CE - Sentencia 11001031500020250573700 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00

Accionante: Mireya Bejarano González

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 2: prescripción de prestaciones derivadas del reconocimiento de la relación laboral encubierta. Subtema 3: defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Mireya Bejarano González contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Mireya Bejarano González presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 25 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 25 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76001-33-33-020-2021-00165-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Mireya Bejarano González prestó sus servicios al Distrito Especial de Santiago de Cali, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda, con técnico contable, desde el 9 de febrero de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2020, mediante contratos de prestación de servicios.

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05842-00, índice 2, certificado C586D4668EFB4C83 A5EE6276E44452E0 5A350FC6BBB3535F 0AE209A828306B10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00

Accionante: Mireya Bejarano González

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. La accionante, a través de escrito del 3 de marzo de 2021, solicitó a la entidad

www.consejodeestado.gov.co

3. La accionante, a través de escrito del 3 de marzo de 2021, solicitó a la entidad territorial, el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las acreencias dejadas de percibir. Sin embargo, el Distrito Especial de Santiago de Cali, por medio de oficio 2021141470100013741 del 23 de marzo de 2021, negó el requerimiento de la señora

Bejarano González.

4. La tutelante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , con el fin de que se dejara sin efecto el mencionado acto administrativo y, en consecuencia, se declarara la existencia de la relación laboral encubierta y se ordenara el reconocimiento y pago de las prestaciones salariales y prestacionales correspondientes.

5. El Juzgado Veinte Administrativo de Cali, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2023 , accedió a las pretensiones de la demanda . De manera que : i) declaró la existencia del vínculo laboral por el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2015 y el 30 de diciembre de 2020, ii) ordenó a la entidad demandada a reconocer y pagar todas las prestaciones sociales dejadas de percibir , para lo cual debía tomar como parámetro los emolumentos devengados por un empleado público en un cargo similar, pero liquidadas con fundamento en los honorarios pactados , iii) ordenó el pago de aportes a seguridad social y iv) declaró que el tiempo efectivamente laborado debe computarse para efectos pensionales.

6. La entidad territorial, inconforme con la decisión del juzgado, presentó recurso de apelación contra el referido fallo.

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Ca uca, a través de providencia del 25 de

computarse para efectos pensionales.

6. La entidad territorial, inconforme con la decisión del juzgado, presentó recurso de apelación contra el referido fallo.

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Ca uca, a través de providencia del 25 de abril de 2025, modificó el fallo de primera instancia en el sentido de declarar prescritos «todos aquellos derechos laborales que emanan de la existencia del contrato realidad con anterioridad al 18 de junio de 2018 salvo los aportes para pensión ».

Adicionalmente, dispuso lo siguiente:

CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de indemnización, CONDENAR al Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaria de Vivienda Social-Fondo Especial de Vivienda, a reconocer y pagar en favor de la señora Mireya Bejarano González todas las prestaciones sociales dejadas de percibir, desde el 18 de junio de 2018 hasta el 30 de diciembre de 2020, a las que tendría derecho un empleado público en el mismo o similar cargo, tomando como parámetro lo pactado por concepto de honorarios.

La demandada también deberá pagar los aportes, en pensión y salud desde el 9 de febrero de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2020, salvo los periodos de interrupción, debido a su naturaleza imprescriptible , por la cuota parte que no trasladó a las entidades de seguridad social

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1.- Solicito a los Honorables Consejeros de Estado proteger los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en sentido material, de la tutelante, el cual fue vulnerado por la Tribunal Administrativo del Valle

1.- Solicito a los Honorables Consejeros de Estado proteger los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en sentido material, de la tutelante, el cual fue vulnerado por la Tribunal Administrativo del Valle del Cauc a en la sentencia del 25 de abril de 2025 al no valorar el contrato No.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00

Accionante: Mireya Bejarano González

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4147.010.26.1.010, el cual fue aportado por la el Distrito de Santiago de Cali y acreditaba la relación laboral del 10 de enero de 2018 hasta el 29 de junio de 2018, por lo que no hubo solución de continuidad en este periodo, por lo que no hubo solución de continuidad en este periodo; debiéndose declarar prescritos todos aquellos derechos que emanen de la vinculación contractual con anterioridad al 14 de marzo de 2017.

Como consecuencia de la declaración anterior solicito lo siguiente:

2.- Se ordene dejar sin efectos el numeral primero de la sentencia del 25 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferida dentro del expediente 7600133330202021 0016501, toda vez que fue expedido con defecto fáctico al no valorar el contrato No. 4147.010.26.1.010, el cual fue aportado por el Distrito de Santiago de Cali y acreditaba la relación laboral del 10 de enero de 2018

fáctico al no valorar el contrato No. 4147.010.26.1.010, el cual fue aportado por el Distrito de Santiago de Cali y acreditaba la relación laboral del 10 de enero de 2018 hasta el 29 de junio de 2018; por lo que no hubo solución de continuidad en este periodo; debiéndose declarar prescritos todos aquellos derechos que emanen de la vinculación contractual con anterioridad al 14 de marzo de 2017.

3.- Se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir una nueva sentencia en la que se modifique el numeral primero de la sentencia del 25 de abril de 2025 en el sentido de valorar el contrato No. 4147.010.26.1.010, el cual fue aportado por el Distrito de Santiago de Cali; y se sirva declarar prescritos “todos aquellos derechos laborales que emanen de la existencia del contrato realidad con anterioridad al 14 de marzo de 2017” […] 2.

9. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto fáctico porque no realizó una adecuada valoración de los documentos aportados al proceso ordinario, con los cuales se demostraba la continuidad de la relación laboral desarrollada por la tutelante al interior de la entidad demandada.

10. Al respecto, explicó que el Distrito Especial de Santiago de Cali, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda allegó oportunamente al expediente copias de los contratos de prestación de servicios suscritos por la tutelante, entre los cuales se encontraba el contrato núm. 4147.010.26.1.010, el cual demostraba

expediente copias de los contratos de prestación de servicios suscritos por la tutelante, entre los cuales se encontraba el contrato núm. 4147.010.26.1.010, el cual demostraba que existió una relación laboral entre el «10 de enero de 2018 y el 29 de junio de 2018», por lo que no se configuraba la solución de continuidad en este periodo y, en consecuencia, solo era procedente declarar la prescripción de los valores que emanaron del vinculó contractual con anterioridad al 14 de marzo de 2017.

11. Así pues, indicó que el referido documento obraba en el índice 15 d el aplicativo SAMAI del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 7600133-33-020-00165-00; sin embargo, el Tribunal omitió su valoración.

12. Asimismo, refirió que la autoridad accionada, al no examinar el contrato núm. 4147.010.26.1.010, privó a la accionante de una decisión justa y apegada a la realidad procesal, lo cual afectó sus derechos fundamentales, toda vez que se configuró una negación de justicia material por la pretermisión de un elemento probatorio decisivo que alteró significativamente el reconocimiento de derechos prestacionales reclamados.

2 Se transcribe incluso con errores.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00

Accionante: Mireya Bejarano González

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

13. Asimismo, consideró que la deficiente valoración probatoria del Tribunal accionado, lo llevó a concluir que el periodo del 30 de diciembre de 2017 y el 16 de junio de 2018 hubo una interrupción contractual. Lo que terminó por disminuir el reconocimiento de los derechos laborales y pensionales de la demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto declaró la prescripción de las acreencias reclamadas por la actora.

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 19 de septiembre de 2025 3, admitió la demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada , es decir, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Veinte Administrativo de Cali y al Distrito Especial de Cali, Secretaría de Vivienda Social y H ábitat, Fondo Especial de Vivienda , en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 manifestó que el Juzgado Veinte Administrativo de Cali, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2023, concluyó que no hubo solución de continuidad y consideró que no se configuraba la prescripción; sin embargo, la corporación, al examinar el asunto en sede de apelación, evidenció que

no hubo solución de continuidad y consideró que no se configuraba la prescripción; sin embargo, la corporación, al examinar el asunto en sede de apelación, evidenció que el contrato identificado por el a quo , esto es, el núm. «4244-0-12-1-010-2018 no corresponde a la demandante, sino a la señora Elizabeth García Velandia , quien no era parte del proceso».

16. Por lo anterior, afirmó que el contrato citado no se tuvo en cuenta y, por consiguiente, se declaró la prescripción de las acreencias reclamadas.

17. Por otro lado, indicó que la accionante alegó que el periodo del 10 de enero de 2018 y el 29 de junio de 2018 está acreditado con otro contrato en el cual sí aparece como contratista la demandante . No obstante, «no apeló la decisión de primera instancia frente a ello no solicitó aclaración, corrección o adición de las sentencias de primera o de segunda instancia que resolvieron de manera expresa sobre la inclusión de ese contrato como prueba».

18. Agregó que lo expuesto en el escrito de tutela y contrastado con lo acontecido en el proceso, no se advierte vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, pues lo pretendido es reabrir el debate procesal que ya fue resuelto en ambas instancias. En consecuencia, solicitó que se niegue la tutela.

19. El Distrito Especial de Santiago de Cali5 indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los argumentos planteados por la accionante en el escrito de tutela con los cuales estructuró la vulneración de sus derechos fundamentales hacen referencia a la decisión adoptada por una autoridad judicial, respecto de los que no tiene injerencia alguna.

escrito de tutela con los cuales estructuró la vulneración de sus derechos fundamentales hacen referencia a la decisión adoptada por una autoridad judicial, respecto de los que no tiene injerencia alguna.

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05737-00 índice 4, certificado 720CF53F648F2572 17915779D0B1CFEE AB1A5A9206D8A08B 554037437E7D499C. 4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05737-00 Incide 9, certificado 6D8295B073966CC9 105F6E1B5EAF50CD 2589EFE833E41ECD 330A961D6BE080EB. 5 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05737-00, índice 1 0, certificado 955A603C8A51C1CB 7A0C342DB6114CA2 10E61BDBA913A05F 0C20F1C7D222EFEC.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00

Accionante: Mireya Bejarano González

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

20. De esta manera, explicó que la entidad territorial no es el componente para dejar sin efecto la sentencia del 25 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ni tiene la facultad de ordenar la expedición de un fallo de reemplazo, razón por la cual pidió que se le desvincule del presente trámite judicial.

del Valle del Cauca ni tiene la facultad de ordenar la expedición de un fallo de reemplazo, razón por la cual pidió que se le desvincule del presente trámite judicial.

21. La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda de Cali6 se opuso a las pretensiones de la tutela, al considerar que los fundamentos fácticos que dieron origen al mecanismo constitucional no tienen sustento en una acción u omisión de las funciones administrativas de la entidad, sino que se trata de una actuación desarrollada por una autoridad judicial, respecto de la cual, la entidad territorial y sus organismos adscritos, no tienen competencia alguna.

22. Por lo anterior, solicitó que se le desvincule del presente trámite constitucional , toda vez que carece de legitimación en la causa por pasiva.

23. El Juzgado Veinte Administrativo de Cali 7 remitió, a esta corporación, el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por Mireya Bejarano González en contra del

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3.2. Legitimación en la causa

25. La legitimación en la causa por activa de la señora Mireya Bejarano González está acreditada porque fue la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento

3.2. Legitimación en la causa

25. La legitimación en la causa por activa de la señora Mireya Bejarano González está acreditada porque fue la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoci ó sus derechos fundamentales.

26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , debido a que fue la autoridad que profirió las sentencia, objeto de tutela.

27. Por otro lado, se advierte que el Distrito Especial de Santiago de Cali y la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda de Cali solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaban llamadas a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

28. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que

6 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05737-00, índice 1 1, certificado D3DF02625CFE448A D77D66D3D4449573 E2D226D3B9AAABEA 7321261F6936CA49. 7 Samai, exp, 11001 -03-15-000-2025-05737-00, índice 8, certificado 03EA7A4B03C6E104 3C5C7D26F661AB8C D68F3EDC1885C151 D29C00DE63D06F23.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00

Accionante: Mireya Bejarano González

D68F3EDC1885C151 D29C00DE63D06F23.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00

Accionante: Mireya Bejarano González

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

dichas entidades participaron como sujetos demandados dentro del proceso ordinario en el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional9.

30. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental;

judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 10 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

32. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001 -0315-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 11 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00

Accionante: Mireya Bejarano González

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

34. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en

concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho

con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»15; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

36. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

37. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 25 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, fue notificada el 29 de abril siguiente16, y la demanda de tutela se presentó el 12 de septiembre de 202517, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional18 y del Consejo de Estado19 como razonable.

38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso

13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 16 Samai, exp. 76001-33-33-020-2021-00165-01, índice15. 17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05737-00, índice 1. 18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00

Accionante: Mireya Bejarano González

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con al defecto fáctico y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

41. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, de la señora Mireya Bejarano González. En particular, deberá establecer si incurrió en defecto fáctico al proferir la sentencia del 25 de abril de 2025, que modificó la providencia del 18 de diciembre de 2023 , expedida por el Juzgado Veinte Administrativo de Cali, en lo que respecta a la prescripción de las acreencias laborales reclamadas por la accionante, como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral encubierta que se mantuvo con el Distrito Especial de Cali Secretaría

Administrativo de Cali, en lo que respecta a la prescripción de las acreencias laborales reclamadas por la accionante, como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral encubierta que se mantuvo con el Distrito Especial de Cali Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda.

42. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

43. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 20. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 21» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

44. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez « […] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”» 22. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el cas o sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»23.

caso objeto de análisis; […] resuelven el cas o sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»23.

45. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

20 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024. 21 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022. 22 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022. 23 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00

Accionante: Mireya Bejarano González

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cua ndo el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los

en contravía de la