CE - Sentencia 11001031500020250578501 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

Demandante: José Rodrigo Rodríguez Cano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

Demandante: JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ CANO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L VALLE DEL CAUCA Y

OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por falta de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso porque la solicitud de amparo carece de la carga argumentativa mínima. y además, se pretende utilizar la tutela como una instancia adicional.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 16 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 16 de septiembre de 2025, el señor José Rodrigo Rodríguez Ca no

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 16 de septiembre de 2025, el señor José Rodrigo Rodríguez Ca no interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, con motivo de la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida en segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-002-202200596-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

1.Se tutelen los derechos fundamentales al acceso integral a la justicia, debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas y al mínimo vital de José Rodrigo Rodríguez Cano.

2.Se dejen sin efectos la sentencia 017 del 14 de marzo de 2025 del Juzg ado Cuarto Administrativo de Buga y sentencia sin número del 10 de julio de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3.En virtud de lo anterior y como consecuencia de la declaratoria de la relación laboral por no existir contratación con ter ceros,, se condenen al IMDER –

1 Se advierte que el 14 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

Demandante: José Rodrigo Rodríguez Cano

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Demandante: José Rodrigo Rodríguez Cano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 TULUÁ hoy MUNICIPIO DE TULUÁ/SECRETARÍA DEL DEPORTE al pago de salarios, prestaciones sociales y cotización a pensión dentro de los periodos que se relacionan:

-Del 01 de agosto de 2009 hasta el 09 de marzo de 2010 (inicio de labores) -Del 01 de enero al 18 de febrero de 2011. -Del 12 de enero al 09 de febrero de 2012. -Del 14 de marzo al 21 de mayo de 2012. -Del 10 de enero al 03 de marzo de 2013. -Del 09 de enero al 08 de abril de 2014. -Del 01 de enero al 16 de febrero de 2016 (despido injustificado).

4.Se condene al IMDER -TULUÁ hoy MUNICIPIO DE TULUÁ/SECRETARÍA DEL DEPORTE al pago de la indemnización por despido injustificado, de acuerdo con el artículo 64 del C.S.T.

5. Se condene a l IMDER-TULUÁ hoy MUNICIPIO DE TULUÁ/SECRETARÍA DEL DEPORTE al pago de la indemnización moratoria por falta de pagos de salarios y prestaciones sociales que trata el artículo 65 del C.S.T.

6. Se condene al IMDER -TULUÁ hoy MUNICIPIO DE TULUÁ/SECRETARÍA DEL DEPORTE al pago de la indemnización por no consignación o pago parcial de las cesantías (#3 del art. 99 de la Ley 50 de 1990).

DEL DEPORTE al pago de la indemnización por no consignación o pago parcial de las cesantías (#3 del art. 99 de la Ley 50 de 1990).

7.Se condene al IMDER -TULUÁ hoy MUNICIPIO DE TULUÁ/SECRETARÍA DEL DEPORTE al pago de la sanción por no pago de los intereses a las cesantías.

8.Se realice la respectiva actualización monetaria por ser un proceso que lleva muchos años.

2. De la demanda de tutela , de las pruebas aportadas , la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El 2 de agosto de 2018, el accionante presentó demanda laboral contra el IMDER – Tuluá y el Municipio de Tuluá que le correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá con el fin de que se declarara la existencia de un contrato realidad. Mediante auto del 28 de noviembre de 2022, se declaró la falta de jurisdicción y se remitió el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo de Buga.

4. En sentencia del 14 de marzo de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se logró demostrar el elemento de la subordinación. Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, resuelto mediante providencia del 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle de l Cauca, el cual concluyó igualmente que no se acreditó el elemento esencial de la subordinación.

5. El señor Rodríguez Ca no argumentó que el último contrato aportado por la

por el Tribunal Administrativo del Valle de l Cauca, el cual concluyó igualmente que no se acreditó el elemento esencial de la subordinación.

5. El señor Rodríguez Ca no argumentó que el último contrato aportado por la demandada culminó en 2015, de manera que la relación laboral en el año 2016 fue directa con el IMDER y no existe prueba de despido justificado. En su criterio, no había contratación entre el IMDER y terceros con los cuales se coordinara la relación laboral, pues la subordinación era directa entre el IMDER y él.

6. Señaló que no fueron atendidas las solicitudes presentadas en el recurso de apelación «excepto porque a folio 26 de la sentencia de segunda instancia declaróRadicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 que se trató de intermediación pero tampoco condena a las demandadas al pago de los periodos solicitados, así como a las indemnizaciones correspondientes».

7. Según la parte demandante, en las sentencias de primera y de segunda instancia se dejaron de valorar las pruebas aportadas, entre ellas los testimonios, la declaración de parte y el libro de minutas. A su juicio, se exigieron pruebas escritas de llamados de atención o de sometimiento a reglamentos, lo cual considera «físicamente imposible», pues, según afirmó, las e ntidades suelen evitar dejar constancia documental que pueda comprometer la existencia de una verdadera relación laboral. En ese sentido, sostuvo que ninguna de las pruebas allegadas con

«físicamente imposible», pues, según afirmó, las e ntidades suelen evitar dejar constancia documental que pueda comprometer la existencia de una verdadera relación laboral. En ese sentido, sostuvo que ninguna de las pruebas allegadas con la demanda fue tachada de falsa o controvertida «por lo que concluyo que no fueron valoradas o no se efectuó una valoración en conjunto».

B. Trámite impartido e intervenciones

8. Mediante auto de 18 de septiembre de 2025 el despacho sustanciador en primera instancia admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar la decisión a la s autoridades judiciales demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, al Municipio de Tuluá y al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Tuluá.

9. El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , ponente de la decisión censurada, afirmó que la accionante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario.

10. El IMDER-TULUÁ indicó que no se configuró vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante, sino que se trata de una discrepancia frente a la valoración probatoria realizada por los jueces ordinarios. Explicó que los jueces sí valoraron las pruebas y recon ocieron la relación de trabajo en ciertos aspectos, pero negaron la configuración del elemento de subordinación.

11. El Municipio de Tuluá sostuvo que en el proceso ordinario quedó plenamente demostrado que no existió una relación laboral directa entre el ac cionante y el IMDER. Finalmente, señaló que la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional al utilizarse como una tercera instancia del proceso ordinario.

demostrado que no existió una relación laboral directa entre el ac cionante y el IMDER. Finalmente, señaló que la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional al utilizarse como una tercera instancia del proceso ordinario.

C. Fallo impugnado

12. En sentencia del 16 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. En primer lugar, consideró que si bien la parte demandante no manifestó un defecto concreto frente a las sentencias cuestionadas «a partir de los hechos narrados se concluye que su inconformidad se relaciona con una indebida valoración probatoria o con la omisión en el análisis de ciertos medios de prueba».

13. Determinó que la tutela cumplía con los requisitos generales de procedencia y, frente a la relevancia constitucional, señaló que el debate giraba en torno a la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de j usticia, al trabajo y al mínimo vital y no se trataba de una discusión eminentemente legal.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

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14. Consideró que no se configuró el defecto fáctico alegado porque el tribunal sustentó su decisión en hechos debidamente acreditados en el expediente y explicó de manera coherente las razones por las cuales otorgó mayor credibilidad y fuerza probatoria a determinados elementos frente a otros. Manifestó que no fue una

sustentó su decisión en hechos debidamente acreditados en el expediente y explicó de manera coherente las razones por las cuales otorgó mayor credibilidad y fuerza probatoria a determinados elementos frente a otros. Manifestó que no fue una decisión arbitraria o que desconociera el acervo probatorio, pues se realizó el ejercicio de valoración conforme la sana crítica y en los márgenes de su autonomía judicial.

D. Impugnación

15. La parte demandante argumentó que es injusto que durante los períodos del 1 de agosto de 2009 al 9 de marzo de 2010, del 1 de enero al 18 de febrero de 2011, del 12 de enero al 9 de febrero de 2012, del 10 de enero al 3 de marzo de 2013, del 9 de enero al 8 de abril de 2014 y del 1 de enero al 16 de febrero de 2016 no existía certeza de tercerización entre el IMDER y las cooperativas. Durante ese tiempo laboró en los escenarios deportivos «y no sean remunerados».

16. En su criterio, no existe una explicación del porqué no hay un pronunciamiento específico sobre esos períodos en concreto.

17. Reiteró que durante ese interregno no existió oposición sobre la prestación personal del servicio y sobre la falta de remuneración. Agregó que «lo que se busca es un pronunciamiento sobre aquellos periodos en los que no existió contratación con las terceras y José Rodrigo laboró».

18. Finalmente, manifestó que no contaba con profesión ni experiencia para ser contratado durante el intervalo señalado y las labores son permanentes para ser contratados por prestación de servicios. Asimismo, pidió que se analizara las

18. Finalmente, manifestó que no contaba con profesión ni experiencia para ser contratado durante el intervalo señalado y las labores son permanentes para ser contratados por prestación de servicios. Asimismo, pidió que se analizara las labores realizadas durante ese tiempo, pues la contratación debe ser laboral, como es el caso de la celaduría.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

20. La Sala determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 16 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo de los derechos fundamentales del accionante. Para tal efecto, se deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela , en especial el de relevancia constitucional .Radicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Solo en el evento de que se reúnan estas exigencias , se analizará si la autoridad judicial accionada incurr ió en los defectos endilgados y, por ende, vulner ó los derechos fundamentales en cabeza de la señora José Rodrigo Rodríguez Cano.

E. Análisis de la Sala

21. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

22. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 2 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

23. Contrario a lo considerado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala considera que la solicitud de amparo no satisface el

cada especialidad.

23. Contrario a lo considerado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala considera que la solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional. En efecto, al revisar las premisas expuestas en la demanda se advierte que no cumple con la carga argumentativa mínima exigida para controvertir providencias judiciales, pues se limitan a afirmaciones genéricas sin demostrar de manera correcta la existencia de un defecto atribuible a las autoridades judiciales demandadas.

24. En efecto, la parte actora se limitó a señalar que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, porque: (i) no le resolvieron todos los argumentos del recurso de apelación; (ii) se «desvaloraron las pruebas de testimonio, declaración de parte, el libro de minutas y exigieron pruebas escritas de los llamados de atención y el sometimiento a reglamentos », y, (iii) ninguna de las pruebas presentadas con la demanda fue tachada o controvertida, por lo que, a su juicio «no fueron valoradas o no se efectuó una valoración en conjunto».

25. Si bien los cuestionamientos propuestos por el señor Rodríguez Cano podrían enmarcarse en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria o por omisión en la valoración de las pruebas, lo cierto es que los reparos expuestos no permiten arribar a la conclusión de que se cumple con la carga mínima, pues no se identificaron cuáles fueron esas pruebas que indebidamente valoró el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ni mucho menos se precisó la eventual incidencia de valoración en la decisión que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

identificaron cuáles fueron esas pruebas que indebidamente valoró el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ni mucho menos se precisó la eventual incidencia de valoración en la decisión que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

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26. Lo determinante es que la parte actora explicara o permitiera inferir desde un ejercicio de intelección jurídica el yerro cometido por el Tribunal, pero, en este caso, presenta un descontento carente de razones constitucionales.

27. En efecto, el reproche relativo a la « desvaloración» de las pruebas testimoniales, la declaración de parte y el libro de minutas no cumple con la exigencia mínima que se requiere para cuestionar las providencias judiciales en sede de tutela.

Lo anterior, pues no existe argumento alguno que demuestre que la decisión adoptada por el Tribunal, en relación con esos medios de prueba fue arbitraria o desconoció las reglas de la sana crítica y de la valoración racional. En esos términos, el alegato de la parte actora se limita a presentar su inconformidad con la conclusión a la que arribaron los jueces ordinarios.

28. En cuanto a la supuesta exigencia de pruebas escritas de llamados de

el alegato de la parte actora se limita a presentar su inconformidad con la conclusión a la que arribaron los jueces ordinarios.

28. En cuanto a la supuesta exigencia de pruebas escritas de llamados de atención o el sometimiento a reglamentos, la accionante no se preocupó por explicar las razones por las cuales dicho requerimiento es irrazonable, caprichoso o desproporcionado, sino que, más bien se trata de una inconformidad subjetiva frente al estándar probatorio exigido por el tribunal para la demostración del elemento de la subordinación.

29. Finalmente, en relación con el argumento según el cual ninguna de las pruebas fue tachada controvertida, por lo que, en su criterio, no fueron valoradas en conjunto. La Sala advierte que la inconformidad del actor corresponde a una discrepancia subjetiva con el resultado de la valoración, mas no a la configuración de un defecto atribuible a la decis ión judicial que piso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

30. Respecto de la afirmación de que no se resolvieron todos los argumentos del recurso de apelación, la Sala advierte que, si bien el señor Rodríguez Cano sí señaló cuáles eran los argumentos que, en su criterio, no fueron resueltos en la sentencia de segunda instancia, lo cierto es que el accionante no alegó esa circunstancia en el proceso ordinario. No está acreditado que durante el trámite del proceso se hubiera solicitado la adición de la providencia para que el tribunal demandado emitiera un pronunciamiento sobre los puntos de derecho que se consideraban omitidos, mecanismo procesal idóneo para subsanar tal irregularidad.

31. La solicitud de amparo no es el escenario para que l as partes subsanen las

pronunciamiento sobre los puntos de derecho que se consideraban omitidos, mecanismo procesal idóneo para subsanar tal irregularidad.

31. La solicitud de amparo no es el escenario para que l as partes subsanen las omisiones en las que pudo haber incurrido en el desarrollo del proceso ordinario. El ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos -como el recurso de apelación o las solicitudes de aclaración y adición -. Pretender que el juez constitucional supla esas cargas desconoce la naturaleza subsidiaria y excepcional de la tutela, y desvirtúa su función como mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales frente a vulneraciones claras y manifiestas.

32. En todo caso, la Sala considera que la decisión cuestionada resulta razonable y no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional. En efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sostuvo que, si bien el señor Rodríguez Cano prestó servicios personales en escenarios deportivos del Municipio de Tuluá, vinculándose mediante cooperativas de trabajo asociado y otras entidades privadas,Radicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 no logró acreditar de manera suficiente y concluyente la existencia de subordinación directa y permanente frente al IMDER-Tuluá.

33. Descartó los cargos del recurso de apelación según los cuales la prueba testimonial y la declaración de parte evidenciaban que este recibía órdenes directas, cumplía turnos rotativos y carecía de autonomía funcional. Al respecto, indicó que el

33. Descartó los cargos del recurso de apelación según los cuales la prueba testimonial y la declaración de parte evidenciaban que este recibía órdenes directas, cumplía turnos rotativos y carecía de autonomía funcional. Al respecto, indicó que el fallo de primera instancia « efectuó un análisis razonado y acorde con la jurisprudencia aplicable, concluyendo acertadamente que no se acreditó el elemento de subordinación jurídica».

34. Expuso que en la declaración que presentó el aquí accionante, este manifestó haber iniciado su vinculación de forma verbal y que realizaba funciones de vigilancia, portería, mantenimiento y salvamento acuático. Que recibía instrucciones del director del IMDER o de sus delegados, cumplía turnos, portab a uniforme y diligenciaba bitácoras y entregaba reportes a las cooperativas contratistas. Señaló, además, que su desvinculación obedeció a razones políticas. En criterio del tribunal, « esas afirmaciones carecen de respaldo documental o de pruebas adicional es que permitan establecer la existencia de un control jerárquico efectivo y permanente por parte del IMDER».

35. En relación con el testigo Peñaranda García, determinó que este fue enfático al señalar que eran las cooperativas de trabajo quienes le pagaban, exigían los informes, suministraban los uniformes y tenían la responsabilidad contractual. Valoró el hecho de que « si bien reconoció que el director del IMDER ocasionalmente impartía directrices, esto no constituye subordinación en sentido jurídico, sino una coordinación operativa propia de contratos de prestación de servicios».

36. Por lo anterior, al valorar esas declaraciones determinó que no contaban con la precisión, constancia ni solidez probatoria necesarias para demostrar una

coordinación operativa propia de contratos de prestación de servicios».

36. Por lo anterior, al valorar esas declaraciones determinó que no contaban con la precisión, constancia ni solidez probatoria necesarias para demostrar una subordinación efectiva y continua, ni permiten concluir que el demandante estaba sujeto a reglamentos internos o mecanismos de control propios de un vínculo laboral con la Administración.

37. Sostuvo que no obraban en el expediente órdenes escritas, asignación de funciones, controles de asistencia, evaluaciones de desempeño, ni documentos que evidenciaran la aplicación de manuales internos o la sujeción del accionante a reglamentos institucionales, ni muchos se allegó comunicación alguna que reflejara una relación funcional de dependencia con superiores jerárquicos del IMDER.

38. Además, consideró que los informes de avance y los registros de horario no constituían prueba concluyente de subordinación, cuando no están acompañados de evidencia sobre el ejercicio directo y sistemático de un poder jerárquico y disciplinario.

39. Con todo , expuso que las certificaciones laborales expedidas por Makro Integral, CORCIS y SEICOL dan cuenta de que el actor pre stó sus servicios en distintos períodos, se limitaron a describir funciones de mantenimiento y aseo, sin que resulte posible advertir que de su contenido se infiriera control o dirección directa por parte del IMDER.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

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40. Finalmente, determinó que obraban en el expediente contratos de trabajo suscritos entre el actor y las referidas cooperativas, los comprobantes de pago y las planillas de aportes a seguridad social, lo que reforzó la conclusión de que existió una relación jurídica formal con entidades privadas. De ahí que, a su juicio, se trató de una intermediación y no de una simulación para encubrir una relación laboral con la entidad pública.

41. Como pudo verse, el ad quem explicó detalladamente las razones de su decisión y apreció los elementos de prueba que obraban en el expediente , incluyendo la declaración de parte y los testimonios que supuestamente fueron indebidamente valorados. Incluso si esta Subsección estuviese en desacuerdo con el sentido de la providencia respecto al valor probatorio que se le debió otorgar a los elementos de prueba, ello no sería una razón suficiente para afirmar que la providencia fue irracional. El juez de tutela no está dotado de competencia para determinar el mejor entendimiento que deba hacerse sobre una prueba o una conclusión única respecto del análisis de determinadas pruebas. Esa labor le corresponde al juez de la causa, quien goza de plena libertad y autonomía para discernir sobre el examen de los elementos de confirmación procesal.

42. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado del material probatorio allegado . Con fundamento en los hechos

42. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado del material probatorio allegado . Con fundamento en los hechos acreditados, concluyó que el accionante no demostró la existencia de una relación laboral encubierta con el IMDER, toda vez que no logró acreditar el elemento esencial de la subordinación.

43. El hecho de que la parte actora no c omparta los argumentos que tuvo en cuenta el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para confirmar la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente. No se observa tampoco vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante.

44. Conforme a todo lo razonado, la Sala modificará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

45. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Modificar la sentencia impugnada, la cual quedará así:

SEGUNDO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor José Rodrigo Rodríguez Ca no, por las consideraciones expuestas en esta providencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

Demandante: José Rodrigo Rodríguez Cano

José Rodrigo Rodríguez Ca no, por las consideraciones expuestas en esta providencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05785-01

Demandante: José Rodrigo Rodríguez Cano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 TERCERO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF