CE - Sentencia 11001031500020250574801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y Juzgado Primero

Administrativo de Manizales

Temas: Tutela contra providencia judicial / reparación directa / proceso en trámite / derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso

Decisión: Confirmar la decisión que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, pero por cuanto no cumplió con el requisito de la subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Gloria Alejandra González Rivera, en contra de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de tutela de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Gloria Alejandra González Rivera promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las decisiones proferidas el 3 de junio de 2025

1. Gloria Alejandra González Rivera promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las decisiones proferidas el 3 de junio de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo de Manizales y el 2 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas , en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicad o 17001-33-33-001-202000249-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1 Ver índice 2 de Samai, dentro del trámite de la primera instancia (radicado 11001031500020250574800). Archivo documento denominado «4_EXPEDIENTEDIGI_Demanda_3_20250916101657532».2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Gloria Alejandra González Rivera 2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en contra de la Empresa Social del Estado2 Hospital Santa Teresita de Pácora (Caldas), con fundamento en una presunta falla en la prestación del servicio médico de obstetricia que generó el fallecimiento de su hija.

2.2. En audiencia inicial celebrada el 29 de abril de 2025 ante e l Juzgado Primero Administrativo de Manizales negó las pruebas testimoniales solicitadas por la entidad demandada, y esta decisión fue notificada en estrados sin que se presentara recurso alguno.

2.3. Sin embargo, el 2 de mayo de 2025 , la apoderada de la demandada presentó

demandada, y esta decisión fue notificada en estrados sin que se presentara recurso alguno.

2.3. Sin embargo, el 2 de mayo de 2025 , la apoderada de la demandada presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto anterior , y al efecto sostuvo que por razones de fuerza mayor y caso fortuito no pudo presentar los referidos recursos en forma oportuna en la audiencia inicial, pues durante el trámite de la diligencia recibió llamadas intimidantes y amenazantes.

2.4. Mediante auto del 3 de junio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Manizales aplicó la excepción de inconstitucionalidad para dar trámite al recurso, resolvió el de reposición en el sentido de confirmar la decisión adoptada y concedió el de apelación.

2.5. El 2 de septiembre de 2025 , el Tribunal Administrativo de Caldas revocó la providencia apelada y, en su lugar, ordenó al Juzgado Primero Administ rativo de Manizales que decretara la prueba testimonial que había sido negada.

2.6. Las autoridades judiciales acusadas desconocieron lo dispuesto en los artículos 13, 42, 117 y 322 del Código General del Proceso 3 y 243.7, y 224.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 4 sobre la oportunidad para presentar los recursos de reposición y apelación , e inobservaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad en las decisiones que dieron trámite a un recurso presentado en forma extemporánea.

2.7. Además, desconoci eron los presupuestos que ha establecido la Corte

los principios de proporcionalidad y razonabilidad en las decisiones que dieron trámite a un recurso presentado en forma extemporánea.

2.7. Además, desconoci eron los presupuestos que ha establecido la Corte Constitucional para la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad , porque además de no existir una contradicción manifiesta entre los artículos 318 del CGP y 244 del CPACA , al aplicarla se vulneraron los derechos a la igualdad y al debido proceso, como consecuencia de «una falencia presentada por la apoderada de la parte demandada, que puede ser atribuible a la misma, en tanto estaba en su esfera de dominio dar un manejo diferente a la situación, sin inobservar los postulados procesales » (sic). Además de que n o se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos por la defensa técnica de la demandante en el proceso de reparación directa.

2 En adelante ESE. 3 En lo que sigue CGP. 4 En lo sucesivo CPACA.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

1.1.1. Pretensiones

3. Si bien el escrito de la tutela no tiene un capítulo específico con las pretensiones, con fundamento en la situación fáctica expuesta, se advierte que pretende que se dejen sin efecto los autos del 3 de junio de 2025 y 2 de septiembre de 2025 en virtud de los cuales se dispuso el decreto de las pruebas testimoniales.

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Caldas5 solicitó que se declarara la improcedencia

de los cuales se dispuso el decreto de las pruebas testimoniales.

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Caldas5 solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, comoquiera que el fundamento de la petición tiene relación directa con la valoración y análisis jurídico y probatorio que adelantaron las autoridades judiciales, de manera que pretende debatir nuevamente aspectos que «debieron presentarse y discutirse ante los Despachos judiciales que conocieron en primera y segunda instancia el proceso de reparación directa».

5. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales 6 remitió el expediente del proceso ordinario solicitado y sostuvo que estaría presto a cumplir la decisión que se llegara a adoptar, comoquiera que no tenía interés en el medio de control ni en la solicitud de amparo.

6. La ESE Hospital Santa Teresita de Pácora (Caldas) 7 pidió que «no se [diera] trámite a la [solicitud] de tutela» pues no se vulneró derecho fundamental alguno al darle trámite al recurso de apelación, toda vez que se advirtió que la no presentación del referido recurso en el transcurso de la audiencia inicial no se hizo de manera caprichosa «por lo que incluso la omisión de este recurso acarrearía en una verdadera vulneración de derechos».

7. Medimás EPS8 solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de tutela «por falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del mandato con representación de la extinta EPS Medimás liquidada “…sin ser garante necesario solidario”», toda vez que las llamadas a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales

«por falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del mandato con representación de la extinta EPS Medimás liquidada “…sin ser garante necesario solidario”», toda vez que las llamadas a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales son las autoridades judiciales acusadas; además de que no ha afectado derechos ni garantías de Gloria Alejandra González Rivera.

1.3. Sentencia de primera instancia9

8. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 30 de octubre de 2025 declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el asunto no cumplía con el requisito general de la relevancia constitucional, ya que Gloria Alejandra González Rivera pretendía reabrir un debate ya zanjado por los jueces naturales de la causa,

5 Índice 10 de Samai. 6 Índice 12 de Samai. 7 Índice 14 de Samai. Documento denominado «24_110010315000202505748002MemorialWeb202592321344». 8 Índice 15 de Samai. Documento denominado «29_110010315000202505748002MemorialWeb2025924142432». 9 Índice 23 de Samai.4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Gloria Alejandra González Rivera sin que mediara una justificación encaminada a evidenciar la presunta transgresión de sus garantías constitucionales. Esto, pues las autoridades judiciales concluyeron que de aplicarse restrictivamente las normas procesales que regulan la preclusión en materia de interposición de recursos, se estarían desconociendo las garantías fundamentales del hospital demandado, pues las circunstancias que expuso la apoderada judicial daban cuenta de la imposibilidad material que padeció, durante la

materia de interposición de recursos, se estarían desconociendo las garantías fundamentales del hospital demandado, pues las circunstancias que expuso la apoderada judicial daban cuenta de la imposibilidad material que padeció, durante la audiencia inicial, p ara ejercer el derecho de defensa y contradicción de la entidad ; situación que encontraron acreditada al menos sumariamente, lo que evidenció que fue víctima de un hecho de violencia y de intimidación mientras se adelantaba la diligencia judicial.

1.4. Escrito de impugnación10

9. Gloria Alejandra González Rivera impugnó la sentencia de primera instancia . Al efecto señaló que en el escrito de tutela expuso las razones por las cuales el asunto tenía relevancia constitucional, puesto que «plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública» y, de acuerdo con ello, se precisó en forma detallada el núcleo esencial de los derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados con las decisiones judiciales acusadas. De manera que, a través de los actos acusados, las autoridades judiciales:

9.1. Desconocieron el derecho a la igualdad en tanto se dejaron de aplicar las disposiciones normativas de orden públi co en torno a la oportunidad de presentar recursos; y porque no se validó la información referenciada por la entidad demandada.

9.2. No di eron aplicación al principio de proporcionalidad pues la posición extremadamente garantista de las autoridades judiciales vulneró garantías esenciales y fundamentales de la demandante.

demandada.

9.2. No di eron aplicación al principio de proporcionalidad pues la posición extremadamente garantista de las autoridades judiciales vulneró garantías esenciales y fundamentales de la demandante.

9.3. Aceptaron pruebas sumarias para acreditar lo manifestado por la entidad demandada, sin someterlas siquiera a contradicción de la demandante . La posición garantista que se asumió implicó un desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia , en tanto que, ni siquiera fueron tenidos en cuenta los argumentos expuestos en los diferentes pronunciamientos realizados.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden : i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

10 Índice 27 de Samai.5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 11 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 12, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del

por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado 13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 14 Al respecto señaló lo

siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

14. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, MP María Elizabeth García González. 14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 15 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

15. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

15. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 17 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales18.

17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

18. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela presentada por Gloria Alejandra González Rivera cumple con el requisito de procedibilidad adjetiva de la subsidiariedad?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva. De la subsidiariedad

19. El artículo 86 constitucional señala que «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable» . A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la

solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo l as circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

16 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.7

C-590 de 2005. 17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

20. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 19, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulnerac ión de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Sobre el caso concreto

21. Gloria Alejandra González Rivera acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara n sin efectos los autos del 3 de julio y 2 de septiembre de 2025 , respectivamente, mediante los cuales, en el primero: i) inaplicó por vía de excepción de inconstitucionalidad los artículos 318 del CGP y 244 del CPACA en sus apartados referentes a la oportunidad de interponer los recursos de reposición y apelación frente a las decisiones adoptadas en estrados «por advertirse, que para el caso concreto dichas disposiciones

artículos 318 del CGP y 244 del CPACA en sus apartados referentes a la oportunidad de interponer los recursos de reposición y apelación frente a las decisiones adoptadas en estrados «por advertirse, que para el caso concreto dichas disposiciones trasgreden el marco constitucional, referente a los derechos y garantías del debido proceso y acceso a la administración de justicia»; ii) no repuso la decisión adoptada en audiencia inicial celebrada el 29 de abril de 2025 en punto de negar el decreto de la prueba testimonial solicitada por el hospital demandado; y iii) concedió el recurso de apelación; y en el segundo, se revocó la decisión apelada y se ordenó el decreto de la prueba solicitada.

22. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en

el referido medio de control20, así:

22.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa, Gloria Alejandra González Rivera presentó demanda en contra de la ESE Hospital Santa Teresita de Pácora (Caldas), con fundamento en una presunta falla en la prestación del servicio médico de obstetricia que generó el fallecimiento de su hija.

22.2. En audiencia inicial celebrada el 29 de abril de 2025 ante el Juzgado Primero Administrativo de Manizales se negaron las pruebas testimoniales solicitadas por la entidad demandada. Esta decisión fue notificada en estrados sin que se presentara recurso alguno.

22.3. El 2 de mayo de 2025, la apoderada del hospital demandado presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto anterior. Al efecto sostuvo que por razones de fuerza mayor y caso fortuito no pudo presentar los referidos

22.3. El 2 de mayo de 2025, la apoderada del hospital demandado presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto anterior. Al efecto sostuvo que por razones de fuerza mayor y caso fortuito no pudo presentar los referidos recursos en f orma oportuna en la audiencia inicial, pues durante el trámite de la

19 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003. 20 Al efecto pueden consultarse los documentos aportados como prueba a la presente solicitud de tutela, que obran a índice 2 de Samai.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Gloria Alejandra González Rivera diligencia recibió llamadas intimidantes y amenazantes que afectaron su capacidad de actuar profesionalmente. Al efecto relató lo siguiente:

22.3.2. Desde el momento en que inició la audiencia inicial, recibió unas llamadas telefónicas de un número privado, las que no contestó por encontrarse en la diligencia.

22.3.3. A continuación, recibió llamadas insistentes de la novia de su cuñado, a quien tampoco contestó, pero vía mensaje de texto le indagó por el motivo de esas llamadas. Ella respondió que el grupo armado ilegal del Clan del Golfo se había comunicado con su par eja sentimental [el cuñado de la abogada] y le habían informado que el cónyuge de la apoderada de la entidad había sido secuestrado.

22.3.4. La abogada del hospital se había comunicado con su cónyuge 5 veces sin

informado que el cónyuge de la apoderada de la entidad había sido secuestrado.

22.3.4. La abogada del hospital se había comunicado con su cónyuge 5 veces sin obtener respuesta y, en el entretanto, le estaban solicitando el pago de una suma de dinero para comunicarse con él y para su liberación, lo que se acompañaba de amenazas de muerte.

22.3.5. Con posterioridad recibió directamente las llamadas del grupo armado ilegal quienes la amedrantaron y le exigieron el pago de una suma de dinero por la liberación de su cónyuge y que no realizara denuncia o manifestación alguna sobre lo que estaba ocurrien do. Además, escuchó la voz de su pareja, lo que le permitió confirmar la veracidad del acto delictivo y la impulsó a realizar un primer pago de lo exigido.

22.4. Esta situación y su desenlace lo acompañó de registros fotográficos, capturas de pantallas y la copia de la noticia criminal o denuncia presentada ante el Gaula de la Policía Nacional.

22.5. Mediante auto del 3 de junio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Manizales i) inaplicó por vía de excepción de inconstitucionalidad los artículos 318 del CGP y 244 del CPACA en sus apartados referentes a la oportunidad de interponer los recursos de reposición y apelación frente a las decisiones adoptadas en estrados «por advertirse, que para el caso concreto dichas disposiciones trasgreden el marco constitucional, referente a los derechos y garantías del debido proceso y acceso a la administración de justicia» ; ii) no repuso la decisión adoptada en audiencia inicial celebrada el 29 de abril de 2025 en punto de negar el decreto de la prueba testimonial

constitucional, referente a los derechos y garantías del debido proceso y acceso a la administración de justicia» ; ii) no repuso la decisión adoptada en audiencia inicial celebrada el 29 de abril de 2025 en punto de negar el decreto de la prueba testimonial solicitada por el hospital demandado; y iii) concedió el recurso de apelación.

22.6. Sobre la presentación extemporánea de los recursos señaló que la situación planteada era absolutamente excepcional «en la cual se ha acreditado, al menos de manera sumaria, que la abogada apoderada sustituta que representaba a la entidad demandada durante la audiencia inicial, fue víctima de un hecho de violencia e intimidación grave mientras se desarrollaba la diligen cia judicial, consistente en una extorsión con amenazas directas contra la vida de su cónyuge. Ello, según se relató y soportó con pruebas documentales, generó una afectación profunda y súbita en su capacidad volitiva, emocional y profesional, impidiéndole participar activamente en la9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Gloria Alejandra González Rivera audiencia y ejercer los derechos procesales que le asistían en nombre de su representada, particularmente la interposición de los recursos contra la negativa del decreto de pruebas» . Como consecuencia de lo anterior, consideró que debía preservar el contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso y a la defensa técnica «aunado a los derechos constitucionales al trabajo y al ejercicio de una profesión u oficio en cabeza de la apoderada demandante», los que se verían comprometidos de aplicar en forma automática el contenido normativo relativo a la oportunidad para presentar recursos.

una profesión u oficio en cabeza de la apoderada demandante», los que se verían comprometidos de aplicar en forma automática el contenido normativo relativo a la oportunidad para presentar recursos.

22.7. El 2 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Caldas revocó la providencia apelada y, en su lugar, ordenó al Juzgado Primero Administrativo de Manizales que decretara la prueba testimonial que había sido negada. Al respecto precisó que los argumentos expuestos en el recurso merecían toda la credibilidad por parte del juez, pues tenían respaldo en las pruebas aportadas y, específicamente, en la denuncia presentada ante el Gaula de la Policía Nacional el mismo día en que se realizó la audiencia, así como en las capturas de pantalla que registraron las llamadas y conversaciones vía WhatsApp a la hora de la audiencia; de manera que la buena fe, el acceso a l a justicia, la igualdad de las partes, la contradicción, el debido proceso, la publicidad y la economía procesal debían imperar sobre la preclusión en materia de interposición de recursos; y que su admisión no limitaba o restringía el debido proceso de la demandante, «en tanto desde la contestación de la demanda se anunció la solicitud de pruebas testimoniales por parte de la ESE demandada y en el trámite de la inconformidad contra la negativa de pruebas la parte actora ha podido expresar su postura en relación con la oportunidad del recurso».

22.8. En cuanto al decreto de las pruebas testimoniales, resaltó que en la solicitud probatoria la ESE Hospital Santa Teresita de Pácora solicitó indicó que 3 testigos eran médicos y 2 auxiliares de enfermería y que se requerían «[con el] fin de que

probatoria la ESE Hospital Santa Teresita de Pácora solicitó indicó que 3 testigos eran médicos y 2 auxiliares de enfermería y que se requerían «[con el] fin de que declaren sobre los hechos de la demanda y los de la correspondiente contestación, solicito se llame a declarar a las siguientes personas todas ellas mayores de edad, domiciliadas y residentes en el Municipio de Pacora y se les localiza en la sede de la ESE Hospital Santa Teresita y a quienes haremos comparecer al despacho cuando así se determine »; de manera que la entidad sí había enunciado el objeto de la prueba, pues brindó los temas sobre los que versarían las declaraciones solicitadas, con lo cual podía determinarse su legalidad, eficacia, pertinencia y conducencia; que el requisito del artículo 212 del CGP no podía tener como fin hacer demasiado gravosa la carga del solicitante, pero tampoco tan ligera que desconociera una norma procesal e impidiera a la contraparte ejercer su derecho de contradicción ; y que de los hechos de la demanda y la contestación, así como el perfil profesional y oficio de los declarantes, se podían deducir las características del medio probatorio solicitado.

23. Ahora bien, luego de consultado el trámite del asunto en el aplicativo Samai 21, se advierte que el proceso de reparación directa objeto de revisión se encuentra en etapa de práctica de pruebas, pues si bien en primera instancia ya se había celebrado

21 En el aplicativo de juzgados y tribunales se puede consultar con el radicado 17001-33-33-001-202000249-00/01.10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01

Demandante: Glor