CE - Sentencia 11001031500020250574600 de 2025

Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Demandante: ALONSO DE JESÚS GARCÍA VINASCO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA

SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 15 de septiembre de 2025, el señor Alonso de Jesús

la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 15 de septiembre de 2025, el señor Alonso de Jesús García Vinasco, por medio de apoderado, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 3 de junio de 2025.

Lo anterior, por cuanto la referida autoridad confirmó el fallo del 29 de noviembre de 2024 del Juzgado Cuarto Administrativo Circuito Judicial de Cartago, que negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional reclamada. Todo en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 7614733-33-004-2022-00177-00/01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, al mínimo vital y acceso a la administración de justicia, así como cualquier otro derecho fundamental que se considere vulnerado –extrapetitapor el Tribunal Administrat ivo del Valle del Cauca, con ocasión al contenido de la decisión número 126 proferida en segunda instancia el pasado tres (03) de junio de dos mil veinticinco (2025), notificada el día 27 de junio de dichaDemandante: Alonso de Jesús García Vinasco

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión

el pasado tres (03) de junio de dos mil veinticinco (2025), notificada el día 27 de junio de dichaDemandante: Alonso de Jesús García Vinasco

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 anualidad, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76147-33-33-004-202200177-01 promovido por Alonso De Jesús García Vinasco.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia número 126 de fecha tres (03) de junio de dos mil veinticinco (2025), notificada el día 27 de junio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76147-33-33-004-202200177-01 promovido por Alonso De Jesús García Vinasco

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera sentencia de reemplazo, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva del fallo de tutela.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el señor Alonso de Jesús García Vinasco se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el señor Alonso de Jesús García Vinasco se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Relató que contrajo matrimonio con la señora Olga Alzate Ramírez el 17 de noviembre de 1973, con quien convivió por más de 48 años, compartió techo, lecho y mesa, y procreó dos hijos que actualmente son mayores de edad.

Señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag), Regional Departamento del Valle del Cauca, por medio de la Resolución 007 del 4 de enero de 2001, le reconoció a la señora reconoció a la señora Olga Alzate Ramírez una pensión de jubilación, en calidad de docente.

Afirmó que su esposa, por medio de oficio del 18 de abril de 2008, le manifestó al Fomag su voluntad de que , en la eventualidad de que falleciera, se transfiriera la pensión a su favor, en calidad de cónyuge supérstite.

Explicó que entre el 26 de octubre de 2020 y el 6 de febrero de 2022 existió una separación de hecho por motivos de fuerza mayor, por cuanto uno de los hijos de la pareja (Pablo Andrés García Alzate), asumió el cuidado de la señora Olga Alzate Ramírez en un lugar de residencia diferente al del matrimonio.

Aclaró que lo anterior se presentó en un contexto en el que las relaciones de él con su hijo Pablo Andrés García Alzate se deterioraron ostensiblemente, al punto que

Ramírez en un lugar de residencia diferente al del matrimonio.

Aclaró que lo anterior se presentó en un contexto en el que las relaciones de él con su hijo Pablo Andrés García Alzate se deterioraron ostensiblemente, al punto que se presentaron denuncias penales por el presunto delito de violencia intrafamiliar.

Puntualizó que el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, por auto del 13 de octubre de 2020, al resolver una solicitud de medida cautelar dentro del proceso de interdicción con radicado 76147318400220190028900, autorizó la residencia separada de la señora Olga Alzate Ramírez , bajo el cuidado y la protección de su hijo Pablo Andrés García Alzate

Manifestó que con ocasión del fallecimiento de su cónyuge ocurrido el 6 de febrero de 2022, solicitó de la Secretaría de Educación de Cartago el reconocimiento de la sustitución pensional, la cual fue negada a través de la s Resoluciones 0651 del 13 de junio de 2022 y 0839 del 26 de julio siguiente.

Adujo que acudió a la jurisdicción , a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para controvertir los actos administrativos referenciados en el párrafo anterior.Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

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Precisó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartago , mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó una convivencia real entre él y la señora Olga Alzate Ramírez «en las condiciones reiteradas por la jurisprudencia del órgano de cierre».

Indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, a través del fallo del 3 de junio de 2025, confirmó la anterior decisión, porque el accionante (i) se regía, en sus pretensiones, por las previsiones de la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1160 de 1989; (ii) aunque tenía un matrimonio vigente, no probó la convivencia material y el apoyo mutuo al momento del deceso de la señora Olga Alzate Ramírez y (ii) no acreditó razones de fuerza mayor que le impidieran acercarse en vida a su cónyuge.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Consideró que negarle la sustitución pensional «no solo desconoce la voluntad expresa de la causante y el régimen especial docente aplicable, sino que constituye una vulneración directa a su derecho fundamental a la seguridad social, al debido proceso, al mínimo vital y a la protección especial que mer ece por su condición de adulto mayor.»

expresa de la causante y el régimen especial docente aplicable, sino que constituye una vulneración directa a su derecho fundamental a la seguridad social, al debido proceso, al mínimo vital y a la protección especial que mer ece por su condición de adulto mayor.»

Insistió en que el reconocimiento de la sustitución pensional no es un beneficio accesorio, sino una fuente principal de subsistencia, si se considera que tiene 76 años. Añadió que, en este caso, el vínculo matrimonial vigente y la convivencia por más de 48 años hacen evidente que él era dependiente económico y afectivo de su esposa (q.e.p.d.), lo cual refuerza su calidad de beneficiario natural de la sustitución pensional.

Recalcó que «el derecho de acceso a la justicia no se satisface con la mera tramitación del proceso, sino con la resolución justa y efectiva de las pretensiones.»

Añadió que el juzgado y el tribunal desconocieron el anterior mandato, «pues se apartaron del precedente vinculante, aplicaron de manera restrictiva la normativa y desatendieron pruebas fundamentales.»

Subrayó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, con su decisión del 3 de junio de 2025, incurrió en (i) defecto sustantivo, por cuanto aplicó indebidamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993; (ii) desconocimiento del precedente, pues soslayó «la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y del Consejo de Estado, que reconocen que el cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente puede acreditar la convivencia de cinco años en cualquier tiempo»; y (iii) defecto fáctico por no valorar

que el cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente puede acreditar la convivencia de cinco años en cualquier tiempo»; y (iii) defecto fáctico por no valorar pruebas esenciales como el oficio en el que la señora Olga Álzate Ramírez expresó su voluntad de transferirle la pensión de jubilación y la providencia que ordenó la residencia separada por razones de fuerza mayor.Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Enfatizó que el defecto fáctico es por dos vías: (i) por omisión, «por no tener en cuenta pruebas relevantes sobre la vida conyugal y la separación forzada»; y (ii) indebida valoración, al «restringir arbitrariamente el alcance de la convivencia a la cohabitación formal, en contra de la prueba obrante y del precedente constitucional.»

Iteró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el artículo 1781 del Código Civil ; la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022, que definió la norma aplicable en el caso de la pensión de los docentes, «a efectos de determinar los requisitos para ser beneficiarios de la sustitución pensional y pensión de sobrevivientes»; y «las reglas de modulación contenidas en

efectos de determinar los requisitos para ser beneficiarios de la sustitución pensional y pensión de sobrevivientes»; y «las reglas de modulación contenidas en las sentencias de exequibilidad condicionada C -336 de 2014, SU -169 de 202490, SU-108 de 202091, T-392 de 201892, T-245 de 201793, T-324 de 2014 y T-197 de 201094 de la Corte Constitucional».

Especificó que también desconoció «la ratio decidendi de sentencias proferidas por el propio Consejo de Estado como la sentencia del 6 de diciembre de 2018 de la Sección Segunda, Subsección A, Radicado 08001 23-31-000-2010-00983-01(317815); la sentencia del 25 de abril de 2013, Sección Segunda, con radicado 76001-2331 000 -2007-01611-01 (1605 -2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; la sentencia del 17 de octubre de 2017, Sección Segunda, Subsección B, con radicado 19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; la sentencia del 12 de septiembre de 2024, Sección Segunda, Subsección A, con radicado 54001 -23-33-000-2019-00096-01 (2191 -2024), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; entre otras. Y, desconoció igualmente sentencia de la Corte Suprema de Justicia».

Concluyó que la jurisprudencia de las altas cortes ha señalado que «puede solicitar la sustitución pensional, el cónyuge supérstite con sociedad conyugal vigente,

Justicia».

Concluyó que la jurisprudencia de las altas cortes ha señalado que «puede solicitar la sustitución pensional, el cónyuge supérstite con sociedad conyugal vigente, incluso si estaba separado de hecho, siempre que pruebe 5 años de convivencia en cualquier momento.»

1.5. Trámite y contestación

Mediante auto del 1º de octubre de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, en calidad de demandados.

Así mismo, se ordenó vincular al Juzgado Cuarto Administrativo Circuito Judicial de Cartago, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría de Educación de Cartago , en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1 El Ministerio de Educación Nacional indicó que no está legitimado en la causa por pasiva , ya que no es el llamado a responder por las pretensiones del accionante.Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 1.5.2 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca afirmó que, en la sentencia de 3 de junio de 2025, acató «de manera completa los postulados normativos y jurisprudenciales para resolver este tipo de eventos y así mismo se dio aplicación a los criterios hermenéuticos y de la sana crítica al momento de resolver el asunto».

Insistió en que valoró en su integridad el acervo probatorio obrante en el proceso ordinario, incluso el oficio suscrito por la causante el 18 de abril de 2008 y el auto del 13 de octubre de 2020 proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia. De ah í que «el hecho de que la decisión judicial haya concluido en sentido desfavorable al accionante, no equivale a ausencia de valoración probatoria ni a defecto fáctico».

Expresó que la acción de tutela no puede utilizarse como una instancia adicional para replantear el debate jurídico y probatorio ya concluido.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación porque no es el

Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación porque no es el llamado a responder por las pretensiones del accionante.

La Sala negará tal petici ón, debido a que la entidad referida fue vinculada como tercero por conformar la parte demandada en el proceso ordinario objeto de controversia, así que le asiste un interés en el resultado del trámite constitucional de la referencia.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el accionante, el material probatorio recaudado y los informes presentados , la Sala deberá establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sala Segunda de Decisión, vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la sentencia del 3 de junio de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76147-33-33-004-2022-00177-00/01.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y (iii) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicialDemandante: Alonso de Jesús García Vinasco

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20121, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, ante s y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique t al criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamen tal, observando al efecto los parámetros fijados hasta el

procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamen tal, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…) ». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: ( i) que sea relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii) inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por

del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

1 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 explicó que, dado que las

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o forma s de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la

legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir , además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto que ocupa a la sala, el señor Alonso de Jesús García Vinasco presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca , Sala Segunda de Decisión , porque en la sentencia del 3 de junio de 2025, mantuvo la determinación del Juzgado Cuarto Administrativo Circuito Judicial de Cartago de negar la sustitución pensional que persigue.

En criterio del accionante, la referenciada determinación adolece de (i) defecto sustantivo, por cuanto aplicó indebidamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993; (ii) desconocimiento del precedente, pues soslayó «la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y del Consejo de Estado, que reconocen que el cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente puede acreditar la convivencia de cinco años en cualquier tiempo»; y (iii) defecto fáctico por no valorar

Corte Constitucional, la Corte Suprema y del Consejo de Estado, que reconocen que el cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente puede acreditar la convivencia de cinco años en cualquier tiempo»; y (iii) defecto fáctico por no valorar pruebas esenciales como el oficio en el que la señora Olga Álzate Ramírez expresóDemandante: Alonso de Jesús García Vinasco

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 su voluntad de transferirle la pensión de jubilación y la providencia que ordenó la residencia separada por razones de fuerza mayor.

Para descender al caso concreto, se observa que el Juzgado Cuarto Administrativo Circuito Judicial de Cartago, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda. Para arribar a esta conclusión partió de la premisa que para ser beneficiario de la sustitución pensional se requiere demostrar la convivencia con vocación de permanencia y apoyo mutuo, y no la existencia de un vínculo legal.

Estableció que no es cierto que la convivencia cesó el 13 de octubre de 2020, cuando el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, dentro de un proceso de interdicción, autorizó la residencia de la señora Olga Álzate Ramírez en un lugar diferente al que compartía con el señor Alonso de Jesús García Vinasco.

cuando el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, dentro de un proceso de interdicción, autorizó la residencia de la señora Olga Álzate Ramírez en un lugar diferente al que compartía con el señor Alonso de Jesús García Vinasco.

Lo anterior, si se atiende que, en una visita realizada a la vivienda del ahora accionante por parte de la Comisaria de Familia , el 7 de julio de 2020, él declaró que su esposa previamente «había estado recluida en dos hogares de vida: el hogar San Antonio y el Hogar Nazaret debido a los quebrantos de salud que padecía» , situación que no se acompasa con las declaraciones rendidas por los señores Carlos Andrés Agudelo y Laura Marcela Betancurt, pues éstos aseveraron que la convivencia se dio hasta la fecha del deceso de la señora Olga Álzate Ramírez.

Puso de presente que no hubo vocación de permanencia y apoyo mutuo, si se atiende que el hijo de la pareja, en escrito de oposición de la sustitución pensional, indicó que «el señor Alonso de Jesús García en ningún momento se acercó a visitar a la causante, ni le interesó saber el estado de salud de su esposa dentro del lapso comprendido entre el trece (13) de octubre de 2020 y la fecha del deceso, seis (6) de febrero de 2022.»

Concluyó que la convivencia no está acreditada, así como los elementos que denotan una verdadera vocación de construir una familia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, a través de la sentencia del 3 de junio de 2025, confirmó lo resuelto por el a quo. Para llegar

denotan una verdadera vocación de construir una familia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, a través de la sentencia del 3 de junio de 2025, confirmó lo resuelto por el a quo. Para llegar a esta conclusión se basó en los medios de convicción obrantes en el plenario (partida de matrimonio, Resolución 0007 de 2001, registro civil de defunción, escrito de oposición del hijo a la sustitución pensional, oficio del 18 de abril de 2008, expediente de interdicción judicial por discapacidad mental, desarchivo de la investigación pena l adelantada contra el accionante por violencia intrafamiliar, providencia del 13 de octubre de 2020 y declaraciones extra juicio) , así como en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el tema de estudio.

En su providencia estableció (i) el régimen aplicable a la sustitución pensional (los artículos 3 de la Ley 71 de 1988 y 6 del Decreto 1160 de 1989); (ii) la no vida en común, por cuanto hubo una separación de hecho y la inexistencia de lazos propia de una pareja, como el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico y el acompañamiento espiritual, así como del factor volitivo de establecer, construir y mantener una familia ; y (iii) la ausencia de impedimentos del accionante para acercarse en vida a su cónyuge.Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

En esa medida, determinó , como lo hizo la primera instancia, que el señor Alonso de Jesús García Vinasco no tiene derecho a la sustitución pensional reclamada, en los siguientes términos:

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