CE - Sentencia 11001031500020250577000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote

Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso disciplinario / Defectos fáctico y sustantivo Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Roberto Carlos Orozco Argote, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Roberto Carlos Orozco Argote promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparara su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con ocasión de las sentencias proferidas el 19 de mayo y 27 de agosto de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente, en el expediente disciplinario identificado con el radicado 20001110200020200020700/01.

Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente, en el expediente disciplinario identificado con el radicado 20001110200020200020700/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. DRUMMOND LTDA presentó queja disciplinaria en su contra, en condición de juez promiscuo municipal de Bosconia, al considerar que, en providencia del 10 de junio de 2020 tuteló irregularmente los derechos fundamentales invocados en la petición de tutela 20060408900120200020000, promovida por Fabio Raúl Polo Fonseca en contra de la empresa , sin realizar un análisis de los requisitos establecidos en el numeral 1° del artículo 6° y el precepto 8° del Decreto 2591 de 1996.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «12ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote

2.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, en sentencia del 19 de mayo de 2025 lo declaró disciplinariamente responsable de la comisión de la falta disciplinaria tipificada en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por violación al deber descrito en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996 , en concordancia con el 6-1 y 8 del Decreto 2591 de 1996, reprochada como grave a título de dolo, En consecuencia, lo sancionó con suspensión de 2 meses en el ejercicio del cargo, convertibles a

del Decreto 2591 de 1996, reprochada como grave a título de dolo, En consecuencia, lo sancionó con suspensión de 2 meses en el ejercicio del cargo, convertibles a salarios devengados por el ex funcionario . En contra de esta decisión interpuso recurso de apelación.

2.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia del 27 de agosto de 2025 confirmó la decisión del a quo, al considerar que el argumento defensivo del disciplinado no lo exoneraba, ya que, como director del despacho, deb ió ejercer control sobre sus subordinados para evitar irregularidades, especialmente en asuntos constitucionales. Además, se descartó la teoría de la supuesta suplantación, al no existir pruebas sólidas que la sustentaran, aparte de su propio testimonio.

2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales por indebida aplicación normativa . El trámite debió adelantarse conforme al Código Disciplinario Único 2 (Ley 734 de 2002), que regía para la fecha de los hechos ocurridos en 2020 , que estableció el principio de favorabilidad y que la acción disciplinaria prescribía de forma ininterrumpida hasta el fallo de segunda instancia. No obstante, se aplicó de manera errónea la Ley 1952 de 2019, sin tener en cuenta que esta solo entró en vigor plena en 2022, salvo los artículos 69 y 74, vigentes desde 2021.

2.5. La prescripción se configuró de manera clara, no solo por el cómputo objetivo del término entre la supuesta falta ocurrida el 10 de junio de 2020 y la notificación de la sentencia de segunda instancia, conforme a la Ley 734 de 2002, sino también por

del término entre la supuesta falta ocurrida el 10 de junio de 2020 y la notificación de la sentencia de segunda instancia, conforme a la Ley 734 de 2002, sino también por la fecha del auto de apertura de instrucción del 3 de septiembre de 2020 , el cual, además, no fue notificado oportunamente, ya que para ese momento se encontraba privado de la libertad en la cárcel judicial de Valledupar, por orden del juez tercero penal municipal con función de control de garantías de Bogotá 3. Por tanto, transcurrieron más de cinco años entre los dos hitos procesales, lo que imp edía considerar interrumpida válidamente la prescripción.

2.6. Se inobservó el principio del non bis ídem , pues no podía sostenerse cosa juzgada ni invoc ar autonomía entre jurisdicciones cuando el hecho central aún se debatía en un proceso penal en curso, sin prueba de autoría, participación o encubrimiento. La decisión disciplinaria, basada en conjeturas y sin respeto por el derecho a la prueba ni por la presunción de inocencia, resultó anticipada e infundada, vulneradora de sus garantías esenciales.

2 En adelante CDU. 3 Proferida en el expediente 1001600002720180021100.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote 2.7. Se dio por demostrada, sin el debido respaldo probatorio, una supuesta falta disciplinaria por omisión en el control del despacho. De forma implícita, se le atribuyó una autoría o coparticipación en los hechos imputados a otro funcionario, con lo que

disciplinaria por omisión en el control del despacho. De forma implícita, se le atribuyó una autoría o coparticipación en los hechos imputados a otro funcionario, con lo que se calificó su conducta como dolosa con base en un juicio de desvalor no acreditado. Además, se omitió dictar el auto mediante el cual debía decretarse o rechazarse el cúmulo de pruebas solicitadas oportunamente.

2.8. No e ra posible afirmar que hubo una intervención tardía de su parte, pues desconocía los hechos delictivos hasta que fu e vinculado al proceso penal por el delito de prevaricato. En ese momento solicit ó ser interrogado por el fiscal tercero delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, diligencia en la que aportó pruebas y presentó denuncias por falsedad documental. A medida que fu e enterado de las actuaciones irregulares de su exempleado Calderón Mejía, instaur ó nuevas denuncias, entre ellas por los delitos de acceso abusivo a sistema informático y falsedad documental, al haberse escaneado de forma fraudulenta su firma y colocado en una sentencia judicial.

2.9. Existió una falta de congruencia, pues inicialmente la investigación se archivó por inexistencia de falta, pero luego fue reabierta sobre nuevos hechos, al fragmentar artificialmente la conducta y dar lugar a múltiples imputaciones bajo similar núcleo fáctico.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se proteja mi derecho al debido proceso, y derecho de contradicción y defensa y se ordene proferir una nueva sentencia que estudie y resuelva a fondo.

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se proteja mi derecho al debido proceso, y derecho de contradicción y defensa y se ordene proferir una nueva sentencia que estudie y resuelva a fondo.

a) La norma aplicable en el tiempo y se resultar más favorable la vigente LEY 734 DE 2002 conceder por favorabilidad la prescripción allí preestablecida.

b) De manera residual solicito se acredite la fecha y modo de notificación del auto de apertura de instrucción al suscrito y en caso de no haberse notificado conceder la prescripción del lapso de cinco años, contabilizando este fenómeno desde la comisión de la presunta falta.

2. Dejar sin efectos la sentencia y anular las actuaciones subsiguientes al auto de pruebas a efectos de que se emita pronunciamiento sobre admisibilidad, decreto o rechazo de las pruebas omitidas entre otras de la técnicagrafológica. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial 4 solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo por no acreditar el requisito general de la relevancia constitucional , ya que la verdadera intención fue convertirla en una instancia adicional del proceso disciplinario , o , en su defecto, se negara ante la

4 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «19RECIBEMEMORIAL_CONTESTACION_TUTELA_(.pdf) NroActua 9».4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por el demandante.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por el demandante.

4.1. Si bien el demandante sostuvo que la corporación debía aplicar la Ley 734 de 2002 por favorabilidad y declarar prescrita la acción disciplinaria adelantada en su contra, ya que los hechos data n del 10 de junio de 2020 y la notificación de la sentencia de segunda instancia ocurrió el 4 de septiembre de 2025, lo cierto era que, en la providencia se le explicó que, incluso en aplicación de esa norma, no se configuró la prescripción, pues la responsabilidad disciplinaria fue confirmada el 27 de agosto de 2025, antes de cumplirse cinco años desde la apertura formal del proceso, el 3 de septiembre de 2020.

4.2. Se le aclaró que la prescripción, según la Ley 734 de 2002, no corría desde la fecha de los hechos, sino desde el auto de apertura. Así, la actuación disciplinaria estuvo dentro del término legal y la decisión quedó ejecutoriada con su suscripción, sin que el momento de la notificación alterara ese conteo.

4.3. El argumento relacionado con la presunta omisión de pronunciamiento sobre las pruebas trasladada y grafológica que solicitó resultaría infundado, pues, consta en la sentencia cuestionada que aquella fue admitida, solicitada a la autoridad competente y valorada oportunamente. En cuanto a la grafológica, no obr ó en el expediente solicitud alguna en tal sentido. El disciplinado únicamente pidió declaraciones y traslado de ciertos expedientes penales.

competente y valorada oportunamente. En cuanto a la grafológica, no obr ó en el expediente solicitud alguna en tal sentido. El disciplinado únicamente pidió declaraciones y traslado de ciertos expedientes penales.

4.4. También alegó el demandante que fue sancionado sin valorarse adecuadamente las pruebas, pues actuó bajo un error invencible al ser víctima de suplantación por parte de un empleado, a quien denunció oportunamente. Punto respecto del cual, se concluyó que, como director del despacho, tenía el deber de ejercer control sobre sus servidores, especialmente en decisiones de relevancia constitucional. Además, se constató que la denuncia contra el empleado fue presentada solo después de la formulación de cargos, dos años después de los hechos, lo cual evidenció una estrategia defensiva tardía y no una actuación diligente conforme al deber legal de informar de inmediato cualquier posible conducta delictiva, como lo exige el artículo 67 de la Ley 906 de 2004.

4.5. No es cierto que se haya vulnerado el principio de congruencia al ser sancionado por hechos distintos a los formulados en los cargos, comoquiera que tanto la imputación fáctica como la jurídica fueron claras desde el auto del 21 de marzo de 2023 , donde se le reprochó haber proferido una sentencia de tutela sin analizar los requisitos de subsidiariedad ni perjuicio irremediable, conforme al Decreto 2591 de 1991. Conducta ratifica da en las decisiones dis ciplinarias cuestionadas como una falta grave cometida con dolo, sin modificar los hechos imputados.

4.6. Frente a la presunta vulneración del principio de non bis in idem, al adelantarse

cuestionadas como una falta grave cometida con dolo, sin modificar los hechos imputados.

4.6. Frente a la presunta vulneración del principio de non bis in idem, al adelantarse el proceso disciplinario mientras aún se definía su situación penal. Se le explicó que5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote la acción disciplinaria es autónoma, según lo dispuesto en el artículo 2 .° de la Ley 1952 de 2019, por lo que no dependía del trámite penal pese a tratarse de los mismos hechos.

5. DRUMMOND LTDA5 requirió que se declarara improcedente lo pretendido ante la ausencia de configuración de los defectos específicos endilgados o, en su defecto, se negara por la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales del demandante.

5.1. La inconformidad planteada se centró en una discusión legal, al afirmar que la acción disciplinaria había prescrito antes del fallo de segunda instancia, pues debía aplicarse la Ley 734 de 2002 por favorabilidad, y no la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, incluso bajo la aplicación de dicha normativa, que previó un término de cinco años contados desde el auto de apertura, no se configuró la prescripción. El auto fue dictado el 3 de septiembre de 2020, y la decisión de segunda instancia se profirió el 27 de agosto de 2025, dentro del término legal, pues, la fecha relevante era la del fallo, no su notificación. En consecuencia, no hubo vencimiento del término, ni se vulneró garantía alguna.

5.2. También insistió en que no se valoraron adecuadamente las pruebas y que

la del fallo, no su notificación. En consecuencia, no hubo vencimiento del término, ni se vulneró garantía alguna.

5.2. También insistió en que no se valoraron adecuadamente las pruebas y que hubo silencio frente a su solicitud probatoria. No obstante, este tema fue respondido en ambas instancias dentro del proceso disciplinario , cuyos fallos sancionatorios están debidamente motivados en el análisis de aquellas legalmente incorporadas.

6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar6 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso disciplinario, solicitó que se negara la petición de amparo comoquiera que sus actuaciones se ajustaron a los parámetros legales, sin que se h ubiera incurrido en vicios procedimentales o fácticos.

6.1. El demandante sostuvo que se aplicó de forma equivocada la norma sobre prescripción. No obstante, el proceso se ri gió por la Ley 1952 de 2019, y no por la 1123 de 2007, que resultaba inaplicable al no tratarse de un régimen disciplinario de abogados en ejercicio.

6.2. Frente al argumento de prescripción, incluso así se acudiera a la normativa anterior (Ley 734 de 2002 ), esta no se configura ba, comoquiera que l a conducta objeto de reproche ocurrió el 10 de junio de 2020, y el auto de apertura de investigación fue proferido el 3 de septiembre siguiente, dentro del término de cinco años previsto legalmente. A su vez, el fallo de segunda instancia fue dictado el 27 de agosto de 2025, esto es, antes del vencimiento del lapso referido.

años previsto legalmente. A su vez, el fallo de segunda instancia fue dictado el 27 de agosto de 2025, esto es, antes del vencimiento del lapso referido.

5 Ver índice 1 0 de Samai. Archivo denominado «21RECIBEMEMORIAL_RV_RESPUESTATUTELAAC(.zip) NroActua 10». 6 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «35RECIBEMEMORIAL_RespuestaTutela11001(.pdf) NroActua 13».6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 20217 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro.

2.2. Cuestión previa

9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las decisiones proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se observa que los argumentos que

9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las decisiones proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

10. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 19 de mayo de 2025 , proferida en primera instancia fue apelada y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, desató el recurso a través de la providencia del 27 de agosto de 2025, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 9. Al respecto señaló lo

siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de

distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de

7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional 11 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales13.

10 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 del agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 11 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir : ¿si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos fundamentales de Roberto Carlos Orozco Argote con ocasión de la sentencia del 27 de agosto de 2025 , mediante la cual confirmó la decisión de sancionarlo disciplinariamente, con la que incurrió, presuntamente, en defectos fáctico y sustantivo?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

18. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto sustantivo

19. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al ca so concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad abs oluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

jurídicas, esta no es una facultad abs oluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

20. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

21. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.

Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

2.5.3. Defecto fáctico

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

2.5.3. Defecto fáctico

El defecto fáctico , de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 14, tiene una dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la « valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez »15, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»16. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»17.

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.4. Sobre el caso concreto

22. Roberto Carlos Orozco Argote acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el 27 de agosto de 2025 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante la cual se confirmó la decisión de sancionarlo disciplinariamente.

22.1. Lo anterior, pese a que el demandante en el escrito inicial no indicó de manera

Judicial, mediante la cual se confirmó la decisión de sancionarlo disciplinariamente.

22.1. Lo anterior, pese a que el demandante en el escrito inicial no indicó de manera expresa que defectos endilgaba a la providencia enjuiciada, de su contenido, para la Sala se trató del defecto sustantivo por indebida aplicación de la Ley 1952 de 2019, sin tener en cuenta que esta solo entró en vigor plena en 2022, e inobservancia del principio del non bis ídem . Así como en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria.

23. En este punto, se recuerda los dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 1952 de 2019, que en materia de prescripción como causal de extinción de la acción

disciplinaria, así:

ARTÍCULO 32. Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes: […] 3. La prescripción de la acción disciplinaria […]

14 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 15 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell. 16 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 17 Sentencia T-538 de 1994.10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote

Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 17 Sentencia T-538 de 1994.10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05770-00

Demandante: Roberto Carlos Orozco Argote

ARTÍCULO 33. Prescripción e interrupción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá sí transcurridos dos (2) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda instancia. […]

24. Con fundam