CE - Sentencia 11001031500020250575900 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05759-00

Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05759-00

Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Ignacio Ángel Barrios Parejo en contra del Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Ignacio Ángel Barrios Parejo, en nombre propio, presentó escrito de tutela mediante el cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y a “la supresión de requisitos administrativos adicionales a los de ley” 1 que consideró vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, con ocasión de la sentencia del 17 de marzo de 2022 que negó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

consideró vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, con ocasión de la sentencia del 17 de marzo de 2022 que negó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 08001-23-33-000-2014-00665-00/01.

2. Hechos

2.1. El señor Ignacio Barrios Parejo estuvo vinculado a la Universidad del Atlántico, desde el 17 de septiembre de 1987, según contrato administrativo de prestación de servicio No 099 hasta el año 1992.

2.2. Mediante Resolución de Rectoría No 000234 del 26 de febrero de 1993 fue nombrado en el cargo de docente tiempo parcial, posteriormente se clasificó en la categoría de Asistente III, luego como Adjunto I, después fue clasificado como Adjunto II y finalmente promovido a Adjunto III.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 759E5D6EF1355832 1B26420FAD67E93D

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2.3. Luego, con Resolución de Rectoría No 000769 del 19 de noviembre de 2002 fue ascendido a la categoría de titular.

2.4. El actor se presentó al concurso convocado por la Universidad del Atlántico para aspirar a la plaza de tiempo completo, el cual ganó, por lo que a través de la

ascendido a la categoría de titular.

2.4. El actor se presentó al concurso convocado por la Universidad del Atlántico para aspirar a la plaza de tiempo completo, el cual ganó, por lo que a través de la Resolución de Rectoría No 000830 del 19 de diciembre de 2002, fue nombrado en el cargo de docente de tiempo completo en la categoría de titular y el Comité de Asignación de Puntaje le asignó un total de 344 puntos equivalente a un sueldo básico de $2.213.640. Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición el cual se resolvió a travé s de la Resolución de Rectoría No 000153 del 31 de marzo de 2004, con la que se confirmó en todas sus partes el acto impugnado.

2.5. El 8 de julio de 2013, solicitó al Comité de Asignación de Puntajes de la Universidad que le reconociera los puntos necesarios para que el salario asignado como docente de tiempo completo fuera equivalente al que devengaba como docente de tiempo parcial, b ajo el régimen del Decreto 1444 de 1992, ya que con los 344 puntos asignados su salario se fijó en $2.213.640, mientras que su remuneración anterior ascendía a $2.437.649, solicitud que fue negada mediante el oficio DGTH0136-2013 del 24 de septiembre de 2 013, argumentando que la posibilidad de asignar puntos adicionales para mantener el salario solo e ra procedente cuando el docente se acogía expresamente al régimen del Decreto 1279 de 2002, lo cual no ocurrió.

2.6. Por lo anterior, el señor Barrios Parejo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la

ocurrió.

2.6. Por lo anterior, el señor Barrios Parejo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No 000830 del 19 de diciembre de 2002 “Por la cual se hace un nombramiento de Docente de Tiempo Completo” y de la Resolución No 000153 del 31 de marzo de 2004, “Por medio de la cual se confirma la Resolución de la Rectoría No 000 830 del 19 de diciembre de 2002”, expedidas por el Rector de la Universidad del Atlántico; y del oficio No DGTH 0136 -2013 del 24 de septiembre de 2013 mediante la cual se dio respuesta al derecho de petición del 15 de julio de 2013.

2.7. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico bajo el radicado número radicado 08001-23-33-000-2014-00665-00, autoridad judicial que, mediante sentencia del 1 de septiembre de 2015 negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que en el asunto no se discutía el régimen salarial y prestacional que cobija al actor, sino la forma en que se aplicó el Decreto 1279 de 2002.

Advirtió que el demandante se encontraba amparado bajo el régimen salarial y prestacional del Decreto 1444 de 1992, teniendo en cuenta que su vinculación a l cargo de docente de tiempo completo se hizo mediante concurso de méritos desarrollado bajo el amparo del citado decreto.0000

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desarrollado bajo el amparo del citado decreto.0000

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2.8. Contra la anterior decisión la parte actora presentó recurso de apelación. Insistió en la indebida interpretación de la norma se debía aplicar, así como también una falta de valoración probatoria.

2.9. El Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, mediante sentencia del 17 de marzo de 2022, confirmó la decisión impugnada al concluir que el demandante no tenía derecho al reconocimiento de puntos salariales adicionales para igualar su salario como docente de tiempo completo al que devengaba anteriormente como docente de medio tiempo en la Universidad del Atlántico. Sostuvo que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se negó el reconocimiento de puntos adicionales, ni demostró que se le debía aplicar el artículo 51 del Decreto 1279 de 2002. Su ingreso a la carrera docente fue producto de un concurso convocado y regido bajo el Decreto 1444 de 1992, lo que excluía la posibilidad de acogerse a dicho artículo.

2.10. Posteriormente, el 13 de abril de 2023, el aquí accionante presentó recurso extraordinario de revisión2 al considerar que la sentencia estaba incursa en la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

El asunto fue asignado a la Sala Diecinueve Especial de Decisión del Consejo de Estado que, mediante sentencia del 19 de mayo de 2025 declaró infundado el recurso

5 del artículo 250 del CPACA.

El asunto fue asignado a la Sala Diecinueve Especial de Decisión del Consejo de Estado que, mediante sentencia del 19 de mayo de 2025 declaró infundado el recurso bajo el argumento de que la motivación jurídica de la decisión fue clara en exponer que la universidad actuó conforme al marco legal aplicable, que el actor no cumplió con los requisitos normativos para acogerse al nuevo régimen, y que no procedía el reconocimiento de puntos adicionales para obtener un incremento salarial, al no existir base normativa para ello.

Indicó que, si el actor consid eraba ilógica o errada la conclusión del fallo , eso no implicaba por sí solo, que la decisión careciera de motivación o fuera nula, pues, por el contrario, la providencia tenía fundamentación jurídica clara y suficiente. Incluso en relación con los documentos que, según el actor, demostraban que se encontraba bajo un régimen diferente al previsto en el Decreto 1444 de 1992 antes de su participación en el concurso de méritos, la decisión judicial abordó expresamente esta situaci ón al indicar que: «No es cierto que el juez de primera instancia no hubiese valorado las pruebas [...] simplemente no se les dio la interpretación que pretende la parte actora [...] no obstante, alguna de ellas hagan referencia al Decreto 1279 de 2002, [esto obedece a que dicha norma] subrogó el Decreto 1444 de 1992 [...]».

Adujo que la inconformidad del recurrente con la valoración de las pruebas o con la interpretación normativa no habilita, en ningún caso, la configuración de la causal quinta, la cual exige una afectación sustancial al debido proceso, de índole formal,

Adujo que la inconformidad del recurrente con la valoración de las pruebas o con la interpretación normativa no habilita, en ningún caso, la configuración de la causal quinta, la cual exige una afectación sustancial al debido proceso, de índole formal, que no se configura con simples desacuerdos frente al contenido del fallo.

2 Exp. 11001-03-15-000-2023-01819-00.0000

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Finalmente, señaló que ese no era el medio procesal idóneo para introducir o valorar pruebas nuevas, como lo sería el Acuerdo 030 del 27 de enero de 2003, cuya existencia alega la parte recurrente y aportó en ese medio de impugnación, pero que no fue allegado ni controvertido oportunamente en el proceso ordinario. Sostuvo que en sede de revisión no resulta ba procedente incorporar elementos probatorios que no hayan sido objeto de contradicción en la etapa probatoria, salvo que se invoque y acredite alguna de las causales excepcionales previstas para tal efecto, lo cual no ocurre en el asunto.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y a “la supresión de requisitos administrativos adicionales a los de ley” 3. En consecuencia, pidió (i) ordenar al Consejo de EstadoSección Segunda-Subsección B que se pronuncie en una nueva sentencia en la que reconozca las garantías fundamentales invocadas mediante la nivelación de su salario.

Sección Segunda-Subsección B que se pronuncie en una nueva sentencia en la que reconozca las garantías fundamentales invocadas mediante la nivelación de su salario.

Como fundamento a sus pretensiones indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico porque desconoció las pruebas documentales que demostraban que el actor se encontraba en un régimen diferente, hasta cuando aceptó participar en el concurso de méritos que se regulaba por el Decreto 144 de 1992.

Sostuvo que el desconocimiento de las pruebas obrantes en el expediente, indujeron al fallador a una motivación irracional, ya que aun cuando reconoce que el actor se encuentra cobijado por el Decreto 1279 de 2002, este no le es aplicable, porque el trabajador no optó por escrito, para acogerse a dicha normatividad, aun cuando la realidad y los documentos acreditan que estaba cubierto por dicho régimen, al haber decidido ingresar a la carrera administrativa, mediante concurso, regido por el Decreto 1444 de 1992, y que así lo ha mantenido la entidad demandada, en su régimen salarial y prestacional.

Indicó que la autoridad judicial cuestionada se equivocó al afirmar que “los empleados públicos docentes de las universidades estatales, vinculados a un régimen diferente del Decreto No. 1444 de 1992, tenía como máximo un plazo de cinco (5) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto No. 2912 de 2001, para optar por el régimen previsto en esa normatividad, debiendo manifestar al rector su decisión irrevocable por escrito; quienes se acogieran al nuevo sistema, continuaban rigiéndose por su régimen salarial y prestacional”4. Esto, teniendo en cuenta que en

optar por el régimen previsto en esa normatividad, debiendo manifestar al rector su decisión irrevocable por escrito; quienes se acogieran al nuevo sistema, continuaban rigiéndose por su régimen salarial y prestacional”4. Esto, teniendo en cuenta que en las pruebas documentales daban cuenta que se encontraba en un régimen diferente, hasta antes de participar en el concurso de méritos, “que se regulaba por el Decreto 1444 de 1992, me acogí a las disposiciones del mismo, continue rigiéndome por el

3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 759E5D6EF1355832 1B26420FAD67E93D

6EA6CCE0FF12DF6B 4DCF991EE8A3E864.

4 Ibid.0000

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Decreto 2912 de 2001 y termine en el Decreto 1279 de 2002, donde actualmente me encuentro”5.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 16 de septiembre de 2025 6 admitió la acción de tutela ; vinculó como tercer os con interés al Tribunal Administrativo del Atlántico y a la Universidad del Atlántico; solicitó a las autoridades judiciales para que remitieran el expediente del proceso objeto de amparo, así como el del recurso extraordinario de revisión ; ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

el del recurso extraordinario de revisión ; ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Consejo de Estado -Sección Segunda -Subsección B solicitó que se declarara la improcedencia de la acción por no superar el requisito de inmediatez , toda vez que la sentencia contra la que dirige la acción de tutela se notificó el 26 de abril de 2022, mientras que la solicitud de amparo se interpuso el 15 de septiembre de 2025, es decir, transcurridos 4 años, 4 meses y 20 días.

Advirtió que no se pasaba por alto que, después de notificada la sentencia contra la cual se dirige la acción constitucional, el demandante instauró un recurso extraordinario de revisión que fue declarado infundado, mediante providencia del 19 de mayo de 2025 , sin embargo, dicho medio de impugnación no supone la continuidad del trámite ordinario en el que se dictó el fallo acusado, por corresponder a un mecanismo extraordinario de defensa que se tramita a través de un proceso independiente.

Adujo que el hecho de que se haya ejercido el mencionado recurso extraordinario, de ninguna forma afectó la ejecutoria de la providencia del 17 de marzo de 2022 , ni le impedía ejercer en un término razonable la acción de tutela, en lugar de esperar más de 4 años para tal efecto.

4.2. La Universidad del Atlántico se opuso a las pretensiones de tutela por carecer de fundamento fáctico. Solicitó declarar la improcedencia de la acción toda vez que de acuerdo con el material probatorio que obra en el plenario, queda en evidencia

4.2. La Universidad del Atlántico se opuso a las pretensiones de tutela por carecer de fundamento fáctico. Solicitó declarar la improcedencia de la acción toda vez que de acuerdo con el material probatorio que obra en el plenario, queda en evidencia que se atendieron los criterios para calificar los ítems a que hace alusión el demandante, otra cosa es, que el resultado de la calificación de cada uno de los puntos en comento no satisfaga su interés.

Explicó que e l accionante no se acogió a lo previsto por el Decreto 1279 de 2002, sino que se vinculó al cargo de docente de tiempo completo mediante concurso de méritos, lo que quiere decir que estaba sometido al régimen salarial y prestacional

5 Ibid. 6 Índice 00004 aplicativo SAMAI, certificado E1E451679179A2FB D0E8C13F8A61F68D 5FDDA1DB0655C27F

CEBA46A9AD50387D.0000

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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

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previsto en el Decreto 55 de 1994 (norma vigente para la época del concurso), por lo que el ente universitario dio cumplimiento a los criterios establecidos para emitir la correspondiente calificación con miras a establecer el salario docente; además no puede existir criterios particulares de carácter discrecional para otorgar un puntaje diferente.

Expuso que en el caso que el accionante quisiera acogerse a un régimen distinto al previsto en el Decreto 1444 de 1992 debió haberlo comunicado al empleador, en un

diferente.

Expuso que en el caso que el accionante quisiera acogerse a un régimen distinto al previsto en el Decreto 1444 de 1992 debió haberlo comunicado al empleador, en un término no mayor a 5 meses contados a partir de la vigencia del Decreto 1279 de 2002, lo cual no aconteció.

5. Manifestación de impedimento

5.1. El 10 de octubre de 20257 se registró proyecto de fallo de primera instancia para ser discutido en la Sala de Subsección del 17 de octubre de 2025. Sin embargo, mediante escrito radicado el 13 de noviembre de 2025, el magistrado Nicolas Yepes Corrales manifestó su impedimento para conocer del asunto al considerar que se encontraba incurso en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por los siguientes motivos:

2.3. De esta manera, debo manifestar que la causal invocada se encuentra configurada, toda vez que integré la Sala Diecinueve Especial de Decisión del Consejo de Estado, la cual el 19 de mayo de 2025, profirió sentencia que declaró infundado el recurso ext raordinario de revisión contra la providencia del 17 de marzo de 2022 objeto de reproche en esta acción de tutela. Esta última decisión, se recuerda, es señalada como causa de la presunta vulneración de derechos fundamentales dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 08001-23-33-000-2014-00665-00/01.

En ese sentido, resulta claro que ya expresé mi posición frente al contenido de la sentencia del 17 de marzo de 2022 emitida por la Sección Segunda,

derecho de radicado 08001-23-33-000-2014-00665-00/01.

En ese sentido, resulta claro que ya expresé mi posición frente al contenido de la sentencia del 17 de marzo de 2022 emitida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, lo cual configura la causal prevista en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, referida a haber manifestado opinión sobre el asunto objeto del proceso. Ahora bien, aunque la providencia suscrita en calidad de magistrado integrante de la Sala Diecinueve Especial de Decisión del Consejo de Estado no corresponde a l a sentencia censurada, sí permite advertir que previamente di mi opinión sobre la decisión reprochada en esta oportunidad, circunstancia que encuadra en la causal prevista en el numeral 4 referido”8.

5.2. La referida manifestación ingresó al Despacho de la magistrada ponente el 13 de noviembre de año en curso9. En consecuencia, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, los demás miembros de la Sala de Decisión adoptarán la resolución del impedimento en la presente decisión.

7 Índice 00017 del aplicativo SAMAI. 8 Índice 000 18 del aplicativo SAMAI, certificado 160F8D9DBF28E77D 7DED5DBA94B8B524 AAC16F77ADF10B3D 48BE619C3D6AE04C. 9 Índice 00024 del aplicativo SAMAI.0000

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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

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9 Índice 00024 del aplicativo SAMAI.0000

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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

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6. Análisis y resolución del impedimento manifestado

6.1. El Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales invocó la causal prevista en el artículo 56 numeral 4 del Código de Procedimiento Penal. Como fundamento, indicó que integró la Sala Diecinueve Especial de Decisión del Consejo de Estado, la cual el 19 de mayo de 2025, profirió la sentencia que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 que se reprocha en sede de tutela. Adicionalmente, aclaró que a pesar de que no profirió la decisión que hoy se cuestiona en sede de tutela, lo cierto es que ya expresó su posición respecto a la decisión que hoy es censurada.

6.2. Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 10, recordó que “ los impedimentos y las recusaciones son mecanismos jurídicos establecidos en la ley para garantizar que las decisiones adoptadas por los jueces estén enmarcadas en los principios de imparcialidad, independencia y transparencia”.

La Corte Constitucional ha indicado que el régimen de impedimentos y recusaciones efectiviza el principio de imparcialidad del juez, que se erige en el ordenamiento como pilar esencial de la administración de justicia. Asimismo, precisó que el derecho fundamental al debido proceso de quienes acuden a la administración de justicia se

efectiviza el principio de imparcialidad del juez, que se erige en el ordenamiento como pilar esencial de la administración de justicia. Asimismo, precisó que el derecho fundamental al debido proceso de quienes acuden a la administración de justicia se garantiza a través de una decisión imparcial que resuelva su controversia11.

En punto a lo anterior, siempre que el funcionario judicial advierta la existencia de motivos que puedan comprometer su imparcialidad para decidir un asunto, tiene el deber de apartarse del conocimiento con el fin de garantizar que la decisión de fondo no se vea afectada 12. Esto, en atención a que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la manifestación de impedimentos no se entiende como “omnímoda, arbitraria o caprichosa”13 dado que encuentra soporte en causales taxativas, las que merecen un análisis detallado de los argumentos y de circunstancias particulares con el fin de establecer si en efecto encuentran fundamento, y así evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la administración de justicia14.

6.3. Las razones invocadas por el referido magistrado se fundamentan en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que prevé que el juez deberá apartarse del conocimiento del proceso por haber manifestado su opinión sobre el asunto materia del trámite15.

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 12 de junio de 2024. Radicación 11001-03-15-000-2023-03252-01. 11 Corte Constitucional, Auto 740 de 2024. 12 Corte Constitucional, Autos 447 A de 2017 y 285 de 2021. 13Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 1996.

11 Corte Constitucional, Auto 740 de 2024. 12 Corte Constitucional, Autos 447 A de 2017 y 285 de 2021. 13Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 1996. 14 Corte Constitucional Auto 740 de 2024. 15 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 6 de octubre de 2021. STL 13457-2021. Radicación núm. 94907. “Desde luego no cualquier genérica referencia a un tema objeto de eventual postrer conocimiento constituye una opinión con relevancia para el derecho dentro del ámbito en que la ley ha utilizado esta expresión para condicionar a través de la misma el compromiso del funcionario judicial en la apreciación de un asunto con posterioridad. Para que se evidencie sin laxitud ni arbitrio esa vinculación enervante por parte del juez, ella debe emanar de un entendimiento que exprese más que una particular, ambigua y genérica aserción, distante por ello0000

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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

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6.4. A partir de lo esbozado, e sta colegiatura observa que el magistrado Nicolás Yepes Corrales, efectivamente, suscribió la sentencia del 19 de mayo de 2025 que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia del 17 de marzo de 2022, que corresponde a decisión que la parte actora cuestiona mediante la presente acción constitucional.

En consecuencia, se advierte que, en una providencia proferida dentro de un trámite distinto al del objeto de controversia, el consejero Nicolás Yepes Corrales expresó

cuestiona mediante la presente acción constitucional.

En consecuencia, se advierte que, en una providencia proferida dentro de un trámite distinto al del objeto de controversia, el consejero Nicolás Yepes Corrales expresó su posición sobre el asunto. En este contexto, resulta plausible concluir que se podría haber anticipado una posición sobre los fundamentos en los que se apoyaría la resolución de las pretensiones expuestas en la presente acción constitucional, lo que podría comprometer su imparcialidad. Por tanto, las circunstancias invocadas como sustento del impedimento se enmarcan en el supuesto previsto en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

En ese orden, esta Judicatura declarará fundado el impedimento manifestado y separará del conocimiento del trámite constitucional al magistrado Yepes Corrales.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Ignacio Ángel Barrios Parejo es el titular de las garantías constitucionales que afirma fueron vulneradas en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado número 08001-23-33-000-201400665-01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva dado que el Consejo de Estado -Sección Segunda-Subsección B fue la autoridad que profirió la

00665-01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva dado que el Consejo de Estado -Sección Segunda-Subsección B fue la autoridad que profirió la sentencia del 17 de marzo de 2022 , que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que, según el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

de parámetros objetivos de valoración, un criterio vinculante en orden a tener la potencialidad de condicionar conceptualmente las decisiones que le corresponda adoptar”0000

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Accionante: Ignacio Ángel Barrios Parejo

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judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte

defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a través de la sentencia C -590 de 2005 16 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela17 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto18.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”19.

16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 17 De acuerdo con la sentencia C -590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta t enga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los

evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta t enga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 18 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales es pecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una e