos9 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de demostrarse el defecto sustantivo, fáctico o desconocimiento del precedente invocados por el accionante, se afectarían las garantías superiores señaladas en el escrito de tutela, en especial, el debido proceso, pues la presunta indebida valoración probatoria podría quebrantar prerrogativas del actor, protegidas por el sistema normativo superior, lo que amerita la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por los accionantes es constitucional

quebrantar prerrogativas del actor, protegidas por el sistema normativo superior, lo que amerita la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por los accionantes es constitucional y no netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la garantía del derecho a la seguridad social en lo que tiene que ver con el régimen pensional y los factores que deben integrarlo. Además, no se evidencia que la tutela se utilice como un instrumento para reiterar argumentos, ya que la providencia cuestionada se emitió en segunda instancia; por tanto, contra ella no procedía recurso alguno, conforme al artículo 243A 10 del CPACA.

8 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 9 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 10 «No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:

1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia […]».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05723-00

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La demanda también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la verificación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-33-0092018-00187-00/01, si bien el correo electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 3 de marzo de 2025, por lo que se entiende notificada el 6 de marzo del año en curso, de conformidad con el numeral 2 del artículo 205 11 del CPACA, y la parte actora solicitó la corrección aritmética de dicha providencia, que fue denegada el 6 de agosto de 2025 y notificada el 14 de ese mismo mes y año. Por su parte, la tutela fue presentada el 12 de septiembre de 2025 (29 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de tutela contra providencias judiciales.

En este punto, es preciso aclarar que el presente caso supera el requisito de subsidiariedad, en razón a que lo que se cuestiona es la decisión de segunda instancia en la que el Tribunal Administrativo de Sucre revocó el fallo del a quem , que había accedido a las pretensiones de la demanda, esto es, la reliquidación de la pensión con el régimen especial del DAS, esto es teniendo en cuenta el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios, es decir entre el 1 de junio de

régimen especial del DAS, esto es teniendo en cuenta el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios, es decir entre el 1 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016, y con inclusión de los siguientes factores: asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por recreación, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, sobresueldo, y vacaciones.

Al respecto, se advierten dos situaciones: por un lado, el demandante agotó los recursos judiciales ordinarios, dado que promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la que las pretensiones solo fueron denegadas en segunda instancia; por ende, contra la sentencia cuestionada no procedía recurso ordinario alguno.

Y, por otro lado, observa la Sala que el cuestionamiento planteado por el demandante en la tutela es que la decisión cuestionada incurrió en defecto sustantivo y fáctico, al no haber aplicado las normas que establecen la procedencia del reajuste y reliquidación de la pensión de jubilación, tanto por retiro del servicio como por inclusión de nuevos factores. En ese sentido, explica el demandante que en el proceso ordinario se plantearon dos cargos: (i) el reajuste de la pensión por retiro definitivo del servicio, es decir, nuevos tiempos; y (ii) la reliquidación con el régimen especial del DAS -75% de todo lo devengado en el último año de servicio-.

A pesar de lo anterior, alega el demandante que el tribunal revocó en su totalidad la decisión de primera instancia, sin tener en cuenta el reajuste pensional y simplemente, concluir que no era posible la reliquidación por factores, porque le era más favorable la

A pesar de lo anterior, alega el demandante que el tribunal revocó en su totalidad la decisión de primera instancia, sin tener en cuenta el reajuste pensional y simplemente, concluir que no era posible la reliquidación por factores, porque le era más favorable la liquidación que tenía reconocida por parte de la UGPP (antes Cajanal).

En esos términos, tampoco se advierte que en este caso procedan recursos extraordinarios para que el actor pueda controvertir la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto sustantivo y fáctico. Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, los tutelantes atacan una providencia emitida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Análisis del caso concreto

11«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05723-00

Demandante: Rafael Segundo Valencia Egea

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A efectos de re